domingo, 28 de junio de 2015

Mercantilismo y disidencia


El mito de la autonomía empresarial del exilio cubano, y la defensa denodada de sus miembros en favor de la menor participación posible del Estado en la gestión económica, guarda una gran similitud con la actitud emprendida por la oposición y disidencia dentro de la isla: considerar que el camino hacia la transición democrática en Cuba debe transitar la vía de la dependencia financiera a un gobierno extranjero.
La filosofía de la autonomía empresarial ha servido para que dichos exiliados se consideren representantes ejemplares del neoliberalismo. Aunque un análisis del desempeño de algunos capitales cubanos en Miami muestra un panorama distinto, donde el mérito y la virtud en obtener riquezas se encuentran más cerca de un astuto aprovechamiento de los vínculos con el poder local, estatal y nacional en una forma que los convierte, en la práctica, en paladines del mercantilismo —el modo económico en que el poder gubernamental se pone de parte de determinados grupos de interés para facilitarle la adquisición de prebendas, contratos y ganancias— y no en competidores que miden sus fuerzas y recursos en un mercado abierto.
Esta unión de negocios y política se encuentra en la raíz de las posiciones de algunos líderes comunitarios, portavoces del exilio y representantes políticos. Define sus conceptos y valores sobre lo que consideran mejor para el futuro cubano y explica sus apoyos y rechazos respecto a la forma de lidiar con el gobierno de la isla, sin considerar las aspiraciones de quienes viven en ella.
Intereses comerciales y económicos que bajo un disfraz de patriotismo intentan algo más simple: hacer negocios. Lo demás es ruido.
La consecuencia es que ha surgido un “anticastrismo” que es más un empeño económico que un ideal político, alimentado en gran medida por los fondos de los contribuyentes. El financiamiento a una disidencia mal organizada, peor concebida y de resultados cuestionables es el canto de cisne de esa industria.
Si el capitalismo y la democracia marchan unidos —reclamación dudosa que postula buena parte de esa disidencia—, poner en práctica las elementales normas de efectividad económica que rigen en el mercado sería un paso necesario para lograr eficiencia y prestigio.
En este sentido se puede afirmar que la productividad del movimiento opositor cubano está por el suelo; los costos resultan exorbitantes; el “overhead” imposible de sostener; los gastos de representación por las nubes y los beneficios marginales fuera de control.
Para lograr un cambio hacia la libertad en Cuba, muchos opositores tienen poco que mostrar a su favor, salvo la última foto en una capital de Europa o aquí en Estados Unidos, en Miami o Washington.
Más allá del mal uso y la falta de control sobre los millones de dólares que desde hace años viene destinando EEUU para supuestamente hacer avanzar la libertad en Cuba, hay varios aspectos que llaman la atención en lo que hasta el momento no ha sido más que un gran derroche de fondos.
En primer lugar hay que señalar el desconocimiento y la prepotencia que subyace en ese esfuerzo, aparentemente democrático y generoso, que por años llevó a la impresión de miles de textos sobre la importancia de los derechos humanos.
Lo que en un inicio pudo haber sido una labor educativa, se convirtió en el pretexto perfecto para justificar costos de imprenta, compras en librerías y elevados gastos de distribución.
El fundamento que determinó tal colosal botadera de dinero fue, en el mejor de los casos, de un paternalismo grosero, por no decir una muestra de racismo: quienes viven en la isla no han exigido mayores libertades porque las desconocen.
El camino del aprendizaje —de acuerdo a esta estrategia— abriría las puertas de una mayor conciencia ciudadana, con la consecuencia de un aumento en las protestas y una mayor exigencia hacia el respeto de los derechos humanos. Nada de esto ha ocurrido. Represión, si. Pero también falta de interés de la ciudadanía ante problemas más perentorios.
El segundo aspecto llegó precisamente por el rumbo contrario. Si se contabilizan los millones de dólares dedicados al incremento del periodismo independiente en Cuba, y se contrapone esta cifra con el valor de la información enviada desde la isla, hay que concluir que en EEUU la palabra se paga a un alto precio. O al menos algunas palabras o las palabras de algunos. No es exigirle demasiado a la prensa independiente, sino el evitar sobrevalorar sus resultados y el admitir como cierto lo que simplemente son comentarios dirigidos al gusto de un exilio exiguo.
Sin embargo, los dos aspectos anteriores son hasta cierto punto secundarios ante la situación actual: el derroche que representan viajes, congresos y reuniones en los puntos más diversos del planeta y planes de contingencia que no trascienden del esfuerzo mediático.
Lo que tiene que hacer Washington es poner freno a esos empeños inútiles, y apostar por una verdadera transición a través del desarrollo de la labor de emprendedores y trabajadores privados. Basta ya de votar el dinero de los contribuyentes.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 29 de junio de 2015.


domingo, 21 de junio de 2015

Recordando una gran recesión


Veo todo los días en la calle donde vivo a los carros tratar de subir una ladera. Unos lo hacen con rapidez, otros se demoran y algunos no pueden. ¿Por qué quienes tienen vehículos poderosos no ayudan a los que solo cuentan con uno incapaz de llegar de la cima?
El diálogo, más o menos en la memoria, no está tomado de un panfleto de Podemos en España ni del discurso de un político “liberal” en Estados Unidos. Pertenece a Mr. Deeds Goes to Town, de Frank Capra, y lo dice Gary Cooper.
“Quien está en contra de los bancos está en contra de Estados Unidos”, exclama irritado el banquero al joven fugitivo en La Diligencia, de John Ford. Pero al final el banquero resulta un truhán y el fugitivo no solo es el héroe sino también John Wayne.
Con la llegada al poder de Ronald Reagan en 1981, le tocó a Estados Unidos —donde el mal es endémico— sufrir una erupción virulenta de neoliberalismo. Desde hace pocos años asistimos al final de la racha, pero es a los pobres y a la clase media a quienes les ha tocado rascarse.
Es lo que viene ocurriendo en EEUU y Europa: a la hora de las ganancias hay que respetar al capital privado, pero al llegar el momento de las pérdidas ahí está el Estado benefactor corporativo para cargar las cuentas sobre las espaldas de los contribuyentes.
Fue precisamente a partir del gobierno de Reagan que comenzó en este país el gusto público a la ganancia sin límites, más allá de las preferencias partidistas, sin considerarse un vicio y elogiándose como una virtud: sin pudor ni decencia.
Lo cierto es que si teóricamente en una economía de mercado libre la creación de mercancías está determinada por los precios y el consumo, en la actualidad estos mecanismos ya no son regidos por la simple oferta y demanda sino también por la publicidad, los grupos de intereses que influyen en los órganos de gobierno y fundamentalmente las grandes corporaciones que en la práctica actúan como lo que son: controladores del Estado.
La intervención del Estado, a fin de prevenir y solucionar las crisis económicas, fue la solución propugnada por John M. Keynes para precisamente salvar al capitalismo y evitar un estallido social que llevara a una revolución socialista. Se aplicó con éxito aquí durante muchos años. Luego le llegó el turno a Milton Friedman, y sus principios fueron puestos a funcionar con mayor o menor eficacia por los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en EEUU, así como por el equipo económico imperante durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Lo curioso es la aureola de éxito que conservan, aunque siempre acaban en crisis.
Con la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca, los neoliberales volvieron al poder como los herederos perfectos de la teoría que lo dejaba todo en manos del mercado, y se acabó con una gran recesión y una enorme crisis financiera.
De nuevo la economía estadounidense marcha a la cabeza del mundo, el desempleo ha disminuido sustancialmente y el déficit se ha reducido así como la dependencia energética, pero ni la mesa ni al bolsillo del ciudadano de a pie se han visto beneficiados como en ocasiones anteriores, al superar el país una recesión.
Lo que vuelve a colocar sobre el tapete las necesidades de la clase media, que se avizora como un tema fundamental de la próxima campaña por la presidencia de este país (en dependencia, por supuesto, de lo que ocurra en la arena internacional).
En este sentido, no solo la creación de empleos, sino de puestos de trabajo bien remunerados y facilidades al pequeño empresario, dominarán buena parte del debate político.
Uno de los peligros en este sentido es la corta memoria del electorado estadounidense, abrumado entre la televisión (los más viejos) y los mensajes de texto, Twitter y Facebook (los jóvenes).
En la actualidad el Partido Republicano se debate entre su ala más radical y otra moderada. Los radicales quieren simplemente implantar una especie de ley de la selva, y cuando hablan de disminuir el papel del gobierno tras sus palabras está el afán de desmontar cualquier mecanismo de protección y ayuda a la población, para imponer con absoluta libertad sus proyectos de beneficio personal.
Los moderados expresan un conservadurismo más preocupado por los problemas de la clase media y menos ortodoxo en sus postulados. Lástima que su mejor representante sea el exgobernador de la Florida y ahora aspirante presidencial Jeb Bush.
No es un empeño perverso en cierto atavismo, pero cuesta trabajo diferenciar los postulados ideológicos, económicos y políticos de los dos hermanos Bush, el ex y el pro.
Así que no es mala idea ir revisando archivos, imágenes no tan viejas y datos bastante cercanos, para no olvidar que hasta hace poco este país estuvo inmerso en una gran recesión. Y entonces el presidente tenía ese apellido tan conocido: Bush.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 22 de junio de 2015.


lunes, 15 de junio de 2015

Cuba: internet como privilegio


Hay dos tácticas fundamentales, que el gobierno de La Habana lleva décadas empleando contra la oposición pacífica.
Una es recurrir a la envidia ciudadana, acusar a los opositores de recibir grandes sumas provenientes de Washington.
La otra es considerarlos elementos subversivos, capaces de llevar a cabo o preparar planes destinados a producir el caos, desestabilizar el país e incluso crear las condiciones para supuestos ataques militares.
En un régimen totalitario, el ejercer un pensamiento independiente de forma pública resulta peligroso. La difusión de ideas y opiniones, que van en contra de la corriente del pensamiento impuesto desde el poder —aunque no fomenten la subversión y mucho menos acciones violentas para destruirlo— no puede ser tolerada.
El régimen cubano incluso ha llegado a considerar el uso de los teléfonos celulares como instrumentos ideales para labores “subversivas”, cuando en un editorial aparecido en Cubadebate  caracterizó la celebración en La Habana del Festival CLIC, que durante tres días discutió sobre las  nuevas tecnologías de la información y el uso de las redes sociales de internet en 2012, y al que asistieron blogueros, escritores, periodistas independientes y activistas, como un evento con fines “subversivos”, al que intentó vincular incluso con actividades de “insurrección armada”.
 “Esta maniobra tiene claros antecedentes en la red que construyera en Siria un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, utilizada hoy para alentar el terrorismo y la intervención extranjera y que Estados Unidos enmascaró como un servicio para denunciar el maltrato escolar. En Libia los celulares “Thuraya”, especialmente promovidos por EEUU, permitieron establecer coordenadas y ubicar blancos civiles y militares, que ocasionaron incalculables pérdidas a las fuerzas leales al gobierno de entonces”, afirmó en aquella ocasión Cubadebate.
Si por razones económicas el uso de los teléfonos celulares ha continuado extendiéndose, es una de las razones para apoyar cualquier tipo de medida que facilite los cambios económicos, más allá del aferrarse a medidas políticas ya caducas.
El tratar de convertir cualquier conducta o idea ajena al régimen, en una falta de reverencia o respeto, no es solo una muestra de totalitarismo, sino también un ejemplo de ideología reaccionaria. Una ideología retrógrada que no tiene otra expresión para materializarse que el recurrir a la represión más grosera y burda.
En un tono más moderado —acorde a los tiempos que corren— el ex ministro de Cultura y ahora asesor de la presidencia, Abel Prieto, acaba de recurrir a explicaciones reaccionarias similares. Curioso en su caso, porque si algo lo caracterizó, como esperanza —es cierto, a la larga y a la corta espuria— fue el intentar representar una imagen progresista dentro del marasmo cultural, e incluso político, imperante en el momento de su elección como ministro.
Prieto instó recientemente a difundir un “pensamiento descolonizador” sobre el uso de las nuevas tecnologías y promover alternativas para contrarrestar prácticas hegemónicas.
“Debemos promover, Cuba, el ALBA, la CELAC, otros actores progresistas de la comunidad internacional, la difusión de un pensamiento descolonizador sobre el uso de estas tecnologías”, afirmó Prieto en la clausura de una conferencia internacional sobre comunicación política en el ámbito digital celebrada en La Habana, informaron medios oficiales.
De nuevo el internet y la telefonía clasificados no como un avance tecnológico, sino limitado a uno de sus usos. Porque si bien estas tecnologías son utilizadas con fines bélicos y de inteligencia, por lo general sus usuarios lo emplean en actividades más vulgares, desde comunicarse con amigos hasta buscar pareja.
En su intervención, reproducida también en Cubadebate, Prieto dijo que el internet es un “derecho social” y destacó que es necesario promover el acceso a la red entre los que menos tienen.
El asesor se equivoca: el acceso a internet no es un “derecho social” sino en primer lugar una legitimidad individual, ciudadana. El considerarlo como una categoría social —que también lo es— no es más que una sucia artimaña, repetida en Cuba una y otra vez en infinitud de ocasiones, para trocar en privilegio de unos pocos elegidos lo que de por sí debe estar al alcance de todos.
La función de internet se asocia, en primer lugar, a un uso personal, ya sea doméstico, laboral o público. No hay contradicción entre utilizar la red en el trabajo o en el hogar, salvo el hecho de quien paga el servicio. En este país uno puede entrar en cualquier Starbucks y conectarse a la red, incluso sin tener obligatoriamente que comprar un café.
Lo que debió enfatizar Prieto es la necesidad de brindar el servicio a los que “menos tienen”, que en el caso de Cuba son los millones que carecen de una conexión en sus hogares. Bajo el argumento de un bien social, lo que está postulando es precisamente lo contrario: convertirlo en prebenda.

Cuba tiene una de las tasas de penetración a la red más bajas del mundo. El servicio es caro y deficiente. Eso es lo que debía preocupar a los funcionarios como Prieto, y no dedicarse a fabricar espantapájaros gastados.su car nvertir rebendalegio cone cambios econ tipo de medida que facilite el s mde Cuba son los millones que carecen de una conesu car nvertir rebendalegio cone cambios econ tipo de medida que facilite el s mde Cuba son los millones que carecen de una conesu car nvertir rebendalegio cone cambios econ tipo de medida que facilite el s mde Cuba son los millones que carecen de una conesu car nvertir rebendalegio cone cambios econ tipo de medida que facilite el s mde Cuba son los millones que carecen de una conesu car nvertir rebendalegio cone cambios econ tipo de medida que facilite el s mde Cuba son los millones que carecen de una conesu car nvertir rebendalegio cone cambios econ tipo de medida que facilite el s mde Cuba son los millones que carecen de una conesu car nvertir rebendalegio cone cambios econ tipo de medida que facilite el s mde Cuba son los millones que carecen de una cone
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 15 de junio de 2015.

miércoles, 10 de junio de 2015

Moneda, Reformas y Represión


Desde hace décadas en Cuba persiste una situación esquizofrénica: el Estado te vende pero no te paga lo suficiente para comprar. Lo curioso es que, con esta actitud parásita al extremo, el régimen logre mantener un control absoluto y sustente una retórica nacionalista.
No hay esperanza alguna de que la discrepancia entre precios y salarios vaya a disminuir, sino todo lo contrario. Limitarse a ver el asunto como el resultado de la existencia de una dualidad monetaria es interpretar una consecuencia del problema como la esencia del mismo.
La dualidad monetaria en Cuba es una “contrariedad” que el gobierno de la  Isla admite, pero cuya solución dilata.
Este enfoque no solo parece estar cada vez más alejado de cualquier posibilidad de éxito, sino que en la práctica no cumple la función de plan de largo alcance, destinado a lograr un objetivo, aunque sí un fin más inmediato: dilatar el asunto y trasladarlo a una especie de limbo que intenta ocultar la falta de capacidad o de disposición para hallar una solución.
Una estrategia destinada al fracaso económico que es en realidad una táctica política, la cual hasta ahora ha logrado su meta: considerar transitorio un callejón sin salida.
Se repite así la paradoja del modelo cubano, donde la falta de eficiencia productiva actúa muchas veces como carta de triunfo político.
La brecha entre salarios y precios constituye una situación anómala con consecuencias que van desde el aumento de la corrupción y el robo hasta la amenaza potencial de disturbios y caos.
Lo peor en este caso es que el principal empleador del país, el gobierno que controla un Estado totalitario, no enfrenta el problema con decisión y premura. Se limita a mirar hacia el exterior para los ingresos imprescindible para su subsistencia —remesas, turismo, servicios médicos y de profesionales en el exterior y exportaciones muy específicas, como la industria farmacéutica y algunos minerales— mientras se desentiende cada vez más de la subsistencia de sus ciudadanos.
Hay una diferencia cada vez mayor entre la Cuba del ciudadano de a pie y la Cuba de permanencia,  estabilidad y desarrollo: la visión que a los ojos del mundo intenta ofrecer el gobierno  cubano. De su ensanchamiento o disminución depende el fracaso o el triunfo de Raúl  Castro.
Es un error confundir ese fracaso o triunfo con la caída del régimen. No es la búsqueda de mayor democracia lo que está en juego en La  Habana, sino el intento de encaminar al país en una estructura económica más eficiente, dentro de un sistema totalitario, con un gobierno que funcione a esos fines.
Ahora el mando en Cuba se arrastra entre la necesidad de que se multipliquen supermercados,  viviendas y empleos, y el miedo a que todo esto sea imposible de alcanzar sin una  sacudida que ponga en peligro o disminuya notablemente el alcance de los centros de  poder tradicionales.
Hasta el momento las respuestas en favor de transformaciones han sido  descorazonadoras. El avance económico y las posibilidades de empleo sustituidas en buena medida por la promesa de la vuelta al timbiriche.
El peligro del caos rodeando la indecisión entre la  permanencia y el cambio.
Estabilidad y cambio
Cuba ha logrado con éxito vender su estabilidad, por encima de cualquier esperanza de  mayor libertad para sus ciudadanos.
Las apariencias de estabilidad, sin embargo, no  deben hacer olvidar al gobierno cubano que, en casi todas las naciones que han  enfrentado una situación similar, lo que ha resultado determinante a la hora de definir  el destino de un supuesto modelo socialista es la capacidad para lograr que se multipliquen no mil escuelas de pensamiento sino centenares de supermercados y tiendas.
De esta manera, hay dos opciones que no necesariamente toman en  consideración el ideal democrático.
Una es el mantenimiento de un poder férreo y obsoleto, que sobrevive por la capacidad de maniobrar frente a las coyunturas internacionales y que en buena medida se sustenta en la represión y el aniquilamiento de la voluntad individual. Otra es el desarrollo de una sociedad que avanza en lo económico y en la satisfacción de las necesidades materiales de la población —sobre la base de una discriminación económica y social creciente—, pero que a la vez conserva el monopolio político clásico del totalitarismo.
Esta última disyuntiva, que abre un camino paralelo a las esperanzas de adopción de  cualquiera de las alternativas democráticas existentes en Occidente, no es ajena a la  realidad cubana.
Se asiste entonces al desarrollo cada vez mayor de una especie de engendro económico, en que el “carácter socialista” viene determinado por el monopolio en el comercio de ventas al por mayor —y en buena medida también minoristas—, mientras se desentiende del incremento, o incluso el mantenimiento, de la creación de empleos bien remunerados.
Desigualdades “democráticas”
El fin del subsidio soviético y el inicio del llamado “período especial” —que aún no ha concluido— trajo como consecuencia que se dispararan las desigualdades en la Isla. No es que éstas no existieran con anterioridad, pero se mantenían en parcelas que delimitaban privilegios: el grupo dirigente en primer lugar; un sector dedicado al trabajo privado de forma parcial o completa —que crecía y disminuía según los años— y en última fila quienes formaban el grueso de la fuerza laboral; empleados estatales, desde profesionales hasta auxiliares de limpieza.
Al comenzar a quebrarse esta parcialización surgieron dos fenómenos hasta entonces desconocidos en la Isla: la posibilidad de vivir —y de vivir bien— gracias a recibir remesas del exterior y la oportunidad de obtener ingresos —en cifras que el gobierno no es capaz de pagar— debido a la posesión de determinadas habilidades, capacidades, bienes o medios.
El primer grupo de beneficiados fue constituido principalmente por aquellos con familiares residiendo en el extranjero, mientras que el segundo lo formaron desde artistas hasta cocineros y dueños de las ahora famosas “paladares”. Tras la llegada de Raúl Castro al mando de los asuntos cotidianos, las posibilidades de crecimiento de ambos grupos se ampliaron.
Sin embargo, el papel del gobierno se ha limitado a permitir y no a desarrollar. De hecho, en este terreno la queja primordial es que no avance más rápido esa permisividad a cuentagotas, que ha hecho que los cubanos puedan tener una computadora, un teléfono celular o móvil y viajar al extranjero. Y a la vez ha dejado en manos privadas el conseguir el dinero necesario, tanto para comprar el equipo como el pasaje.
Es decir, que al tiempo que se han democratizado  las diferencias (hoy la desigualdad no se siente en el viaje del dirigente a los países socialistas sino en el dinero que tiene el vecino para comprar un televisor de pantalla gigante), la adquisición de los bienes de consumo han pasado de métodos políticos y sociales a formas individuales (ya el centro de trabajo y el colectivo  laboral no otorgan la autorización para comprar el televisor, sino se adquiere gracias al dinero que se recibe del extranjero o que se gana de forma privada).
El dinero del enemigo
Hasta ahora el régimen ha controlado al máximo la contradicción de estar financiado, en buena medida, por su aparente enemigo natural: el exilio. Ahora busca dar un paso más, y sumar el capital estadounidense —sino en forma de subsidio, sí de ganancia— a ese esfuerzo de permanencia.
De esta forma se han introducido elementos en la economía cubana ―cuentapropismo, compra y venta de casas y automóviles― donde el dinero proveniente de Miami desempeña un papel fundamental.
Dinero de Miami, hay que enfatizarlo. Otras ciudades, otros ámbitos, vendrían a cumplir el objetivo de trascender esta dependencia. Es lo que se ha iniciado a partir del 17 de diciembre del pasado año, cuando vuelos a Cuba desde otras ciudades estadounidense se han ido sumando a la ruta tradicional.
Lo que en un primer momento se limitó a un desempeño humanitario y familiar, donde las remesas y los viajes servían como sostén económico doméstico, se integra en estos momentos a un movimiento reformista, donde una parte del exilio se pregunta si todo ello no se limita simplemente a una nueva —y al mismo tiempo antigua— forma de financiamiento del régimen.
Hecha de esa manera, la pregunta nace viciada por el giro torcido que adquieren las palabras en que se presenta.
Hablar de financiamiento del régimen implica un esfuerzo consciente dirigido a sostenerlo. Como aún gran parte de la economía cubana está en manos del Estado ―es decir, del gobierno― resulta inevitable que cualquier envío de dinero contribuya a la economía nacional y por supuesto a las ganancias del gobierno de los hermanos Castro. Desde los dólares enviados a un pariente hasta el pago del pasaje a un opositor para el próximo congreso y la última conferencia.
Aunque hay un matiz que vale la pena enfatizar: convertirse en cliente obligatorio de determinada empresa ―no importa que este caso esa empresa sea el Estado― no significa financiar un gobierno hostil.
Reducir a colaboracionista del régimen de Castro a cualquier hijo, hija, padre o madre de familia, tío o vecino que visite la isla, no es más que un simple acto de intimidación verbal. En este sentido, se trata de enmarcar en una disyuntiva política lo que cada vez se convierte en un asunto familiar para quienes decidieron o se vieron obligados a irse de Cuba.
El imperativo moral cuenta como paradigma o ideal ciudadano, pero en la práctica determina poco en las decisiones cotidianas de quienes viven bajo una dictadura o gobierno totalitario. Así ha sido siempre y Cuba no es la excepción. Apelar al sacrificio y al sentimiento moral, resulta hipócrita mientras se vive fuera de la isla.
Al final, lo que por regla general se sustenta tras la retórica de restringir viajes, turismo y comercio es una actitud revanchista. Inútil por completo como estrategia a la hora de buscar el fin del castrismo; inservible como táctica si se quiere crear una situación que provoque un estallido social.
Porque lo que se busca es eso: crear una situación de carencia que obligue a la gente a tirarse a la calle.
Más allá de la crueldad implícita en la idea, deben señalarse dos puntos, que demuestran la estrechez de mente de quienes alientan un aumento del embargo y el aislamiento económico del régimen cubano.
Uno es que está más que demostrado que cualquier cierre económico total sobre Cuba no solo es imposible, sino que el país ha atravesado por diversas crisis en este sentido, tras las cuales el gobierno castrista ha demostrado su fortaleza.
El segundo punto es que ha sido precisamente el gobierno de la isla quien ha utilizado la escasez como una forma de represión.
Fórmulas caducas
¿Por qué entonces este empecinamiento en fórmulas caducas? Por empecinamiento y soberbia. Empecinamiento que viene determinado por la falta de voluntad e imaginación para buscar fórmulas mejores en el camino hacia la democratización de Cuba. Soberbia como única vía de escape antes de reconocer el fracaso.
El problema es que la fundamentación repetida por años, de que el dinero del exilio sirve para financiar el régimen de Castro, se está quedando sin sentido, a partir del surgimiento y desarrollo de un sector económico que opera dentro del sector privado.
No importa lo limitado que este sector resulta aún, no se trata tampoco de formular pronósticos sobre su futuro. La pregunta es entonces si se está a favor o no de reformas en Cuba. Claro que siempre surgirá alguien que argumente que lo que necesita la Isla es un verdadero y profundo cambio democrático. Respuesta muy meritoria. Lástima que tras ella no exista algo más que la retorica para apoyarla.

lunes, 8 de junio de 2015

¿Sociedad civil en Cuba?


Disidentes, activistas y legisladores cubanoamericanos repiten a diario una contradicción que la prensa digiere y amplifica sin criticar: hablan de fortalecer o fomentar la sociedad civil en Cuba y al mismo tiempo se refieren a la naturaleza totalitaria del régimen, mientras califican de “cosméticos” los cambios realizados.
Si en la isla hay un régimen totalitario —y por una parte poco apunta a considerar que esta no es la condición nacional—, quedan pocas esperanzas para la elaboración de dicha sociedad civil, que sería más bien parte de la tarea de reconstrucción del país tras una transición. Así lo indica la historia: no existía sociedad civil en la Unión Soviética (URSS) o en la Alemania nazi.
Cuando se mira desde otro ángulo, y se reconoce cierto cambio en la isla de un régimen totalitario a otro autoritario, donde determinadas parcelas de autonomía —otorgadas por el gobierno o adquiridas circunstancialmente— permiten un desarrollo propio, se hace necesaria entonces una mayor precisión, para evitar caer en una repetición hueca.
Bajo el mantra de sociedad civil se cobijan los intereses y aspiraciones más diversos. Así el invocar la sociedad civil en Cuba se ha convertido en criterio de moda o alcancía en la mano. Sin embargo, más allá de una discusión sobre el concepto, vale la pena analizar cuánto avanza una táctica que busca establecer ese tipo de sociedad en las condiciones actuales cubanas, y aventurar su futuro.
El problema fundamental es que el totalitarismo implica por naturaleza la absorción completa de la sociedad civil por el Estado. Ha ocurrido en Cuba, donde unas llamadas “organizaciones de masas”, y los satélites que se desprenden de ellas, por décadas se definieron con orgullo militante como simples correas trasmisoras de las “orientaciones” del partido.
Ello no ha impedido la impudicia de que en la actualidad reclamen un papel civilista e incluso aspiran a ser consideradas —y financiadas desde el exterior— como organizaciones no gubernamentales (ONG). Si bien ahora buscan venderse con sones para turistas, no dejan de ser las mismas marionetas que cuando se crearon a imagen y semejanza de las existentes en la URSS.
Si burdo es el régimen cubano al intentar subirse ahora al tren de la sociedad civil, tampoco la originalidad caracteriza al gobierno estadounidense y a quienes apoya financieramente bajo el manto de la disidencia.
Ante todo porque el proyecto no es nuevo. El empeño se origina en la Europa del Este —donde existía un régimen represivo al igual que en la URSS, aunque no con igual absolutismo—, cuando los disidentes de esos países comenzaron a hablar de las posibilidades de un restablecimiento democrático mediante el resurgimiento de la sociedad civil.
En la práctica dicha sociedad nunca fue establecida, no ejerció mayor incidencia en la desaparición del “socialismo real” y los  movimientos opositores tuvieron una vida efímera, algunos un paso fulgurante por el gobierno y una vida por delante para vivir de la nostalgia. También para fundamentar falsas esperanzas.
Largo es el rosario que tiene el caso cubano, por intentar trasladar modelos foráneos. En el camino de la transición se parte de la falacia de que existen constantes en las políticas de cambio y se descuida el análisis de las circunstancias específicas.
Por encima de otras consideraciones, destaca el hecho de algunos de los que reclaman el “empoderamiento de la sociedad civil” se niegan al mismo tiempo a facilitar mayores recursos para el avance de lo que pueden ser sus factores esenciales o al menos contribuyentes: la promoción de negocios particulares, el refuerzo a la labor de emprendedores y otros aspectos de ayuda a una reforma económica.
Tenemos entonces dos visiones disímiles —y en ocasiones contradictorias— sobre una posible sociedad civil cubana. Una enfatiza el plano político y destaca la existencia de grupos de denuncia de abusos, que en buena medida justifican su existencia mediante la retorica de la victimización y dependen del financiamiento de Washington y Miami para su existencia. La otra apunta al plano económico y ve el surgimiento de una esfera laboral independiente del gobierno como la vía necesaria para el fundamento de una sociedad más abierta.
En ambos casos, las limitaciones sobresalen por encima de los logros actuales.
Mientras la promoción de la sociedad civil cubana por la disidencia no trascienda el discurso de Miami y destaque las necesidades de la población, no solo sus alcances sino sus propios objetivos serán en extremo limitados.
Por otra parte, el surgimiento de un limitado sector  de trabajadores privados, en una sociedad con un grado extremo de control estatal como la cubana, no garantiza un futuro de autonomía del gobierno, ya que persiste la dependencia, tanto para mantener el nuevo estatus laboral adquirido como para simplemente poder caminar por las calles.
Persiste entonces la limitante fundamental que la creación de una verdadera sociedad civil buscaría eliminar: el mantenimiento de una doble moral, donde la hipocresía publica constituye uno de los principales recursos del régimen para sobrevivir.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 8 de junio de 2015.