La ciudad de los avestruces

Parece que aún no ha llegado el momento de que todos, en Miami y en Cuba, le pidamos perdón a Elián González. Al cumplirse 10 años del asalto a la vivienda de los familiares del niño en La Pequeña Habana, se han repetido muchos de los argumentos típicos del exilio, no ha faltado la nostalgia e imperado los factores políticos, pero la reflexión y el balance crítico continúan ausentes.
Reconocer no sólo que fue un error político batallar por la permanencia del niño en Miami, sino fundamentalmente un acto de arrogancia del exilio, continúa a la espera del necesario debate.
Una aclaración preliminar. Hubiera preferido otra solución. No me resultó agradable ver la imagen del adolescente convertido en un cadete, en su papel de delegado del IX Congreso de la Juventud Comunista, y no cabe duda que ni Elián ni su familia pueden moverse libremente en la isla. Ciertos privilegios y beneficios de que disfrutan han estado acompañados de un control estricto y una vigilancia que el gobierno cubano debe justificar por la fama alcanzada por el niño y su valor simbólico, pero que también es un reflejo de la sociedad totalitaria en que vive.
Lo que pasa es que esta reacción emocional se contrapone al hecho de conocer a suficientes ex miembros de la Seguridad del Estado, ex pilotos de Migs, ex alumnos de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos y ex militantes del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas, que viven en Miami, para no ver este hecho como algo transitorio. Quienes desearon sinceramente que lo mejor para el niño era criarse fuera de Cuba tienen por delante mucho más que la resignación y el disgusto de verlo asimilado por completo al sistema imperante en la isla.
¿Qué hubiera sido mejor para Elián? ¿Permanecer en Miami o ser enviado a Cuba? Tengo más dudas que una respuesta clara. Rechazo las escuelas militares cubanas, pero también creo que estudiar en un centro de enseñanza propiedad del delincuente convicto Demetrio Pérez Jr. no es muy atractivo. Es seguro que iba a tener la ventaja de conocer un mundo más amplio que los límites de permanecer en la isla. Pero hasta dónde pueden ser valoradas estas ventajas materiales en el desarrollo emocional del niño. Porque lo que sí resulta fundamental y definidor --en éste y otros casos-- es la presencia del padre. Y a partir del momento en que Juan Miguel González llegó a este país con su familia, debió haber quedado claro que no quedaba otra opción que la entrega del niño al padre.
Hay algo primordial en este sentido, y es reconocer que todos los que de alguna forma participamos en el caso de Elián --y en Miami la lista se extiende a la mayoría de la comunidad cubana exiliada-- teníamos el derecho de expresar nuestras opiniones pero no a otorgarnos la facultad de poder decidir su destino. Que éste era un asunto familiar y que la prioridad al respecto la tenía el padre. Es en este sentido que considero que hay que pedirle perdón a Elián. No hay justificación ante la imprudencia de inmiscuirse en la vida del niño.
El Servicio de Inmigración y Naturalización cometió el error de no devolverlo lo más pronto posible, en momentos en que la dimensión política de la tragedia estaba presente, pero dentro del contexto de la situación cotidiana cubana. Luego trató de enmendar su error --pero por razones legales y locales no pudo hacerlo con la suficiente prontitud--, y lo entregó al padre cuando ya la custodia del niño se había convertido en una causa política de gran magnitud, en Cuba y en el exilio. El gobierno de Bill Clinton actuó como le correspondía hacer, de acuerdo a las leyes, y el ex mandatario ha hecho bien al reconocer que no tiene nada de que arrepentirse.
El arrepentimiento debe venir de quienes nos opusimos a la deportación, que nos dejamos seducir por diversos factores, desde la esperanza de creer que éramos capaces de decidir un futuro mejor para Elián --lo que no fue más que un acto de arrogancia-- hasta la dimensión casi mítica que acompañó al niño.
Las palabras y los argumentos se convirtieron en un laberinto de detalles unos importantes y otros intrascendentes, donde resultó muy difícil deslindar lo valioso de lo superficial. Al final, el mito se trivializó, y en última instancia la realidad cubana fue rezagada por el entonces rostro fotogénico de Elián.
La mayor de las paradojas fue la insistencia del exilio de echar a un lado la importancia de la familia, y dar prioridad a los argumentos políticos frente a los familiares.
¿Cómo resultó tan difícil comprender, por parte del exilio, que en un país que por filosofía otorga precedencia a los valores familiares, era seguro el rechazo a una actitud en que estos derechos pasaran a un segundo plano, desplazados por criterios políticos y la posibilidad de disfrutar de una infancia con mayores comodidades y privilegios en Estados Unidos y no en Cuba? ¿Quién pudo imaginar que se viera con simpatía la opción de que el niño no permaneciera junto a su padre sino con unos familiares lejanos?
Claro que no resultaba correcto considerar a Juan Miguel González un simple padre luchando por recuperar a su hijo, pero reducir su papel al de un monigote del régimen fue un error de un exilio concebido y desarrollado en la defensa de la patria potestad. Lo peor de todo es que, una vez más, la política del avestruz se ha impuesto, y muchos siguen sin reconocer tal torpeza.

La mala hierba

Hay una mala hierba que lleva décadas afianzada en el sur de la Florida, no en los pantanos de los Everglades sino en las calles de Miami: son los políticos demagogos y oportunistas que se apropian de la situación cubana para lanzar discursos públicos anticastristas y acumular acuerdos y medidas que responden a intereses especiales o sólo sirven para despilfarrar el dinero de los contribuyentes.
El legislador estatal David Rivera, republicano por Miami, es un buen ejemplo de ello. Rivera está más interesado en su agenda ideológica que en los problemas que afectan a su distrito.
A lo largo de su carrera, el legislador ha tenido un mayor éxito en lograr una agenda política, orientada a conseguir una mayor preponderancia de su línea política en la escena nacional y dentro de su partido, que en atender las necesidades de sus electores.
Al mismo tiempo, Rivera se ha mantenido activo en la puesta en práctica de medidas destinadas a la confrontación con el gobierno de La Habana, sin importarle mucho la efectividad de las mismas y guiándose simplemente por los mismos conceptos caducos que han llevado al fracaso del sector más intransigente y ultraderechista del exilio cubano.
Un legislador con una vocación especial para patrocinar leyes que luego las cortes echan abajo, ahora Rivera quiere prohibir que el estado de la Florida distribuya ``un virtual sello de aprobación'' a los bienes que se exportan a Cuba.
El llamado ``certificado de venta libre'' es un documento escrito que garantiza que un producto que alegue ser procedente de la Florida, realmente sea fabricado allí.
Rivera alega que mercancías con esos certificados no debían ir a un país comunista, o a ninguna nación que se encuentre en la lista de países que apoyan el terrorismo emitida por el Departamento de Estado.
El proyecto de ley de Rivera ha sido aprobado, sin discusión, por dos comisiones, incluyendo a la comisión de operaciones gubernamentales de la Cámara, el martes.
Ante la intensidad demostrada por el legislador para que se apruebe su medida, cabe pensar que la Florida emite muchos certificados para mercancías que se embarcan a la isla.
Sin embargo, la realidad es lo contrario.
El Departamento de Agricultura del estado emite unos 1,300 certificados anualmente. Sin embargo, el año pasado, según muestra la información estatal, sólo hubo dos para productos destinados a Cuba. Ambos fueron para Arnold's Food Distributors Corporation Tampa, que manda croquetas de jamón, cortezas de pan italiano, salsas para ensaladas y tamales vegetarianos a la isla.
Los números no detienen a Rivera, que ha declarado:
``Esto es una prioridad para mí'', dijo Rivera, que aspira llegar al Congreso en Washington. ``Si hay un solo certificado distribuido, es uno de más'', de acuerdo a una información publicada en este periódico.
Rivera tiene un historial único en lograr medidas que no llegan a parte alguna, en cuanto a Cuba se refieren.
Por ejemplo, en abril del 2008 la juez federal Patricia Seitz derogó la cláusula de una polémica ley que prohibía a las universidades estatales de la Florida financiar viajes académicos con aportaciones de instituciones privadas a países colocados en la mencionada lista de naciones que apoyan el terrorismo.
Ese mismo año, Rivera fue el copatrocinador, en la cámara estatal, de la propuesta HB 671, conocida como ``la ley sobre Cuba'', que contemplaba obligar a las agencias de viajes a pagar un impuesto anual e informar detalles de los viajes y envíos de mercancías, así como a efectuar un depósito bancario para afrontar bancarrotas o los resultados de litigios. En abril del 2009, un juez federal de Miami sentenció que la normativa era inconstitucional e interfería en asuntos de política exterior.
Ese es el problema del legislador David Rivera, que siempre quiere jugar a la política nacional, mientras en Miami y en la Florida se acumulan los problemas.
Rivera lleva años tratando de compensar, con su demagogia y politiquería, su mediocre actuación como legislador.
Estuvo entre los que votaron a favor de una ley que proponía pagar a los maestros según el rendimiento de sus alumnos, como si los educadores se dedicaran al giro de la venta de refrigeradores o lavadoras. También anulaba el mérito de las credenciales académicas y los años de experiencia.
El gobernador Charlie Crist vetó el jueves la propuesta de ley.
Durante varios años, el sur de la Florida ha recibido menos de lo que le toca en el presupuesto educacional.
Los millonarios recortes al presupuesto estatal han afectado básicamente a las escuelas, universidades, centros de salud y proyectos ambientales del sur de la Florida. Las escuelas de Miami-Dade y Broward se han visto perjudicadas por las rebajas.
Mientras todo esto ha ocurrido, políticos como Rivera han continuado llamando la atención con propuestas baladíes, que la prensa local refleja en detalle y pueden resultar gratas a los oídos de un grupo de exiliados cubanos que se aferran emocionalmente a formas caducas de lucha contra el castrismo.
En vez de andar persiguiendo un sello que poner a unas croquetas que se envían a Cuba, Rivera debería dedicar más atención a los problemas de su distrito.

La eternidad del presente

Desde la óptica del exilio, el proceso iniciado el 31 de julio del 2006, con lo que fue entonces la entrega temporal del mando del gobernante cubano Fidel Castro, ha tendido a verse con una óptica pendular, cuando la realidad y la historia cubana tienden al círculo o a la espiral. Durante meses -y hasta años- artículos de periódicos, programas de radio y televisión, comentarios en internet y blogs acumularon discusiones sobre dos conceptos supuestamente antagónicos: sucesión y transición.
Cuando los posibles cambios anunciados por el ahora gobernante Raúl Castro comenzaron a posponerse, y terminaron convertidos en parte de una nueva metafísica insular, la discusión giró hacia el estacancamiento y la posibilidad del caos y la catástrofe. En ese punto estamos todavía, entre la apatía y la violencia, a partir de la represión, la escasez y la corrupción, los tres pilares en que se fundamenta el gobierno cubano.
A la vez que el régimen de La Habana continúa exigiendo una actitud de aceptación absoluta e incondicionalidad a toda prueba -que no es más que abrir la puerta a oportunistas de todo tipo-, se aferra a un concepto medieval del tiempo: confundir el presente con la eternidad.
Dos son las actitudes que parecen determinar la conducta de quienes están al frente del gobierno cubano. Una es un afán desenfrenado en ganar tiempo, para mantenerse en el poder por lo que les queda de vida. Cae igualmente dentro de esta actitud su reverso: sobrevivir a la espera de la muerte natural de Fidel Castro, para a partir de ese momento establecer alianzas de todo tipo, las que incluso no excluyen a una parte de la comunidad exiliada, poder participar lo más posible dentro de un posible nuevo centro del poder.
La otra actitud parece ser el reflejo de un gran temor a mover lo mínimo, no vaya a ser que se tambalee todo. Una especie de efecto mariposa insular.
El general Raúl Castro aparenta estar interesado en lograr una mayor eficiencia en la economía. Pero tanto el limitado sector privado como el amplio sector de economía estatal están en manos de personas que conspiran contra esa eficiencia, por razones de supervivencia. La fragilidad de un socialismo de mercado es que su sector privado, si bien en parte está regulado por la ley y la demanda, en igual o mayor medida obedece a un control burocrático. Al mismo tiempo, ese control burocrático decide, en la mayoría de los casos, a partir de factores extraeconómicos, políticos e ideológicos principalmente.
Al ritmo que Raúl Castro está conduciendo los cambios, necesitaría vivir unos doscientos años para llevar a cabo una transformación en Cuba, y en ese caso limitada sólo a una mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Así y todo, esta reforma estaría encerrada dentro de los parámetros dados por la necesidad inherente al régimen de mantener la escasez y la corrupción como formas de control.
De este modo, nada hay que decir del recién terminado IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, en cuanto a la renovación de ideas y criterios. Tampoco es un resultado sorprendente, porque esa organización siempre ha ido a la zaga y no a la vanguardia, como se espera que hagan los jóvenes.
Por lo demás, el discurso del presidente Raúl Castro tampoco trajo sorpresa alguna, ni siquiera un aliento de tímidas reformas. La mención de apoyo al discurso de su hermano --hecha por Fidel Castro en una reflexión en la que de nuevo habla más de él que de cualquier otro asunto-- sólo llama la atención por la referencia a una cuestión nacional, algo que no es común en este tipo de escrito de quien aún es Secretario General del Partido Comunista de Cuba. Si Fidel cree necesario expresar su identificación total con las palabras de su hermano menor, no es por la necesidad de brindar un frente común, sino para darle un puntillazo a cualquiera que dentro de la isla tiene la esperanza de una apertura más o menos inmediata.
¿Tienen repercusión las palabras de ambos hermanos, para quienes persisten en plantear la necesidad de reformas y al mismo tiempo se manifiestan fieles al gobierno cubano? Salvo en el caso de que se produzca una fuerte represión en las próximas semanas, que busque invalidar o silenciar a quienes discrepan, no parece probable que el reclamo se interrumpa.
Ahora bien, lo que podría ayudar al desarrollo de estas posiciones, que hasta cierto punto podrían considerarse reformistas, es el desarrollo de un discurso dentro del exilio que rechace la confrontación, sin por ello renunciar a la denuncia de los abusos a los derechos humanos.
Mejor que dedicar tanto tiempo a la discusión de una transición que no llega -ni hay muchas posibilidades de que se produzca más o menos de inmediato-, sería apropiado dedicar mayor atención al análisis específico de una transformación lenta pero continua. Hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de los famosos cambios se debe distinguir entre los espontáneos o naturales y los dirigidos. Los segundos son las esperadas reformas, que no acaban de concretarse. Los primeros ya están en la calle.
Para alentar estos cambios espontáneos, el exilio debe asegurar a los que viven en la isla que cualquier participación de la comunidad exiliada tendría entre sus objetivos el contribuir a buscar los medios necesarios para lograr el difícil equilibrio entre la justicia social y la libertad individual.

Una posición no común

Sólo en el mes de marzo, han sido asesinados cinco periodistas en Honduras. Quienes fuera de la isla defienden el régimen de Cuba argumentan que estos crímenes no han tenido la misma repercusión en la prensa que la represión a las Damas de Blanco, la muerte del disidente preso Orlando Zapata y las huelgas de hambre que llevan a cabo Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer y Franklin Pelegrino del Toro.
El reclamo es cierto, si atendemos sólo a las estadísticas, la colocación de la información en determinada página de los periódicos y el tiempo dedicado durante las trasmisiones de televisión. Pero otros factores se deben tomar en cuenta. Uno de ellos es que lo que ocurre en Cuba despierta en general una mayor atención en la prensa desde hace decenas de años. Salvo en casos extremos --guerras, terremotos, huracanes-- las noticias de Centroamérica y el Caribe no tienen el mismo despliegue. No se juzga aquí la validez que pueda tener ese criterio o lo justo que resulta, sino se establece un hecho.
Otro aspecto es la relación especial, también desde hace mucho tiempo, que España mantiene con Cuba. Esto por no mencionar el caso de Estados Unidos y la comunidad exiliada residente en este país. Es indiscutible que todo ello repercute en la prensa de ambas naciones.
Así que tomar el caso del asesinato de los periodistas en Honduras, como ejemplo para demostrar que existe una campaña mediática contra Cuba, es un argumento limitado.
Esto, por supuesto, no limita el dedicar el mayor esfuerzo a la necesaria condena de estos crímenes.
Ahora bien, esta condena hay que verla dentro de la situación de violencia que vive el país centroamericano, y reconocer al mismo tiempo que no todos los atentados contra periodistas pueden ser supuestamente atribuidos a los partidarios o participantes en el golpe de Estado.
Los cinco periodistas muertos son José Bayardo Mairena, de 52 años, y Manuel de Jesús Juárez, de 55, quienes recibieron el impacto de al menos 13 disparos cada uno. También fueron asesinados Joseph Ochoa, de 26 años, David Meza, de 51, y Nahún Palacios, de 36.
Asimismo, Karol Cabrera, periodista de radio y televisión, ha sufrido dos atentados entre diciembre y marzo. En uno murió su hija embarazada, de 16 años, y en el otro Ochoa, cuando iba a su casa en Tegucigalpa.
Cabrera culpa de ambos atentados a los seguidores de Zelaya, sin brindar nombres.
Los partidarios del destituido Zelaya han rechazado reiteradamente esa versión.
Cabrera es una férrea defensora del golpe de Estado que derrocó a Zelaya el 28 de junio del 2009. El ex presidente de facto Roberto Micheletti responsabilizó por el primer atentado a los partidarios de Zelaya, sin presentar pruebas.
En lo que respecta a los asesinatos de Mairena y Juárez, la fiscal Wendy Caballero dijo a la AP que aún no se disponía de pistas al respecto.
``Aún no existe ningún elemento que oriente la causa de este doble asesinato'', declaró a la AP.
La policía continúa sin aclarar estos y otros crímenes, contra periodistas y civiles en general, que se producen en momentos en que Honduras es agobiada por una gran ola de violencia callejera.
Hay, sin embargo, un aspecto de estos hechos que debe destacarse. Un crimen no justifica otro. En el caso de las violaciones a los derechos humanos, no cabe un argumento al estilo de que ``ellos son malos, pero los otros son peores''.
No se trata de comparar insultos y golpes con balas.
Es declarar, simplemente, que ambas situaciones son condenables.
Desgraciadamente, lo que ocurre en Cuba sigue creando una polarización extrema.
Se mantiene la tendencia habitual de responder ante una violación de los derechos humanos, por un grupo político o un gobierno, con la mención a otra violación, de igual o peores características, llevada a cabo por otro grupo u otro gobierno. Ese es el clásico argumento de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.
Estar en contra de las violaciones de los derechos humanos en Cuba no quiere decir que uno necesariamente tiene que simpatizar con Luis Posada Carriles --a quien muchos en esta ciudad consideramos que es un terrorista--, estar a favor de las guerras en Irak y Afganistán y apoyar el embargo estadounidense al gobierno cubano. Ese aferrarse a direcciones contrapuestas de parámetros estrechos no permite un análisis más amplio. Sobre todo en estos momentos, donde las informaciones que llegan de la isla permiten apreciar que ha sido superada la época de las respuestas monolíticas, que por años caracterizaron al gobierno cubano.
Reconocer esta diversidad, tanto en La Habana como en Miami, debe convertirse en una premisa fundamental.
Que tantos gobiernos, políticos, fuerzas diversas y miembros de distintas corrientes de pensamiento rechacen en la actualidad el historial del gobierno en el tema de los derechos humanos no significa que la reacción en Miami tiene una patente de corso. Abogar por el fin de una izquierda extremista, que se ha convertido en reaccionaria y conservadora, no equivale a un aplauso a la explotación capitalista. El apoyo a la disidencia no es sinónimo de colocarse del lado de la ultraderecha de esta ciudad, que está tan en decadencia como el gobierno de la Plaza de la Revolución.