Policías y corruptos

Esta semana se celebrará en Cuba el V Encuentro Internacional sobre la sociedad y sus retos frente a la corrupción. Participarán especialistas de 20 países e incluso expertos estadounidenses del Fondo Monetario Internacional, una organización que, por otra parte, nunca ha gozado de la simpatía del gobierno cubano, especialmente de Fidel Castro.

El coordinador del foro, el jefe de la dirección de relaciones internacionales de la Fiscalía General de la isla, Miguel Ángel García, ha dicho que el encuentro será ´´polifacético, muy abierto, de alto carácter científico´´.

Al evento asistirán más de 350 jueces, abogados, fiscales, procuradores, auditores, economistas, expertos en finanzas, politólogos, asesores jurídicos, profesores y estudiantes de derecho.

Puede parecer un esfuerzo encomiable, pero es un acto fútil. Para tratar el fenómeno de la corrupción en Cuba lo hace falta no es una reunión de expertos sino una redada policial.

El gobierno del presidente Raúl Castro ha declarado que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades más importantes y ya se han celebrado encausamientos o se llevan a cabo investigaciones que han destapado algunos escándalos muy notables. La Contraloría General de la República ―creada por Raúl Castro, y en cuya comisión desempeña un papel fundamental su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín― desempeña un papel cada vez más significativo en la sociedad cubana.

Hay sin embargo una cuestión fundamental, que no será debatida en el foro ni figurará en documento alguno. En Cuba la lucha contra la corrupción es una cuestión policial, no un problema moral ni educativo. No importa que se celebre un encuentro internacional o se lleve a cabo algún tipo de campaña. Lo determinante es que un agente fiscal no logre echarle el guante al administrador que roba o al ministro que trafica. Se dirá que lo mismo ocurre en todas partes, comenzando por Miami, pero hay una diferencia importante: la corrupción en la isla está extendida a todos los niveles ―desde el simple trasiego callejero hasta las empresas mixtas y las inversiones internacionales― y las fronteras entre lo ilegal y lo permisible son porosas, cambiantes y determinadas en muchas ocasiones por factores políticos y hasta de vínculos familiares.

Es decir, que durante varias décadas se han confundido las prácticas corruptas con los privilegios inherentes al cargo. Y aunque el gobierno de Raúl Castro ha tratado de imponer cierto ´´orden´´, no ha podido desterrar ciertas prácticas, actitudes y situaciones porque son típicas de un régimen totalitario.

Así que luchar contra la corrupción en Cuba es una labor policial. Cuando un intelectual advierte sobre tales conductas, no sale bien parado. Así le ocurrió a Esteban Morales, cuando se le separó del Partido Comunista de Cuba (PPC) por un artículo sobre la corrupción, donde advertía que ésta podría ´´destruir la revolución´´. Si bien se le restituyó la militancia a Morales, el ´´conteo de protección´´ no fue por gusto.

Lo importante, en el caso de Morales, y como viejo militante del PPC él parece haberlo entendido en ese sentido, es que lo que se mantiene sin cambio es la maquina estéril que determina cuando se puede y cuando no se puede formular una crítica. Y nadie mejor que un policía para dejar bien en claro lo permitido y lo prohibido.

No es que la corrupción sea un fenómeno endémico del totalitarismo cubano. Corrupción ha existido en la isla desde la época colonial. Fue una de las justificaciones mayores de las luchas independentistas y continuó con la independencia. Lo que ha caracterizado a este fenómeno durante el gobierno de los hermanos Castro ha sido su estructura piramidal y la censura a las denuncias contra los corruptos, por las implicaciones políticas de los casos. Así, tanto Fidel Castro como su hermano se han reservado para ellos el papel de fiscales.

Cierto que ahora Raúl Castro ha dado pasos de avance en la organización de un frente anticorrupción. Sin embargo ―y los peros y los sin embargos son inevitables cuando se trata de sistemas totalitarios, no es pesimismo sino simple precaución―, cabe preguntarse si esta lucha contra el delito no implica o encubre otro tipo de represión.

Hay otra disidencia en Cuba y los hermanos Castro siempre lo han tenido muy presente. No son hombres y mujeres valientes. No desafían el poder, porque forman parte del mismo. No gritan verdades, ya que se ocultan en la mentira. Ni siquiera se mueven en las sombras. Habitan en el engaño.

Son los miles de funcionarios menores ―y algunos no tan menores― que desde hace años desean un cambio nacional, pero al mismo tiempo lo temen y son incapaces de producirlo. Quieren que todo cambie, pero que al mismo tiempo ellos sigan iguales. Nunca han distinguido sus privilegios del robo institucional, la prebenda o la corrupción en su forma más descarnada. Ni tampoco les ha interesado. Ahora están en la mirilla y ellos lo saben. No se trata de apostar por ellos para el futuro del país, y en la mayoría de los casos son fuerzas retrógradas. Nada de esto impide que potencialmente constituyan una tendencia antigubernamental o más bien contrarrevolucionaria, en una de las tantas acepciones del término. Desde el punto de vista represivo, atacarlos, enjuiciarlos, hacerles entrar por el aro ―en fin, meterles miedo― no deja de ser un ejercicio preventivo muy saludable en tiempo de crisis. Este es, en última instancia, un componente esencial de la lucha contra la corrupción en Cuba. Para ello no hacen falta juristas ni profesores. Basta entrenar a unos cuantos en el uso de la fuerza.