lunes, 19 de abril de 2010

La mala hierba

Hay una mala hierba que lleva décadas afianzada en el sur de la Florida, no en los pantanos de los Everglades sino en las calles de Miami: son los políticos demagogos y oportunistas que se apropian de la situación cubana para lanzar discursos públicos anticastristas y acumular acuerdos y medidas que responden a intereses especiales o sólo sirven para despilfarrar el dinero de los contribuyentes.
El legislador estatal David Rivera, republicano por Miami, es un buen ejemplo de ello. Rivera está más interesado en su agenda ideológica que en los problemas que afectan a su distrito.
A lo largo de su carrera, el legislador ha tenido un mayor éxito en lograr una agenda política, orientada a conseguir una mayor preponderancia de su línea política en la escena nacional y dentro de su partido, que en atender las necesidades de sus electores.
Al mismo tiempo, Rivera se ha mantenido activo en la puesta en práctica de medidas destinadas a la confrontación con el gobierno de La Habana, sin importarle mucho la efectividad de las mismas y guiándose simplemente por los mismos conceptos caducos que han llevado al fracaso del sector más intransigente y ultraderechista del exilio cubano.
Un legislador con una vocación especial para patrocinar leyes que luego las cortes echan abajo, ahora Rivera quiere prohibir que el estado de la Florida distribuya ``un virtual sello de aprobación'' a los bienes que se exportan a Cuba.
El llamado ``certificado de venta libre'' es un documento escrito que garantiza que un producto que alegue ser procedente de la Florida, realmente sea fabricado allí.
Rivera alega que mercancías con esos certificados no debían ir a un país comunista, o a ninguna nación que se encuentre en la lista de países que apoyan el terrorismo emitida por el Departamento de Estado.
El proyecto de ley de Rivera ha sido aprobado, sin discusión, por dos comisiones, incluyendo a la comisión de operaciones gubernamentales de la Cámara, el martes.
Ante la intensidad demostrada por el legislador para que se apruebe su medida, cabe pensar que la Florida emite muchos certificados para mercancías que se embarcan a la isla.
Sin embargo, la realidad es lo contrario.
El Departamento de Agricultura del estado emite unos 1,300 certificados anualmente. Sin embargo, el año pasado, según muestra la información estatal, sólo hubo dos para productos destinados a Cuba. Ambos fueron para Arnold's Food Distributors Corporation Tampa, que manda croquetas de jamón, cortezas de pan italiano, salsas para ensaladas y tamales vegetarianos a la isla.
Los números no detienen a Rivera, que ha declarado:
``Esto es una prioridad para mí'', dijo Rivera, que aspira llegar al Congreso en Washington. ``Si hay un solo certificado distribuido, es uno de más'', de acuerdo a una información publicada en este periódico.
Rivera tiene un historial único en lograr medidas que no llegan a parte alguna, en cuanto a Cuba se refieren.
Por ejemplo, en abril del 2008 la juez federal Patricia Seitz derogó la cláusula de una polémica ley que prohibía a las universidades estatales de la Florida financiar viajes académicos con aportaciones de instituciones privadas a países colocados en la mencionada lista de naciones que apoyan el terrorismo.
Ese mismo año, Rivera fue el copatrocinador, en la cámara estatal, de la propuesta HB 671, conocida como ``la ley sobre Cuba'', que contemplaba obligar a las agencias de viajes a pagar un impuesto anual e informar detalles de los viajes y envíos de mercancías, así como a efectuar un depósito bancario para afrontar bancarrotas o los resultados de litigios. En abril del 2009, un juez federal de Miami sentenció que la normativa era inconstitucional e interfería en asuntos de política exterior.
Ese es el problema del legislador David Rivera, que siempre quiere jugar a la política nacional, mientras en Miami y en la Florida se acumulan los problemas.
Rivera lleva años tratando de compensar, con su demagogia y politiquería, su mediocre actuación como legislador.
Estuvo entre los que votaron a favor de una ley que proponía pagar a los maestros según el rendimiento de sus alumnos, como si los educadores se dedicaran al giro de la venta de refrigeradores o lavadoras. También anulaba el mérito de las credenciales académicas y los años de experiencia.
El gobernador Charlie Crist vetó el jueves la propuesta de ley.
Durante varios años, el sur de la Florida ha recibido menos de lo que le toca en el presupuesto educacional.
Los millonarios recortes al presupuesto estatal han afectado básicamente a las escuelas, universidades, centros de salud y proyectos ambientales del sur de la Florida. Las escuelas de Miami-Dade y Broward se han visto perjudicadas por las rebajas.
Mientras todo esto ha ocurrido, políticos como Rivera han continuado llamando la atención con propuestas baladíes, que la prensa local refleja en detalle y pueden resultar gratas a los oídos de un grupo de exiliados cubanos que se aferran emocionalmente a formas caducas de lucha contra el castrismo.
En vez de andar persiguiendo un sello que poner a unas croquetas que se envían a Cuba, Rivera debería dedicar más atención a los problemas de su distrito.

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