Cuando una buena noticia llega con un balde de agua fría: cambiar la reforma migratoria por un indulto

Fidel Castro hizo que Raúl cambiara la inmigración por el indulto, me comentaba esta noche Rui Ferreira. Es posible. Coincidimos en que un indulto tan amplio ―el mayor desde que Bernardo Benes logró que fueran puestos en libertad 3,600 presos políticos en 1978― era un gesto propagandístico de momento, más espectacular que una reforma migratoria. Es fácil suponer además que, con sus altas y bajas, dicha reforma hubiera desencadenado de inmediato críticas y protestas por lo que dejaba fuera o por sus limitaciones. Más que estéril, ambos teníamos claro que resultaba innecesario discutir si una reforma migratoria se imponía frente a un indulto amplio.

Sin embargo, ningún efecto momentáneo puede opacar que en Cuba es imprescindible llevar a cabo una revisión de las leyes migratorias, las cuales en el caso cubano se encuentran entre las más importantes entre las que rigen la vida de los ciudadanos. Se puede vivir en Hialeah y un viaje al exterior puede ser un ideal pospuesto toda la vida, otro más cerca, a cualquier lugar turístico del estado ―¡Disney World!― la ocasión que luego se recuerda en fotos y videos, pero la vida cotidiana transcurre mayormente sin que el viajar, salir, visitar o cualquiera de las palabras a que se recurre para expresar el deseo de evadir el entorno, se convierta en una obsesión. En Cuba no. Poder viajar o no al exterior, tener un pariente que lo haga, define la vida. El presidente Raúl Castro no solo acaba de posponer la reforma migratoria, sino de diluirla al decir que los cambios serán paulatinos. Otro balde de agua fría, para cerrar el año, ha caído sobre los cubanos. No hay que negarle la suerte a los indultados, simplemente que una ilusión se ha evaporado este fin de año, para la mayoría de quienes viven en la isla.

Al anunciar que la reforma migratoria se llevará a cabo a pasos lentos, Raúl brindó una de las claves del problema. Los cambios en este sentido van al centro o están vinculados con la actual concepción del proceso cubano como una ideología que valora en primer lugar el nacionalismo, el cual ha venido a sustituir al marxismo leninismo como fundamento del sistema.

Lo importante del proceso de actualización, reforma o cambio del sistema cubano es que avanza ―con mayor o menor lentitud― a través de un derrumbe de barreras. Pero cada barrera que cae no significa, para el gobierno cubano, una liberación. Más bien un nuevo reto, cada vez mayor.

En este sentido la eliminación de los permisos de salida y entrada, así como la condición de emigrante permanente, colocaría de inmediato al gobierno de la isla frente al problema de la doble ciudadanía.

Basta revisar el debate y los reclamos de la disidencia, y ver que la entrada y salida libre del país ocupan el primer lugar en los reclamos. Converse con cualquiera en las calles de Cuba, y el sueño de poder viajar fuera de la isla sale a relucir de inmediato. Una vez eliminadas estas restricciones, lo que quedaría en pie es la siguiente pregunta: ¿por qué los cubanos que salen de Cuba de forma definitiva, según las propias leyes del país, y se hacen ciudadanos de cualquier otro, especialmente Estados Unidos, tienen que renovar el pasaporte cubano para volver a entrar a su país de origen, aunque sea por unos días? Pero incluso esta pregunta pasa a un plano secundario ante una interrogante mayor: ¿por qué el gobierno cubano no cumple sus propias leyes?

El movimiento disidente ha hecho una labor importante en la denuncia de la represión y en su intento de lograr cambios democráticos de forma pacífica. Esta es una parte de la historia.

En Miami, y hasta cierto punto en Madrid, se ha enfatizado en la divulgación de esta función represiva del régimen. Es necesario hacerlo. En primer lugar como forma de denuncia y además como medio de brindar alguna protección a los reprimidos. Esto es un principio que rige a las organizaciones de derechos humanos en todo el mundo, que hacen énfasis en los abusos y crímenes en cualquier país. No es lo mismo un preso en una cárcel cualquiera, del que no se conoce su situación en el exterior, que aquel prisionero que continúa indefenso, pero no ignorado por el resto del mundo.

Sin embargo, por ineficiencia, oportunismo, apatía ―o porque no existen los medios para ir más allá de la denuncia inmediata― en muchas ocasiones, al leer, escuchar o ver una información sobre Cuba todo se limita al conocido movimiento disidente, en el sentido más reducido del término: un puñado de organizaciones y figuras en las que se concentra toda la atención.

Lo que no se ha desarrollado aún ―o se ha desarrollado a un nivel tan limitado que no ha recibido la atención que merece, aunque se conoce de algunos casos― es un movimiento disidente que actúe en un diapasón más amplio de problemas, no solo de denuncia de la represión sino de aspectos jurídicos, económicos y sociales. No digo ―y enfatizo este punto― que no existan en Cuba grupos que actúen en este sentido. Lo que parece es que en el exterior no se les ha brindado la importancia que requieren.

Lo anterior nos enfrenta a la necesidad de denunciar no solo las violaciones que hace el gobierno cubano de los derechos humanos y los valores ciudadanos reconocidos internacionalmente, sino también de sus propias leyes. Y aquí es donde entra a jugar un papel fundamental el problema de la doble ciudadanía. Si la actual constitución cubana, en lo cual sigue las pautas de la Constitución del 40, no admite la doble ciudadanía ―y fundamenta que una vez que un cubano adopta una ciudadanía extranjera pierde automáticamente la cubana―, carece de sentido jurídico que al mismo tiempo exija a los ciudadanos de origen cubano, que viven en el exterior y han adquirido otra ciudadanía, tengan que entrar a Cuba con pasaporte cubano.

La cuestión se ha complicado aún más con la llamada Ley de Nietos. Hasta la fecha, 66,000 cubanos han recibido ya pasaporte español y se calcula que podrían sobrepasar los 180,000 cuando se resuelvan todas las solicitudes de nacionalidad en trámite, según informaron a Efe fuentes consulares españolas.

Hasta ahora la adopción del la ciudadanía norteamericana podría considerarse traición, venderse al enemigo y cambiar al país por un pantalón de marca. Al hacerse españoles miles de cubanos han dado un paso más allá. No solo ―de acuerdo al punto de vista del gobierno cubano― han incurrido en todas las formas de deslealtad enunciadas anteriormente, sino han demostrado un enorme desprecio por la situación en que ha caído su país de origen. Las implicaciones son varias y las lecturas también ―desde echar por tierra los ideales independentistas hasta estar más allá de conceptos en transformación en el mundo moderno, como es el de patria―, pero están diciendo a las claras una sola cosa: la Cuba que ellos conocen no vale una peseta.

Para un gobierno que machaca hasta el cansancio un ideal nacionalista decimonónico ―y cuyos repetidores en el exterior pulsan una y otra vez la misma tecla― admitir la doble ciudadanía es demasiado. Pero tampoco parecen estar dispuestos a poner en práctica la ley, y despojar de la ciudadanía cubana a quienes no la quieren. Incluso dentro de Cuba se han dado casos de intentos de renuncia de la ciudadanía cubana, en que no se ha logrado que las instituciones gubernamentales cumplan con las leyes del país.

Esta doble trampa para el gobierno cubano es lo que impide que se lleve a cabo una reforma inmigratoria amplia y completa, como también contribuye a que el gobierno cubano no esté dispuesto a un diálogo profundo y abierto con quienes viven fuera de Cuba, salvo las reuniones ocasionales con el coro que aplaude y aprueba solo las resoluciones contra el embargo. Lo único que cabe esperar en los próximos meses es una barrera suspendida, quizá disminuida a la mitad, un permiso extendido por varios años: migajas, limosnas, fantasía barata para que la cacareen los corifeos de Miami y otras ciudades.