El decoro en silla de ruedas

Nadie puede acusarlos de actos terroristas. Jamás les ha pasado por la cabeza poner una bomba. No son fanáticos peligrosos, capaces de lanzar una andanada de cohetes sobre un mercado o intentar un secuestro. No abogan en favor de una insurrección armada. Son opositores pacíficos o periodistas independientes, que no se dedican a proclamar el odio y la venganza.
Sin embargo, están encarcelados y algunos de ellos gravemente enfermos.
Disidentes cubanos cumplen largas condenas por el solo ''delito'' de divulgar la verdad y buscar cambios pacíficos en la isla. Recalcar el carácter pacifista de su lucha sirve para establecer un contraste entre las sentencias drásticas y una actividad que limita su acción al terreno de la palabra, las propuestas políticas y se realiza sin ocultarse.
El caso de Ariel Sigler Amaya es uno de los más emblemáticos. Su salud ha sufrido un grave deterioro en los últimos días, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
Sigler, de 47 años, es considerado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Un campesino fuerte, que practicaba el boxeo aficionado en la categoría de los pesos pesados, desde hace años se encuentra en silla de ruedas, por una ''neuropatía carencial'' asociada a problemas nutricionales, que adquirió en la cárcel y que puso en peligro su vida. Está internado en el Hospital Julio Díaz de La Habana, de acuerdo a la CCDHRN.
En el caso de Sigler, que Elizardo Sánchez, portavoz de la CCDHRN, cree que es el ''único preso de conciencia del mundo en silla de ruedas'', tiene una característica singular y macabra.
Existe la sospecha de que las autoridades se niegan a liberarlo, precisamente por su estado de gravedad, ya que al parecer se niegan a excarcelarlo en silla de ruedas.
El único ''delito'' de Sigler es haber sido líder del movimiento Opción Alternativa en la provincia de Matanzas. El y su hermano Guido fueron detenidos el 18 de marzo del 2003, durante la llamada Primavera Negra, en la que un grupo de 75 opositores fueron condenados a penas de más de 20 años de prisión.
Como la mayoría de los involucrados en la Causa de los 75, Sigler fue encausado bajo la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que entró en vigencia en 1999 para sancionar ''acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político''.
Los cargos de ''actividades subversivas'' por los que fueron condenados estos hombres resultaron torcidos hasta en la ortografía y sintaxis de las actas acusatorias. Libros, recortes de periódicos, teléfonos y computadoras fueron las ''armas del crimen''. Remesas de unos cuantos dólares las pruebas más contundentes del acto delictivo. Decir que los disidentes recibían ropa, alimentos y dólares del extranjero, el mejor recurso para despertar la envidia en otros.
Los presos políticos son sometidos a abusos generalizados, como reeducación ideológica forzada, reclusión en régimen de aislamiento por períodos prolongados y denegación de tratamiento médico en casos de enfermedad grave.
Además de mantener encarcelados a los opositores, el gobierno de Raúl Castro también ha recurrido ocasionalmente a golpizas, detenciones por períodos breves, actos públicos de repudio y negarles trabajo a los disidentes, entre otras tácticas. Como ha denunciado la organización Human Rights Watch, en conjunto estas formas habituales de represión generan un clima de temor que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos fundamentales en la sociedad cubana.
El gobierno del general Raúl Castro se ha apoyado, en particular, en la disposición sobre ''peligrosidad'' del Código Penal, que permite a las autoridades encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando simplemente existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre ''peligrosidad'' es netamente política, y define como ''peligrosa'' cualquier conducta que es contraria a las normas socialistas de Cuba, agrega la organización.
''Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno viven bajo un temor constante, pues saben que pueden terminar en prisión tan sólo por expresar su opinión'', ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El no conceder siquiera la liberación de los disidentes más enfermos, el régimen no sólo quiere acabar con la esperanza de un cambio dentro de la isla. Le preocupan también los cambios que cada vez con mayor fuerza se vienen promoviendo en Estados Unidos, en favor de una línea que no esté fundamentada en una retórica de confrontación. Ve como enemigos no sólo a los opositores conocidos, sino también a quienes manifiestan una fidelidad que sabe se vería erosionada en caso de producirse una mayor cercanía entre la isla y Estados Unidos.
Mantener prisionero a un opositor pacífico que se encuentra en silla de ruedas es un acto de crueldad. Considerar ''peligroso'' a todo aquel que disiente, una prueba de cobardía. Mantener un empecinamiento torpe ante cualquier cambio, una demostración de debilidad. El gobierno cubano continúa apocado, encerrado entre el extremismo y la miseria.