Posada o el pasado

El  intento de presentar a Luis Posada Carriles como un patriota ejemplar y combatiente anticastrista vertical guardó semejanzas, durante un tiempo, con la campaña internacional del régimen de La Habana en favor de los cinco espías cubanos que cumplían condenas en cárceles estadounidenses. En ambos casos, los carteles de terrorista y antiterrorista se colgaban a partir de argumentos ideológicos.

La realidad es que Washington utilizó a Posada Carriles para diversas actividades encubiertas, en una época en que el empleo de ciertos medios violentos, hoy catalogados como actos terroristas, se mantenía más o menos en secreto y no se sancionaba como en la actualidad.

Sin embargo, la repulsa mundial al uso de la tortura y el terrorismo, en sus manifestaciones más diversas y bajo el supuesto amparo de cualquier causa, demuestra el rechazo mundial a las justificaciones políticas para los asesinatos de civiles y los actos que ponen en peligro la vida de inocentes.

Durante los últimos años de su vida, Posada Carriles terminó convertido en un rezago de otra época, y en un ejemplo de inmoralidad e hipocresía, por parte de sus defensores, al disculpar la realización de sabotajes y actos terroristas con el objetivo de atacar al enemigo. Ya con anterioridad había logrado acumular un amplio historial —en parte hecho público, en parte mantenido aún en secreto— que lo descalificaba como patriota y luchador por la democracia. No fue un “destacado militante anticastrista” sino un individuo que la mayor parte de su existencia actuó al margen de la ley, sin detenerse a medir las consecuencias de sus actos en las vidas de seres inocentes. Es cierto que el Gobierno cubano manipuló su caso con fines propagandísticos, y que dicho régimen carece de moral para presentarse como un paladín del antiterrorismo, pero ello no basta para absolver de culpas a Posada. Muchos actos en su trayectoria merecen la misma repulsa que la campaña de sabotajes llevada a cabo por el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario, para poner fin a la dictadura de Fulgencio Batista. No hay justificación para colocar bombas en cines, parques, restaurantes y hoteles. El terror no es un arma adecuada ni moral ni legal, ya sea utilizada contra un dictador como Batista o contra déspotas totalitarios como los hermanos Castro.

En junio de 2015, causó un pequeño revuelo en Miami una información aparecida en el Nuevo Herald, que señalaba que un documento desclasificado por el Departamento de Estado, de fecha tan lejana como 1976, que mostraba las preocupaciones sobre los vínculos de la CIA con grupos extremistas de exiliados cubanos, a la vez que consideraba a Luis Posada Carriles como el autor más probable del atentado contra un avión de Cubana de Aviación ese año. Aunque la propia información del periódico aclaraba que el documento ya se había dado a conocer con anterioridad, si bien en una versión censurada, y que formaba parte de la colección del Archivo Nacional de Seguridad. Además, en el artículo se incluía que el Miami Herald había reportado en 2007 que Posada había sido informante pagado de la CIA.

Esto último, que fuera una especie de versión caribeña o cubana del tema del traidor y del héroe —con todos y para todos lo que le pagaban— no era un asunto que entonces algunos en Miami querían recordar, y tampoco esta faceta ha figurado a la hora de su obituario, por parte de todo tipo de prensa de Miami.

Aunque ya en abril de 2011 la absolución de Posada Carriles, en un juicio en El Paso, Texas —por entrada ilegal en Estados Unidos—, se había convertido en una derrota moral, sufrida por la rama radical y violenta del exilio, aunque sus miembros no supieron o quisieron reconocerlo. Si no lograron verlo así, fue por los muchos años transcurrido desde sus primeros enfrentamientos con el régimen de La Habana, que habían transformado su beligerancia en comentario radial, declaración de esquina; palabra altisonante en la oscura conflagración ante una taza de café.

En tres horas, los miembros del jurado reunidos en aquella corte texana decidieron que el acusado que tenían frente a ellos no era un combatiente anticastrista sino un anciano al que inmigración había tendido una trampa; un viejo indocumentado que era víctima del Gobierno norteamericano. Con un predominio de miembros de origen hispano, no fueron doce hombres en pugna sino una banda de mexicanas y mexicanos —“bad hombres”, según Trump— dispuestos a pasarle la cuenta a la migra y a entonar un corrido que terminara en Miami, el único lugar para entonces dispuesto a aceptar a tan engorroso sujeto.

Que un “luchador anticastrista” aprovechara esa circunstancia era normal en cualquier tipo de enfrentamiento ante un enemigo poderoso. Que con anterioridad empleara tácticas y medios terroristas para conseguir su objetivo resultaba condenable, pero consecuente con una tradición imperante durante el siglo pasado. Que por muchos años se sirviera de otros países como base para preparar y lanzar ataques no fue más que una repetición de gestos y conductas llevadas a cabo por muchos otros antes que él. Que se sintiera incomprendido y rechazado, por un país que lo había utilizado en más de una ocasión para trabajos sucios, no debió extrañarle nunca. Aunque todo eso cae dentro de la mentalidad y la actuación de cualquier terrorista internacional, desde los anarquistas italianos a los fundamentalistas islámicos. El ser considerado patriota por unos y asesino por otros resulta parte del oficio.

Sin embargo, al jurado validar las declaraciones de Posada, de que no había tenido nada que ver con los atentados dinamiteros contra la industria turística en Cuba, el exilio se quedaba de pronto sin un “héroe”. Porque el plan de atentar contra el turismo extranjero en Cuba era un ejemplo clásico de una forma de acción respaldada y propagada por ese sector del exilio que siempre había reclamado la exclusiva de mantener una actitud combativa frente al régimen de La Habana.

Así que al agradecer Posada al sistema de justicia norteamericano, y al jurado “que encontró la absolución”, no hacía más que ratificar su argumento de que él no había tenido nada que ver con los atentados.

De esta forma, el plan de los atentados a los centros turísticos quedaba reducido a dos o tres extranjeros, que por dinero habían puesto las bombas y a causa de ello asesinaron a un turista italiano. Como que su itinerario de activista anticastrista se encogía un poco. Posteriormente habría que agregar que nunca apareció publicada una lista de “hechos de guerra”, con resultados efectivos, que justificara su “trayectoria anticastrista”. Así, desde antes y al final, la historia de su militancia y dedicación a la causa de la democracia en Cuba quedó reducida a algo similar a la virginidad de la Virgen María: cuestión de fe.

De esta forma, y hasta la muerte de Posada Carriles, el exilio transitó por esa doble ruta en que legalmente se negaba la participación en actos terroristas, muchos de ellos llevados a cabo desde lugares y destinos fuera de EEUU, y al mismo tiempo se ensalzaba una supuesta trayectoria, activa y decisiva, contra el régimen de La Habana.

Lo que queda en pie hoy son una serie de documentos mantenidos secretos por mucho tiempo, ningún logro, ningún objetivo cumplido, solo una sarta de fracasos y varios crímenes.

Documentos

Una serie de documentos publicados en octubre de 2006 muestran la implicación de Luis Posada Carriles en la voladura de un avión de Cubana de Aviación en 1976, en el que murieron 73 personas. Dichos documentos fueron desclasificados gracias a la Ley de Libertad de Información y a petición de la organización National Security Archive (NSA), de la Universidad George Washington.

Entre las informaciones desclasificada estaban las declaraciones de los agentes de policía de Trinidad y Tobago, que fueron los primeros en interrogar a Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo, dos venezolanos condenados en su país en 1986 por colocar las bombas que destruyeron el vuelo 455, de acuerdo a un cable de la agencia Efe.

Su interrogatorio sugiere que “la primera llamada que hicieron los autores del atentado después del ataque fue a la oficina de la compañía de seguridad de Luis Posada, ICI, que empleaba a Hernán Ricardo. Ricardo alegó que había sido agente de la CIA, aunque luego se retractó”, según el NSA, añade la información de Efe.

Ricardo también señaló que le habían pagado $18 000 para atentar contra el avión y que Lugo recibió $8 000..

El NSA también reveló tres informes de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que fueron enviados al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, tras el atentado.

Los informes secretos, firmados por el director de la agencia Clarence Kelly, se centran en la relación entre el agregado legal del FBI en Caracas, Joseph Leo, Posada y uno de los venezolanos que colocaron la bomba en el avión y al que Leo proporcionó un visado.

“Un informe de Kelly, basado en la palabra de un informante en Venezuela, sugirió que Posada había atendido a reuniones en Caracas donde se planeó el atentado”, según el NSA.

“El documento también menciona a un informante que declara que tras la caída del avión uno de los terroristas llamó a Orlando Bosch [fallecido en 2011], uno de los principales conspiradores en el plan, que dijo: ‘Un autobús con 73 perros se despeñó y todos murieron’”, añadió la organización.

En una entrevista aparecida en el mes de agosto de 2006 en el diario español La Vanguardia, Bosch declaró, al preguntársele sobre la voladura del avión de Cubana de Aviación:

“Para mí es un blanco de guerra. Hay muchas cosas que no puedo decir. Pero eran acciones de guerra. Y aquel avión era un avión de guerra. Iban coreanos del norte, guyaneses. Comunistas todos. Los deportistas llevaban cinco medallas de oro de esgrima. ‘Cuba se ha distinguido en boxeo. Pero no en esgrima’, decían. Era una gloria de Fidel. Habíamos acordado en Santo Domingo (cuando se formó el grupo Comando de Organizaciones Revolucionarios Organizadas en 1976) que todo lo que salga de Cuba para darle gloria a Fidel tenía que correr el mismo riesgo que los que combatimos la tiranía”.

Aunque los vínculos de Bosch con la bomba del avión de Cubana de Aviación nunca han sido demostrados de una forma definitiva, ya en junio de ese año la CIA y el FBI le seguían los pasos, e informes aseguraban que estaba planeando volar un avión de Cubana de Aviación, y que un grupo que lideraba lo había intentado en dos ocasiones previas sin éxito. Según esos informes, alguna vez antes del atentado alguien escuchó decir a Posada Carriles: “Vamos a dar un golpe, Orlando tiene los detalles”. Bosch declaró en dicha entrevista que era el jefe de Posada.

“Posada era mi subalterno”, expresó Bosch a La Vanguardia.

El viernes 11 de mayo de 2007, Granma, periódico oficial del Gobierno cubano, reprodujo las llamadas telefónicas de Posada Carriles con relación a las bombas en La Habana en 1997 y que habían sido entregadas por las autoridades de la Isla al FBI un año después, según un cable de la Associated Press.

El rotativo dedicó dos páginas a incluir fragmentos de 10 de las 14 conversaciones en las cuales el hombre comentó con algunos amigos y aliados tanto en Venezuela como en Centroamérica sobre los ataques..

“Y ahora dos explosiones más, una la metimos en el Hotel Sol Palmeras de Varadero, uno de los nuevos esos de los españoles y la otra en una discoteca en plena Habana'”, se lee en las transcripciones publicadas.

Las charlas se producen entre febrero y septiembre de 1997.

También en ellas se habla del financiamiento de estas acciones, de otras frustradas bombas en México contra agencias de viaje isleñas, de la protección de algunos amigos y hasta de comisiones por negociados turbios en Centroamérica.

En varias ocasiones Posada Carriles usa un nombre falso que fue su seudónimo de aquella época: Ramón Medina Rivas y la mayoría de las veces su interlocutor es Francisco Pimentel, un comerciante venezolano de origen cubano.

La forma en la cual se realizó la instalación de estos explosivos fue el reclutamiento de centroamericanos por parte de Posada Carriles, algunos de los cuales confesaron al caer capturados en La Habana y se los sentenció a pena de muerte aunque esta condena no se les aplicó.

“En total se prepararon 14 artefactos explosivos, de los cuales 8 explotaron, 4 fueron desactivados y 2 fueron ocupados en el momento de introducirlos en el aeropuerto”, expresó un comentario incluido en Granma junto con las transcripciones de los fragmentos de las charlas. 

Evangelio y política en Latinoamérica

De las diversas formas en que suele escribirse y reescribirse la Historia (la mayúscula es un viejo rezago sartreano), Venezuela exhibe en estos días un ejemplo menor, singular en el país y cada vez más común en Latinoamérica: el auge de la candidatura del pastor evangélico y empresario Javier Bertucci. Paradoja que ha necesitado 50 años para cumplirse, o del mayo francés al venezolano como una ruta perfecta de retroceso.

Según los sondeos, en la votación presidencial de este mes en Venezuela el actual presidente Nicolás Maduro obtendría el 42% de los votos, el opositor Henri Falcón entre el 25 y el 30% y Bertucci, el 15%.

En esta proyección más o menos limitada —parte de supuestos votantes en un proceso que se avizora marcado por el abstencionismo— y con una buena dosis de ingenuidad —supone la honestidad del chavismo— la derrota de Maduro dependería de una unión de los partidarios de Falcón y Bertucci en un solo voto.

Hasta el momento de elaboración de este texto (jueves 10 de mayo), dicha unión no pasa de un imposible. Ambos opositores realizaron una reunión privada el miércoles, pero desde antes se conocía que una propuesta de este tipo era inviable. Bertucci planeaba pedirle a Falcón que declinara en su favor, cosa que, por supuesto, no iba a ocurrir, de acuerdo a la información del diario español El País.

Sin embargo, hay un fenómeno que va más allá de las circunstancias específicas de Venezuela y las características de los negocios del candidato evangélico —una investigación afirma que Bertucci contrató al bufete Mossak Fonseca para ocultar activos y ganancias en paraísos fiscales, dentro del famoso caso de los Panamá Papers, algo que él niega— y su historial, que incluye una detención en 2010, acusado de “contrabando y asociación para delinquir”, de acuerdo con lo que informa el portal El Estimulo.com, por intentar hacer pasar 5 000 toneladas de diésel a las autoridades como un solvente denominado tecsol. Tuvo medida sustitutiva y su caso no tiene sentencia, según El País.

Este fenómeno es la creciente participación en la política latinoamericana de pastores y seguidores de iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales.

No es que la fusión de religión y política, bajo la forma de partidos políticos, sea nueva en la región. A partir de 1947 ocurrió un auge de la democracia cristiana —con fundamento en las organizaciones políticas de este tipo en Europa— que llevó al triunfo de sus candidatos presidenciales en diversos países (entre ellos Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela) y a la aparición de ministros, senadores y diputados en toda la región. Pero ahora la fuente de inspiración de los grupos y sectas cristianas ya no está en Europa sino en Estados Unidos.

Ahora dicho fenómeno tiene características propias, en las cuales se mezclan una ideología profundamente retrógrada en lo familiar y social junto a una práctica muy efectiva con  programas de ayuda a la población más pobre —que les permite ganar gran número de adeptos entre los más necesitados—, además de tesis económicas neoliberales. Algo así como una socialización reaccionaria. “La derecha nos rebasa por la izquierda”, es el titulo de un artículo de Sandra Barba en el último número de la revista Letras Libres.

Ocurrió en Costa Rica, con el líder evangélico Fabricio Alvarado Muñoz, que no alcanzó la presidencia pero logró convertir el proceso en uno de los periodos electorales más controversiales en la historia reciente del país. En Brasil, donde  Eduardo Cuhna lideró la bancada evangelista para impedir la concreción de normas a favor de derechos reproductivos de las mujeres y fue el líder del impeachment que sacó del poder a la presidenta electa Dilma Rousseff. En Colombia, en el cual los evangelistas jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito de 2016 y en la actual campaña electoral se han aliado con el senador y expresidente Álvaro Uribe, quien tiene en sus listas al Congreso a pastores de la Iglesia del Avivamiento, Ríos de Vida, la Adventista y otras, de acuerdo a un análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

“No se suponía que esto iba a suceder. El guion histórico de la modernidad pronosticaba que la religión iría retrocediendo a paso lento pero inexorable”, señala Barba en Letras Libres, quien recuerda que los evangélicos han sido parte de dictaduras, como la del pastor militar Efraín Ríos Montt en Guatemala.

El nombramiento de un papa latinoamericano ha hecho poco para detener este desplazamiento de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Con su retórica inflamada, sus canales de radio y televisión, sus templos y sus actos de “avivamiento”, los pastores evangélicos ya no se conforman con las ganancias del gran negocio de la fe. Ahora quieren también el poder político. 

Irán, la bomba y la Helms-Burton

Bombas atómicas, misiles, terrorismo, agresiones, inestabilidad, amenaza. Palabras así conforman el 90% del discurso sobre el acuerdo nuclear que hasta ayer estuvo vigente con Irán y la administración de Donald Trump acaba de hacer trizas.

En resumen, la negociación alcanzada entre seis potencias —los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia) junto con Alemania— e Irán era un pacto en apariencias muy sencillo: el levantamiento de sanciones, por parte de Estados Unidos y la comunidad europea, a cambio de lo cual Irán se comprometía a desconectar dos tercios de sus centrifugadoras, sacaba del país el 98% de su uranio enriquecido y llenaba de cemento su principal reactor de plutonio.

Desde su firma en julio de 2015 en Viena, la valoración sobre lo logrado ha sido una mezcla de sospechas, manipulación y desilusiones. Ello en gran parte por lo limitado de un acuerdo que no elimina el peligro de que Irán desarrolle armas nucleares: simplemente lo pospone.

Lo fundamental fue ganar tiempo. Se pasó de un plazo estimado entre dos y tres meses, para que Irán desarrollara una bomba atómica, a uno de un año. Todo se resumió a brindarle más tiempo a la comunidad internacional para tratar de evitar un resultado potencialmente catastrófico. Nadie lo consideró un buen acuerdo, sino el mejor posible, dada las circunstancias.

No es de extrañar entonces que desde la fecha de la firma hasta hoy, todos los argumentos en favor o en contra de sus logros se lancen y recojan de acuerdo a la ideología y los intereses políticos en ambos extremos del campo.

Según la ONU, Irán está cumpliendo las condiciones del pacto. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha certificado diez veces que no hay rastro del plan nuclear militar iraní. Pero dichas certificaciones no son aceptadas por todos y más cuando la mayoría de los informes abordan asuntos imposibles de responder de forma concluyente, empezando por la imposibilidad de demostrar una premisa negativa. Teherán había negado, en múltiples ocasiones antes de la firma, que dicho plan nuclear existiera. Por otro lado, existe casi una tradición de comunistas, excomunistas y anticomunistas de no creer en la ONU.

Tampoco son completamente fiables los informes de inteligencia israelí o las declaraciones iraníes. Ni Netanyahu asegurando que Teherán sigue aspirando a tener la bomba o la fetua del ayatolá Jamenei prohibiendo las armas atómicas. En ambos casos, los documentos no van más allá de responder a intereses propios, motivaciones y recelos milenarios, o se limitan a una cuestión de fe.

La clave en todo ello radica en que ni Occidente ni Irán vieron nunca el acuerdo como un fin en sí mismo, sino como un medio. Para EEUU y Europa, una vía destinada —a través de un plazo más o menos largo— a la transformación de la nación persa; quizá no en un aliado pero al menos en un competidor civilizado, de acuerdo a los estándares occidentales. Para Irán como un respiro inmediato y un camino expedito a las inversiones extranjeras, la necesaria financiación internacional y el desarrollo económico. Nada de esto apareció con palabras en el documento, pero estuvo presente en las intenciones.

No ha sido necesario mucho tiempo para ver que las esperanzas fueron vanas, para ambas partes.

La firma del acuerdo —incluso suponiendo valederos los resultados de las certificaciones de la OIEA— no ha servido para detener los avances de Irán, tanto en su programa de misiles como en sus objetivos de dominio regional, puestos de manifiesto tanto con su participación en la guerra en Siria como con el fortalecimiento de milicias terroristas, en particular el Hezbollah libanés.

El propósito claro de Irán, con bomba atómica o sin esta —aunque mejor contando con ella—, es expandir su alcance regional y  lograr la creación de un corredor hacia el Mediterráneo Oriental.

Esta opción, que se le ha hecho posible en primer lugar por el disparate de la administración de George W. Bush, con la invasión de Irak, se vio incrementada por la errónea política del Gobierno de Barack Obama desde el inicio de la guerra en Siria. Así la ruta siempre ha quedado clara: Irak, Siria y el Líbano, y llegar así, en la actualidad, a convertirse en el mayor peligro que enfrenta Israel.

Por su parte, y tras un tiempo transcurrido, para Irán el acuerdo también ha ofrecido resultados por debajo de lo esperado, desde el punto de vista financiero.

Teherán tuvo acceso a unos $100 000 millones que estaban congelados en el extranjero y pudo volver a vender petróleo en el mercado internacional, así como utilizar en parte el sistema financiero global.

Se trató de fondos congelados iraníes —nada que ver con la mentira lanzada por fanáticos de que Obama le “regaló” millones de dólares en efectivo a Teherán— y de posibilidades económicas clásicas en una táctica de “garrote y zanahorias”. Pero siempre dentro de limitaciones establecidas.

De esta forma, las sanciones levantadas por EEUU fueron exclusivamente las vinculadas al acuerdo, y el resto ha continuado vigente e incluso se han aumentado.

Todo ello se tradujo en que el esperado desarrollo económico que Irán obtendría con el pacto solo lo ha sido en parte. En 2016 su PIB creció un 12,5%, pero el año pasado apenas un 3,7%. La inflación se redujo y por primera vez en décadas la taza se sitúa por debajo del 10%. Sin embargo, el desempleo no ha dejado de crecer en estos años, hasta el 12,5% el año pasado, de acuerdo con datos aparecidos en el diario español El País. El resultado es que la confianza de la población en las perspectivas económicas del acuerdo se ha desinflado. Las consecuencias evidentes de esta situación son dos: las protestas ocurridas por la falta de mejoras económicas y el creciente descontento del sector más radical e ideológico, que propugna una línea aún más dura frente a Occidente.

Los motivos para explicar este estancamiento económico son varios. Van desde la corrupción generalizada a los obstáculos impuestos por el propio Gobierno. Tampoco Teherán ha llevado a cabo las reformas y los ajustes previstos, tanto en las cuentas públicas como en la banca, lastrada por una tasa de morosidad del 12%. Cualquier similitud con lo ocurrido en Cuba durante el “deshielo” de Obama no es pura coincidencia.

Pero las dificultades económicas iraníes también tienen que ver con las trabas que frenan las transacciones entre los bancos de este país y los estadounidenses, así como el ambiente de incertidumbre creado tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, que ha llevado a retraerse —o simplemente a esperar— a diversos inversores e instituciones financieras europeas.

Las claves del desacuerdo

Quedan entonces dos factores claves para comprender los fundamentos tras la retirada de EEUU del acuerdo.

Uno político.

Tanto Israel como Arabia Saudí ven con preocupación creciente el expansionismo de Irán en la región. Estos dos país, rivales milenarios, no solo comparten un enemigo común en Teherán sino también un aliado en Washington. Alianza que con el actual Gobierno estadounidense ha adquirido un carácter extremadamente personal. Sea por la incapacidad demostrada de la monarquía gobernante en Riyadh o por las limitaciones de Israel como nación pequeña, ambos países acuden hoy más que nunca a su tradicional dependencia de EEUU.

Otro económico.

Si el conflicto en Siria ha sido en buena medida lo que en la actualidad se define como una “guerra por proxies”, donde Irán e Israel se acercan cada vez más a un enfrentamiento directo, la retirada de Trump del tratado nuclear se inscribe como un nuevo capítulo de ese otro conflicto —en este caso económico—, que con avances y retrocesos, conversaciones y susurros, no deja de estar también en aumento entre Europa y EEUU.

Además de la amenaza de una creciente inestabilidad en el Cercano Oriente y el peligro de una carrera armamentista nuclear, a Europa lo que le interesa en Irán son las presentes, futuras y potenciales inversiones económicas. En buena medida, este fue un motivo determinante para la reciente visita de Emmanuel Macron a Washington: circunstancia por encima de la pompa y ceremonia.

Inversiones francesas

De todos los acuerdos de inversión europea en Irán —ya sea en marcha o con cartas de intención—, el más avanzado es con la francesa Total, por $4 800 millones, para explotar, junto con CNPC, parte del proyecto de South Pars, el mayor campo de gas del mundo.

Ahora la empresa francesa enfrenta dudas al respecto. “Si el marco cambia, si podemos hacerlo legalmente y ejecutar el contrato, lo haremos. Hay enormes oportunidades en Irán. Pero vamos a ver primero si podemos cumplir ese proyecto inicial”, señala Patrick Pouyanne, presidente de Total.

También la industria automovilística francesa tiene planes en el país, que en igual sentido enfrentan nuevas incertidumbres. Peugeot anunció inversiones por 700 millones de euros, Renault se ha comprometido a construir una nueva planta para producir 350 000 vehículos al año.

Aunque empresas estadounidenses igualmente tenían proyectos en Irán (un plan para la renovación de la flota de IranAir contemplaba la compra de 80 aparatos a Boeing), son los europeos quien más han avanzado en este terreno.

¿Y la Helms-Burton?

Trump estableció “al máximo nivel” y de forma inmediata las sanciones contra el régimen iraní. Se le concederá un plazo breve a las empresas para que reconsideren sus planes y se retiren. Pero sobre estas, y no solo las estadounidenses, se cierne la amenaza de las penalizaciones. El presidente de EEUU le ha dado marcha atrás al reloj.

El paquete original de sanciones norteamericanas, cuando fue aprobado en 2012 por el Congreso, aparte de castigar al banco central iraní, dificultaba extraordinariamente las operaciones financieras en EEUU a quien mantuviera transacciones con Teherán.

Ahora Europa está tratando de convencer al régimen de los ayatolás de que nada cambia. Para ello, la diplomacia comunitaria trabaja en dos proyectos, según El País.

El primero, un programa de crédito del Banco Europeo de Inversiones que respalde a las empresas que quieran hacer negocio en Irán, pero no puedan financiarse por la incertidumbre que crea la decisión estadounidense.

Con relación al segundo, Bruselas está desempolvando una herramienta que ya ideó en 1996, cuando EEUU promulgó la controvertida ley Helms-Burton, que penalizaba a los empresarios de cualquier territorio, incluido el europeo, con proyectos en Cuba.

De esta forma, Bruselas intenta dar garantías de que ninguna firma deberá acatar medidas estadounidenses con efectos extraterritoriales.

Sin embargo, en la práctica la potencia de estos escudos puede ser muy limitada si los inversores consideran que el veto estadounidense a operar en Irán les cierra el grifo de financiación y amenaza el eventual beneficio.

Las empresas y los bancos son reacias a enfrentar riesgos enormes, que en la práctica se traducen en multas de millones de dólares, e invertir en un país como Irán y obtener una ganancia relativamente limitada, al tiempo que son castigadas por Washington y se les cierra el mercado de tan poderoso país. El único camino entonces abierto es la incierta vía de la ilegalidad.
Cabe preguntarse si los más fervorosos anticastristas de Miami —¿el senador Marco Rubio, los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, la representante en retirada Ileana Ros-Lehtinen— conocen de estos movimientos. Y si intentarán aprovechar el momento para volver a esgrimir la olvidada Helms-Burton. ¿O esto es solo un ejemplo más de la vieja manía cubana, de meter a la isla en cualquier parte, aunque sea en las arenas de un desierto cada vez más peligroso?

Chávez, los “árboles de la vida” y la crisis de Nicaragua

Empezaron a “brotar” a mediados de 2013, en sitios estratégicos de Managua, capital de Nicaragua, y ahora hay unos 140 por toda la ciudad.

Los “árboles de la vida” son enormes estructuras metálicas de entre 15 y 20 metros de altura, formas estilizadas, multicolores e iluminadas que dominan el panorama citadino y están asociadas con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, de acuerdo a la BBC.

Fueron erigidos inicialmente en la Plaza de la Fe, en Managua, en conmemoración del 34 aniversario de la Revolución Sandinista, el 31 de julio de 2013.

Al comienzo fueron solo ocho “árboles de la vida”. La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, los bautizó como “árboles de la vida”. Desde su aparición generaron discusión pública, tanto por su tamaño y colorido como su significado, al ser asociados con las más diversas interpretaciones, desde el famoso cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, Árbol de la vida, hasta la semejanza de las enroscadas hojas metálicas con el alfabeto hebreo y sus posibles conexiones con la Cábala judía, o con el ojo de Horus, inclusive con el número 6 asociado con el demonio. Otros dicen que son una expresión de las creencias filosóficas de Murillo, su espíritu de la nueva era y sus gustos por los atuendos coloridos, colgandejos y amuletos.

Lo cierto es que, unos meses después, empezaron a aparecer más de estos árboles en la Avenida Bolívar en Managua y en otros puntos clave de la capital. Algunos fueron destruidos durante las recientes protestas en el país.

En uno de ellos, que aún se mantiene en pie, aparece la cara la cara del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Para entender lo que está ocurriendo en Nicaragua hay que volver a la figura de Chávez, su participación en una breve utopía de sueños de grandeza y dominación Latinoamérica y el fracaso de su propuesta.

Un nuevo estadio nacional, un moderno hospital general, complejos de oficinas y centros comerciales. Hace apenas pocos años estas edificaciones, diseminadas por todos los puntos cardinales de Managua, eran testimonios palpables del buen momento económico por el que atravesaba el segundo país más pobre del hemisferio.

Pero esos focos de desarrollo no obedecían a la capacidad productiva del país o la buena gestión de sus gobernantes. La bonanza económica nicaragüense tenía un nombre y apellido: Hugo Chávez.

Evaluar el impacto de aquellos diez años de cooperación bolivariana con Nicaragua no es fácil. Seguir el rastro de todo el dinero facilitado por Venezuela hasta 2016 tampoco.

Pero aún puede verse la huella de Chávez en el país.

El Centro Deportivo Comandante Hugo Rafael Chávez Frías de la colonia 14 de Septiembre, en el este de Managua, es uno de esos ejemplos de la multiplicación de infraestructuras impulsada por el Frente Sandinista desde su regreso al poder en enero de 2007.

Bajo los términos de un generoso acuerdo suscrito entre el gobierno sandinista y el que en su momento presidía Chávez, Nicaragua obtuvo un plazo de 25 años para pagar la mitad de todo el petróleo importado desde Venezuela, a una tasa de interés de nada más el 2%.

Esto liberó abundantes recursos: más de $3 654 millones entre 2007 y 2016, según cifras oficiales; calderilla para una economía como la venezolana, pero más de tres veces el valor de las exportaciones nicaragüenses durante el primer año del gobierno de Daniel Ortega.

El apoyo de Chávez a Ortega fue clave para la cómoda reelección del presidente sandinista.

No es el único factor, pero el esquema de cooperación —que ha sido manejado como deuda privada y por lo tanto está libre de las restricciones y controles de los recursos presupuestarios— ciertamente fue clave para la reelección del líder sandinista en 2011 y 2016.

La reelección de Daniel Ortega, el sandinista que ayudó a derrocar a los Somoza y reelegido en un tercer mandato para gobernar Nicaragua por más tiempo que cualquiera de ellos

Además de financiar numerosas inversiones, el dinero generado por los créditos petroleros venezolanos ayudó a mantener programas sociales por casi ocho años.

Gracias a Chávez, y al incremento en los precios de las materias primas del que también se benefició Nicaragua, el país logró una tasa de crecimiento muy superior al del resto de Latinoamérica, con un 4.8% en los últimos cinco o seis años.

Ello explica que durante ese tiempo —y que por encima incluso de lo que ya estaba ocurriendo en Venezuela— el gran empresariado nicaragüense mantuviera excelentes relaciones con las autoridades de un gobierno que se autoproclama revolucionario y socialista, además de cristiano y solidario.

La cooperación petrolera sobrevivió a Chávez, pero no a la crisis económica venezolana.

Así, cuando en 2016 la economía venezolana comenzó su contracción con un impresionante 18%, la nicaragüense creció en un 4,7%, según las cifras del FMI.

Sin embargo, aunque con cierta demora, como es lógico la situación venezolana ha terminado por afectar a Nicaragua. La crisis en Venezuela significó la renegociación de la cooperación petrolera en 2016, y en su interrupción en la práctica en 2017.

El impacto mayor que ha tenido la eliminación de la generosa “ayuda” venezolana ha recaído en los programas sociales, que han pasado a tener que ser financiados con fondos del presupuesto general de la republica y se han visto obligados a reducir el número de beneficiarios o han sido cancelados.

Las causas del problema radican en que la naturaleza asistencialista de la mayoría las iniciativas financiadas con el dinero venezolano las hacían útiles para ganar elecciones, pero no para lograr una reducción sostenible de la pobreza en un país que, con un PIB per cápita de nada más $2 151 sigue siendo el segundo más pobre del hemisferio.

La reducción de la pobreza en Nicaragua no se tradujo en que los pobres dejaron de serlo, sino en que se convirtieron en personas “vulnerables”, como ha explicado Juan Sebastián Chamorro, que en cualquier momento podía volver a caer en la miseria, como ha ocurrido ahora, porque la situación no se tradujo en la creación de empleos permanentes o un verdadero desarrollo económico: simplemente se estableció una mayor dependencia al Estado —es decir, al gobierno de turno— y una mentalidad rentista, no solo para los más pobres sino en beneficio de la clase empresarial.

La “generosa” ayuda venezolana permitió al gobierno sandinista darle al sector privado concesiones y contratos, en sectores como la construcción.

Pero todo ello terminó.

Durante años la corrupción imperante, al no existir mecanismo de fiscalización que permitieran fiscalizar los gastos del gobierno, es decir del matrimonio Ortega, hizo que muchos miraran hacia otra parte ante el despilfarro y las ideas disparatas, uno de cuyos ejemplos más visible es el de los “árboles de la vida”, pero no el más costoso ni el peor.

La cuestión clave en el asunto es cuán correctamente se aprovecharon las ventajas que brindo Chávez al Gobierno sandinista, o incluso si ha existido una malversación de fondos, de los entre $500 y $600 millones que pasaron por la empresa Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANISA), creada para administrar la cooperación venezolana y que se manejaron fuera del presupuesto del país.

Según el periodista Octavio Enríquez, la familia gobernante utilizó la cooperación de Venezuela para capitalizar sus empresas, las de sus allegados, y otras en las que los límites entre lo público y lo privado se difuminaron en beneficio de los Ortega o el partido de gobierno.

Esta contribución venezolana sobrevivió al fallecimiento de Chávez, pero no a la crisis económica venezolana.

Así, cuando en 2016 la economía venezolana comenzó su contracción con un impresionante 18%, la nicaragüense creció en un 4,7%, según las cifras del FMI.

Sin embargo, aunque con cierta demora, como es lógico la situación venezolana ha terminado por afectar a Nicaragua. La crisis en Venezuela significó la renegociación de la cooperación petrolera en 2016, y en su interrupción en la práctica en 2017.

Lo que ocurre hoy en Nicaragua es un típico caso de corrupción administrativa, del que los principales culpables son el matrimonio en el poder. En ello no hay diferencia alguna con lo sucedido en otros países latinoamericanos, y quienes están en el poder en la nación centroamericana tienen que pagar por ello. No solo con su renuncia sino ante los tribunales. 

Notas sobre un traspaso

En Cuba, un país con un control político que —en esencia— aún responde a un sistema totalitario, el traspaso de poder que está ocurriendo no es fácil desestimar con el simple argumento de más de lo mismo.

En primer lugar porque dicho cambio se ha producido desde la cúpula del poder, sin mayores antecedentes que una necesidad biológica —lo cual, por supuesto, es un requerimiento poderoso, pero no suficiente según otros ejemplos históricos— y de una forma tan pausada que no admite réplicas de crisis y premuras como fuerzas catalizadoras.

Lo que vemos es la puesta en práctica de una visión de Raúl Castro, como solución práctica y no salida mesiánica —a diferencia de su hermano—, ante la disolución de un proceso iniciado en 1959.

Que no simpaticemos con dicho proceso, que estemos en contra de sus consecuencias y que apetecemos otro destino para Cuba no debe desviarnos del análisis de una puesta en escena que nos elude, tanto a los cubanos exiliados como a los empeños de ciertos grupos llamados disidentes, así como a las tonterías del senador Marco Rubio y el menosprecio del actual Gobierno de Estados Unidos.

En segundo porque el guion trazado desde el inicio —con mayor claridad en ciertos puntos, o interrogantes o quizá dudas en otros— se ha llevado a cabo con la certeza de un mecanismo de relojería que siempre cumplió, como función colateral, el dejar en entredicho no solo a los vaticinios de lo que un poco ilusamente podría catalogarse como intelligentsia del exilio —académicos locales, comentaristas radiales y televisivos, supuestos “analistas” políticos— sino a los actos de los congresistas cuya razón de ser aparente es servir a la comunidad y las estrategias y actitudes —al menos según sus discursos difundidos fuera de la Isla— de los grupos opositores.

En todos los casos, la repetición que ha llevado al desacierto es el viejo pecado original de la necesidad de un Castro imperecedero como Drácula: parafraseando a Sartre: si Fidel Castro muriera hoy, mañana cierto sector del exilio lo crearía de nuevo; y Fidel Castro terminó falleciendo y su hermano anunció su retiro de la presidencia y una y otra vez continuamos escuchando la cantaleta de la “sucesión dinástica”, como si todo se resolviera con una especie de Pyongyang en La Habana.

Ante tal dislexia política, la respuesta torpe y gastada que vuelve como justificación eterna es remontarse al pasado, sacar de la tumba a Osvaldo Dorticos y  Manuel Urrutia —que aquellos, los de entonces, no fueron los mismos pero hoy suenan iguales—, en el caso de los que más se obcecan. Para lo más aptos queda un razonamiento mejor: recordar el papel rector del partido comunista en una sociedad de este tipo. Sin embargo, ambos recurren a dos falacias que si bien no coinciden tampoco resultan tan distantes.

Hablar de Dorticos y Urrutia carece de sentido porque tal argumento lo que busca es perpetuar a Fidel Castro. Solo la persistencia de la enfermedad infantil del fidelismo en el exilio justifica dicho razonamiento.

Sobre el papel rector del Partido Comunista de Cuba, que aún continúa bajo el mando de Raúl Castro, el asunto es de otro naturaleza, y tiene que ver con las premisas de las cuales se parte. Si todo se ve desde una óptica similar a la desaparecida Unión Soviética, o incluso a la época en que gobernaba Fidel Castro, lo único que cabe responder es que esa época desapareció incluso en Cuba. Si lo que se quiere es extrapolar a la situación actual en China, pues aún es más fácil ripostar: La Habana no es Pekín. Pero si lo que se busca es enfatizar que Raúl Castro y el Partido Comunista de Cuba continuarán ejerciendo una función de guía y control, destinada a impedir una transformación total del sistema imperante en el país, pues en ello no hay duda.

Nada de lo anterior impide ver que Cuba está a las puertas de un cambio administrativo de primera magnitud. La efectividad de ese cambio, la velocidad o lentitud en que ocurra son otros factores.

Aquí cabe destacar que la propuesta de nueva dirección del gobierno —que no hay que dudar que en el sistema cubano sea aprobada— responde ante todo a las características económicas, sociales y demográficas del país (bajo la óptica del sistema imperante que deja fuera aspiraciones y necesidades de un cambio profundo y una vía democrática). También se debe enfatizar que dicha propuesta contiene avances y limitaciones. Pero si bien este nuevo centro de gobierno será bien recibido en la Unión Europea, no se ha buscado en su elaboración un acercamiento con Estados Unidos. En este sentido queda claro que la Plaza de la Revolución no espera ni busca mejorar sus relaciones con Washington.

Como la propuesta de Miguel Díaz-Canel para la presidencia no encierra sorpresas, hay que buscar las claves en los otros cargos principales.

Como primer vicepresidente está propuesto Salvador Valdés Mesa, actual vicepresidente y quien tuviera a su cargo la Central de Trabajadores de Cuba. También se propusieron otros cinco vicepresidentes: el comandante Ramiro Valdés, el actual ministro de Salud Pública Roberto Tomás Morales Ojeda y tres mujeres: la actual vicepresidenta y contralora general Gladys María Bejerano, Inés María Chapman, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y Beatriz Johnson Urrutia, a cargo del gobierno en la provincia de Santiago de Cuba.

Además de Raúl Castro, salen tres figuras importantes del Consejo de Estado: Marino Murillo, exministro de Economía y vicepresidente que estaba a cargo de la “actualización” del modelo económico; Ramón Machado Ventura y Álvaro López Miera.

La permanencia de Ramiro Valdés es, sin duda, una concesión de Castro a la línea dura y a un supuesto rival de toda la vida. En el caso del nonagenario Guillermo García, que también permanece, solo que hay que verlo como un detalle simbólico, anecdótico y casi misericordioso.

Lo fundamental de esta cúpula en el gabinete son tres detalles:

-Con un miembro de la raza negra como primer vicepresidente (Valdés Mesa), el gabinete busca una composición más acorde a la realidad etnográfica del país.

-La presencia de tres mujeres vicepresidentas puede verse en igual sentido, desde el punto de vista de la participación femenina.

-El gabinete cubano, en sus cargos principales, abandona su imagen de “junta militar” y cesa en su preponderancia de miembros “históricos”.

La presencia de tres vicepresidentas compensa en parte que una mujer no lograra alcanzar la vicepresidencia primera —algo que se llegó a rumorear en La Habana— y al parecer indica que quienes dirigen el país —o Raúl Castro específicamente— consideran que este no está aún preparado para la posibilidad de una mujer presidenta. Puede valorarse a Bejerano con mayores cualidades para el cargo que a Valdés Mesa. Entre la raza y el género, se impuso la primera.

Un descendiente de asturianos al frente, un miembro de la raza negra detrás y tres mujeres a la saga: la nueva Cuba que se proyecta no deja de ser la Cuba de siempre, que enmascara su futuro en la continuidad.

Pero hay más que eso.
La característica principal de este grupo de vicepresidentes —demasiados para un país tan pequeño— es que parece destinado a una función administrativa. Y esto puede ser en última instancia lo que Raúl quiere: que otros lleven a la práctica lo que él no hizo.

Más que un «consigliore»

Olvídese de Flynn, Nunberg, Manafort, Stone, Page y otros personajes más o menos secundarios. Descarte también al hijo de Trump, el yerno de Trump y al vocinglero Bannon. Ah, y también deje a un lado a Stormy Daniels. La figura clave en la famosa “trama rusa” puede que sea Michael Cohen. Solo que para llegar a esta conclusión hay que ir más allá de la actriz porno y los $130 000 que Cohen le dio para que se callara, y sobre todo eludir la distracción principal que el presidente de Estados Unidos y su equipo han logrado establecer con éxito, y por supuesto con la ayuda de la prensa: que Cohen es el abogado de Trump.

La prensa escrita, los tuits presidenciales y los comentaristas de la televisión giran a diario sobre el mismo tema, con argumentos similares que se las apañan para parecer novedosos a diario, pero no salen del mismo embrollo cotidiano: que si Cohen le pagó a Daniels de su bolsillo, que si el presidente lo sabía o no, que de dónde salió el dinero, que el sagrado secreto de la relación entre un abogado y su cliente, que si se extralimitó el FBI en su redada. Todo esto no deja de ser secundario.

En primer lugar porque el espectador de televisión o lector de periódico puede pensar —o lo han obligado a pensar— sobre todo en esto: ¿cómo es posible que un abogado sacara de su bolsillo una apreciable cifra de dinero, para cualquier hijo de buen vecino, sin que detrás no estuviera el cliente multimillonario que se lo recompensara de inmediato? Ese reducir a Cohen al papel de simple intermediario ha sido una de las mejores jugadas de Trump.

Lo mejor es comenzar a aclarar las cosas. Cohen es abogado, sí, porque tiene un título que lo capacita como tal y ha ejercido o ejerce la profesión. Pero no es un simple abogado, no es siquiera solo un abogado poderoso.

En primer lugar su número de clientes es muy limitado. En la audiencia del lunes en Nueva York quedó claro que tuvo únicamente 10 clientes entre 2017 y 2018, aunque solo a tres le proporcionó servicios legales. Puede argumentarse que un abogado puede necesitar incluso de un solo cliente para ganar lo suficiente para llevar una vida espléndida. Sin embargo, por lo regular en esos casos se trata de una gran corporación o de un acaudalado hombre de negocios. Pero aquí, si bien dos de dichos clientes son multimillonarios (Trump y Elliott Broidy) y el tercero no tanto, el presentador de radio y televisión Sean Hannity (que por otra parte niega ser verdaderamente un cliente y admite solo haberle realizado algunas consultas sobre bienes raíces), el quid radica en que el papel de Cohen ha sido más con atender asuntos personales que con negocios propiamente dichos, o al menos esto es lo que él admite hasta ahora.

Así que para vestir bien, comer bien, tener un despacho en Nueva York, una habitación de hotel y varias viviendas y apartamentos en esa ciudad, este abogado no necesita de sus “clientes”. Sencillamente porque es millonario. Lo era antes de conocer a Trump y no le debe su fortuna a Trump.

Cohen, además de abogado —lo es, repito, por su titulo y su bufete— es un “fixer”, y esta palabra siempre la asocio más al cine que a un despacho.

Él mismo se ha comparado con Ray Donovan, el personaje de una serie de televisión, un “fixer” profesional para ricos y famosos de Los Angeles. Un Michael Clayton, pero con dinero. Algunos le han puesto el apodo de “Tom”, en referencia a Tom Hagen, el consigliore de Vito Corleone en la saga de El Padrino.

“Esto significa que si alguien hace algo que al señor Trump no le gusta, yo hago lo que esté en mi poder para resolverlo en beneficio del señor Trump”, dijo en una entrevista con ABC News, antes de que Trump presentara sus aspiraciones presidenciales. “Si usted hace algo equivocado, yo voy a irle arriba, agarrarlo por el cuello y no voy a soltarlo hasta que haya acabado”.

Pero caracterizar a Cohen como consigliore, o llamarlo con mayor rudeza testaferro no explica en realidad su función.

Un millonario que en una época contó con una lucrativa empresa de taxis, en la actualidad es ejecutivo de la Organización Trump, con negocios de bienes raíces en Nueva York y con vínculos empresariales y familiares en Ucrania (su mujer es ucraniana), eso es Cohen. Al igual que Trump ha tenido una trayectoria cargada de vericuetos que ahora lo ha colocado como una importante figura en una trama política, sin ser un político profesional (sus intentos en este terreno terminaron en fracaso).

Cohen es hoy un importante consejero político de Trump (sin cargo oficial), pero en una época, y al igual que el presidente, fue demócrata, solo que con un papel más destacado en ese partido.

Trabajó para un miembro demócrata del Congreso y actuó como voluntario, en 1988, para el candidato presidencial Michael Dukakis. Llegó a votar por Barack Obama para presidente.

Ha declarado que se sintió atraído por la oratoria de Obama pero luego sufrió una decepción durante la presidencia de este. Decepción que lo llevó incluso (al igual que Trump) a dudar del origen estadounidense del mandatario.

Cohen fue el cofundador de un sitio en internet en que se planteó la pregunta de si Trump debía postularse para presidente. A partir de ese momento, y de la aceptación favorable que tuvo la pregunta, formó parte de los esfuerzos para ganar fondos para la campaña de Trump.

Ayer, a la salida de la audiencia en una corte de Nueva York, Daniels y su abogado aprovecharon la ocasión para continuar disfrutando de su momento de fama. Pero el asunto con Cohen tiene más que ver con el fiscal especial Robert Mueller y la trama rusa. Daniels solo es un hilo delgado y coyuntural de la madeja.

Si Cohen le pagó de su bolsillo a la actriz porno —y tiene dinero de sobra para haberlo hecho—, en última instancia no es de mayor importancia para lo que persigue Mueller. Sí, cabe que ello fuera un delito como una contribución no declarada de campaña (en especial para Cohen, porque probar que Trump lo supiera es otro asunto).

La clave radica no en lo que sabe Daniels —que es solo pacotilla para revista de escándalo o para el escándalo en que se ha convertido buena parte de la prensa— sino en lo que sabe Cohen; lo que al parecer Cohen ha grabado de conversaciones con otros miembros del equipo de Trump y al propio presidente; lo que se encuentra en los mensajes de textos, emails y otros documentos que parecen existir y que han provocado el temor del presidente.

Y dentro de todo este enredo, la sospecha de que Cohen hubiera viajado a Praga para reunirse con miembros del Gobierno ruso o enviados de Putin y coordinado esfuerzos para favorecer la candidatura de Trump.

Sobre este último aspecto solo hay sospechas no confirmadas. Una información de la oficina en Washington de la cadena McClatchy, plantea que el equipo de Mueller tiene pruebas de que Cohen estuvo en Praga en 2016, lo que sería una confirmación de partes del dossier Steele y de la existencia de una coordinación entre el equipo de Trump y el Gobierno ruso en la injerencia electoral.

La información de McClatchy deja tantas incertidumbres como pistas ofrece, así que por sí sola no nos permite llegar a una conclusión. Sobre el supuesto viaje de Cohen a Praga hay entresijos que van desde el hecho de que en su pasaporte al parecer no se encuentra una entrada en Europa por esa fecha a una posible confusión con otra persona de igual nombre. Tampoco ha sido confirmada por otra agencia de noticias. Pero si lo que allí se cuenta es cierto, algo que la propia información aclara no ha podido confirmar por su cuenta y todo queda en manos de lo que lleva a cabo el equipo de Mueller, Trump está en candela.

Lo que sí es cierto en todo ello es el interés de Trump en ver los documentos incautados primero que nadie. Algo que la jueza neoyorquina no parece inclinada a conceder, aunque no hay un dictamen final (la magistrada se inclina por llevar a cabo una revisión independiente de los documentos, para descartar todos aquellos que impliquen derecho de privacidad por la asesoría legal entre abogado y cliente, pero solo con el objetivo de descartar cualquier sospecha de parcialidad política).
En cualquier caso, el resultado de la audiencia abre una interrogante aún mayor sobre el próximo paso de Trump, si se decidirá a despedir al subsecretario de Justicia Rod Rosenstein o al propio Mueller y si cualquiera de estas acciones terminará por salvar o hundir al presidente.

Añorado encuentro

La Cumbre de las Américas fue un invento del entonces presidente Bill Clinton, en una época de apogeo de la teoría neoliberal en Latinoamérica y cuando Washington creía que el dólar terminaría imponiéndose como moneda de uso en la región y la etapa de desacuerdos, rencillas, odios y guerrillas en su traspatio del sur  había quedado atrás. Para la primera no solo no se invitó al Gobierno cubano sino que se celebró en Miami. Con estas cumbres se pensó lograr objetivos muy distintos no solo a otro evento similar, la Cumbre Iberoamericana, sino a las reuniones de la OEA. Con el tiempo una realidad distinta fue imponiéndose. Llegó Chávez y comenzó a influir decisivamente en la región gracias a los petrodólares (esos mismos de los que ahora carece Venezuela). Con objetivos loables y no tan loables los países latinoamericanos comenzaron a tener una participación más destaca y a no limitarse al papel de sucursales comerciales de EEUU que pretendió Clinton. Cuba comenzó a participar y lo que a partir de entonces empezó a cuestionarse fue el papel de Washington. Una y otra vez la prensa especuló y dedicó espacio a esa especie de juego de los espejos de si aquel o el otro topaban en un pasillo, se miraban a los ojos, se daban la mano. Pura tontería a los efectos reales. Ningún mandatario o canciller de EEUU se libró de ello, de Bush a Hillary Clinton. En la pasada reunión, en el exilio se alzaron las voces de si el presidente Barack Obama debía asistir si participaba Raúl Castro. Confieso que no me vi libre de entrar en el juego y escribí una columna en el Nuevo Herald en la que expresaba que Obama no debía reunirse con Castro mientras Gross estuviera preso (algo de lo cual, por otra parte, no me arrepiento. Entró Donald Trump a la Casa Blanca y nadie en Miami alzó la voz rechazando que ambos participaran en el mismo evento. Temo que tal silencio no obedeciera a un signo de madurez política sino al pecado de la complicidad, en este caso gratuita. Trump encontró un pretexto —plausible según sus seguidores— para no ir a un sitio al cual nunca tuvo ni el más puto interés en asistir, y más sin contar con Tillerson y Shannon en el Departamento de Estado, y decidió enviar a Pence. Una decisión que casi aplaudo por un afán de aburrimiento y porque pone fin a tanta especulación idiota tras la cual latía el añorado encuentro en que Trump decidiera sacarle la lengua a Castro en cualquier pasillo (soñar con lo contrario en puro delirio). Aparece ahora que el senador Marco Rubio va a asistir —oportuno como siempre— y poco ha faltado para que en Miami tiren fuegos artificiales. No entiendo bien el papel de un legislador en un evento de dignatarios y burócratas del poder ejecutivo, pero ello es parte de mis deficiencias características. De mi parte, no dejo de lamentar que La Habana no hubiera adoptado una posición más acorde y enviado al segundo secretario del Partido Comunista de Cuba. Una supuesta reunión entre Machado Ventura y Pence hubiera sido algo así como un capítulo olvidado de la Divina Comedia. 

Cuba y el ejemplo chino

Al final fueron los objetos de consumo y no los misiles los que hicieron polvo al imperio soviético. Mucho se ha hablado de la victoria del capitalismo frente al socialismo. Menos del triunfo chino en una confrontación similar. Que el país asiático se haya convertido en una forma peculiar de capitalismo de Estado no resta importancia al hecho de que, en una confrontación entre democracia y totalitarismo, la opresión conserve la delantera.

Los esquemas ideológicos continúan limitando la comprensión de los procesos políticos. China se benefició en gran parte de la derrota y desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Su éxito es la consecuencia lógica de apartarse del proyecto soviético en lo económico, pero las estructuras de dominación política se conservan casi intactas y son similares a las existentes en Moscú hasta hace pocos años.

Entre finales de los años 50 y principios de la década de los 70 del pasado siglo, la Unión Soviética se aferró a la política de preservación del statu quo en el equilibrio internacional. Nikita Jruschov temía el surgimiento de conflictos en Asia, el Oriente Medio y África, que apartaran a la URSS del avance en el terreno económico en el cual estaba empeñado, para así competir con el mundo capitalista, no mediante conquistas militares sino en el campo del dominio comercial y el bienestar ciudadano.

Solo el peligro de que Hungría se apartara del campo socialista —creado tras la Segunda Guerra Mundial— determinó que la URSS invadiera a esta nación en 1956. La URSS fue renuente en brindar ayuda a Vietnam, obligó a los comunistas iraquíes a reconocer incondicionalmente al general Abdul Karim Qasim y durante la mayor parte de la lucha insurreccional el Partido Socialista Popular cubano no vio con buenos ojos la lucha guerrillera de Fidel Castro en la Sierra Maestra.

A su vez, trataba de que la China de Mao Tse-tung y la Yugoslavia de Josip Broz Tito regresaran al redil soviético. Si bien la política de Jruschov no era monolítica —la KGB trabajaba y se mantenía al tanto de las condiciones existentes en cualquier nación para extender el comunismo—, mantuvo en el terreno internacional el principio de la “coexistencia pacífica”, que no era más que una prolongación de la idea estalinista de “socialismo en un solo país”, solo que ahora el imperio soviético, como resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial, contaba con una serie de países satélites que giraban en torno a su  órbita.

El fracaso de Jruschov —además de sus limitaciones personales— fue la imposibilidad de entonces de encontrar una fórmula para modificar el sistema sin destruirlo (Mijail Gorbachov y los gobernantes chinos representan los dos extremos a que se pudo llegar en esta búsqueda).

Tras su destitución, la URSS experimentó un retroceso hacia el énfasis en formas de dominación política y militar —que por otra parte nunca abandonadas por completo durante el régimen de Jruschov.

Nadie como Fidel Castro hizo tanto por cambiar el principio de la “coexistencia pacífica”. Ni siquiera Ho Chi Minh en Vietnam, quien logró la derrota mayor contra Estados Unidos —y de amplias consecuencias para la sociedad norteamericana—, pero al mismo tiempo se mantuvo aferrado a un nacionalismo independentista en lo nacional.

Ante los ojos del mundo, para el mandatario cubano la ecuación aparecía planteada en términos opuestos a los del Tío Ho: la declaración de un internacionalismo a toda prueba era su forma peculiar de divulgar una política nacional.

Sin embargo, las banderas que ondeaban en la Plaza de la Revolución ocultaban un cálculo exacto de riesgos y conveniencias, en que poco contaban la explotación capitalista y el sufrimiento neocolonial. Contrario al “Che” Guevara, Castro no era un aventurero.

Tras la muerte de Fidel Castro, y a unos días de un programado traspaso del control administrativo del país a una figura política sin el apellido Castro, los cubanos se preguntan, una vez más, qué logró el país con esa acumulación de capítulos, párrafos, referencias y simples notas al pie de página, dedicadas al tema en los libros de historia de tantas naciones: el estancamiento económico ha persistido sin interrupción, los avances en la educación pública y la salud retroceden desde hace mucho tiempo, la pobreza reina en campos y ciudades y las nuevas generaciones no son ni más cultas ni más libres que antes de 1959.

A diferencia de la época soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el juego por el predominio mundial entre las dos superpotencias se resolvía en movimientos que siempre terminaban en un estancamiento forzoso de ambos contendientes —para iniciarse de nuevo una y otra vez—, ahora la jugada en tablas no es un resultado sino el punto de partida.

China aún está lejos de alcanzar al poderío militar norteamericano, pero ha avanzado notablemente en la larga marcha para lograrlo. Sin embargo, desde hace años el “peligro amarillo” llegó a las cadenas de tiendas y los supermercados norteamericanos. Forma parte de la enorme deuda contraída con China por las últimas administraciones estadounidenses y hasta a las jugueterías más modestas y los vendedores callejeros dependen del país asiático.

China sigue demostrando que se puede continuar siendo una nación con un sistema de fundamentos comunistas —modificado pero no transformado por completo: el capitalismo de Estado mezcla y admite principios ideológicos que pueden parecer incongruentes—, tener una fundamental relación con Estados Unidos y conservar intacta la supresión de los derechos humanos. Una alternativa nada estimulante para quienes aspiran a una vía democrática, pero sin duda una tentación para los que en Cuba posiblemente comiencen a desempeñar un papel superior en la administración del país a partir de este mes. 

En Pekín o Beijing. Caminando a la salida de la Ciudad Prohibida y rumbo a la Plaza de Tiananmén. El retrato de Mao al fondo señala el lugar donde el líder comunista declaró el surgimiento de la República Popular China (foto: Rui Ferreira).

Cuba, Vietnam, Castro y el tercer hombre

Cuenta el escritor Norberto Fuentes, en un artículo publicado años atrás en el diario español ABC, que una vieja costumbre del régimen cubano ha sido responder a los cambios presidenciales en Estados Unidos con un cambio de hombres en la Isla:

“Es una costumbre en ese país cada vez que quieren demostrar al mundo que se van a producir unos cambios estupendos en las estructuras (cualesquiera que estas sean, políticas, económicas, culturales), sustituir a los hombres. Es lo único que cambian”.

“Y, lo más curioso de todo, ellos se abocan a esos cambios de personal como la respuesta que creen pareja a los cambios políticos en los Estados Unidos. No obstante, los cubanos son cuidadosos a la hora de matizar y equilibrar ciertos detalles. Cuando Ronald Reagan ascendió al poder, Fidel le ofreció como ofrenda a uno de sus cuadros más capacitados en el sector de la cultura, propaganda e ideología: el comandante Antonio Pérez Herrero. Un viejo comunista al que sus detractores llamaban ‘Limón’, por su carácter ácido (léase rectitud), Pérez Herrero se convertía en un obstáculo para tenerlo en su entorno a la hora de competir con el Gran Comunicador gringo. Así que lo sustituyó por un mulato guarachero y avispado, de grandes y espesos mostachos: Carlos Aldana”.

Fuentes prosigue con el desfile para hacer válida su tesis: “Cuando Bill Clinton, le tocó a Armando Hart, una especie de místico del culto a Fidel pero que te bañaba en saliva cuando te hablaba a dos pies de distancia —algún descontrol en esas glándulas emisoras— y lo despidió de su puesto de ministro de Cultura para nombrar a un joven escritor de larga melena por los hombros llamado Abel Prieto y a quien se conocía en los medios intelectuales como Shirley Temple, debido a la desusada cabellera. La cabellera. Eso era lo que quería Fidel para competir con la juventud de Clinton. ‘No te la cortes bajo ningún concepto’, le advirtió el jefe de la Revolución”, escribe Fuentes.

Esta táctica, enunciada por el autor de La Autobiografía de Fidel Castro, al parecer fue continuada por Raúl Castro, y a la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, el 20 de enero de 2009, siguió el nombramiento de Bruno Rodríguez Parrilla como ministro de Relaciones Exteriores, en sustitución de Felipe Pérez Roque, el 2 de marzo de 2009.

Rodríguez Parrilla se ha convertido en una de las figura más sobresalientes del gabinete cubano, y durante los actos oficiales por el fallecimiento de Fidel Castro apareció de forma más prominente que el sucesor designado para la presidencia, Miguel Díaz-Canel. Si en un terreno el Gobierno de Raúl Castro puede presumir de avances es el diplomático, y es indudable la contribución del canciller a estos. Así que si a finales del mandato de Obama en Estados Unidos parecía inminente un avance de Rodríguez Parilla, e incluso tras la noticia del triunfo de Donald Trump en las elecciones, que lo convertiría en el “tercer hombre” real frente al papel de figura decorativa al que parecía condenado Díaz-Canel, hoy dicho pronóstico es algo más reservado.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca surgió la interrogante de si Raúl Castro no se veía entonces en la necesidad de buscar un sustituto, no para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, que Rodríguez Parrilla lleva a cabo de manera tan adecuada a los intereses de la Plaza de la Revolución, sino de cara al nuevo Gobierno de Estados Unidos.

A Rodríguez Parrilla uno lo hubiera visto perfecto para lidiar con una presidencia de Hillary Clinton, pero con una de Trump surgían las dudas.

Y así, y según el rumbo que por aquellos días se especulaba iba a tomar la Casa Blanca de Trump con respecto a Cuba, se mantuvieron vivos los argumentos que giraban alrededor de otros dos miembros cercanos a Castro, siempre mencionados en Miami: el general Luis Alberto López-Callejas, encargado de GAESA S.A., el conglomerado de compañías más grande de la Isla, y el coronel Alejandro Castro Espín, a cargo de coordinar los servicios de inteligencia y militar de la Isla. Más allá de la relación de parentesco, ambos militares representaban las dos mejores opciones de las que disponía La Habana para enfrentar al nuevo Washington.

Como suele ocurrir, al menos hasta hoy la realidad se ha aventurado por otro rumbo: el inmovilismo —más bien el desinterés— de la administración Trump hacia todo lo que tiene que ver con Cuba y su Gobierno, salvo el gasto ocasional de alguna saliva en un discurso vetusto, le ha permitido a Raúl mantener la apuesta que él consideró desde un principio: la opción administrativa.

Muerto Fidel Castro, desapareció en Cuba la necesidad de un tercer hombre. Lo que el país requiere —y Raúl Castro lo sabe— es un buen administrador. Que Díaz-Canel pueda o no cumplir esa función es otra cosa, pero su sustituirlo o dejarlo no constituirá un problema político, en el sentido de categoría y problema que por décadas se conoció en Cuba.

Por primera vez desde la llegada al poder del castrismo, el régimen no tiene que mover fichas —cambiar de hombre— de acuerdo a los dictados o los intereses y motivaciones de Washington. En este sentido, Obama fue el último de los mandatarios estadounidenses, y al intentar abrir una puerta lo que consiguió fue cerrar un capítulo y una época (solo que él pensaba que la época que cerraba era otra).

Ello permite enfatizar la importancia que ha representado la visita del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, más allá de la firma de acuerdos comerciales, la condonación de la deuda de la Isla con la nación asiática o la visita protocolar a monumentos y tumbas.

Lo que vale la destacar aquí es como la prensa oficial cubana ha resaltado el reformismo económico vietnamita —que al igual que el chino no implica mayores libertades ciudadanas— precisamente en momentos en que también ha publicado que proseguirán las detenidas reformas económicas en la Isla.

A los fines ideológicos, políticos y hasta nostálgicos del Gobierno cubano —que por supuesto no son los de quienes buscan un destino democrático para la Isla—, Vietnam se convierte en el ejemplo perfecto a imitar y el broche de oro que Raúl Castro buscaba para cerrar esta etapa en Cuba. Todo lo cual —¡qué duda cabe!— es una de las de esas grandes ironía que, de vez en cuando, depara la historia de las naciones.