lunes, 6 de febrero de 2017

“Trumpezones”


Donald Trump dijo el domingo que está creando una comisión encabezada por el vicepresidente Mike Pence, la cual investigará su acusación de fraude masivo durante la elección de 2016.
Durante una entrevista con Fox News emitida justo antes del SuperBowl del domingo, Trump hizo un listado de las maneras en las que creía que había ocurrido el fraude electoral.
El fraude fue evidente, dijo Trump, “cuando miras los registros y ves que gente muerta votó, que gente anotada en dos estados votó en dos estados, cuando ves otras cosas, cuando ves ilegales y están en las planillas de votación”.
Trump y la Casa Blanca no han podido demostrar la alegación del Presidente, ya que no ha habido prueba alguna, hecha pública, de una votación fraudulenta a gran escala durante la elección de noviembre pasado. Es más, con anterioridad los abogados de Trump habían confirmado, según aparece en documentos legales, que no había prueba de fraude en la elección del 8 de noviembre.
Sin embargo, ahora Trump habla de un fraude de alrededor de tres millones de boletas, las mismas que le faltaron para ganar el voto popular.
Llama la atención este empecinamiento de Trump. Veamos primero como esta derrota en el voto popular podría perjudicarle en su mandato y encontramos que no lo afecta en nada en lo que se refiere a funciones presidenciales. No solo no impidió que llegara a la Casa Blanca sino en relación a los factores de gobierno, y del discurso del actual mandatario, esta evidente falta de popularidad no impide que pueda actuar con plena autoridad. Y por otra parte no ha hecho nada por atraer al sector de la población norteamericana que no votó por él.
Se puede decir que ha dedicado sus primeras dos semanas a pagar cuentas pendientes (promesas de campaña) y a sus obsesiones.
Más allá de las protestas callejeras, por diversos motivos, la derrota del voto popular no ha sido argumento para impulsar una acción política determinada, y tampoco hay evidencia visible de que el partido opositor esté preparando estrategia alguna a partir de ese resultado.
Cabe por otra parte que su interés sea por una corrección de algo mal hecho, que realmente crea que ha existido un fraude. Lo que llama la atención entonces es que no exista un reclamo igual por parte de otros políticos, incluso en su mismo partido, que solo la sombra de Pence se limite una vez más a recordarnos aquel viejo anuncio de la Victor y “la voz del amo”, y repita lo dicho por el presidente.
Así que, de momento, el supuesto fraude electoral millonario se inclina a ser más un asunto personal que de Estado o nación. Susceptible que es el Presidente.
Si las razones para llevar a cabo la supuesta investigación son, al menos, torcidas, el procedimiento pinta a ser abigarrado.
Para algo que no ha sido motivo de polémica, sobre lo cual no hay el menor indicio y en que los factores más diversos han confluido para no denunciar irregularidad alguna, la acometida es más que desproporcionada.
Una comisión encabezada nada menos que por el vicepresidente. Todo el poder posible para descubrir un fraude que, hasta ahora, nada sugiere que exista.
Pero dicha comisión, desde antes de posar para la foto de rigor, llama la atención por varios aspectos:
* Implica una desconfianza hacia el sistema electoral: colegios, listas de votantes, máquinas de votación, etc. En fin, un cuestionamiento de un sistema que, a nivel nacional y en los últimos decenios, no ha dado muestras de incurrir en fallos o caer en fraudes.
* Convierte al vicepresidente en testaferro presidencial.
* Pasa por alto un procedimiento más sencillo y menos costoso, que es encargar a esa misma maquinaria electoral, en un año sin votación nacional, una revisión de las listas de electores en cada distrito, o en los lugares que se considera se produjeron fraudes.
* Crea un clima de desconfianza en el sistema electoral —lo cual podría ser también un objetivo del empeño en hablar de fraude— con una repetida acusación, vaga y sin fundamento.
* Desvía la atención, y posibles recursos, hacia otros problemas más acuciantes. Aquí también cabe la sospecha de si ese no sea un objetivo tras la creación de la comisión.
En cualquier caso, la propuesta de Trump, ejemplifica lo que han sido sus dos primeras semanas en la Casa Blanca: mucha bulla y pocos resultados. Hemos comenzado a vivir bajo una presidencia que no expone —y mucho menos avanza— en un plan de gobierno a través de los mecanismos establecidos en una sociedad democrática, que ha funcionado —con las imperfecciones conocidas— durante 230 años.
Podemos vaticinar —más bien intuir— que una reforma tributaria se llevará a cabo este año, porque lo quiere el Presidente, el partido gobernante y los legisladores que dominan el poder judicial. Pero más allá de este cambio legislativo, es difícil especular. Hay un interés grande por los republicanos de destruir el plan de salud creado por el expresidente Barack Obama, pero más allá de dicha intención se sabe poco. Lo demás se reduce a frases de campaña, arengas, promesas y sueños que cada cual puede soñar a su antojo.
Todo eso lleva a que, como gobernados, se nos ha comenzado a exigir confianza, fe y fidelidad en un mandatario que cada día que pasa se parece más a un caudillo, y algunos —o muchos— se han mostrado dispuestos a entregarse crédulos y vengativos, sin que mediara siquiera la necesidad de pedirles tan devoción.
Lo que no es más que otra prueba de que la democracia se deteriora en Estados Unidos. Y de ello habla el último estudio de la revista The Economist.
El sistema político de EEUU ha sufrido tal deterioro que ha pasado de considerarse una “democracia plena” a una “democracia defectuosa”, de acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia de The Economist.
El índice Democrático 2016, el cual es realizado anualmente, clasifica a 167 países según una puntuación que va de 0 (“régimen autoritario”) a 10 (“democracia plena”).
Por primera vez, durante los nueve años consecutivos que lleva haciéndose el informe, EEUU tuvo una clasificación menor a 8 puntos: 7,98, que lo coloca en el puesto 21 del ranking, por debajo de países como Noruega, Alemania y Uruguay, que se encuentra en el lugar 19.
“Estados Unidos ha sido rebajado debido a una mayor erosión de la confianza en el Gobierno y en los funcionarios electos. No es consecuencia de Donald Trump, aunque la elección de Trump como presidente de EEUU sí es en gran parte consecuencia de los viejos problemas de la democracia en Estados Unidos", declaró Joan Hoey, redactor del informe.
Todo indica que dicho deterioro de la democracia, lejos de detenerse, se incrementará sustancialmente con la administración de Trump.

sábado, 28 de enero de 2017

El sector no estatal en la economía cubana


A mediados de los años 70, uno de los criterios que se brindaba en los estudios sociales y económicos en Cuba, para rechazar el cooperativismo yugoslavo —a la luz de los postulados realizados por Ernesto “Che” Guevara durante la década anterior— era que incrementaba la desigualdad entre los que disfrutaban o aspiraban a los beneficios de vivir en una nación considerada socialista. El Gobierno de Raúl Castro puso fin a dichos planteamientos, y a partir de entonces los cubanos han podido —o logrado— “ser menos iguales que otros“, pero solo hasta un punto.
“Posiblemente, la reforma estructural más importante de Raúl Castro ha sido la apertura del sector no estatal en Cuba (SNE), que en 2014 abarcaba un millón de personas y creció del 16 % al 28 % de la fuerza laboral entre 2009 y 2015, aunque hubo una caída en 2015, seguida de un pequeño repunte en el primer trimestre de 2016”, se afirma en Voces de cambio en el sector no estatal cubano. A describir dicho sector laboral, y lo que es igualmente importante a servir de vocero —como se afirma en el título— de aquellos que trabajan con relativa independencia del Gobierno, se dedica el libro.
La obra recoge las “voces” de quienes en la actualidad tienen una participación minoritaria, pero decisiva, en la fuerza laboral cubana, con el potencial de transformar una economía predominantemente estatal (72 % de la fuerza) y en una situación difícil, pero que se ven impedidos para lograrlo por las restricciones gubernamentales.
Coordinado por el distinguido catedrático Carmelo Mesa-Lago, y con la participación de Roberto Veiga González y Lenier González —editores de Cuba Posible—, quienes realizaron las 50 entrevistas hechas en la Isla entre 2014 y 2015, Voces de… cuenta además con la participación de la politóloga Sofía Vera Rojas, que tuvo a su cargo las tabulaciones y el análisis, bajo la supervisión del catedrático Aníbal Pérez-Liñán
El empeño resulta especialmente meritorio por la dificultad a la hora de obtener la información. Cuba es una nación que se caracteriza por la publicación de estadísticas limitadas, en muchos casos, y sin actualización en otros. Poco, y por lo general incompleto, ha aparecido sobre el SNE en la prensa oficial cubana, más allá de los discursos de quienes dirigen el país. A ello se unen los lógicos temores y las reticencias de los entrevistados, así como la carencia de autorización para llegar a otros participantes. De esta manera, no se trata de una encuesta científica —y el libro lo destaca en varias ocasiones—,  que represente el universo del sector, pero sí se brinda una información muy útil, que ayuda a llenar el notable vacío existente al respecto.
Producir riquezas, pero no ser ricos
El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en abril del pasado año, reconoció la existencia de la propiedad privada sobre “determinados medios de producción”, con “el incremento del sector no estatal de la economía”, pero señalando al mismo tiempo que dicha gestión no implicaba “la privatización o enajenación de estos”. Es más, destacó que “no se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales”. Así se reconocía la existencia de un SNE, siempre que fuera regulado por el Estado.
Tal regulación quedó establecida mucho más allá de un cuerpo legal de normas, existentes en cualquier país, para constituirse en una camisa de fuerza al desarrollo. Si bien se concedió propiedad jurídica a las formas no estatales de producción, se prohibía no solo la concentración de la propiedad, sino también de la riqueza.
El SNE quedó limitado a dos tipos de “emprendimiento” privado. Por una parte, los pequeños negocios realizados fundamentalmente por el trabajador y su familia, como personas naturales, y empresas privadas de micro, pequeña y mediana escala, reconocidas como personas jurídicas. Por la otra, “los tipos de cooperativa que reconoce el modelo forman parte del sistema de propiedad socialista”, y tienen personalidad jurídica, ejerciendo propiedad colectiva de los medios de producción.
De esta forma, el congreso partidista cubano intentaba una respuesta propia a la pregunta del economista húngaro János Kornai: ¿es reformable el socialismo?
“Lenin tenía toda la razón. Si una sociedad permite que haya un gran número de pequeños productores de mercancía, y los deja acumular y crecer con el tiempo, tarde o temprano surgirá un genuino grupo de capitalistas”, afirmó Kornai.
Más allá de cuestionarse si realmente existe el socialismo en la Isla —lo que admite una respuesta ambivalente— y luego de recordar que un análisis de los factores económicos debe dejar a un lado los aspectos políticos del tema —en lo referente a las implicaciones y preferencias que encierra cualquier ideología, así como todo lo relacionado con  la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho—, el estudio de esta respuesta gubernamental nos muestra la improvisación característica del modelo cubano.
Si bien el Gobierno de la Isla ha reconocido su incapacidad para la producción y administración de, al menos, aquellas actividades que requieren un alto grado de independencia y autonomía, no por ello renuncia al control y la apropiación, absoluta o casi absoluta.
Al admitir, obligado por las circunstancias económicas, lo que dentro de un carácter marxista-leninista estricto sería “la explotación del hombre por el hombre”, mantiene a su vez una mentalidad rentista. En última instancia, el Estado sigue siendo el dueño de todo, o de casi todo. Se cierra el capítulo de la “ofensiva revolucionaria”, pero continúa abierto el de la “explotación del hombre por el Estado”, es decir el Gobierno.
En este sentido se entra en la trama del SNE en Cuba —un sector limitado aunque complejo—, que comprende cuatro categorías: cuentapropistas, usufructuarios, socios de cooperativas y compraventa de vivienda. Uno de los méritos de este libro es ir mucho más allá de la visión del trabajo por cuenta propia en Cuba divulgada por la prensa internacional, por lo general limitada a la descripción y exaltación de la “paladar” de moda.
Incongruencias de una política estancada
Al describir dichas categorías, Voces de… nos permite descubrir las incongruencias de las políticas que el Gobierno cubano aplica como formas de control. Un buen ejemplo de ello son las Cooperativas de Producción no Agrícola y de Servicios (CNA).
Las CNA, introducidas de forma experimental en 2013, tienen personalidad jurídica y son una forma colectiva de propiedad. En algunas, las últimas creadas, los socios son dueños de todo, en otras el Estado mantiene la propiedad del terreno y los edificios, al par que cede el uso y explotación del negocio a través de un contrato de arriendo por 10 años (renovable). Las CNA deben de ser autofinanciadas, o sea, que sus ingresos cubran sus gastos. Se alega que son más independientes que las cooperativas agrícolas.
Según el “zar de las reformas” cubano, Marino Murillo, estas cooperativas “son un ejemplo de cómo transformar la forma de gestión, sin cambiar la naturaleza de la propiedad”. Su número de socios aumentó de 2.300 a 5.500 entre 2013 y 2014, y a 7.700 en 2015. Una expansión más rápida de las CNA incrementaría notablemente el número de miembros.
Sin embargo, desde marzo de 2014 no se ha aprobado una nueva CNA, y en 2015 estas cooperativas crecieron solo un 6 %. Se han presentado propuestas, pero continúan pendientes. La creación de las CNA es compleja y prolongada, requiere una evaluación del Consejo de Ministros, quien toma la decisión final. Que una cooperativa de barberos, peluqueras o reparadores de equipos electrométricos requiera de un permiso a una instancia de poder tan alta resulta absurdo o risible. En la actualidad, el número de cooperativistas de las CNA constituyen apenas un 0,1 % de la fuerza laboral y se considera que no tienen un peso significativo en el desarrollo económico del país.
Producción agrícola
Peor ocurre con los usufructuarios de la tierra. El usufructo se inició en 1995, durante la crisis económica conocida como “Período Especial”, pero se mantuvo estático hasta 2009, cuando el Gobierno comenzó a distribuir tierras estatales.
El problema es que el contrato de usufructo tiene un plazo de duración de 10 años, mientras que en las reformas agrícolas sino-vietnamitas los contratos son por tiempo indefinido o 50 años, y los granjeros deciden qué sembrar, a quiénes vender y fijan precios de mercado. Los cubanos, por su parte, están obligados a vender a los centros de acopio, que fijan precios inferiores al de mercado.
La vuelta al acopio y los precios topados, que demostró por cuatro decenios que son ineficaces, ha sido criticada, al menos, por dos economistas cubanos. Uno de ellos, Pavel Vidal, consideró que “la peor secuela [del VII Congreso] para la economía cubana es la decisión de frenar el experimento de la comercialización agrícola en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque”.
En 2014, el ministro de Comercio Exterior informó que los usufructuarios las cooperativas agrícolas y los campesinos privados generaron el 83 % de la producción agrícola, mientras que las granjas y empresas estatales solo el 17 %.
Para Voces de… fueron entrevistados 25 usufructuarios. Su edad oscila entre 26 y 75 años,  y promedia 51 años. Solo el 25 % son menores de 40 años, un 44 % entre 41 y 60 años, y un 28 % mayores de 60 años. Todos son blancos.
Ambos datos, combinados, muestran un futuro no muy promisorio para la agricultura cubana, y el fracaso de Raúl Castro en sus intentos de disminuir las importaciones de productos agrícolas.
Compra y venta de casas
Una de las secciones más interesantes de Voces de… es la referida al mercado de bienes raíces en Cuba, por lo desconocido del tema salvo referencias anecdóticas.
La reforma de 2011 autorizó la compraventa de viviendas, a un precio fijado por el comprador y el vendedor. Ello ha hecho posible el surgimiento del corredor de bienes raíces o agente inmobiliario, un empleo hasta entonces casi desconocido en Cuba y no autorizado hasta fines de 2013.
En la actualidad los compradores prefieren a las viviendas anteriores a 1959 (“capitalistas”), debido a que son de mejor calidad que muchas de las edificadas por las microbrigadas de construcción.
Un fuerte impedimento para la compraventa de viviendas es que la oferta supera la demanda, debido al bajo poder adquisitivo de la población. Abundan los casos de compra de inmuebles por cubanos residentes en el exterior, mediante uso de un testaferro, lo cual es un delito.
No hay estadísticas oficiales sobre el valor de la vivienda construida o reparada, por lo cual no es posible calcular su impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB). La distribución de la construcción de viviendas en 2015 fue de un 54,7 % por la población y un 45,3 por el Estado; un indicador de que las reformas están logrando un incremento modesto de la iniciativa privada de la población. Aún así, el total construido en 2015 resultó un quinto de la cifra alcanzada en 2006 (111.400).
Dificultades para el SNE
El Gobierno cubano no quiere “ricos por cuenta propia”, y para impedirlo no le bastan el establecimiento de medidas fiscales. En la práctica este objetivo oficial —con independencia de lo cuestionable que resulta— se traduce en un freno para el desarrollo de un sector productivo indispensable para el desarrollo del país.
A la existencia del conocido freno burocrático se suman otros factores, en ocasiones con una incidencia mayor en dicho estancamiento. La apuesta por la inversión extranjera lleva en la práctica a despreciar a los nacionales y beneficiar a los de fuera.
En todo el libro se destacan diversos factores —algunos comunes a todos los grupos que componen el SNE, otros específicos— que dificultan la expansión de un sector con capacidad para resolver muchos de los problemas del país.
Quizá una de las paradojas mayores de la actual situación económica en la Isla es el florecimiento de las “paladares”, algunas de las cuales ofrecen platos de comida gourmet apreciados por visitantes extranjeros, mientras al guajiro no se le brindan los recursos y la libertad necesaria para producir una buena cosecha de plátanos.
La carencia de un mercado mayorista donde adquirir insumos; la limitación de las categorías de trabajo por cuenta propia; la prohibición de ejercer de forma privada las profesiones para las que están capacitados, en el caso de los graduados universitarios; la necesidad de adquirir los insumos en las tiendas de recaudación de divisas, lo que inciden en el aumento del precio del producto o servicio en venta. Estos son algunos de los problemas que afectan a quien se dedica a la labor privada, y que resultarían fáciles de resolver con una verdadera voluntad de cambio.
Estas limitaciones hacen que la mayoría de los cuentapropistas se dediquen a la alimentación y el transporte, cuando su labor tendría que estar mucho más diversificada. O que un médico —como se ejemplifica en el texto— se gane la vida en algo ajeno a su profesión.
 Pese a dichos obstáculos, resalta el carácter emprendedor del cubano. Quizá el dato más alentador que ofrece Voces de… es el hecho de que los trabajadores por cuenta propia dedican buena parte de sus ganancias a invertir en el negocio. Una muestra de desafío y coraje ante una situación difícil.

jueves, 26 de enero de 2017

Burocracia y Trumpismo


En las próximas semanas tendremos una mejor idea de la capacidad del Gobierno de Donald Trump. El magnate está firmando decretos presidenciales sin la menor idea de los obstáculos, legales y de todo tipo, que estos puedan enfrentar.
Sus acciones complacen a sus partidarios, y en especial a los de origen cubano, que no han podido librarse de la maldición del “hombre fuerte”. Pero en la política estadounidense, una maquinaria burocrática, de larga ejecutoria, siempre se ha impuesto más allá de la voluntad del mandatario. Por supuesto que la existencia de tal maquinaria no es necesariamente provechosa: lentifica procedimientos, deforma proyectos, obstaculiza planes. Pero cualquier solución radical en su contra encierra el peligro de entregarse a la voluntad de un caudillo, un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos.
Cabe la posibilidad de que, dentro de seis meses, este país se convierta en algo diferente a lo que hemos conocido quienes llevamos décadas viviendo en él. Todavía me niego a esa posibilidad, a que funcionarios obedientes —al estilo de un régimen como el castrista— sustituyan a los burócratas, que en el sentido weberiano cumplen con su función.
Hay una diferencia entre el estancamiento vivido durante los últimos seis años en Washington, por diferencias partidistas extremas, y un desmantelamiento total del cuerpo administrativo de la nación. Al parecer Trump no solo considera que su victoria electoral supera ese estancamiento —con el predominio del Partido Republicano en el poder legislativo, al igual que la cercana preponderancia conservadora en el poder judicial—, sino se muestra encaminado a destruir la maquina de gobierno y sustituirla por un engranaje similar al que ha establecido en sus empresas.
El indicador más  notable en este sentido ha sido la elección prioritaria, para cada ministerio, dirección y agencia, de la persona con los criterios más opuestos al desempeño de la labor de dicho organismo. Es como si, en cada caso, hubiera primado el concepto de colocar siempre a un pirómano al frente del cuerpo de bomberos.
Tal actitud va más allá del concepto de gobernar la nación como se dirige una empresa. Por encima de lo absurdo e inadecuado de dicha propuesta, en el caso de Trump se está hablando de una forma de administración muy particular.
Pese a su extensión por todo el mundo, poderío económico, ganancias millonarias y publicidad en todas partes, el emporio Trump no pasa de ser un negocio familiar. No se cotiza en bolsa, no existe una junta de inversionistas: en la cadena de mando, todo se reduce a Trump y sus hijos. El capital es el de Trump, y él decide a su antojo. Los demás se limitan a obedecer.
Con igual criterio se ha establecido en la Casa Blanca, pero cabe la pregunta de si esa clase burocrática, en las más diversas instancias del Gobierno federal, se dejarán fagocitar por la camada de arribistas que ahora buscarán hacer carrera en Washington.
Es posible que ocurra. Ha pasado en otras ocasiones, en otras épocas, en otros países. Sin embargo, para que ocurra aquí y ahora, en Estados Unidos, hace falta que se establezca una situación en que se pase de la crispación al asalto.
No hay señales de ello. Al menos de momento. Por un tiempo continuarán dando fruto los resultados de la gestión económica del Gobierno de Barack Obama, y Trump se aprovechará de ellos aunque no le otorgue mérito alguno a su antecesor. El mejor ejemplo es el mayor símbolo capitalista. El miércoles el Dow Jones superó los 20.000 puntos. No hay mejor indicador de una bonanza bursátil. Puede considerarse una señal de confianza de los inversionistas en la nueva administración. Trump ha sido la fuerza que brindó el impuso final para romper la barrera. Pero si nos atenemos a los números, con Obama el Dow pasó de los 7.900 a los 19.700. Claro que es ridículo de con menos de una semana como mandatario establecer una comparación en las cifras, pero ello no es el punto. La clave reside en las dificultades a acometer una labor destructiva de tal magnitud, como la que al parecer pretende la nueva Casa Blanca, sin contar con el trasfondo de una situación de crisis.
La pregunta sería entonces si el recién inaugurado presidente está dispuesto a crear esa crisis.
Si hablamos de una crisis de grandes dimensiones —y el significado final de este término sería una guerra—, hay pocos indicios, en el historial de Trump como empresario, para afirmar que su ideal es llevar a la nación hacia un punto de destrucción extrema. Pero sí, y mucho, en igual historial, para apuntar al uso de los riesgos y las pérdidas empresariales, con el fin de obtener beneficios propios.
Solo basta sustituir los términos de bancarrota por un creciente peligro nacional, y transformar los beneficios, no en una ganancia de millones para él (mientras otros —contratistas, inversores, simples pintores y plomeros— quedaban arruinados o con cuentas sin la posibilidad de cobrar) sino en un rédito político que le permita sobrevivir. El empleo de la crisis como forma de negociación. Y aquí radica una de las grandes amenazas que posiblemente nos veamos obligados a afrontar los estadounidenses en los próximos meses o años.