domingo, 26 de abril de 2009

Hijo de un cubano fue quien paró las torturas

En estos días que el tema de la tortura a los supuestos terroristas detenidos tras los atentados del 9/11, continúa asombrándome que en esta ciudad no se conozca el papel clave desempeñado por un abogado de padre cubano en detener el uso de estas técnicas inhumanas.
Alberto J. Mora nació en Boston en 1952. Hijo de una húngara y un cubano, ambos exiliados de regímenes comunistas. Ese mismo año, su padre llevó a la familia a vivir a Cuba. Cuando Fidel Castro llegó al poder, los Mora abandonaron la isla y se establecieron en Jackson, Mississippi. Allí Mora estudió en una escuela católica y luego en el Swarthmore College, donde se graduó con honores. Después trabajó en el Departamento de Estado, en Portugal. En 1979 se matriculó en la facultad de Derecho de la Universidad de Miami.
Criado en un ambiente conservador, Mora laboró como asesor durante el gobierno del ex presidente George Bush. Al llegar a la presidencia Bill Clinton, ocupó el asiento reservado a los republicanos en la Junta de Gobernadores para las Trasmisiones del Gobierno de Estados Unidos y asesoró a la emisora Radio Martí. También ejerció como abogado especializado en leyes internacionales de diferentes bufetes privados de Miami. Al triunfo de George W. Bush, fue nombrado consejero legal general de la Marina.
El 17 de diciembre de 2002, quince meses después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, David Brant, director del Servicio Investigativo Criminal de la Marina, le refirió a Mora su preocupación y molestia por la conducta de los interrogadores militares en el campo de detenidos de Guantánamo. Le planteó que se trataba de un personal que carecía de la preparación adecuada, que estaba obteniendo resultados muy pobres en su labor, y el cual recurría cada vez más al abuso físico y sicológico para tratar de sacarles información a los detenidos.
En una reunión posterior, Brant le dijo a Mora que existía el rumor de que estas tácticas estaban autorizadas al más alto nivel en Washington. Luego de conocer mejor la situación y consultar con otros funcionarios, Mora se reunió con el secretario de la Marina, Gordon England (en la actualidad subsecretario de Defensa), y con William Haynes, asesor general del Pentágono. A ambos expresó su rechazo a la utilización de tales técnicas.
El presidente Bush decidió en febrero de 2002 que los sospechosos de terrorismo detenidos por el gobierno de Estados Unidos no merecían ser tratados de acuerdo a lo estipulado por las convenciones de Ginebra. Mora trató de forma persistente de alertar sobre lo desastroso e ilegal de tal política. Expresó su opinión antes de que salieran publicadas las fotografías de los abusos en Abu Ghraib. El 7 de julio de 2004 envió un documento de veintidós páginas al vicealmirante Albert Church, quien dirigió la investigación sobre los abusos en Guantánamo. El 15 de enero le mandó otro a Haynes, donde describía las técnicas de interrogación que se estaban empleando en Guantánamo como un tratamiento del que lo menos que se podía decir era que resultaba cruel y poco usual. Un modelo de conducta que, en el peor de los casos, no cabía otro remedio que catalogar dentro de los métodos tradicionales de tortura.
Mora y otros abogados participaron en un grupo de trabajo, creado con miembros de todas las ramas militares para elaborar nuevas guías para los interrogatorios. Sus esfuerzos se vieron limitados una y otra vez por el grupo de asesores del vicepresidente Dick Cheney y la resistencia de varios de los más poderosos miembros del Gobierno.
Pronto Mora descubrió que respecto al tratamiento de los detenidos, el Pentágono había seguido una doble política: una más visible, destinada a tranquilizar a los críticos y a quienes temen que las violaciones puedan conducir a enjuiciamientos penales en el futuro, y otra secreta, que había permitido los maltratos, pese a las denuncias y los escándalos.
Gracias a la acción decidida de Mora, que le envió un memorándum especificando sus preocupaciones a Haynes y a Jane Dalton, asesora legal del general Richard Myers, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, se frenó la autorización de las torturas en Guantánamo. "Con placer le comunico que el secretario [de la Marina, Gordon England] ha rescindido la autorización, fue la respuesta de Haynes.
Al denunciar y tratar de impedir la crueldad y la tortura en Guantánamo, Mora dio un ejemplo de dignidad y lanzó una advertencia: "Da la impresión que muchos abogados del gobierno norteamericano desconocen los hechos históricos", dijo. Luego agregó: "Me pregunto si incluso están familiarizados con los juicios de Nuremberg, con las leyes de guerra o la Convención de Ginebra", agregó.

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