lunes, 5 de abril de 2010

Una posición no común


Sólo en el mes de marzo, han sido asesinados cinco periodistas en Honduras. Quienes fuera de la isla defienden el régimen de Cuba argumentan que estos crímenes no han tenido la misma repercusión en la prensa que la represión a las Damas de Blanco, la muerte del disidente preso Orlando Zapata y las huelgas de hambre que llevan a cabo Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer y Franklin Pelegrino del Toro.
El reclamo es cierto, si atendemos sólo a las estadísticas, la colocación de la información en determinada página de los periódicos y el tiempo dedicado durante las trasmisiones de televisión. Pero otros factores se deben tomar en cuenta. Uno de ellos es que lo que ocurre en Cuba despierta en general una mayor atención en la prensa desde hace decenas de años. Salvo en casos extremos --guerras, terremotos, huracanes-- las noticias de Centroamérica y el Caribe no tienen el mismo despliegue. No se juzga aquí la validez que pueda tener ese criterio o lo justo que resulta, sino se establece un hecho.
Otro aspecto es la relación especial, también desde hace mucho tiempo, que España mantiene con Cuba. Esto por no mencionar el caso de Estados Unidos y la comunidad exiliada residente en este país. Es indiscutible que todo ello repercute en la prensa de ambas naciones.
Así que tomar el caso del asesinato de los periodistas en Honduras, como ejemplo para demostrar que existe una campaña mediática contra Cuba, es un argumento limitado.
Esto, por supuesto, no limita el dedicar el mayor esfuerzo a la necesaria condena de estos crímenes.
Ahora bien, esta condena hay que verla dentro de la situación de violencia que vive el país centroamericano, y reconocer al mismo tiempo que no todos los atentados contra periodistas pueden ser supuestamente atribuidos a los partidarios o participantes en el golpe de Estado.
Los cinco periodistas muertos son José Bayardo Mairena, de 52 años, y Manuel de Jesús Juárez, de 55, quienes recibieron el impacto de al menos 13 disparos cada uno. También fueron asesinados Joseph Ochoa, de 26 años, David Meza, de 51, y Nahún Palacios, de 36.
Asimismo, Karol Cabrera, periodista de radio y televisión, ha sufrido dos atentados entre diciembre y marzo. En uno murió su hija embarazada, de 16 años, y en el otro Ochoa, cuando iba a su casa en Tegucigalpa.
Cabrera culpa de ambos atentados a los seguidores de Zelaya, sin brindar nombres.
Los partidarios del destituido Zelaya han rechazado reiteradamente esa versión.
Cabrera es una férrea defensora del golpe de Estado que derrocó a Zelaya el 28 de junio del 2009. El ex presidente de facto Roberto Micheletti responsabilizó por el primer atentado a los partidarios de Zelaya, sin presentar pruebas.
En lo que respecta a los asesinatos de Mairena y Juárez, la fiscal Wendy Caballero dijo a la AP que aún no se disponía de pistas al respecto.
``Aún no existe ningún elemento que oriente la causa de este doble asesinato'', declaró a la AP.
La policía continúa sin aclarar estos y otros crímenes, contra periodistas y civiles en general, que se producen en momentos en que Honduras es agobiada por una gran ola de violencia callejera.
Hay, sin embargo, un aspecto de estos hechos que debe destacarse. Un crimen no justifica otro. En el caso de las violaciones a los derechos humanos, no cabe un argumento al estilo de que ``ellos son malos, pero los otros son peores''.
No se trata de comparar insultos y golpes con balas.
Es declarar, simplemente, que ambas situaciones son condenables.
Desgraciadamente, lo que ocurre en Cuba sigue creando una polarización extrema.
Se mantiene la tendencia habitual de responder ante una violación de los derechos humanos, por un grupo político o un gobierno, con la mención a otra violación, de igual o peores características, llevada a cabo por otro grupo u otro gobierno. Ese es el clásico argumento de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.
Estar en contra de las violaciones de los derechos humanos en Cuba no quiere decir que uno necesariamente tiene que simpatizar con Luis Posada Carriles --a quien muchos en esta ciudad consideramos que es un terrorista--, estar a favor de las guerras en Irak y Afganistán y apoyar el embargo estadounidense al gobierno cubano. Ese aferrarse a direcciones contrapuestas de parámetros estrechos no permite un análisis más amplio. Sobre todo en estos momentos, donde las informaciones que llegan de la isla permiten apreciar que ha sido superada la época de las respuestas monolíticas, que por años caracterizaron al gobierno cubano.
Reconocer esta diversidad, tanto en La Habana como en Miami, debe convertirse en una premisa fundamental.
Que tantos gobiernos, políticos, fuerzas diversas y miembros de distintas corrientes de pensamiento rechacen en la actualidad el historial del gobierno en el tema de los derechos humanos no significa que la reacción en Miami tiene una patente de corso. Abogar por el fin de una izquierda extremista, que se ha convertido en reaccionaria y conservadora, no equivale a un aplauso a la explotación capitalista. El apoyo a la disidencia no es sinónimo de colocarse del lado de la ultraderecha de esta ciudad, que está tan en decadencia como el gobierno de la Plaza de la Revolución.

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