De todos los legisladores cubanoamericanos, David Rivera expresa en su estado más puro la división entre cubanos llegados en años recientes y cubanos que han permanecido por largo tiempo en este país, o aquellos que son hijos de cubanos provenientes de las primeras oleadas de exiliados.
A nivel familiar, en la mayoría de los casos, esa división no existe. Tampoco uno la encuentra en las calles de Miami ni se evidencia en las áreas residenciales, En esta ciudad no hay barrios para los recién llegados ni zonas de exclusión. Por supuesto que muchos de los llegados hace ya décadas tienen mejores viviendas y trabajos, pero esa no es necesariamente la norma ni rigen cuotas de restricción. Hay recién llegados que han hecho el dinero suficiente para vivir confortablemente y personas que llevan muchos años en este país cuya vida se ha reducido a los limitados ingresos de una asistencia social siempre expuesta a los cortes presupuestarios. De hecho, al ser más jóvenes, muchos de los recién llegados cuentan con mayores posibilidades laborales.
Ahora bien, la división ha comenzado a acentuarse debido especialmente a las medidas sobre las remesas y los viajes adoptadas por el gobierno del expresidente George W. Bush. No son diferencias políticas, en el sentido de que los recién llegados tengan una mayor simpatía por el régimen cubano. No son discrepancias ideológicas. Nadie que ha llegado en los últimos días años ha salido a la calle a expresar una opinión favorable sobre los servicios médicos públicos, la banca estatal o la nacionalización de las empresas privadas. Las diferencias fundamentales radican en que los que han llegado en las dos últimas décadas priorizan a la familia sobre el mantenimiento de una estrategia política agotada frente al régimen de La Habana, quieren escuchar la música que oían en la isla y a los intérpretes que escuchaban en la isla, y para ellos la política es algo secundario, porque entre otras razones, adoptar esa actitud fue uno de los motivos que los llevó a irse de Cuba.
Los miembros de una parte del llamado “exilio vertical”, un nombre que expresa más declaración sonora que una realidad, no comparten esos criterios. Quieren seguir empeñados en una lucha anticastrista que es más verbal que cualquier otra cosa, y aferrados a sus puntos de vista caducos. Quieren, en última instancia, conservar el poder pleno y absoluto en esta ciudad. No solo decidir que políticos triunfan en las elecciones, sino también qué música se escucha en la radio y en las esquinas. Y por lo tanto cada vez se sienten menos a gustos con los que llegaron después. El legislador David Rivera, que tiene aún pendiente más de una investigación sobre manejos de fondos, se está convirtiendo en su político favorito, o al menos el está haciendo todo lo posible para lograrlo.
Rivera sabe perfectamente que hilos mover, que palabras usar y en cuales actos participar para el sector más fanático del exilio se sienta a gusto con él, y aquí entra el hacerle la vida imposible a los inmigrantes recientes que quieran viajar a Cuba.
El rechazo de Rivera hacia los cubanos recién llegados adquiere un grado tal que quiere dilatar el proceso mediante el cual los inmigrantes o exiliados recientes se convierten en residentes permanentes. Bajo su propuesta de ley, estos sólo serían elegibles para solicitar una tarjeta de residencia cinco años después de su llegada a Estados Unidos, algo muy diferente a la permanencia de un año que rige actualmente.
Aquí no termina el asunto. De ser aprobada la medida, también dilataría en cuatro años la posibilidad de que estos recién llegados puedan votar, ya que por lo general la ciudadanía se adquiere cinco años después de recibir la green card o tarjeta de residencia.
Riviera quiere mantener a los cubanos que llegan actualmente a Estados Unidos, Miami y posible su distrito en un limbo legal con un estatus migratorio de parolee durante cuatro años adicionales, con el fin de que no puedan viajar a Cuba. Al mismo tiempo se demorarían cuatro años más en convertirse en ciudadanos norteamericanos y, por lo tanto, votantes.
Salvo la ocasión en que el mismo Rivera quería quitarle los beneficios de Seguridad Social y Servicios de Salud a los ancianos que viajaban a Cuba, no conozco de una propuesta más vil de parte de un legislador estadounidense.
Uno tiende a pensar que los legisladores buscan lo mejor para sus contribuyentes, pero en este caso, el legislador David Rivera lo que quiere es que una buena parte de ellos sean ciudadanos de segunda categoría, sin poder viajar libremente o derecho a voto. Vale la pena preguntarse entonces, ¿cuál es la diferencia entre este legislador y muchos funcionarios que aún tienen el poder para perjudicar o incluso detener la vida de miles de cubanos? Si uno de los clichés más repetidos es que uno llega a tierras de libertad al establecerse en Estados Unidos, entonces qué pinta Rivera en todo esto. ¿Quiere establecer su mini Estado totalitario?
En primer lugar, el representante Rivera no solo está violando el compromiso de hacer lo posible por mejorar la vida de sus contribuyentes, ya que les quiere negar todos los beneficios que conlleva la ciudadanía norteamericana. En segundo lugar, la medida propuesta por Rivera tiende a dividir a quienes viven en este país, negándole o dilatándole la posibilidad de una plena integración a quienes llegan a estas costas. Por último, no conozco una medida más antipatriótica, si sigo considerando que la patria de Rivera es Estados Unidos y no el reducido grupo de recalcitrantes que votaron por él, los centros de reunión de la reacción, como Radio Mambí, y quienes lo lanzan a llevar a cabo ese papel de cancerbero troglodita.
Cuaderno de Cuba agradece la información brindada por The Cuban Triangle para realizar este post.
Para mayor información al respecto, en inglés, vea aquí.
Actualización: Rivera presentó la propuesta el primero de agosto, pero nada se dijo al respecto. The Cuban Triangle sacó la noticia el martes 16. Ahora, en la edición del miércoles 17 de El Nuevo Herald, aparece lo siguiente:
“Sus asesores dijeron que Rivera no había dado publicidad al proyecto de ley porque está a la espera de que el Congreso reanude sus sesiones para modificar la redacción de una sección que habría afectado a todos los recién llegados de Cuba, y no sólo los que regresan a la isla.
La redacción actual requeriría que los cubanos esperaran cinco años -en lugar del plazo actual de un año y un día- antes de que sean protegidos por la Ley de Ajuste, recibiendo residencia inmediata en Estados Unidos y otros beneficios. La nueva redacción, enviada por correo electrónico por la oficina de Rivera a El Nuevo Herald, dice que los cubanos no serán elegibles para la Ley de Ajuste si regresan a la isla antes de que su estado sea ajustado”.
Llama la atención ese cambio fundamental en la redacción de la propuesta. O Rivera actuó precipitadamente o le dijeron que modificara lo que había escrito.
En cualquier caso, el cambio no modifica la esencia del proyecto, que puede resumirse de la siguiente manera: un sector radical del exilio, llámese histórico, llámese intransigente, quiere que todos los cubanos que han llegado en los últimos años a este país entren por el aro, y aunque piensen diferente hagan lo que ellos, quienes se consideran dueños de esta ciudad y el exilio, consideran lo correcto. ¿Suena familiar? Pero nos dijeron que habíamos llegado a tierras de libertad. ¿O no?