Por qué de un «impeachment» a Trump

Los demócratas enfrentan el dilema de si iniciar o no un proceso de juicio político a Donald Trump, titula hoy la prensa. No hay tal dilema. Ante la certeza de que el Partido Republicano —desintegrado de sus valores básicos durante la última campaña por la presidencia— no llevará a cabo esa tarea, que en primer lugar es a ellos a quienes corresponde iniciar, no hay más remedio que sacar la cara.

Dicho juicio político no debe entenderse como una vía de llegar al poder, sino como un ejercicio de sanación nacional. No queda otro remedio tras el informe de Robert Mueller. No se trata de una estrategia política sino de un imperativo moral.

Tras más de dos años de caos y furia en la Casa Blanca, en última instancia poco hay de nuevo en dicho documento, pero el resumen que ofrece del mal gobierno de Trump es tan abrumador que impide la inercia.

Al argumento de que los demócratas deben concentrar sus esfuerzos en la próxima campaña electoral, que en resumidas cuentas no alcanzará el tiempo para dicho juicio político y de que tampoco hay los votos suficientes para su aprobación —por razones partidistas, no por la ausencia de causa justificada— solo cabe señalar el peligro que para la democracia estadounidense representa oponer una razón de Estado a la justicia.

No otra cosa ha hecho el fiscal general William Barr —en una versión de Maquiavelo reeditada— al justificar la actuación del mandatario con independencia de la legitimidad de sus métodos.

Lo que ha quedado en claro, en estos momentos en Estados Unidos, es que la ley no es pareja para todos, que algunos poderosos pueden gozar de impunidad mientras al ciudadano de a pie le toca perder. Lo demás es palabrería.

El informe Mueller no encuentra delito donde no quiso buscar. Investigaciones en las que no se ha profundizado aún; participantes a los que no se llamó a declarar en persona, comenzando por el mandatario; dudas planteadas pero dejadas a otros el resolverlas. No se trata de juzgar (que no era la función del fiscal especial), sino el detenerse en ciertos momentos de la indagación, ya sea por temor a los resultados, falta de audacia o ante la seguridad de una carencia de poder para seguir adelante. Triste decirlo, pero en algunos momentos el documento es una muestra de cobardía.

Nada de lo anterior disminuye su valor como testimonio: un paisaje desolador donde el presidente de la nación más poderosa del mundo da órdenes que no se cumplen, y se saluda que así sea por lo inadecuado de las mismas.

Penoso que un partido como el republicano, que por décadas se caracterizó por su enfrentamiento vertical a la poderosa Unión Soviética, ahora simplemente mire hacia otro lado frente a la mayor injerencia rusa, en el proceso democrático fundamental de EEUU, de toda la historia.

Risible casi que el presidente Trump recurra 36 veces al “no me acuerdo” durante su declaración por escrito, y repita así el mismo recurso o truco que tanto le criticó a Hillary Clinton durante toda la campaña electoral.

Este país avanza hacia la disolución de algunos de sus valores fundamentales. Se impone “Hacer de América, Estados Unidos de nuevo”.

Trump, Cuba y el juego electoral

Cuba y Venezuela se limitan a piezas electorales en el juego emprendido por el presidente Donald Trump para ganar la reelección. Lo demás es mucho ruido y un poco de furia, donde realidad y farsa se mezclan sin tino ni gracia.

Claro que la suerte y el juego tienen sus recompensas y lo primero es congratular al exilio de Miami —¿hay que agregar “histórico”?— por recibir una brisa en el ocaso. Hoy sus miembros pueden exclamar que ahora sí van a construir (digo, a derrotar) el “castro-comunismo”. No suena serio, pero qué importa.

En cualquier caso todo esto no supera el capítulo emocional que desde hace décadas es el único que vale en esta ciudad: los supuestos intentos de lograr que la democracia llegue a Cuba se han limitado a un empecinamiento en estrategias caducas, que desde hace décadas no se modifican por falta de voluntad política o conveniencia.

Al inicio de su campaña hacia la presidencia, Trump reconoció esos límites: “Cincuenta años es suficiente”, dijo en una entrevista con el Daily Caller, publicada el 22 de octubre de 2015, refiriéndose a la decisión del entonces presidente Barack Obama de restablecer relaciones con La Habana. “El concepto de apertura con Cuba es correcto”, agregó. Solo que luego llegó la hora de apelar a cualquier voto. 

Y al darle marcha atrás no solo a sus palabras sino al reloj, el actual mandatario y los miembros de su gabinete han impuesto un récord.

Si hasta el momento se podía criticar el empecinamiento en el exilio por la retórica de la Guerra Fría, al presente los funcionarios de Trump alientan una vuelta más atrás en el calendario, a la época de la “Doctrina Monroe”. Curiosa mención por lo demás, cuando se habla de la injerencia rusa en Venezuela y se lanza un manto piadoso a lo ocurrido durante las últimas elecciones presidenciales.

El anuncio de que el 2 de mayo entrará en vigor una norma, que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que gestionan bienes confiscados en Cuba y pone fin a una exención de dos décadas, despierta no solo ilusiones sino reaviva prejuicios.

Con independencia de su efectividad para lograr la libertad de Cuba (a lo largo de los años las sanciones económicas han demostrado su ineficacia), la medida desencadenará demandas y contrademandas, y de momento los únicos beneficiados con ella serán los bufetes. Pero ello no importa para un tipo de mentalidad, siempre presente en Miami, donde la nostalgia y el revanchismo han marchado juntos.

Por lo demás, se trata de una estrategia milenaria: cuando no se puede derrocar al enemigo con un enfrentamiento directo, se impone la política de sitiar, cercar o cerrar todas las entradas y salidas.

Limitarse a ver esta medida como un instrumento en favor del avance democrático en Cuba y Venezuela es un error. Ella forma parte de la guerra comercial contra Europa  en que está empeñado Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Así que la Helms-Burton será otra tuerca en el entramado en que participan desde los subsidios de Washington a la compañía aeronáutica Boeing hasta las represalias europeas contra las exportaciones agrícolas estadounidenses.

Hay más. Junto a la entrada en vigor del Título III se anuncian restricciones a los viajes y límites a las remesas. Con las nuevas medidas de este tipo, asistiremos solo al tanteo inicial de una estrategia que busca el aislamiento total entre Miami y Cuba. 

El proceso está en marcha. Dentro de poco se podrá hablar de “plaza sitiada” no solo en La Habana. 

Por supuesto que siempre queda mencionar que Díaz-Canel es malo, Maduro malísimo y Raúl Castro pésimo. Si obsoleto es el modelo imperante en la isla, igual resultan las ideas de los opositores de esquina de esta ciudad. 

Tras los votos —recuérdese que cualquier voto cuenta— de un estado que le resulta imprescindible para ganar la reelección, Trump alimenta un anticastrismo parlanchín que empieza y termina en las urnas.

«A todos presta oídos; tu voz, a pocos»

Cuando Shakespeare escribió Hamlet debe haber estado seguro de que personajes como Polonio eran típicos solo de las cortes europeas, o de quizá representaciones de la antigüedad; de asambleas de griegos y romanos —de algún consejo de Atenas o senado en Roma—, pero nunca de la América salvaje o imaginable. Lo más cercano a la misma sería alguien mucho más vital: el Calibán (¿caníbal?) de La Tempestad.Pero si bien Shakespeare vivió y creó antes de la fundación de Estados Unidos de América, la política estadounidense le debe mucho, incluso en sus personajes menores. Aunque en ocasiones estos personajes no alcanzan, se quedan cortos en sus papeles; se limitan a ser bufones burdos y entonces resulta imposible encontrarles siquiera una referencia lejana en las obras teatrales. Lindsey Graham es uno de ellos.

Trump: locura y política

El tema de la inestabilidad emocional del presidente Donald Trump ha vuelto de nuevo a la prensa, pero siempre se enfrenta con desventaja a la rutina de la psiquiatría y la psicología: imposible emitir un juicio certero sin los medios adecuados.

Establecer un diagnóstico sin la necesaria entrevista con el enfermo, sin el apoyo de los correspondientes exámenes y sin la existencia de conductas extremas que no dejen duda sobre un comportamiento alucinado remite indiscutiblemente a una valoración en que factores ajenos —la política, las preferencias personales y la antipatía del que juzga— definen el resultado.

George Conway, esposo de la destacada asesora presidencial Kellyanne Conway, se convirtió la semana pasada en el principal impulsor de la tesis, al menos en el campo mediático, con la reproducción de páginas del Diagnostic andStatistical Manual of Mental Disorders (DSM–5),el Manual de Diagnóstico y Estadísticas sobre los Trastornos Mentales que publica la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos.

Según Conway, Trump presenta los síntomas de sufrir un desorden patológico propio de una personalidad narcisista extrema. Pero como ha declarado su pareja —que ha salido en defensa del presidente— él no es psiquiatra sino abogado.

Sin embargo, muchos, incluso en la Casa Blanca, se preguntan sobre los objetivos del mandatario al lanzarse esa misma semana a lanzar repetidos ataques al fallecido senador estadounidense y héroe nacional John McCain. 

¿Por qué esas obsesiones de Trump? ¿A qué obedece el dedicar tiempo y alentar comentarios, reportajes y análisis en la prensa —a la que considera su “enemigo”—  sobre tales temas?

Más allá de la existencia de rasgos de la personalidad del mandatario que pueden caracterizarse de irracionales —en última instancia, en mayor o menor grado todos los tenemos— vale la pena preguntarse si se trata más bien de una táctica política de fomentar el caos como forma de manipulación de la opinión pública, algo que por otra parte le ha brindado réditos políticos.

Rechazar ese comportamiento es otra cosa. Pero entonces volvemos al terreno de la política, el campo adecuado de criticar al presidente, y no se alimenta un argumento que en resumidas cuentas no hace más que girar sobre el dichosoimpeachment, cada vez más lejano o imposible sino ocurre una revelación sorprendente.

No es la primera vez que se menciona la “locura” de Trump o su incapacidad emocional para el cargo. Desde la campaña por la presidencia, psiquiatras se refirieron al tema e incluso un grupo de expertos emitió un documento al respecto. Aunque más adecuado resulta analizar si el presidente no está utilizando la “Teoría del loco” (Madman theory) con fines políticos.

El primer presidente estadounidense al que se le atribuyó el uso de la “Teoría del loco” fue Richard Nixon (1969-1974), supuestamente para intimidar a la Unión Soviética y a Corea del Norte. H. R. Haldeman, quien fuera jefe de gabinete de Nixon, escribió que este le habló de esa teoría.

La idea básicamente consiste en mostrarse frente a los enemigos como alguien demasiado impredecible o dispuesto a ir al combate, para disuadirlos de actuar contra los intereses propios.

Durante la confrontación inicial entre Trump y el gobernante norcoreano Kim Jong-un llovieron las acusaciones mutuas de locura, en una danza de recriminaciones, donde la psiquiatría no era más que la política por otros medios.

Las conjeturas de que Trump actúa de ese modo surgieron desde antes que asumiera la presidencia. Él mismo reivindicó la carta de la imprevisibilidad a lo largo de su campaña electoral.

“Tenemos que ser impredecibles”, respondió en 2016 cuando el diario TheWashington Post le preguntó cómo actuaría ante el expansionismo chino.

“Somos totalmente predecibles. Y lo predecible es malo”.

Sin embargo, la imprevisibilidad puede ser peligrosa.

“Puede haber (…) algún mérito en la ‘Teoría del loco’ hasta que te encuentras en una crisis”, dijo David Petraeus, general retirado de EEUU, en una discusión que tuvo lugar en la Universidad de Nueva York en 2017.

Cabe entonces esperar que ese actuar como “un loco”, sin serlo, no tenga los mismos resultados catastróficos que ocurrirían ante una locura verdadera.

El apelar a la “locura” de Trump puede servir también como una excusa, cuando en realidad la condena al presidente debe fundamentarse en los métodos empleados para llevar a cabo sus fines. Aquí cabe mencionar el dicho pueblerino de que “no está loco sino es sinvergüenza”.

Los ataques del mandatario a McCain no obedecen simplemente a una obsesión con la figura del héroe que él nunca ha sido, de envidia frente a un historial en el Congreso y durante la Guerra de Vietnam o simplemente un complejo de inferioridad ante un hombre que a lo largo de su vida se destacó por su independencia en el pensar o actuar —más allá de que uno comparta o no sus acciones y opiniones— sin caer para ello en el burdo exhibicionismo o la inconsecuencia. Todos estos rasgos son fácilmente explicables por la psicología o simplemente el psicoanálisis, pero en Trump hay algo más, que desborda dichas características personales, y es un afán de imponerse y justificarse ante una base fiel de fanáticos, al tiempo que golpea a un establishmental que rechaza y teme al mismo tiempo, no importa que forme parte del partido en que se apoyó para lograr la victoria electoral.

Al atacar a McCain, Trump complace y alimenta a esa base fundamentalista e idólatra que lo reconoce como el paladín que les ha brindado una voz con la que expresar sus odios y resentimientos acumulados durante años, aquellos con se han sentido traicionados —y han tenido motivos para ellos— por una clase política tradicional que ellos consideran los han utilizado para cosechar sus votos y luego abandonarlos una vez colocados en Washington. 

El presidente la ha emprendido contra el legislador ya fallecido —y, por supuesto, es repudiable en sus vituperios a alguien que ya no solo no puede defenderse sino que nunca cayó en una ignominia que justifique tal virulencia, con independencia de que no se compartan sus criterios— para lanzarse a un objetivo más amplio: advertir a figuras prominentes dentro del Partido Republicano que no deben contradecirlo y mucho menos enfrentarlo abiertamente. El voto en el Senado contra la declaración de emergencia de la Casa Blanca para disponer de fondos destinados la construcción del famoso muro tiene mucho que ver con las injurias de la pasada semana.

Es este sentido, y más allá de lo execrable de su acción, ha logrado en buena medida su propósito. Prueba de ello son las tímidas respuestas de los senadores Mitch McConnell y Lindsey Graham,  así como de la senadora Martha McSally, que ocupa el asiento que dejó vacante con su muerte McCain. El que no se haya producido una respuesta coordinada, por parte de los legisladores republicanos evidencia una dependencia hacia el mandatario que terminará por pasarle la cuenta al partido.

La interrogante de si las palabras de Trump contra McCain ha estado determinadas más por una estrategia que por un comportamiento se aclara si se tiene en cuenta de que el fallecido senador es una figura cuya popularidad ha ido en aumento más en el campo demócrata que el republicano.

Una encuesta de Fox News, realizada una semana antes de la muerte de McCain, en agosto de 2018, mostró que su popularidad en todo el país se situaba en un 52% entre los votantes registrados, que lo veían favorablemente, mientras el 37% lo consideraba desfavorablemente. Un descenso respecto al 64% de popularidad en 2009, meses antes de ser derrotado por el expresidente Barack Obama. Pero entre los republicanos su popularidad bajó tras sus críticas a Trump. La encuesta de Fox halló que el 60% de los demócratas tenían una valoración positiva de McCain, comparado con el 41% de los republicanos. Cuatro años antes, un sondeo de CNN-ORC había encontrado que el 58% de los republicanos tenía una visión favorable de McCain.

De esta manera, la actitud de Trump, más que remitirse a un rasgo emocional o al carácter de su personalidad, responde a su estrategia persistente de reafirmarse en ese núcleo duro de votantes al que considera como la razón principal de su triunfo en las urnas.

Por supuesto que ello hecha a un lado otro grupo importante de electores, que se mueve en la franja de los independientes y menos inclinados a limitarse solo a criterios ideológicos al colocar sus votos. Sobre dichos votantes es que debe concentrarse el esfuerzo de quienes buscan limitar el mandato de Trump a un solo período, y colocar en un segundo plano los análisis de personalidad. Hasta ahora, sigue siendo la política, y no la afición por la psiquiatría la que define el juego.

Una versión abreviada de este texto, por razones de espacio, también aparece en El Nuevo Herald.

Trece consejos para quien escribe, por Walter Benjamin

1- Deny himself nothing that will not prejudice the next.

2- Talk about what you have written, by all means, but do not read from it while the work is in progress. 

3- In your working conditions avoid everyday mediocrity. 

4- Avoid haphazard writing materials.

5- Let no thought pass incognito, and keep your notebook as strictly as the authorities keep their register of aliens.

6- Keep your pen aloof from inspiration, which it will then attract with magnetic power. The more circumspectly you delay writing down an idea, the more maturely developed it will be on surrendering itself.

7- Never stop writing because you have run out of ideas. Literary honour requires that one break off only at an appointed moment (a mealtime, a meeting) or at the end of the work.

8- Fill the lacunae of inspiration by tidily copying out what is already written. Intuition will awaken in the process.

9- Nulla dies sine linea [‘No day without a line’] — but there may well be weeks.

10- Consider no work perfect over which you have not once sat from evening to broad daylight.

11- Do not write the conclusion of a work in your familiar study. You would not find the necessary courage there.

12- Stages of composition: idea — style — writing. The value of the fair copy is that in producing it you confine attention to calligraphy. The idea kills inspiration, style fetters the idea, writing pays off style.

13- The work is the death mask of its conception.

Cuba y la doble ciudadanía como rehén

La Constitución cubana recién enmendada acepta la doble ciudadanía, pero más que un paso de avance, el cambio no solo resulta engañoso sino completamente arcaico.

En última instancia, el gobierno cubano sigue sin permitir romper el cordón umbilical a quienes han adquirido una nueva ciudadanía, aunque los reciba como hijos pródigos.

La anterior Constitución de 1976 ya arrastraba definiciones que en la práctica se convertían en acertijos, mientras el régimen se escapaba del texto para forzar la represión.

Los cubanos no podían ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podían ser privados del derecho a cambiar de esta. Pero al mismo tiempo no se permitía la doble ciudadanía; y en consecuencia, cuando se adquiría una extranjera se perdía la cubana. En esto último seguía la pauta de la Constitución de 1940.

Solo que lo escrito en el papel no se cumplimentaba en el día a día. Mientras que según aquella Constitución los cubanos con otra nacionalidad dejaban de ser “cubanos”, se les exigía dicho pasaporte para entrar al país a quienes habían nacido en la isla pero se habían marchado antes del 1º de enero de 1971. (A los que emigraron hasta diciembre de 1970 se les permite entrar usando el pasaporte de su nacionalidad actual.)

La norma tenía tanto la meta de recaudar dinero como un fin de control político, pero en la práctica era ilegal, ya que el gobierno no cumplía la ley que había creado.

Ahora el texto enmendado o “nueva” Constitución permite la doble ciudadanía. Establece que la adquisición de otra no implica la pérdida de la cubana. Pero —siempre hay un pero con el régimen— aclara que los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de otra.

Es decir, se ha corregido una falta de coherencia entre el dictamen legal y la práctica, al tiempo que se mantiene el elemento de control. Cambia la letra, pero no el carácter represivo, al autorizar una ficción de derecho o un derecho ficticio: todos los extranjeros son iguales, menos los que nacieron en el país[1].

El cambio encierra un elemento que debe destacarse.

A la vez que prosigue un objetivo siempre presente en el gobierno de La Habana: la descontextualización de la comunidad de Miami como un exilio político, acepta casi a regañadientes la brecha entre el supuesto ideal nacionalista decimonónico —renacido tras la desaparición de la URSS— y la realidad del país.

Si bien desde el inicio de los “viajes de la comunidad” el régimen permitía el regreso de quienes en una época consideró traidores —vendidos al enemigo y capaces de cambiar al país de origen por un pantalón de marca—, siempre que se mostraran “respetuosos”, fue la española “Ley de Nietos” la que terminó por dejar bien a las claras los límites del patriotismo cubano.

Cuando decenas de miles de cubanos se hicieron ciudadanos españoles, demostraron su rechazo a la situación en que había caído su país de origen. Una actitud en que les precedieron los exiliados en Miami. En última instancia, dejaron a las claras que, para ellos, la Cuba que conocían  no valía una peseta.

Así que ahora la admisión de la doble ciudadanía para los cubanos les reconoce el deseo de ser extranjeros, solo que no pueden ejercerlo en el país de nacimiento.

Continúa vigente el concepto medieval del terruño y el origen, algo que no solo es obsoleto desde hace mucho tiempo, sino que obliga a quienes se someten a ello a portarse como ingratos hacia el país que los acogió. Al entrar bajo esas condiciones, tiran al cesto de la basura la ciudadanía adquirida, y no solo se desprecia a la nación, el gobierno y la población de su nuevo sitio de residencia, sino que renuncian a los derechos que recobraron al abandonar Cuba.

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[1]El cambio constitucional permitiría, en un futuro, que cualquier ciudadano estadounidense de origen cubano pudiera entrar a la isla con el pasaporte de su nacionalidad adquirida; siempre que el mismo indique el lugar de nacimiento, como es habitual. De esta manera, el requisito del pasaporte cubano queda ahora limitado a su papel de recaudador económico, por su alto costo, ya que la Constitución ha convertido en ley la diferenciación en las nacionalidades. Nada indica que en un futuro cercano ocurra dicha alternativa, por lo que he preferido considerarla una nota al pie de página.

¿Y Venezuela ahora?

Tras el fracaso en Hanói, ¿qué le queda al presidente Donald Trump para tratar de imponer su imagen de “resolvedor” de entuertos internacionales? Hay por ahí un país latinoamericano con grandes problemas. ¿Dedicarle más tiempo a ese asunto, perfilar una actuación más decisiva en ese terreno? Eso podría ser una buena noticia para el senador Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Aunque una buena noticia no elimina dos hechos anteriores: a diferencia de Corea del Norte, Venezuela no se percibe como una amenaza bélica por los estadounidenses y Trump no va a meterse fácilmente en un conflicto armado en un país latinoamericano, que sabe además que le traerá más repudio internacional y dolores de cabeza migratorios (y eso sin contar con la posición que se sabe adoptarán Rusia y China).

¿Por qué Trump siempre cree a los dictadores?

¿A qué obedece esa actitud de Donald Trump, repetida una y otra vez, de creer lo que dicen algunos de los peores autócratas de nuestra época?
Se le preguntó a Trump si había confrontado a Kim Jong-un sobre el maltrato y la consecuente muerte del estadounidense Otto Warmbier, y la respuesta del presidente de Estados Unidos fue que el dictador norcoreano le dijo que él no había tenido conocimiento de lo que pasaba cuando ocurrieron los hechos.
De nuevo se escuchó un patrón de respuesta conocido, al que los gobernantes de los regímenes de Rusia y ahora Corea del Norte, o el reinado de Arabia Saudí, acuden siempre —con desfachatez e impudicia— cuando se les preguntan por crímenes horrendos. Y el presidente de EEUU siempre admite esas respuestas: ellos dicen que no saben nada, que no supieron nada, y Trump lo acepta; les cree y los apoya. Aunque en el caso de Kim Jong-un fue más lejos.
“Le hablé sobre ello y no creo que él hubiera permitido que algo así pasara”, dijo Trump, que agregó que él creía en “la palabra” de Kim.
Aceptar “la palabra” del gobernante norcoreano es una muestra de cinismo, pero considerar a este incapaz de un crimen de esa naturaleza —con el conocido historial de Kim Jong-un— es una infamia.
Durante la conferencia de prensa del jueves en Hanói, tras conocerse el fracaso de las negociaciones, el presidente Trump especificó que la falta de un acuerdo se debió a que Corea del Norte quería una retirada total de las sanciones antes de dar cualquier paso hacia la desnuclearización.
Trump dijo que ello era inaceptable. 
En su lugar, debió haber dicho la verdad: que él no podía hacerlo.
Las sanciones aprobadas por el Congreso de EEUU en 2017 —ya con Trump en la Casa Blanca— no pueden ser levantadas por el presidente sino con la aprobación de los congresistas. En esas sanciones se incluye el tema de los derechos humanos.
Ese tema, que Trump viene ignorando desde que inició el acercamiento personal con KIm, ahora —sin mencionarlo— ha resultado decisivo.
Es posible que Trump —de haber podido— habría cedido en un levantamiento parcial de sanciones, a fin de obtener un documento firmado; aunque este se limitara a una moratoria en las pruebas nucleares. De hecho Corea del Norte no ha realizado más ensayos de este tipo y el presidente Trump dice que Kim se comprometió a no realizarlos. Pero un acuerdo firmado no es igual a lo dicho por Trump; aunque los acuerdos firmados también se rompen por gente como Kim Jong-un y Vladimir Putin.
Sin embargo, Trump no podía prometerle a Kim levantamiento alguno de sanciones —parcial o completo—, porque sabía que el Congreso se lo echaría abajo bajo las condiciones actuales de Corea del Norte.
En última instancia Kim Jong-un se comportó como se espera de alguien que llega a negociar tras un largo viaje en su propio tren blindado —nostalgia evidente de la época “gloriosa” del comunismo y simbolismo a propósito de dejar bien claro el respeto y la fidelidad a sus antepasados—, y puso por delante el recibir antes de otorgar algo a cambio. En ello, no hizo más que recordar a los cubanos los tiempos de Fidel Castro. Igual reproche, entorpecimiento o traba encontró Barack Obama durante su viaje a Cuba: ante todo, el levantamiento del embargo.
Imposible para Kim —pese a su parcial educación en Occidente— comprender que un jefe de Estado de una nación democrática no puede hacer lo que se le antoje. Ejemplos de esa incomprensión autócrata dio Putin durante sus encuentros con presidentes estadounidenses —George W. Bush y Obama— y están documentados. Para la mentalidad de Kim, no le estaba pidiendo a Trump nada que él no fuera capaz de hacer de un plumazo.
Solo que Trump —hasta dónde hubiera sido capaz de transigir es pura especulación partidista— sabía de entrada que no podía ir tan lejos. 
El fracaso de la cumbre es en buena medida un triunfo para la democracia. Lástima que Kim Jong-un no lo entienda. Lo que cabe preguntarse es hasta dónde lo entiende Trump.

Seis minutos, 20 segundos, 17 muertos

El próximo jueves 14 se cumplirá un año de la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida. Durante este tiempo, se han multiplicado las protestas, surgió un movimiento, ocurrieron otras masacres e interminables tiroteos, y nada se ha hecho.

La venta de todo tipo de armas de fuego ha continuado inmutable.

Ninguna regulación o ley aprobada.

Siempre presente el peligro de que en cualquier escuela —a los pocos  minutos de terminar el último turno de clases— suene la alarma de incendio y los alumnos salgan a los pasillos; en medio de la confusión crean escuchar el sonido de fuegos artificiales y sean en realidad disparos de un fusil de asalto del tipo AR-15.

Ausencia total de un logro en el campo legislativo.

Hace unos días, la Cámara de Representantes inició —por primera vez en años— audiencias destinadas a frenar el peligro.

La comisión judicial de la Cámara contempla un proyecto de ley bipartidista  que exigiría la verificación de antecedentes en todo tipo de venta y en la mayoría de los traspasos de armamentos (The Bipartisan Background Checks Act). La propuesta cuenta con 230 patrocinadores en la Cámara, de los cuales cinco son republicanos.

“A pesar de la necesidad obvia de ir a la fuente del problema de la violencia con armas de fuego, por mucho tiempo el Congreso no ha hecho virtualmente nada, Pero ahora, iniciamos un nuevo capítulo”, dijo el presidente de la comisión judicial, el demócrata Jerrold Nadler, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters.

Por su parte, los legisladores republicanos consideran que la legislación no cumpliría con el objetivo de protección de los delitos con armas de fuego. 

“La mayor crueldad en el mundo es decirle a las personas que van a ayudarlas en su situación con una ley, y entonces tratar de aprobar una legislación que no haría nada para resolver el asunto”, afirmó el representante Doug Collins, el republicano de mayor rango en la comisión judicial, según Reuters. 

La situación con las armas de fuego no se limita a los delitos. De las 40,000 muertes por armas ocurridas en 2017, el 60 por ciento fueron auto infringidas, de acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

No se espera que el proyecto legislativo de la Cámara logre su aprobación en el Senado, de mayoría republicana.

Hay un aspecto fundamental en que el proyecto en la Cámara merece la mayor atención. Busca una solución que trasciende la línea partidista, intenta un arreglo que coloca a un lado la ideología.

Quienes rechazan la facilidad con que en este país se adquieren armas de fuego, por lo general se enfrentan a tres argumentos en contra.

El primero es que dicha posición es típica de un pensamiento “liberal”, en el sentido izquierdista que se da a dicho concepto en Estados Unidos. El segundo es la necesidad de estar armado con fines de protección personal. El tercero es que se trata de un derecho establecido por la Constitución.

Sin embargo, los primeros que se oponen a dicha facilidad son los cuerpos policiales, que están lejos de poder ser acusados de “liberales”. Las investigaciones muestran que en los hogares en que hay armas aumenta el peligro de que ocurran muertes (The New England Journal of Mediciney el American Journal of Epidemiology, entre otras publicaciones). En ningún momento la Constitución habla de poseer uno de los poderosos fusiles actuales.

Lo que continúa siendo un desatino es que una parte importante de la población de EEUU considere una necesidad primordial el poder comprar un fusil de asalto, no simplemente una escopeta de caza, un revolver o una pistola, al tiempo que existen serias dudas  sobre el grado de responsabilidad que tienen muchos de los que adquieren este tipo de armamento. Y nadie parece capaz de poner freno a esa locura.