lunes, 14 de marzo de 2011

A ocho años de la Primavera Negra


El 18 de marzo se cumplen ocho años del inicio de la llamada “Primavera Negra” en Cuba, la ola represiva que llevó al arresto de 75 opositores pacíficos y desencadenó el movimiento de las Damas de Blanco; una repulsa internacional al castrismo, que aún se mantiene en buena medida; la intensificación del uso de la huelga de hambre como recurso de denuncia en última instancia; el acuerdo entre la Iglesia Católica, el Estado cubano y España para la liberación y salida del país de los prisioneros y los acontecimientos que por meses ―y años― han determinado en buena medida el panorama que a diario divulga y analiza la prensa, y buen número de expertos, sobre lo que ocurre en la isla. Desde las marchas de las Damas de Blanco y los actos de repudio por parte de partidarios del gobierno, hasta los vaivenes de los países europeos a la hora de rechazar o mantener la Posición Común frente al régimen de La Habana, buena parte de lo que ocurre en el terreno de los derechos humanos en la isla está marcado por ese antes y después de los arrestos masivos.
Pese a la evolución del movimiento opositor, de una disidencia hasta cierto punto de vista tradicional ―y cuyos líderes superaban los 50 años de edad― a un grupo menos encerrado en categorías, embriones de partidos políticos y organizaciones de nombres presuntuosos, que se dedica fundamentalmente a elaborar denuncias, dar a conocer actividades más o menos confirmadas y establecer una visión alejada de las aspiraciones del exilio histórico de Miami, hasta hace poco el enfoque represivo del régimen continuaba caracterizado por el patrón reafirmado con violencia en la primavera del 2003. Sin embargo, los cambios que ha experimentado ese enfoque han sido más bien de adecuación de un modelo, mientras mantiene intacta su esencia, que es castigar con dureza a lo que se considere, por parte del gobierno cubano, cualquier acción que vaya en detrimento de “la independencia del Estado cubano” así como de la “integridad de su territorio”. Las sanciones no pueden ser más severas, ya que van desde una privación de libertad de diez a veinte años hasta la pena de muerte. Pero donde cualquiera pudiera pensar que se trata de actos violentos y sabotajes, el gobierno cubano aplica los castigos a personas cuyos actos de rebeldía se limitan a uno o dos escritos, y cuyas armas se reducen a un teléfono y si acaso una computadora.
De las condenas a Raúl Rivero, Oscar Espinosa Chepe y decenas de periodistas independientes, al procesamiento del subcontratista estadounidense Alan Gross hay un hilo conductor común: encerrar por varios años a todo aquel que levante una voz en contra, no importa si lo hace en el patio de su vivienda, en un escrito entregado a la prensa extranjera o mediante una labor a sueldo de una nación hostil, que busca introducir tecnología que escape al control del control informativo del gobierno de La Habana, pero que no intenta la obtención de secretos militares o contribuir al conocimiento, o incluso contribuir al establecimiento de medios que pudieran ser utilizados con fines bélicos.
La ola represiva ordenada por Fidel Castro en 2003 cumplió varios objetivos. En cierta medida fue el triunfo del Proyecto Varela, la capacidad demostrada por sus organizadores para recoger miles de firmas y el obligar a un cambio de urgencia en la Constitución cubana, el detonador que produjo una respuesta tan violenta.
Recalcar la negativa del régimen a cualquier cambio legal y dentro de los marcos constitucionales va más allá de cualquier crimen. Que esa actitud se mantenga en la actualidad ―incluso en la puesta en marcha de cambios acordados por la máxima dirección del país― evidencia la debilidad del sistema. No una debilidad que permita afirmar que el régimen se desmorona o se caerá mañana ―ilusión tonta del exilio de Miami― sino un convencimiento de la posición inestable en la que se sostiene, que puede llevar a una crisis de grandes proporciones de ocurrir un estallido espontáneo producido por un reclamo social violento.
De ahí que la actitud de quienes en 2002 “descubrieron” la esencia represiva del régimen castrista ―aunque bienvenida entonces― no dejó de ser tan autojustificativa e hipócrita como la de los combatientes de café con leche de la Calle Ocho, que piensan derrocar al gobierno cubano con la ayuda de un mondadientes del Versailles en las noches de insomnio. El rechazo al gobierno imperante en Cuba debe fundamentarse en la negativa de éste al menor cambio democrático, sin esperar a que esta negativa tenga que apelar a la violencia extrema y sin encerrarse en un belicismo que no encuentra mejor bandera que unos cuantos gritos ante la actuación del cantante de turno procedente de la isla.
La diferencia fundamental que marcó lo ocurrido al inicio de la primavera de 2003 fue que, a diferencia de ocasiones anteriores, la violencia no bastó para acallar las voces. No se produjeron confesiones, autocríticas y lamentos. Las esposas y madres de los disidentes ocuparon en cierta medida los puestos de los detenidos y continuaron las denuncias. Los periodistas independientes siguieron publicando las informaciones que no tienen cabida en la prensa oficial, con mayor o menor fortuna en el ejercicio informativo.
Ahora es más necesario que nunca no “castigar” al gobierno de Castro con un recrudecimiento del embargo o repetir amenazas que no van más allá de La Calle Ocho. A ocho años de los arrestos en Cuba, nada mejor que ignorar los llamados de demagogos como el legislador David Rivera, y apelar a la cordura frente a la ignorancia.

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