¿Disidentes o mercenarios?

Cuaderno de Cuba reproduce el siguiente artículo del periodista Will Weissert sobre un tema controversial en Miami y en Cuba, pese a no compartir todos los criterios expresados en el trabajo, y de reconocer que tiene algunas inexactitudes -especialmente en lo que se refiere a la vivienda, los servicios médicos y la educación gratuita, así como en lo relativo a las raciones de alimento- vale la pena la lectura del trabajo para conocer la visión que existe en el exterior, brindada por los corresponsales extranjeros acreditados o de visita en la isla, en lo referente a los disidentes y el dinero que reciben.

WILL WEISSERT
Associated Press
LA HABANA

El dinero del extranjero viene con intervalo de meses, y luego que Laura Pollan lo divide entre otros disidentes, le quedan para ella unos 100 dólares.
''Está destinado a cosas como envoltorios plásticos, o papel higiénico. O para llevar comida a la prisión, o para pagar el transporte'', dijo Pollán, que contribuyó a organizar Las Damas de Blanco, un grupo de familiares de prisioneros políticos.
El gobierno de Cuba dice que recibir fondos del extranjero convierte a Pollan, de 60 años, en una ''contrarrevolucionaria mercenaria'', una acusación ominosa, pues decenas de cubanos han ido a parar a la cárcel acusados de recibir dinero a fin de socavar el sistema comunista.
Los fondos del exterior para dirigentes de la oposición política son un pequeño goteo en medio del río de dólares y euros que familiares en Estados Unidos envían a los cubanos y que turistas extranjeros insertan en la economía de la isla.
Pero funcionarios del gobierno citan esos pagos para justificar medidas autoritarias contra ''disidentes'' o cubanos que exigen cambios políticos. Se trata de una vasta categoría en un país donde toda actividad política legal debe ser canalizada a través de un solo partido, el Comunista, o sus grupos de apoyo.
Dirigentes opositores admiten que reciben dinero de simpatizantes en Estados Unidos, España y en otras partes. Y parte del financiamiento proviene directamente del gobierno de Estados Unidos, cuyas leyes proponen el derrocamiento del gobierno cubano.
La Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que supervisa el respaldo financiero del gobierno para una ''transición democrática'' en Cuba, asignó más de 33 millones de dólares para la sociedad civil cubana en el presente año fiscal. La USAID prohibe entregar dinero en efectivo a los activistas en Cuba, pero distribuye fondos a instituciones académicas y grupos de estudios en Estados Unidos, así como también a organizaciones sin fines de lucro que envían libros y asistencia humanitaria a disidentes cubanos y a familiares de presos políticos.
Pero poco de ese dinero realmente llega a Cuba. Un estudio efectuado en marzo por la influyente Fundación Nacional Cubano Americana que se concentró en analizar subvenciones federales para promover la democracia en Cuba entre 1998 y el 2006, determinó que apenas un 17% de esos financiamientos ayudaron a personas en la isla. El resto fue usado para gastos indirectos, estudios políticos o para patrocinar actividades en los Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, dice que ''el asunto no es el dinero, que es una gran cantidad para Cuba, sino su origen''.
''En todas partes del mundo'', añade, ''eso se llama ser un mercenario''.
Pero Pollán responde que ese dinero del exterior es necesario para sobrevivir.
''Tenemos que subsistir'', dijo. ''La mayoría de nosotros no trabajamos. Nuestros maridos están presos y los empleos están cerrados para nuestros hijos (adultos)''.
Pollán era profesora de un colegio secundario, pero debió renunciar bajo presiones tras criticar al gobierno.
Funcionarios cubanos dedicaron recientemente una semana en los programas de televisión a un caso que consideran muy alarmante: acusaciones de que un importante diplomático norteamericano en La Habana, Michael Parmly, llevó dinero a disidentes que procedía de donaciones de Rescate Jurídico, un grupo privado. El liderazgo del grupo lo tenía un exiliado de Miami, Santiago Alvarez, quien fue condenado en Estados Unidos por conspirar para recolectar armas destinadas a derrocar el gobierno cubano.
''Es un incidente muy grave'', dijo Francis Boyle, profesor de leyes internacionales en la Universidad de Illinois. Boyle sugirió que Estados Unidos habría violado la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
''Imagine que al-Qaida intentase enviar dinero a algún grupo disidente en este país usando alguna embajada emplazada en Estados Unidos'', dijo Boyle.
Pollan admite que recibió 2,400 dólares del grupo, pero dijo que era un pago hecho una sola vez que fue dividido entre los 18 miembros de las Damas de Blanco.
Los disidentes dicen que ponerse en contra del gobierno es lo mismo que criticar al presidente de una empresa que controla una ciudad. Los intereses del estado representan más de un 90% de la economía y los salarios son, como promedio, de 20 dólares por mes, y apenas suficientes para poder vivir.
Los teléfonos de los disidentes son controlados, sus viviendas vigiladas y filmadas, y las diminutas organizaciones infiltradas por agentes encubiertos. Los activistas también pueden perder sus empleos o ser relegados a posiciones indeseables.
Casi todos los cubanos, incluidos los disidentes, tienen vivienda gratis, cuidado de la salud y educación hasta la universidad. Raciones de arroz, papas, jabón y otros productos básicos permiten que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas la mayor parte de cada mes.
Pero otras necesidades, como papel higiénico o una ración adicional de aceite de cocina, generalmente requieren ser pagadas con divisas extranjeras, algunas veces de turistas, otras de familiares, inclusive en ocasiones de productos robados en sitios de trabajos estatales y vendidos en el mercado negro.
El disidente Oswaldo Payá dijo que los activistas tratan de ganar lo suficiente para vivir, como el resto de los cubanos, pero ''gran cantidad de ojos'' observan a los disidentes y muchos dicen: ''¡Ajá, ustedes están recibiendo dinero!''
''Nadie se anima a decirles a los líderes del gobierno, 'Veamos en qué viviendas residen ustedes. Veamos cuántos automóviles tienen''', dijo Payá, quien recibió el galardón Sajarov a los derechos humanos de la Unión Europea en el 2002.
Paya, de 56 años, es un ingeniero médico que va a su trabajo en bicicleta. Dice que agentes del gobierno presionan a sus superiores para que él trabaje en horarios desusados, y obligan a sus colegas a espiarlo, con la esperanza de que renuncie. El gana unos 24 dólares mensuales y aunque dice que rechaza el respaldo de organizaciones de exiliados cubanos en Estados Unidos, no responde a preguntas de si recibe fondos de otras fuentes extranjeras.
''Es peligroso. Debemos pagar un precio (por las actividades disidentes). Somos vigilados, somos excluidos. Mi casa ha sido robada ... turbas han amenazado a mi familia'', dijo. ''Pero es el precio que hay que pagar. Esperamos que algún día, todos los cubanos puedan decir lo que se les antoje, sin tener que mirar por encima del hombro''.
Fotografía: Michael Parmly, el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, habla con Elisabet Pruneda, miembro del grupo Damas de Blanco, en esta foto del 8 de diciembre del 2005 en La Habana, Cuba (Jorge Rey/AP).