jueves, 26 de junio de 2008

Cuba por un voto


Hubo un mandatario norteamericano que otorgó permiso a un mayor número de exiliados cubanos, para que visitaran a sus familiares en la isla, que también incrementó la cantidad de dinero a llevar en cada viaje. Alguien podría pensar que este gobernante apoyaba una mayor flexibilidad para los viajeros, que pudiera desembocar algún día en una luz verde al turismo. Todo lo contrario. Otro creerá que se trataba de un demócrata liberal, quizá Jimmy Carter o Bill Clinton. Nada de eso. Ese presidente es George W. Bush.
El 24 de marzo de 2003 entró en efecto un cambio sustancial en las restricciones de viajes de los norteamericanos a Cuba. Al tiempo que se aumentaron los controles, a fin de evitar que grupos e individuos hicieran turismo bajo el disfraz de “intercambios educacionales”, se aumentaron las facilidades para permitir los encuentros familiares. A partir de ese momento, los viajes educacionales tenían que fundamentarse en un curso académico. Por otra parte, el concepto de “familiar cercano” se amplió a la tercera generación. Cualquiera pudo viajar a conocer un tatarabuelo, a encontrarse con un primo segundo. Los visitantes estaban autorizados a llevar hasta $3,000 en cada viaje, —considerando que esa cifra cubría las remesas para 10 hogares—un notable incremento respecto a los $300 permitidos con anterioridad. La filosofía tras este cambio era no afectar a las familias en Cuba, al tiempo que se abría una puerta para enviar dinero a los disidentes.
¿Qué ocurrió para que un año más tarde se produzca un cambio tan notable, que limitó considerablemente que los cubanoamericanos pudieran viajar a la isla? ¿Fue a causa de la oleada represiva, desatada por el régimen de Fidel Castro contra los opositores? Las fechas indican lo contrario. Aunque los cambios comenzaron a ser elaborados con anterioridad a la detención de los 75 disidentes, en la llamada “Primavera Negra” del 2003, su puesta en práctica fue varios meses después del auge represivo en la isla, aunque sí coincidió con un momento en que el rechazo internacional a los fusilamientos y condenas de prisión aún se mantenía muy elevado.
El 18 de abril de 2003, luego de las condenas y el fusilamiento de los tres cubanos que intentaron escapar en una lancha, el gobierno norteamericano dijo que estos hechos no afectarían los viajes de familiares.
La explicación a las nuevas medidas, que limitaron viajes, remesas y envíos, hubo que buscarla por otra parte. El 2003 no fue un año electoral. El 2004 sí. No fue un intento de ayudar a llevar la libertad a Cuba. Se trató simplemente de ganar unos cuantos votos. Si determinados legisladores y grupos de opinión de la llamada “línea dura” del exilio no hubieran amenazado con retirar su apoyo a la campaña de reelección de Bush, nada hubiera cambiado. Fueron ellos los culpables de que tantos en Miami estén ahora impedidos de ver a sus padres, hijos y hermanos en un momento difícil. Se trató de un simple gesto electoral, en un año de votación reñida y en un estado que cuatro años antes había resultó clave en las urnas.
Pronto se demostró que cualquier otro debate resultaba secundario ante ese hecho. Bush y sus asesores habían escogido complacer a un grupo de votantes. Los únicos que les interesan, ya que entonces eran los que fundamentalmente tenía derecho al voto, por haberse naturalizado ciudadanos norteamericanos en décadas anteriores.
Hasta entonces, y desde la llegada al poder, Bush se había limitado a continuar la política de Clinton hacia Cuba, salvo en cuestiones que no afectaban a su base electoral, los intereses primordiales de esta nación y los problemas inherentes a un cambio de régimen en la isla. Año tras año se habían ido incrementado las ventas de alimentos norteamericanos a La Habana, para beneficio de los granjeros norteamericanos, una tendencia que a pesar de algunas variaciones ha continuado hasta nuestros días. Por otra parte, se había seguido devolviendo a los balseros y pospuesto la puesta en práctica del Capítulo III de la Ley Helms-Burton, ambas medidas y actitudes políticas también aún vigentes. Hay que recordar en este sentido la tensa situación en el país, tras los atentados terroristas, que por un tiempo justificaron que el Presidente se dedicara toda su atención a esas prioridades, pero ya para el año 2003 el llamado “exilio duro” de Miami reclamaba una mayor acción.
El 20 de mayo —aniversario de la instauración de la república— fue durante los primeros años del gobierno de Bush una fiesta de promesas y retórica. Mientras se apuraba a firma la postergación del Capítulo III de la Helms-Burton, el mandatario enfatizaba que una revisión total de la política hacia el régimen estaba en camino. Pero la urgencia de esta revisión, se quería contando con el favor del núcleo tradicional de votantes cubanoamericanos, se hizo más apremiante tras el encarcelamiento de los disidentes y los tres fusilamientos.
En mayo del 2003, algunos legisladores republicanos hicieron saber su disgusto con la administración. La congresista Ileana Ros-Lehtinen manifestó que aún seguía sin respuesta una carta enviada tres meses atrás a la Casa Blanca, en la cual exhortaba al Presidente a poner en práctica las promesas realizadas por esa fecha el año anterior en Miami. El congresista Lincoln Díaz-Balart, también hizo un llamado a Bush, en el cual, y tras agradecer “la solidaridad con la libertad de Cuba” demostrada por el mandatario con “su amenaza del veto para mantener el embargo”, señalaba que “el sufrimiento actual de Cuba requiere ahora otra dimensión de esa solidaridad, [que] es lo que unánimemente espera nuestro pueblo”.
El disgusto se convirtió en algo cercano a una rebelión tras la repatriación de un grupo de supuestos secuestradores, interceptados por los guardacostas norteamericanos, que en la isla fueron condenados a penas de entre siete y diez años de prisión. Joe García, entonces secretario ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, declaró a The Miami Herald que lo hecho por Bush equivalía a “negociar penas de prisión con un país que el propio Departamento de Estado calificaba de terrorista”.
La crítica más fuerte vino, sin embargo, de un grupo de legisladores estatales y políticos de la Florida, que el 12 de agosto de 2003 urgieron al presidente Bush de que actuara respecto al tema de Cuba, o de lo contrario se arriesgaba a perder su apoyo para las elecciones de 2004.
Por entonces se pensaba que el voto cubanoamericano resultaba clave en esas elecciones, algo que en la práctica no sucedió. Según los cálculos, en 2004 la Florida tenía 9.3 millones de votantes registrados, de los cuales 450,000 eran cubanoamericanos. En 2000 Bush había recibió el apoyo del 80 por ciento de estos votantes. De acuerdo a los estimados de aquel momento, recibir sólo el 60 por ciento de estos votos podría resultar en una victoria de Kerry en este estado, y posiblemente también en las elecciones presidenciales. Bush ganó la Florida, pero perdió en el condado Miami-Dade y los votantes en la zona norte del estado resultaron más decisivos que los cubanoamericanos de Miami.
La entonces asesora de seguridad nacional, Condoleezza Rice, tuvo que sacar tiempo, en medio de una tensa situación nacional e internacional por la guerra en Irak, para responder a la carta el 17 de septiembre. Rice garantizó la “importancia y urgencia” de ayudar al pueblo cubano a conquistar su libertad, y pasó a numerar los “logros” de la administración en su política hacia Cuba.
Ya con anterioridad, el 22 de agosto de 2003, la administración había realizado dos anuncios paralelos para disminuir la tensión acumulado en los últimos meses, durante los cuales se había acusado a la Casa Blanca de incumplir sus “promesas” al exilio: el encauzamiento de tres militares del régimen de La Habana, por su participación en el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996 y la ampliación de las transmisiones de Radio y TV Martí mediante un nuevo y moderno sistema de satélite. Pero ambas medidas complacieron a pocos. El procedimiento legal carecía de posibilidades de realizarse en la actualidad, al no existir un tratado de extradición con Cuba y los acusados no poder ser juzgados en ausencia. La transmisión de Radio y TV Martí vía satélite no sólo resultaba una idea poco innovadora, sino que además partía de una premisa ilusoria: el entusiasmo de los pocos poseedores de equipos de recepción por satélites en la isla para arriesgarse a ir a la cárcel y perder sus posesiones por escuchar y ver estas emisiones. En la práctica, ambas decisiones presidenciales resultaron completamente inútiles.
Tras tantas frustraciones con el exilio a raíz de la celebración del 20 de mayo, el gobierno norteamericano escogió otra fecha patriótica: el 10 de octubre de 2003. En un viernes de ese año, se anunció la creación de una comisión presidencial de asesoramiento para una transición democrática, integrada por los entonces secretarios de Estado y de Defensa, el cubanoamericano Mel Martínez, que ocupaba el cargo de secretario de Viviendas, y otros funcionarios de alto rango. Ese día, Rice, encargada de realizar una conferencia de prensa al respecto, efectuó una reunión previa con los congresistas republicanos por la Florida, Ros-Lethinen y Lincoln y Mario Díaz-Balart.
Pronto se supo que entre las medidas a considerar se encontraba la reducción del personal de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, lo que obligaría a Cuba a hacer lo mismo con su dependencia en Washington; la suspensión total de las visitas familiares; nuevos límites al envío de remesas; la suspensión de las licencias de exportación a las compañías norteamericanas que venden productos agrícolas a la isla y el aumento de las restricciones a todo tipo de viajes a Cuba. También que las medidas evitarían cualquier movida que pusiera en peligro la reelección de Bush. En igual sentido, destacados cubanoamericanos y funcionarios de Washington encargados de monitorear la política hacia Cuba expresaron sus quejas de que no haber sido consultados sobre la creación de la comisión. Al final, la balanza se inclinó en contra de los que podrían ser afectados sin problema aparente: los exiliados que visitaban Cuba con frecuencia y no eran ciudadanos norteamericanos.
La conclusión fue que cada vez que un gobernador, político, empresario, ganadero o estrella de cine quiere viajar a Cuba, puede hacerlo sin graves problemas. Un obrero de Hialeah tiene ahora que esperar tres años. Tras la política de restricciones y censura impuesta a pedido de unos cuantos hubo un fin vulgar: ejercer el poder. Pero al cabo de cuatro años, las medidas se han convertido en bumerán en un exilio que ha ido ganando en diversidad. Miami no es el mismo de hace 30 años. Quienes se aferran al pasado sólo repiten entre nosotros lo que dicen repudiar en Cuba. Tras la puesta en vigor de las medidas injustas e inútiles, en favor de la restricción de los viajes y los envíos, algunos argumentaron en favor de Bush que éste había tratado de minimizar las normas que afectaban a las familias de los exiliados, pero que terminó cediendo cuando vio un posible peligro su reelección. Pero lo que ha terminado por imponerse es la realidad: se trató de una decisión equivocada.
Fotografía: varios ancianos juegan a las damas en un portal de Centro Habana, en esta foto del 7 de agosto de 2007 (Alejandro Ernesto/EFE).

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