Niños rehenes

La emigración de los médicos cubanos ha sido por décadas un tema recurrente en el conflicto entre Washington y La Habana. El gobierno cubano niega o demora por años la salida de los facultativos, así como retiene a sus familiares si éstos desertan en terceros países.

Cerca de mil seiscientos profesionales médicos y técnicos de salud cubanos se han exiliado en Estados Unidos a partir de 2006, informó meses atrás The Wall Street Journal.

De acuerdo al Journal, 800 profesionales utilizaron a Venezuela como el primer país de enlace; luego Colombia con 300. De igual modo,135 huyeron por Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Namibia y Perú, con destino a EEUU. Para concretar las deserciones, un total de 1574 visas fueron emitidas desde consulados estadounidenses en 65 países.

Si el Gobierno cubano tiene 37.041 médicos y trabajadores de la salud en 77 países, según el Journal, eso significa que alrededor del 4,3 por ciento de ese personal médico ha desertado.

Algunos de los cambios en la política migratoria hacia Cuba, introducidos por el gobierno de George W. Bush, tuvieron un carácter marcadamente político. El resultado fue que sirvieron para aumentar la tensión entre ambos países, sin mejorar la situación en la isla ni beneficiar de forma amplia a los cubanos que tratan de emigrar.

Entre ellos, el más controversial fue el otorgar un parole a cualquier médico que se encuentra en una misión gubernamental en un tercer país y tome la decisión de desertar, así como el dar visado a los familiares del profesional.

En una “Reflexión”, Fidel Castro dijo que EEUU “robó a Cuba” el 5,16 por ciento de los profesionales graduados durante la revolución.

“Entre 1959 y 2004 se graduaron en Cuba 805.903 profesionales, incluyendo médicos. La injusta política de Estados Unidos contra nuestro país nos ha privado del 5,16 por ciento de los profesionales graduados por la revolución”, escribió Castro el 17 de julio de 2007, con el título de El robo de cerebros. Esto significa que unos 156.182 profesionales abandonaron Cuba.

Podría pensarse que el régimen de La Habana ha establecido mecanismos de control más estrictos, que dificultan la salida de los facultativos, pero en general el plan de las misiones médicas cubanas adolece de los mismos problemas de corrupción que otros modelos cubanos de cooperación o búsqueda de divisas.

Al final todo parece estar más cerca de otra versión de Casablanca: sobornos, la libertad puesta a precio, e irregularidades propias de un ambiente de guerra fría.

No se trata, sin embargo, de una disputa que se resuelve moviendo tanques y aviones, con declaraciones más o menos amenazadoras o mediante pactos estratégicos. Es un drama humano.

Dos médicos cubanos me mandaron hace pocos días un email en que plantean su caso. No tengo más que un mensaje electrónico, que me han autorizado a divulgar, para fundamentar esta denuncia. No necesito más porque no se trata de un caso único. Podemos hoy tomarlo de ejemplo a lo que sucede a otros muchos.

Uno puede estar o no de acuerdo con el entre juego político que ha provocado estas situaciones y argumentar sobre las decisiones tomadas por los protagonistas de la historia. Lo que me es muy difícil es admitir que, en este caso, alguien se coloque de parte de los verdugos. No estamos en la Edad Media, el Gobierno cubano tiene un concepto feudal en muchas de sus decisiones, tanto en su concepción del tiempo como en los recursos a que echa mano en muchas de sus disputas. Pero utilizar a niños como rehenes es inadmisible.

El cirujano general Antonio Velázquez de la Cruz y su esposa, Leonela Pérez Osoria, realizaban una residencia en cirugía plástica y de especialidad en medicina interna y general. Ambos partieron en una misión médica a Venezuela en 2003 y decidieron abandonarla en 2007. Luego de tres meses de permanencia en Colombia lograron llegar a EEUU, donde se le otorgó asilo y visa para su único hijo, Antonio de Jesús, de tres años de edad.

La primera acción del Gobierno cubano, según cuentan estos especialistas, fue expulsar el niño del Circulo Infantil a los tres días de conocerse la noticia. A partir de entonces se ha impedido la salida de la isla del niño.

Uno de los aspectos más patéticos de esta situación es que los padres se quejan de que, en su caso, el gobierno cubano se ha excedido en el plazo que generalmente toma el castigo a los familiares de los médicos que abandonan una misión en el extranjero.

En el caso de “los otros padres que hemos conocidos con situaciones similares, le entregaron sus hijos a los tres años. En el caso nuestro ya excede ese tiempo mi familia ha tocado todas las puertas en Las Tunas y La Habana, y hasta el Consejo de Estado, con documentación médica y certificados de psiquiatra y psicólogos donde se plasma las alteraciones emocionales y psicológicas que presenta el niño, pero la respuesta es que no lo van a liberar hasta que ellos se acuerden de que los padres son ‘médicos desertores’”, escribe Velázquez de la Cruz

“El cabecilla encargado de dar estas respuestas es el Tte. Coronel Abel Marrero Caballero jefe de Inmigración y Extranjería en la provincia de las Tunas el cual amenazó a mi suegra delante del niño de mandarlo a un orfanato, (tengo el video de lo que lloró mi hijito cuando llego a la casa)”, agrega Velázquez de la Cruz.

Hay una actitud malvada y zafia, por parte del Gobierno cubano, en el tratamiento de todos estos casos. Rechazar el abuso a niños indefensos va más allá de cualquier actitud política o vocación ideológica. Es repudiar una conducta cruel y exigir que termine.

El Twitter y el cañón

Emilio Ichikawa hace una distinción precisa en su blog, al referirse a la campaña que en estos momentos desarrolla el gobierno cubano contra los blogueros independientes de la isla, y el intento de vincularlos a la “ciberguerra”.

“El hecho real es que ninguna de las computadoras de los Blogger críticos de la revolución ha estado conectada a una torre de control de vuelos, a un sistema de artillería, a un surtidor de gases o aguas que pudiera malograr vidas o cultivos cubanos. Por tanto, la práctica de ninguno de sus operarios aplica para el concepto de ‘ciberguerra’ delimitado en el documental de ayer (lunes 21 marzo, 2011) de la TV CUBANA por el especialista de la Oficina de Información (MIC) Carlos del Porto”, escribe Ichikawa.

Luego añade: “La mayoría de los Blogger ‘contestatarios’ relevantes tienen más bien formación humanista y letrada, pero no dominan algoritmos ni solución de ecuaciones complejas; pueden, repito, lesionar la propaganda narcisista de buena parte de la prensa cubana, pero no están capacitados para actuar al nivel de lo que Del Porto ubica como ‘ciberguerra’”.

De hecho llama la atención que miembro alguno del exilio de Miami haya intentado esta forma más activa de oposición al castrismo. Ni siquiera se cuenta con el equivalente de un Posada Carriles, dedicado a contratar hackers por el mundo. Quizá esta declaración salga sobrando, pero tengo que hacerla: en ningún momento lo que escribo es un llamado a estas actividades o un reproche por su inexistencia, sino más bien un intento de descripción de una situación.

Lo cierto es que la belicosidad del exilio está tan reducida ―o tan carente de medios y de talentos―, que antes de sentarse frente a una computadora los activistas verticales prefieren salir a dar gritos, a la sombra si es posible. La explicación de que se trate de un problema de edad pone en evidencia la falta de un relevo generacional.

Sin embargo, que en el exilio al parecer no exista la menor idea de lo que se habla al referirse a una ciberguerra no detiene sino alienta al Gobierno cubano, que cada vez dedica una mayor atención al tema.

Lo hace de una forma superficial y mal intencionada, pero ello no le resta efectividad a sus objetivos.

En el caso de los blogueros cubanos, encabezados por Yoani Sánchez en las críticas de La Habana, la inclusión en la ciberguerra cumple dos funciones de primer orden: catalogar al grupo como enemigos de la revolución, lo que deja abierta la posibilidad de un fuerte castigo en cualquier momento, y brindar una continuidad al patrón represivo establecido por décadas.

En este sentido, cabe señalar que la oposición al gobierno cubano ha seguido una evolución, dentro de una línea de enfrentamiento pacífico, que ha llevado a sus miembros de una disidencia más activa en la creación de planes para un futuro gobierno ―e intentando siempre la realización de reuniones, actividades y hasta congresos― a otra más centrada en la escritura, la divulgación de hechos y la publicación de crónicas sobre la vida cotidiana en la isla.

La respuesta gubernamental ha sido no solo adecuarse a estos nuevos retos, el blog oficialista frente al blog opositor, sino hacer lo posible por encasillar a esta nueva disidencia ―para llamarla con un nombre que ni la describe ni le pertenece, pero al cual se puede recurrir a los efectos de establecer una continuidad― en el molde de la oposición más tradicional. Así se le describen ciertos rasgos distintivos, desde la edad al uso del internet, pero se le mete en el mismo saco de considerarlos asalariados de una potencia extranjera y agentes de desestabilización.

Lo que llama la atención aquí es que al tiempo que el gobierno cubano sabe que no es posible la comparación entre un Twitter y un cañón, se dedica a señalar al bloguero como un “enemigo armado”.

No es una simple coincidencia que la divulgación de lo que la Plaza de la Revolución considera como “ciberguerra” se lleve a cabo al tiempo que culmina la liberación del Grupo de los 75.

Es esa necesidad de mantener en alza el argumento de plaza sitiada, sobre todo a partir de que el país emprende una serie de cambios económicos imprescindibles, lo que explica en primer lugar esta última campaña, más allá de otras situaciones que pueden resultar circunstanciales pero no decisivas, como las revueltas que vienen ocurriendo en algunos países árabes.

El resultado es un juego de posiciones que tiende a favorecer más al statu quo, en lo que se refiere al poder político, que a un avance democrático.

Washington brinda todo su apoyo a ese reducido movimiento blogger, de una forma tan pública que a veces lleva a pensar que lo que lo mueve no es la eficacia de éste, sino sus limitaciones.

La Habana busca desprestigiarlo recurriendo a lo mismo: el dinero para justificar la represión, al categorizar a sus miembros de mercenarios, y despertar la envidia en la población de la isla.

El exilio cubano ―el sector más derechista, que es más determina en situaciones de este tipo― parece resignado a un apoyo más o menos abierto a las principales figuras del movimiento blogger, mientras omite o mira para otro lado cuando estas mismas figuras rechazan el embargo o hablar a favor de mayores contactos con Estados Unidos.

Por otra parte, y más allá de un aliento inicial de frescura dentro de las voces opositoras, hasta el momento el movimiento blogger no ha avanzado mucho más allá de la crónica, desde un punto de vista de análisis social e incluso periodístico y literario. No se trata de buscarle manchas, pero hay que establecer límites. Un apoyo sincero es mejor que una exaltación oportunista.

Prepotencia

Hay algo zafio en la actitud del Gobierno cubano de adecuar el calendario de las liberaciones de presos políticos no a una táctica sino a un capricho.

Lo que pudiera haber sido una maniobra cautelosa, determinada por una liberación escalonada, ha quedado subordinada al deseo expreso de demostrar que es el gobierno de la isla quien dirige el proceso.

¿Pero hay algo nuevo en ello? Se sabe que fue la Plaza de la Revolución quien fijo la agenda, estableció el calendario y escogió los interlocutores. Lo demás es escaramuzas de momento y críticas y reconocimientos con poca justificación.

Lo anterior no le resta méritos al papel de la Iglesia Católica ni echa a un lado que las condenas fueran injustas. Pero atribuir la puesta en marcha del proceso solo a la presión internacional, la muerte de Zapata, la huelga de Fariñas, las marchas de las Damas de Blanco y los actos de condena a la represión castrista en Miami u otras ciudades de Estados Unidos, es pecar de inocencia en el mejor de los casos o tratar de arrimar la sardina a la brasa en la mayoría del resto.
La realidad es que no solo la voluntad, sino planes específicos para el proceso de liberación de los detenidos estaban en marcha, y eran conocidos fuera de la isla, con anterioridad al fallecimiento de Zapata Tamayo.

Sin embargo, nada de lo anterior justifica la actitud miserable de un gobierno que incluso la semana pasada prefirió mantener en prisión a los dos disidentes cuya liberación acaba de anunciar hoy martes, y por lo tanto desencadenar las actividades de las Damas de Blanco ―que no pudieron salir de la vivienda de Laura Pollán― y los consecuentes actos de repudio.

En todo caso, fue un gesto de prepotencia no liberar a todos los prisioneros de la llamada “Primavera Negra”  antes de cumplirse el octavo aniversario de los arrestos.

Fotografía: un grupo de las Damas de Blanco sale el viernes 18 de marzo de 2011, a la puerta de la casa de Laura Pollán, líder de este grupo femenino que reclama la libertad de los presos políticos en Cuba y donde se reunieron para conmemorar el octavo aniversario de la ola represiva de la "Primavera Negra" de 2003.

Esto no es serio, ni siquiera en el diseño de la invitación. La bobería se impone en el exilio

Cero en Geografía

Por favor, que alguien les preste un mapa a los legisladores Ileana Ros-Lehtinen y a David Rivera, para ver si aprenden que Cuba no es un barrio de Hialeah.

Dice un cable de la AP:

´´El gobierno estadounidense debe impedir la exploración petrolera prevista en Cuba para los próximos meses, dijeron el lunes dos legisladores que representan a la Florida.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y el legislador David Rivera manifestaron que las autoridades deben implementar medidas que frenen la explotación petrolera en la isla porque, además de representar un riesgo ecológico para las costas estadounidenses, ayudaría económicamente al gobierno comunista´´.

¿Y qué es lo que ellos quieren? ¿Caerle a cañonazos a Cuba por buscar petróleo? Esta gente se durmió en el siglo pasado. Alguien que los despierte, por favor.

El dinero y el exilio moderado

Desde hace muchos años hay un interés creciente por lograr que Miami, o incluso todo el estado de la Florida, mantenga una política hacia la isla mucho más rígida que la acordada en todo el país. La meta no es sólo ir un paso más allá de las normas establecidas por Washington, sino convertir la política estatal en una avanzada de los objetivos nacionales, en lo que respecta al tratamiento del caso cubano.

Este esfuerzo se ha caracterizado por tener dos caras. Una efectiva, por una parte con la elección de diversos políticos republicanos al Congreso, y por la otra con lograr el apoyo de varios legisladores, y otra risible, con personajes del patio jugando a presidentes de república bananera, como el alcalde de Hialeah, Julio Robaina, quien propuso solicitar al Congreso de Estados Unidos que prohíba la entrada de artistas y músicos cubanos que viven en la isla. Lo que se busca es consolidar y aumentar el poder político en uno de los estados más importantes para las elecciones presidenciales, de forma tal que la política norteamericana hacia Cuba no esté influida solo por la labor de cabildeo y los poderosos contribuyentes cubanoamericanos del sur de la Florida, sino por una maquinaria que puede resultar clave a la hora de elegir al próximo mandatario de la nación más poderosa del planeta. Las pasadas elecciones legislativas fueron un claro ejemplo de ello, y un triunfo rotundo para quienes se empeñan en este esfuerzo.

Se trata de un grupo que aquí en Miami forma parte de una generación de relevo. Hombres y mujeres que por fecha y lugar de origen no comparten una historia común con los residentes de la isla ―la mayoría de ellos nacieron en este país―, pero que se consideran depositarios de una Cuba que dejó de ser. Hijos del anhelo de darle marcha atrás al reloj histórico, para borrar todo vestigio del proceso revolucionario, y herederos del llamado “exilio histórico”. Gracias a su participación en los triunfos electorales de los hermanos Bush, este grupo desempeñó un importante papel en la confección de la política norteamericana hacia la isla durante los últimos años. Sin embargo, el cambio de gobierno en Washington y los primeros dos años de un Congreso dominado por los demócratas no logró disminuir su poder, sino todo lo contrario. Por otra parte, y hasta el momento, su éxito político obedece al hecho de continuar ampliado una política que es afín a la parte más conservadora de los votantes cubanoamericanos. Este segmento continúa demostrando que es predominante en la boleta electoral.

Como siempre, el dinero ha servido en este sentido. En buena medida la clave para la notoriedad y el interés en cualquier aspecto en que esté involucrado el famoso ´´caso cubano´´ es que siempre hay dinero, en algunos casos mucho dinero.

Esta influencia política y económica no se limita a las urnas de votación. Para citar un ejemplo reciente, la periodista Ann Louise Bardach, que acaba de declarar en el juicio contra el ex agente de la CIA Luis Posada Carriles, ha escrito que el juicio que se sigue contra éste se han gastado millones de dólares. Bardach considera que los estimados de gastos se calculan entre los $25 y $40 millones, que es probable que la mitad de ese dinero se ha utilizado para pagar el calificado equipo de fiscales, aunque ambas partes parecen contar con una cantidad infinita de recursos financieros.

Resulta singular que en este caso, y aunque aporta millones de dólares, lo que se considera el exilio moderado obtenga tan poco a cambio, en el sentido de influencia política.

Todo lo contrario sucede a los que continúan siendo en gran medida protagonistas del drama cubano. El dinero sirve a la perfección a los objetivos de dos grupos reducidos, antagonistas declarados desde un principio, pero que comparten el interés en mantener un statu quo. En Estados Unidos, millones de dólares a través de las contribuciones de campaña, labores de cabildeo y mantenimiento de organizaciones exiliadas y opositoras, que actúan en favor del mantenimiento del embargo, una política de supuesta confrontación que se destaca sólo por su falta de resultados, y de no cambiar la estrategia de aislar a Cuba, algo que no rinde frutos desde hace décadas. A Cuba llegan millones de dólares también, en forma de remesas, llamadas telefónicas y visitas. No hay duda de que estos millones contribuyen no solo al alivio de la situación de familiares, sino al mantenimiento de una precaria economía nacional. Pero este dinero no ha actuado nunca como herramienta de presión de un exilio que rechaza la confrontación armada, sino que ha ido a sumarse a los fondos disponibles por un régimen que hasta el momento continúa con el control casi pleno de los recursos económicos del país. Fondos que influyen de forma determinante en la elaboración de una estrategia, y cifras aún mayores, que se limitan al ámbito doméstico. Desde la perspectiva del exilio, un dinero que funciona políticamente y otro nulo en igual sentido. Cambiar esta ecuación parece imposible. Y mientras no se logre, es difícil que La Habana, Miami y Washington arriesguen una pulgada que los acerque a una situación desconocida. Y ni que decir Hialeah, bajo la mirada abarcadora del alcalde Robaina, a la espera del regreso del “héroe” Posada y con la guardia en alto frente a cualquier bongosero impúdico e isleño.

Planes siniestros y salsa con sangre

Ya sabía yo que entre los cavernícolas de La Habana y Miami había más de un punto de contacto.

El Gobierno de Cuba expresó hoy martes que el interés de Estados Unidos en promover intercambios culturales con la isla no es real sino que responde a proyectos “siniestros” y a fines “mezquinos” para promover planes subversivos.

“De ese Gobierno [de EEUU] y de esa Oficina de Intereses (SINA) no hay nada que esperar en términos culturales, no hay un interés real en la cultura, al contrario, hay interés en manipular los espacios de la cultura”, enfatizó el ministro de Cultura, Abel Prieto, en declaraciones emitidas por la televisión estatal.

“Los conciertos apolíticos no existen, la indolencia es el peor de los males porque al no tomar posición ante una dictadura, un régimen que es criminal, estás convirtiéndote en cómplice de ellos”, ha afirmado Ninoska Pérez, directiva del Consejo por la Libertad de Cuba (CLC).

Según el ministro Prieto, el sector de la cultura de Cuba tiene que prepararse para hacer frente a “ese proyecto tan siniestro y tan ajeno a un auténtico intercambio cultural” porque EEU pretende “sacar partido” de esos espacios de manera mezquina.

“No podemos entender cómo va a cantar en la Plaza de la Revolución cuando los discursos más importantes en contra de los países democráticos fueron pronunciados ahí por (Fidel) Castro, quien ha llevado el terrorismo a Latinoamérica y otras regiones”, declaró Miguel Saavedra, presidente de Vigilia Mambisa, en la protesta realizada bajo el lema “Un martillo y un disco de Juanes” en los días previos al concierto de Juanes en Miami.

En aquella ocasión, los manifestantes también quemaron una camisa negra en alusión al título de uno de los éxitos musicales de la estrella pop latina, ganador de doce Grammy Latinos.

La cubana Hibia Couce, por su parte, colocó en el suelo una camisa negra, la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego.

“Esto es lo que haremos con él, quemarlo por comunista, por traidor, por terrorista, por lamerle las botas a Fidel Castro”, señaló una exaltada Couce.

Se espera que a mediados de esta semana Saavedra, Pérez y Prieto ofrezcan una conferencia de prensa conjunta.

De mal para peor

Los esfuerzos para destituir al alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Alvarez, pueden tener un resultado funesto: la elección de Julio Robaina como sustituto en el puesto.

Robaina ha declarado que propone fortalecer la transparencia administrativa y la disciplina fiscal. En un político con su historial, lo de transparencia no hace más que producir una mueca cínica. Su declaración sobre disciplina fiscal debe leerse como una acción deliberada a quitarle impuestos a los ricos, recortar programas sociales y favorecer a los poderosos. Una version Tea Party para el condado.

A esto se debe añadir que Robaina es un político local con pretensiones de presidente de república bananera.

Fue el alcalde de Hialeah, Julio Robaina, quien propuso solicitar al Congreso de Estados Unidos que prohíba la entrada de artistas y músicos cubanos que viven en la isla.

Robaina ha dicho que “el intercambio aprobado a mediados de 2009 por la administración del presidente Barack Obama ha servido como un elemento provocador contra la comunidad cubana en Miami”.

De ser elegido alcalde de Miami-Dade, sus ambiciones de censor se verán incrementadas.

Fue Robaina también quien se presentó en un evento en el Big Five Club para homenajear a Luis Posada Carriles y recaudar más fondos para su defensa legal durante su actual juicio por perjurio en El Paso, Texas.

“Es sumamente importante mandar un mensaje de unidad, que estamos apoyando a un héroe de nuestra patria”, dijo Robaina a El Nuevo Herald al inicio del evento.

Si esta ciudad llega a elegir a un hombre que cataloga a un terrorista de patriota y héroe cubano será una verdadera vergüenza.

Al final la culpa va recaer en Norman Braman, el millonario detrás de los esfuerzos por destituir al alcalde de Miami-Dade.

“Asumo mi responsabilidad como ciudadano muy seriamente. Como hijo de inmigrantes, valoro la democracia y veo una maravillosa comunidad que me preocupa. Eso fue lo que me motivó”, dijo hoy Braman, según El Nuevo Herald.

Esa responsabilidad incluye prestarse a un rejuego político que puede tener consecuencias muy negativas para esta ciudad.

Fotografía: el alcalde de Hialeah Julio Robaina.

La alcancía de Orlando Gutiérrez

Orlando Gutiérrez Boronat, secretario Nacional del Directorio Democrático Cubano, ha decidido pasar el cepillo: “sin dinero para transportar activistas, ayudar a familiares de presos políticos y potenciar la sociedad civil con la tecnología para comunicarse con el exterior, la ya heroica lucha no violenta de los disidentes cubanos se hace aún más difícil”, escribe hoy martes en El Nuevo Herald.

Gutiérrez se presenta en su artículo ―en buena medida una pieza publicitaria a favor de la colecta― como miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami.

Muchas de las organizaciones de defensores de los derechos humanos en Cuba se han unido en el Frente Nacional de Resistencia Cívica liderado por el ex prisionero político Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, plantea Gutiérrez.

Como plantea el articulista-publicista, “la Asamblea de la Resistencia Cubana, que une algunas de las principales organizaciones de la comunidad cubana exiliada, hará su parte para respaldar a la Resistencia dentro de la Isla al iniciar la campaña ‘Todos Somos Resistencia’ que busca apoyo privado, de persona a persona, para esos en Cuba que están liderando la lucha de resistencia cívica por la libertad”.

En el exilio se presenta casi a diario la labor de estos grupos a favor de la democracia en Cuba, pero no solo hay mucho de exageración en las informaciones que se publican a diario, sino que a través de los años los resultados han sido muy limitados. Gutiérrez puede considerar que la resistencia cívica cubana ha logrado la excarcelación de docenas de prisioneros políticos en los últimos meses, y atribuirse de forma oportunista méritos ajenos, al obviar a la Iglesia. Es más, lo curioso es que Gutiérrez ahora salga a reclamar esos méritos, cuando su organización ha hecho lo posible por descarrilar el proceso.

Sin embargo, diferencias de enfoques aparte, está bien que organizaciones del exilio utilicen fondos privados para ayudar a la disidencia pacífica y a los familiares de los restantes presos políticos. No hay que oponerse a una recogida de fondos privados. Cada cual puede hacer con su dinero lo que le venga en gana. Con el ajeno es diferente. Si los que donan están dispuestos a darlo es su santa voluntad. Pero siempre se trata de acciones y gestos donde es necesario un máximo de transparencia.

Aquí es donde las cosas no son tan sencillas. Gutiérrez se presenta como miembros de una de las tantas organizaciones sombrillas que han surgido y desaparecido en Cuba a los largo de las últimas décadas. Si el aguacero del exilio y la realidad cubana no cambian, es lógico que sigan las sombrillas.

Ahora bien, Gutiérrez no es sólo miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami. También es secretario Nacional del Directorio Democrático Cubano.

Hay un historial en ese sentido que no se debe omitir.

Uno de los problemas con Gutiérrez y el Directorio Democrático Cubano, una empresa casi familiar, donde todo el mundo participa —y cobra— por las actividades que realiza, no es que mantenga un enfoque caduco sobre la realidad cubana, sino que sus actividades se han realizado fundamentalmente con fondos públicos norteamericanos, y que tanto él como otros miembros del Directorio se han expresado siempre a favor de determinados legisladores, figuras políticas y planes de gobierno, en una forma más o menos indirecta de hacer campaña electoral. En esta labor han ido un paso más allá de expresarse en contra del régimen cubano, y de asociar al anticastrismo únicamente con su forma de pensar y conducirse.

Por ejemplo, durante ocho años Gutiérrez y su grupo mostraron un apoyo incondicional a la anterior administración republicana, que siempre se mostró reacia a cualquier tipo de cambio en una política de supuesta “línea dura” hacia Cuba, que no ha producido resultado alguno en favor de la democracia en la isla.

Gutiérrez puede mantenerse aferrado en sus posiciones, pero al mismo tiempo otros también podemos seguir repitiendo que el dinero de los contribuyentes se malgasta cuando se entrega a grupos como el Directorio Democrático Cubano.

Sin embargo, lo más asombroso es cuando éste muestra su indignación por la frase del reportaje en que se afirma que el Directorio ha sido “cuestionado varias veces por el uso de fondos de ayuda a Cuba”.

Una auditoría de la Oficina de Fiscalización del Gobierno norteamericano, brazo investigativo del Congreso, halló poca supervisión sobre los programas de ayuda a la disidencia en Cuba, entre los cuales figuran aquellos por los que el Directorio Democrático Cubano recibió fondos millonarios.

Pero hay más. Varias organizaciones de Miami, en especial el Directorio, han perseguido fervorosamente los fondos que el gobierno norteamericano ha venido dando todos los años, supuestamente para el avance de la democracia en la isla.

El Directorio ha sido acusado de desviar para Miami los recursos para la asistencia a los opositores cubanos que residen en la isla, que otorga la Agencia de Desarrollo Internacional (USSAID).

Estas acusaciones no provienen de instituciones afines a La Habana, ni de simpatizantes de la revolución cubana. Tampoco fueron formuladas en Caracas.

Todo lo contrario. Un informe de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), dado a conocer en mayo del pasado año, mostró que menos del 17 por ciento de los $65 millones invertidos en asistencia federal a Cuba, en los últimos 10 años, se invirtió en “asistencia directa en la isla”.

El grueso de los fondos, indicó el informe, se dedicó a estudios académicos y gastos de organizaciones exiliadas en Miami y Washington.

El informe se hizo eco de las conclusiones de una investigación de The Miami Herald en 2006 y una auditoría de la Oficina de Fiscalización del Gobierno.

Una de las organizaciones que salió peor parada en este informe de la FNCA fue precisamente el Directorio Democrático Cubano.

Sobre estos informes se ha publicado con amplitud en la prensa de esta ciudad, en años anteriores. Con ese historial, yo lo pensaría dos veces antes de darle un centavo a Orlando Gutiérrez. ¿Y usted?

Comentarios memorables (V)

Este comentario a mi columna de lunes lo debe haber escrito un patriota, bajo las balas y combatiendo sin descanso. No puedo admitir a tantos farsantes entre mis lectores:

“En la situación en que se encuentra la tiranía hacer lo contrario a lo que propone Armengol es lo patriótico y lo necesario’’.

 

A ocho años de la Primavera Negra

El 18 de marzo se cumplen ocho años del inicio de la llamada “Primavera Negra” en Cuba, la ola represiva que llevó al arresto de 75 opositores pacíficos y desencadenó el movimiento de las Damas de Blanco; una repulsa internacional al castrismo, que aún se mantiene en buena medida; la intensificación del uso de la huelga de hambre como recurso de denuncia en última instancia; el acuerdo entre la Iglesia Católica, el Estado cubano y España para la liberación y salida del país de los prisioneros y los acontecimientos que por meses ―y años― han determinado en buena medida el panorama que a diario divulga y analiza la prensa, y buen número de expertos, sobre lo que ocurre en la isla. Desde las marchas de las Damas de Blanco y los actos de repudio por parte de partidarios del gobierno, hasta los vaivenes de los países europeos a la hora de rechazar o mantener la Posición Común frente al régimen de La Habana, buena parte de lo que ocurre en el terreno de los derechos humanos en la isla está marcado por ese antes y después de los arrestos masivos.

Pese a la evolución del movimiento opositor, de una disidencia hasta cierto punto de vista tradicional ―y cuyos líderes superaban los 50 años de edad― a un grupo menos encerrado en categorías, embriones de partidos políticos y organizaciones de nombres presuntuosos, que se dedica fundamentalmente a elaborar denuncias, dar a conocer actividades más o menos confirmadas y establecer una visión alejada de las aspiraciones del exilio histórico de Miami, hasta hace poco el enfoque represivo del régimen continuaba caracterizado por el patrón reafirmado con violencia en la primavera del 2003. Sin embargo, los cambios que ha experimentado ese enfoque han sido más bien de adecuación de un modelo, mientras mantiene intacta su esencia, que es castigar con dureza a lo que se considere, por parte del gobierno cubano, cualquier acción que vaya en detrimento de “la independencia del Estado cubano” así como de la “integridad de su territorio”. Las sanciones no pueden ser más severas, ya que van desde una privación de libertad de diez a veinte años hasta la pena de muerte. Pero donde cualquiera pudiera pensar que se trata de actos violentos y sabotajes, el gobierno cubano aplica los castigos a personas cuyos actos de rebeldía se limitan a uno o dos escritos, y cuyas armas se reducen a un teléfono y si acaso una computadora.

De las condenas a Raúl Rivero, Oscar Espinosa Chepe y decenas de periodistas independientes, al procesamiento del subcontratista estadounidense Alan Gross hay un hilo conductor común: encerrar por varios años a todo aquel que levante una voz en contra, no importa si lo hace en el patio de su vivienda, en un escrito entregado a la prensa extranjera o mediante una labor a sueldo de una nación hostil, que busca introducir tecnología que escape al control del control informativo del gobierno de La Habana, pero que no intenta la obtención de secretos militares o contribuir al conocimiento, o incluso contribuir al establecimiento de medios que pudieran ser utilizados con fines bélicos.

La ola represiva ordenada por Fidel Castro en 2003 cumplió varios objetivos. En cierta medida fue el triunfo del Proyecto Varela, la capacidad demostrada por sus organizadores para recoger miles de firmas y el obligar a un cambio de urgencia en la Constitución cubana, el detonador que produjo una respuesta tan violenta.

Recalcar la negativa del régimen a cualquier cambio legal y dentro de los marcos constitucionales va más allá de cualquier crimen. Que esa actitud se mantenga en la actualidad ―incluso en la puesta en marcha de cambios acordados por la máxima dirección del país― evidencia la debilidad del sistema. No una debilidad que permita afirmar que el régimen se desmorona o se caerá mañana ―ilusión tonta del exilio de Miami― sino un convencimiento de la posición inestable en la que se sostiene, que puede llevar a una crisis de grandes proporciones de ocurrir un estallido espontáneo producido por un reclamo social violento.

De ahí que la actitud de quienes en 2002 “descubrieron” la esencia represiva del régimen castrista ―aunque bienvenida entonces― no dejó de ser tan autojustificativa e hipócrita como la de los combatientes de café con leche de la Calle Ocho, que piensan derrocar al gobierno cubano con la ayuda de un mondadientes del Versailles en las noches de insomnio. El rechazo al gobierno imperante en Cuba debe fundamentarse en la negativa de éste al menor cambio democrático, sin esperar a que esta negativa tenga que apelar a la violencia extrema y sin encerrarse en un belicismo que no encuentra mejor bandera que unos cuantos gritos ante la actuación del cantante de turno procedente de la isla.

La diferencia fundamental que marcó lo ocurrido al inicio de la primavera de 2003 fue que, a diferencia de ocasiones anteriores, la violencia no bastó para acallar las voces. No se produjeron confesiones, autocríticas y lamentos. Las esposas y madres de los disidentes ocuparon en cierta medida los puestos de los detenidos y continuaron las denuncias. Los periodistas independientes siguieron publicando las informaciones que no tienen cabida en la prensa oficial, con mayor o menor fortuna en el ejercicio informativo.

Ahora es más necesario que nunca no “castigar” al gobierno de Castro con un recrudecimiento del embargo o repetir amenazas que no van más allá de La Calle Ocho. A ocho años de los arrestos en Cuba, nada mejor que ignorar los llamados de demagogos como el legislador David Rivera, y apelar a la cordura frente a la ignorancia.

El freno de la doble moneda

La existencia de la doble moneda en Cuba es uno de los factores que gravita negativamente sobre cualquier intento de reforma económica. Lo que empeora la situación en la isla es que, al tiempo que el gobierno cubano reconoce el problema, no demuestra un gran empeño en resolverlo.

Se ha tratado de enmascarar la cuestión con la afirmación de

que el origen de la doble moneda se encuentra en la grave crisis económica que se inició durante la primera mitad de la década de 1990. Sin embargo, el problema de la devaluación de la moneda cubana no se origina en esta década, sino que se hace más evidente entonces, aunque existía desde muchos años atrás. Es más, ni siquiera se trata de un problema único en la isla, sino una situación característica de los países socialistas existentes hasta entonces, desde la misma Unión Soviética hasta Cuba.

Lo sabía cualquier funcionario o artista que viajaba fuera de Cuba en los años anteriores al llamado período especial. Al llegar a cualquier aeropuerto internacional y mirar la pizarra de cambio de divisas, no solo no figuraba la moneda del país (el peso cubano), sino tampoco el rublo y la corona checa, por citar dos ejemplos.

En realidad, el concepto de peso convertible no nace en Cuba y poco tiene que ver con la mencionada crisis. En cualquier hotel moscovita, en 1980 había en los mostradores de venta para turistas mercancías valoradas en rublo-dólares. Es decir, con un valor que respondía no al rublo que circulaba en las calles de la capital soviética sino de acuerdo a otro distinto que se adquiría a cambio de dólares norteamericanos. Esas mercancías se encontraban en tiendas a las que no tenían acceso los soviéticos, ya que estaban destinadas a extranjeros (de hecho, los soviéticos tampoco podían entrar en estos hoteles, así que la prohibición era doble o triple).

Más que una solución temporal a corto plazo, la doble moneda actúa como un enmascaramiento del problema: trata de esquivar la realidad, que es el reducido valor del peso cubano frente a otras divisas.

El problema es conocido. El gobierno de la isla ha fijado una tasa de cambio que establece la diferencia entre el peso cubano y el peso cubano convertible (cuc), pero al mismo tiempo actúa con una doble moral al pagar en pesos y exigir cuc en las compras.

En muchas naciones subdesarrolladas y pobres, el valor depreciado de la moneda se asume como miseria, explotación de mano de obra barata y precios bajos. En otras, determinados controles estatales sirven más de pantalla que de control eficiente para mitigar la realidad. La Unión Soviética y Europa del Este fueron buenos ejemplos de esta política de avestruz durante décadas, pero no constituyeron casos excepcionales. En Latinoamérica se han sucedido gobiernos de estricto control monetario por otros de un liberalismo absoluto, con iguales resultados nefastos en ambos casos.

En el caso cubano, la dualidad no es solo monetaria. Tiene que ver con el sistema político y las aspiraciones sociales dentro de este sistema. La crisis se agudiza cuando las soluciones políticas sustituyen o tratan de ocultar la realidad económica. Las subvenciones del Estado a ciertas mercancías, determinadas industrias y algunos productos agrícolas ―una práctica por lo demás corriente en las sociedades capitalistas, donde el beneficiado es fundamentalmente el productor― funcionan mejor cuando se limitan a la función de mecanismo compensatorio, sin definir el panorama económico.

Sin embargo, cuando en un estado totalitario el control monetario asume la función de herramienta ideológica, por lo general lo que ocurre es el fortalecimiento de otros mecanismos propios de la economía informal ―y la culminaciónn de estas actividades ilegales es el mercado negro―, que al tiempo que deben su razón de ser al Estado (o a la ineficiencia estatal para aumentar la producción) no revierten ganancia alguna en éste.

Es por ello que el aceptar que la dualidad monetaria implica también una dualidad política debe servir no de justificación, sino de llamado de alerta ante la imposibilidad de resolver el problema solo con decretos. Es cierto que el actual gobierno cubano ha declarado una intención de avanzar en este terreno, fundamentalmente en el sector agrícola, con resultados muy limitados hasta el momento, pero aún no existen indicios de un ajuste total en las operaciones bancarias y comerciales fundamentado en los mecanismos del mercado, que no excluya controles generales, pero que permita a la actividad económica moverse con mayor libertad. Limitar la actuación de la ley de la oferta y la demanda a los precios de ciertos productos y mercancías sirve solo para agravar la situación.

Enfrentar el problema de la dualidad monetaria con un mínimo de realismo obliga a reconocer que la cuestión no se limita a intentar una mayor fortaleza del peso cubano, algo que no se ha logrado luego del comienzo de la década de 1960, sino establecer mecanismos que permitan un ajuste monetario a la realidad del país, al tiempo que se establecen determinadas medidas tendientes a aliviar la carga que implica dicho proceso para los más débiles (jubilados, niños, etc.).

Si el gobierno cubano apuesta a que un aumento de la productividad, supuestamente logrado mediante una mayor eficiencia de un medio de producción socialista, posibilite la eliminación de la doble moneda, no hace más que mezclar el problema con su solución. Resulta imposible, en las condiciones actuales de la isla, aumentar producción estatal y eficiencia sin liberar de una forma más amplia algunos sectores económicos. Solo con una legalización amplia de la economía informal y sin permitir la entrada de la banca internacional o la inserción de Cuba en algunos de los mecanismos de apoyo financiero internacional. Mientras el gobierno cubano no avance en este sentido, continuará el estancamiento actual.