miércoles, 22 de marzo de 2017

Devin Nunes y su papel de equilibrista


Todo el escándalo creado por el presidente Donald Trump sobre el supuesto de que el exmandatario Barack Obama ordenó interceptar sus comunicaciones parte de dos supuestos: uno, que Trump es inocente; dos, que Obama llevó a cabo dicha acción como una forma de represalia política, más bien una vendetta, y que su comportamiento implica una actitud autoritaria o incluso totalitaria. Ambos supuestos dejan fuera una tercera razón, y es que existieran motivos, por parte de los servicios de inteligencia, para incluir comunicaciones de Trump o principalmente de miembros de su campaña en una investigación sobre operaciones de una potencia extranjera enemiga en suelo estadounidense.
Si proclamar la inocencia de Trump, mientras no se demuestre lo contrario, es un principio básico de la justicia estadounidense, asumir su “pureza” solo cabe como una demostración de fe.  Ya Cuaderno de Cuba ha especulado sobre la posibilidad de Trump pudiera haber formado parte —o en la actualidad forme parte— de una investigación sobre la intromisión de Rusia en la campaña electoral estadounidense. La audiencia del lunes por la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes demostró que dicha posibilidad era un hecho.
Hoy miércoles el jefe de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes, aseguró que comunicación personal de Trump pudo haber sido interceptada de forma indirecta y legal en medio de una vigilancia que involucró a ciudadanos extranjeros después de las elecciones. Esta afirmación, que señala que toda la información fue recopilada de forma legal entre noviembre, diciembre y enero, va a servir para que ahora la Casa Blanca reclame que las afirmaciones de Trump en los famosos cuatro tuits eran verdaderas.
Nunes, que formó parte del equipo de transición de Trump, esta empeñado en caminar por una cuerda floja en que al tiempo que intenta salvarle la cara al Presidente no empeñe demasiado su prestigio. Una labor realmente difícil.
De acuerdo con el representante, los nombres de algunos de los miembros del equipo de Trump involucrados fueron expuestos y la información recogida fue compartida entre varias agencias de espionaje.
“Recientemente confirmé que en numerosas ocasiones la comunidad de inteligencia (...) recopiló información sobre ciudadanos estadounidenses relacionados con la transición de Trump”, afirmó Nunes en el patio de la Casa Blanca tras sostener un encuentro con el presidente en el que le informó lo que vio. “Lo que leí aparenta representar cierto nivel de vigilancia, tal vez legal”, acotó.
Explicó que las agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían recogido comunicaciones relacionadas con Trump como parte de una vigilancia aprobada por un tribunal sobre blancos de inteligencia extranjeros en el período de transición de un gobierno a otro. Las comunicaciones del Presidente habrían sido interceptadas en esta “recopilación circunstancial”, o aquella vigilancia que se hace a ciudadanos foráneos que están en contacto o hablando sobre ciudadanos estadounidenses.
fue criticada por los demócratas en el Comité de Inteligencia.
Donde Nunes no parece estar actuando con la responsabilidad debida a su cargo es en su conducta de no informar primero a otros miembros de la comisión sobre tal hallazgo aparente.
“Si (la información) es correcta, debió haber sido compartida con los miembros del comité. Pero no fue así. De hecho, parece que los otros miembros de la comisión se enteraron cuando el presidente (de la comisión) discutió el asunto esta tarde con la prensa”, dijo el representante demócrata Adam Schiff, el segundo de esa comisión.
“Expresé al presidente (de la comisión de inteligencia) mi grave preocupación a que no se pueda llevar adelante una investigación creíble”, agregó Schiff.
El legislador demócrata dijo que espera que no se trate de un intento de la Casa Blanca para desviar la atención de lo dicho por el jefe del FBI, James Comey, hace dos días en el Congreso.
Comey confirmó que están investigando la posible coordinación entre miembros de la campaña del Presidente y funcionarios de Rusia, luego de que Moscú presuntamente intentó influir en el proceso electoral para beneficiar a Trump. Las agencias de inteligencia estadounidenses han acusado a Moscú de interferir en el proceso electoral hackeando los sistemas computarizados y propagando información falsa o engañosa. Rusia lo ha negado.
Sin embargo, Nunes dijo que “ninguna parte de esta vigilancia estuvo relacionada con Rusia o la investigación de actividades rusas o el equipo de Trump”. Se limitó a decir que obtuvo la información de una fuente que no revelará y que “me parece que fue recopilada de forma legal”.
Tampoco precisó que tenga que ver con la acusación de supuesto espionaje que hizo Trump contra Obama, un reclamo que fue desestimado por el jefe del FBI esta semana en el Congreso e incluso por Nunes.
Pero minutos después de la conferencia de prensa del representante, Trump dijo que se sentía “algo reivindicado” tras lo dicho por Nunes. “De cierta manera, sí”, respondió el mandatario cuando le preguntaron si se sentía reivindicado. “Aprecio muchísimo el hecho de que encontraron lo que encontraron”, agregó.
Por supuesto que lo aparentemente encontrado por Nunes no guarda relación algunas con las acusaciones de Trump a Obama, en donde incluyó palabras como “macarthismo”, “Nixon” y “Watergate”, pero en el clima de tergiversaciones que se vive actualmente en Washington cualquier declaración puede ser usada con un fin o su contrario.
El equilibrista, Paul Klee.

El terror y la inmediatez de la noticia


Si se demuestra que lo ocurrido hoy miércoles en Londres fue un ataque terrorista, la táctica empleada sería similar a la de otros ataques llevados a cabo en Francia, Alemania e Israel: atentar contra inocentes en sitios vulnerables y cotidianos, buscando matar al mayor número posible, con medios improvisados como un vehículo.
Tal modo operativo demuestra por una parte la efectividad del contraterrorismo en Occidente, pero por la otra deja bien en claro lo fácil que le resulta a un individuo acabar con la vida de varios ciudadanos anónimos mediante un acto indiscriminado.

Y hay un factor, al parecer inevitable, que está contribuyente a que esos intentos por implantar el terror en los países occidentes estén en parte logrando su objetivo: la inmediatez de la noticia.
A pocos momentos de ocurrir los hechos, las imágenes del puente de Westminster estaban en las pantallas de televisión de todo el mundo. Pronto las fotos en las páginas en internet de los periódicos brindaron muestras variadas de solidaridad ciudadana, disciplina y sangre fría policial, así como de la efectividad de un sistema de respuesta rápida ante las emergencias, pero también brindaron notoriedad a lo que se supone fue un ataque terrorista.
A veces uno se pregunta por las ventajas de la época en que un suceso de tal tipo aparecía en las ediciones vespertinas de los periódicos, cuando lo ocurrido comenzaba a verse con mayor claridad. Por supuesto que no deja de ser un pensamiento reaccionario —aunque el mismo no llegue a añoranza—, pero hay cierta vulnerabilidad que paradójicamente trae consigo una mayor información. En buena medida por lo limitado de los supuestos medios terroristas, pero también por la capacidad londinense para enfrentar un peligro de esta naturaleza, las imágenes en este caso nos han ayudado más a reafirmar certezas que alimentar terrores.



martes, 21 de marzo de 2017

Rusia y el petróleo venezolano


La compañía estatal petrolera venezolana PDVSA le ha ofrecido a la firma rusa Rosneft una participación del 10 % en una  empresa conjunta (joint venture) para explotar crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, informa la agencia Reuters. La propuesta evidencia la grave crisis económica por la que atraviesa la nación sudamericana, al tiempo que hace más compleja aun la situación política y económica de la zona, en un campo donde podrían no solo coincidir, sino también chocar los intereses venezolanos, rusos y estadounidenses.
La información de Reuters, confirmada por cinco fuentes de la industria, enfatiza que la propuesta es una señal de la creciente participación rusa como un poderoso factor de influencia en el área.
El proyecto en cuestión, Petropiar, se lleva a cabo con la participación de un 70 % de las acciones en manos de PDVSA y un 30 % propiedad de la estadounidense Chevron Corp (CVX.N), e incluye un campo petrolero que produce 210.000 barriles diarios de crudo de alta graduación. Una participación en el proyecto del 40 %, por parte de la firma ConocoPhillips, fue nacionalizada por el Gobierno venezolano y aún no ha sido pagada.
La entrada de Rosneft en esta explotación petrolera colocaría en una coyuntura delicada a la estadounidense Chevron, debido a las actuales sanciones impuestas por Washington a la firma rusa. Reuters aclara que en estos momentos se desconoce si Rosneft aceptará la propuesta. Los detalles financieros de la posible transacción no se encuentran disponibles.
La propuesta de PDVSA forma parte de un paquete mayor ofrecido a Rosneft, según han dicho dos fuentes a Reuters, debido a la necesidad imperiosa de fondos que tiene la petrolera venezolana a fin de pagar a sus suministradores y titulares de bonos. El Gobierno de Nicolás Maduro enfrenta en los próximos meses el adeudo de $3,700 millones en vencimientos, según el Nuevo Herald.
De llevarse a cabo la transacción, Chevron, con sede en California, estaría colaborando en un proyecto junto a la estatal rusa Rosneft, afectada por las sanciones estadounidenses contra el Gobierno de Vladimir Putin.
La principal fuente de preocupación para Chevron es que las leyes de contabilidad y transparencia en Rusia son menos estrictas que las que rigen en Estados Unidos, según declaró una fuente cercana a la negociación, citada por la agencia Reuters.
La propuesta enfatiza la necesidad de dinero por parte del Gobierno venezolano, cuya producción petrolera disminuyó alrededor del 10 % el pasado año, de acuerdo a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC). Esto ha empeorado la recesión económica que atraviesan millones de venezolanos, que enfrentan graves dificultades para encontrar los artículos básicos de alimentación, al tiempo que sufren una astronómica inflación de precios.
Rusia ha estado adquiriendo una mayor participación en la industria petrolera venezolana, un miembro de la OPEC.
El pasado año, la firma rusa pagó $500 millones para incrementar su participación en Petromonagas, otra empresa conjunta, donde sus acciones pasaron del 16.7 % al 40 %, el máximo permitido para los socios extranjeros de acuerdo a la normas para el sector energético establecidas en su momento por el fallecido presidente Hugo Chávez.
En otra movida controversial, el pasado año PDVSA utilizó el 49.9 % de sus acciones en la subsidiaria estadounidense Citgo como un valor colateral para garantizar la financiación de un préstamo brindado por Rosneft.
PDVSA dijo este mes que había recibido $1.985 millones de un cliente no identificado, a cambio de futuros embarques de crudo, con las acciones de Citgo como garantes.
En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre $4 mil millones y $5 mil millones, pero los detalles de estos acuerdos se desconocen.
“Debemos agradecer por vida que Rusia y el mundo tengan a Vladimir Putin”, dijo Maduro en la firma del acuerdo con Igor Sechin, al frente de Rosneft, el pasado año.
La participación de la Rusia de Putin en el negocio petrolero de Venezuela es una fuente potencial de conflicto que podría desembocar en una crisis política, con graves implicaciones para el Gobierno estadounidense de Donald Trump, e incluso para la Cuba de Raúl Castro, como ya señaló en su momento Cuaderno de Cuba.

sábado, 18 de marzo de 2017

Rencillas y súplicas


Entre rencillas internas y súplicas o reclamos al gobierno estadounidense de turno transita la oposición cubana.
De las declaraciones de Antonio Rodiles al Nuevo Herald se desprende que:
­- Los activistas de la llamada disidencia, oposición, sociedad civil u otra denominación, con posibilidades de divulgación en Miami, continúan aferrados a un discurso dependiente de Washington. Esta retórica les brinda ventajas y desventajas, que vienen desarrollando año tras año. Al intentar depender los avances o retrocesos de una supuesta lucha por la democracia en Cuba participan, sin reconocerlo, en un debate político extraterritorial que les permite justificar sus fracasos o la imposibilidad de un avance en sus reclamos a favor de los derechos humanos con argumentos ajenos. En este caso la proposición no se refiere a ayuda económica del Gobierno estadounidense a través del exilio —que puede ser cuestionable pero al mismo tiempo se debe aclarar que admite varias respuestas— y tampoco al apoyo a la disidencia por parte de Washington que se solicita —y que por otra parte nunca ha cesado— sino a acciones directas de la Casa Blanca para resolver el problema cubano.
- El papel a desempeñar por el Gobierno de Estados Unidos, en su relación con el cubano, se convierte en la clave sobre el destino político, social y económico de la isla. Lo que lleva a una admisión de dependencia extrema.
 - La relación entre La Habana y Washington debe definirse, según esa oposición, en términos de presión económica, aunque en ocasiones se intente manifestarse no tan claramente al respecto. Las referencias a “entrada económica”, “beneficio al régimen” y el permitir “sobrevivir” al sistema imperante en Cuba se asocian con una supresión de fuentes de ingreso, en las cuales no resulta fácil aislar la parte destinada al gobierno —ya sea directamente mediante gravámenes, impuestos u honorarios, o indirectamente por otros medios de comercialización como la empresa estatal— y lo que va a parar inmediatamente al bolsillo del ciudadano de a pie. Como en ocasiones anteriores, los postulados de Rodiles evidencian la voluntad de privar de fondos al Gobierno de La Habana por cualquier medio, incluso aunque ello signifique mayores sacrificios para la población cubana. Bajo tal enunciado se vuelven a repetir dos principios de vieja data en Miami: la teoría de la “olla de presión” y la tesis del aislamiento comercial, financiero y económico. Curiosamente estos dos principios, de los cuales Rodiles hace no solo una amplia defensa sino una petición urgente, son abrazados con fervor emocional —más que con racionalidad— por un sector del exilio que se niega a reconocer que en la práctica han fracasado una y otra vez.
- La exigencia de protagonismo como razón de ser y no como consecuencia de una acción. Protagonismo que por otra parte no se busca en el supuesto territorio de l< lucha política, sino en el mapa de configuración de las definiciones. Así surge una y otra vez el reproche de haber sido “invisibilizados” por el Gobierno de Barack Obama en una negociación entre Estados. Reproche que, por otra parte, no toma en cuenta que esa propia administración, que de forma tan vocinglera han manifestado detestar, estuvo durante ochos años contribuyendo fundamentalmente a su mantenimiento económico, de forma directa o indirecta.
- La pésima costumbre, entre grupos opositores, de hacer públicas sus diferencias y manifestar sus críticas en el exterior. Al argumento en favor de tal actitud, de que ello implica transparencia y pluralidad democrática, debe contestarse con la aclaración de que por lo general las manifestaciones críticas hacia otros grupos pretenden disminuir otros esfuerzos con imputaciones y declaraciones de superioridad. Rodiles calificó de “fantasía” la campaña por un plebiscito en Cuba liderado por la activista Rosa María Payá, de acuerdo a lo publicado en el Nuevo Herald. También dedicó “duros términos” a la estrategia seguida por activistas del proyecto Otro 18, de acuerdo a la misma fuente.
- Parlamentos como el de Rodiles, que siempre cuentan con la complacencia de la prensa de Miami, no se libran de caer en lo que en términos cubanos podría llamarse “Política Cómica” o en expresión más universal catalogar simplemente de farsa: “Todo lo que esté dando beneficio al régimen y no al pueblo debe ser revertido”. Los opositores tendrían entonces que “explicar” al pueblo el objetivo político de medidas que podrían afectarlos directamente, de acuerdo al Nuevo Herald.
La conclusión entonces es que el natural “campo de batalla” de la oposición cubana se traslada a las plácidas playas y las congestionadas calles de Miami, para agregar un poco más de ruido a la ciudad.

Libertad y bien común


La propuesta de ley sobre los cuidados de salud de Paul Ryan descansa sobre un principio fundamental en el pensamiento republicano, que se ha intensificado con los años: la priorización del bien individual sobre el bien social. En el caso de Ryan, como representante del ala extrema de tal pensamiento, esa búsqueda de bienestar individual se traduce en la demanda de un incremento de los beneficios del ser capitalista por excelencia. De esta manera, la razón primordial del proyecto descansa en una reducción de impuestos —para las corporaciones y los ciudadanos con mayores ingresos— con implicaciones mayores que en el supuesto ideal de eficiencia y libertad de elección que el legislador proclama. Asistimos, de nuevo, a la vieja batalla del pensamiento binario entre libertad y justicia social.
La proclama del mercado como justificación y panacea siempre intenta soslayar una división más acuciosa, entre el “tener y no tener”. El ampliar por decreto las posibilidades de adquirir, en muchas ocasiones pretende soslayar la imposibilidad de tener. No cuenta mucho que nadie me prohíba comprar un Maserati cuando no tengo ni remotamente el dinero para adquirirlo.
Solo que la existencia de la posibilidad de una adquisición sin límites —por remota o imposible que sea—siempre ha resultado un atractivo mayor de las sociedades capitalistas, y como seducción muy por encima de las limitaciones —por decreto también y como realidad aplastante— impuestas en las naciones socialistas (pasadas y las pocas presentes), todas las cuales se han caracterizado por su ineficiencia económica: del sueño del Maserati a la negativa a tener cualquier vehículo.
Esa relación, que en la práctica y en la historia ha sido casi siempre antagónica, entre el bien común y la libertad individual, se define más por los frenos mutuos —que los partidarios de ambos principios buscan imponer a la otra parte— y no por los intentos de interacción.
La consecuencia es que cuando los partidarios de uno de estos principios logra imponer sus criterios —ya sea por las urnas o por las balas— se produce un desequilibrio.
En Estados Unidos asistimos en estos momentos a un desmantelamiento de toda una legislación social creada en buena medida por la anterior administración. Como suele ocurrir, en vez de una corrección se opta por la destrucción.
A primera vista tal destrucción puede resultar cautivante, a quienes por años padecieron en un país en que los ideales de justicia social y bien común terminaron desacreditados a causa de su uso fraudulento realizado por la cúpula gobernante.
Es algo que ayuda a comprender, en buena medida, la simpatía de muchos emigrantes cubanos por el Partido Republicano y el fanatismo de otros por la figura de Donald Trump.
Pero el fraude o la estafa en la manipulación de un ideal solo debe servir para la condena de los ejecutores, no para impugnar el concepto. Cualquier rechazo particularmente fuerte de toda forma de preocupación por el bien común, porque recuerda una retórica que no era otra cosa que hipocresía, mal uso de una ilusión, evidencia la imposibilidad de sobreponerse precisamente a las condiciones impuestas por ese régimen del cual se ha escapado.

viernes, 17 de marzo de 2017

¿Entonces fue James Bond?


Ahora Trump dice que fueron los británicos quienes lo espiaron. La táctica es vieja y repetitiva. Como esta semana su acusación de que el expresidente Barack Obama mando a “pincharle” los teléfonos se ha hecho pedazos, traslada la atención hacia otro punto u otra geografía. Pero las consecuencias son graves: está sumiendo en un total descrédito la presidencia de Estados Unidos.
La Casa Blanca citó el jueves informes de prensa no comprobados de que Obama había pedido a la agencia británica de inteligencia de señales, GCHQ, vigilar a Donald Trump con el fin de “asegurarse de que no hubiera huellas estadounidenses” de esa acción.
El próximo paso será acusar a Tasmania.
Hablando desde el podio de prensa de la Casa Blanca, el secretario Sean Spicer citó un largo informe de Fox News, que afirmaba que Obama había usado a GCHQ para eludir las restricciones legales estadounidenses sobre monitoreo a sus ciudadanos.
Esta versión fue una de varias ofrecidas por Spicer como supuesta evidencia de las explosivas denuncias del actual presidente de que Obama había ordenado pinchar sus teléfonos cuando era candidato.
Sin embargo, legisladores de ambos partidos que han investigado la denuncia no han encontrado ninguna evidencia que la sustente.
En su informe, publicado hace casi dos semanas, el comentarista conservador Andrew Napolitano afirmaba que “tres fuentes de inteligencia han afirmado a Fox News que el presiente Obama se salió de la cadena de mando” para ordenar la intervención de los teléfonos de Trump.
“Él no usó a la NSA, él no usó a la CIA, él no usó al FBI y él no usó al Departamento de Justicia”, dijo Napolitano, agregando que Obama había usado al GCHQ británico.
Que Trump recurra a un informe de prensa no verificado como fuente de información es una muestra de irresponsabilidad. Que su portavoz utilice el sello de la Casa Blanca para decir sandeces es el colmo del desparpajo.

jueves, 16 de marzo de 2017

Investigando a Trump


¿Y si fuera cierto que a Trump lo han estado investigando las agencias de inteligencia? Pues la conclusión entonces no es afirmar que el actual presidente de Estados Unidos es inocente o culpable, sino dilucidar si existieron —o existen— razones justificadas para esa investigación. En este país todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contario. Pero como están las cosas, es probable, o muy probable, que existieran razones para la investigación, o todavía las hay.
El problema con tal enredo —no encuentro otra palabra para describir mejor lo que está ocurriendo— es que hay en curso una batalla entre la realidad y la retórica. Y en este punto hay que reconocer que Trump ha logrado su objetivo.
Investigar a Trump no ha sido ni es un delito. El uso inapropiado de un servidor privado de internet y todo un conjunto de correos electrónicos de su oponente, Hillary Clinton, fueron investigados durante un tiempo que —nada casualmente— coincidió mayormente con la campaña electoral.
Por lo tanto, lo que aún no se puede afirmar es que Trump fuera o es culpable de algo.
Ese algo es imposible de precisar en estos momentos. Solo pocos saben en este país, con certeza, sobre la inocencia o culpabilidad de Trump.
La cuestión fundamental es que, cuando el mandatario produjo los famosos tuits, dio a entender algo muy distinto.
Trump dijo literalmente que Obama le había “pinchado” los teléfonos. Y agregó en los cuatro tuits tres palabras claves: macarthismo, Nixon, Watergate.
Estas tres palabras definieron sus mensajes mucho más allá de la simple mención a que sus teléfonos habían sido intervenidos (“pinchados”).
Estas palabras caracterizaron la supuesta intromisión telefónica como una vendetta política, un abuso de autoridad, un atentado a la privacidad: un acto propio de un régimen totalitario.
Primero a través de sus asesores y luego personalmente, en la reciente entrevista con la cadena Fox, Trump ha intentado cambiar el alcance de lo que escribió. Durante semanas se viene debatiendo sobre si, en efecto, sus líneas telefónicas fueron intervenidas o si se emplearon métodos más modernos para conocer sus comunicaciones, o contenidos de información que pudieran brindar datos relevantes.
Así se ha pasado a la semántica, la gramática, la tecnología  y los actuales medios de espionaje —incluso formas más inverosímiles, como el gesto de las comillas con las manos de su secretario de prensa o la referencia a los hornos de microondas por su asesora más florida y esperpéntica— en un despliegue amplio de encubrimiento.
No todo ha sido tiempo perdido en tal embrollo. Hemos asistido también a un cambio notable de posición, por parte de uno los legisladores en apariencia más fieles a Trump.
Devin Nunes, el representante por California que participó en el equipo de transición de Trump y está al frente de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes dijo el miércoles que no existían pruebas de que en la Torre Trump se hubieran intervenido los teléfonos durante el tiempo que el actual mandatario era candidato.
“No creo que hubo una intervención telefónica en la Torre Trump”, dijo Nunes. Agregó que si se tomaban al pie de la letra los tuits de Trump, entonces “claramente el Presidente estaba equivocado”.
Por su parte, el secretario de Justicia,  Jeff Sessions, que actuó como consejero legal durante la campaña de Trump y también participó en el equipo de transición, respondió con un “no” cuando los reporteros le preguntaron si le había ofrecido al Presidente información alguna sobre la supuesta intervención telefónica en la Torre Trump.
De esta manera la afirmación de una actitud vengativa y francamente totalitaria, por parte del ahora expresidente Obama, ha quedado prácticamente descartada.
La intervención en las comunicaciones de un agente extranjero o de un representante de una potencia enemiga es un ejercicio cotidiano de las agencias de inteligencia de las más diversas naciones en el mundo actual.
Sin embargo, en Estados Unidos, para extender dicha actuación a un ciudadano estadounidense se requiere una autorización judicial. Y esa autorización o su solicitud es la que hasta ahora no aparece.
No es lo mismo que en una llamada interceptada de un embajador, funcionario o agente extranjero figure un estadounidense al otro lado de la línea (por lo general el nombre se tacha cuando se da a conocer el informe, si no resulta relevante o no está autorizada su divulgación). Lo que importa aquí es la relevancia o participación del estadounidense: caso Flint.
Por lo que queda en pie es una pregunta más amplia: ¿había razones para sospechar de Trump o de su equipo?

Foto: Devin Nunes.