La república de Miami-Dade

Una vez más, los legisladores de la Florida confunden su función e intentan jugar en las “Grandes Ligas” políticas de la nación. Ese afán republicano ―y no me refiero en este caso al partido político sino al deseo de fundar y creerse república independiente― reaparece con notable énfasis en Tallahassee, no por desconocimiento de las leyes sino como escalera fácil para mantenerse en el candelero.

El proyecto de ley que prohíbe contratar compañías con vínculos de negocios con Cuba no solo es inconstitucional sino un desperdicio de dinero de los contribuyentes, ya que en caso de ser aprobada terminará en las cortes. Mejor sería que nuestros representantes dedicaran su tiempo a enfrentar los graves problemas económicos que enfrenta el estado, pero ellos no están para minucias: su lucha es contra el comunismo, como si fueran una reencarnación de los Halcones Negros, aquellos comics de la época de la guerra fría, ahora cómicos del pasado.

La cuestión aquí no es mostrar un férreo anticastrismo. De lo que se trata es de ocupar la función que le corresponde a una legislatura estatal y no estar siempre aparentando ser nación cuando no se pasa del ámbito provinciano, de los comentarios de esquina y de estar inventando leyes a la medida de unos cuantos. Si bien algunos objetivos le han salido bien a estos legisladores, como son el fabricar distritos a la medida de los candidatos republicanos, otros solo le sirven como propaganda.

En tres ocasiones anteriores los tribunales han echado abajo medidas destinadas a restringir las relaciones de negocios en la Florida con compañías vinculadas a regímenes represivos. Dos de los casos están relacionados específicamente con la Florida y Miami-Dade. No es que nuestros bravos legisladores sean unos férreos opositores al comunismo y el resto del país esté en manos de liberales izquierdosos. Es, sencillamente, que quienes nos representan en el estado de la Florida son unos entrometidos, que se meten en asuntos que nos les corresponde, en lugar de dedicarse a mejorar la educación, crear mecanismos para incentivar el empleo, luchar contra la corrupción y mejorar los sistemas de salud, índices todos en que la Florida obtiene calificaciones bien bajas.

No es casual que este proyecto de ley aparezca en un año electoral. Por una parte evidencia un interés renovado en Miami, que se extiende a toda la Florida, de mantener una política hacia Cuba mucho más rígida que la acordada en Washington. Con un presidente demócrata en Washington, los legisladores que responden al sector más fanático del exilio cubano están incrementando sus esfuerzos para sacar a Barack Obama de la Casa Blanca.

El objetivo no sólo es una vuelta a las normas establecidas por el gobierno del expresidente George W. Bush, sino convertir la política estatal en una avanzada de los objetivos nacionales, en lo que respecta al tratamiento del caso cubano. Esto se ha hecho muy evidente con relación a los viajes a Cuba, el envío de remesas y los llamados ´´intercambios culturales´´, pero no son éstos los únicos aspectos que preocupan a los legisladores republicanos de la Florida. Hay un objetivo primordial de largo alcance: consolidar el poder político en uno de los estados más importantes para las elecciones presidenciales, de forma tal que la política norteamericana hacia la isla no esté influida sólo por la labor de cabildeo y los poderosos contribuyentes cubanoamericanos del sur de la Florida, sino por una maquinaria republicana que puede resultar clave a la hora de elegir al próximo mandatario de la nación más poderosa del planeta.

No hay que olvidar que miembros de este grupo ya desempeñan un importante papel en la confección de la política norteamericana hacia la isla, al formar parte del cuerpo legislativo federal. El objetivo es continuar ampliando una política que es compartida por una buena parte de los votantes cubanoamericanos con más años en el exilio. En última instancia, lo importante para ellos no es la efectividad de esa política, en lo que se refiere a poner fin al régimen castrista, sino que ésta ejemplifique su influencia política.

Considerar que medidas como este Proyecto de Ley de la Cámara de la Florida 959 (Florida House Bill 959) tienen solo que ver con la libertad de Cuba es realmente ingenuo. Quienes buscan imponer normas de este tipo responden al interés de volver a los años de Bush, cuando el territorio de esta nación estaba definido por líneas ideológicas convertidas en verdaderas fronteras. El centro y el sur dominados por una mentalidad provinciana, aislacionista por principio, apegada al fanatismo religioso y hostil hacia la inteligencia. Por otra parte, a lo largo de la costa oeste y al otro extremo —en la costa noreste— una zona donde impera el cosmopolitismo, la tolerancia sexual y religiosa y el culto al conocimiento.

Este contorno delineado a brochazos ha definido en buena medida a Estados Unidos. Los ocho años de gobierno de Clinton fueron un paréntesis, logrado por el carisma y la habilidad de un político astuto, y los dos períodos de Bush hijo su manifestación más clara. Los resultados de la crisis que permitió la elección de Barack Obama podrían convertirse en una parada momentánea.

Es en estos términos que hay que juzgar este nuevo proyecto de ley, más allá del rechazo que inspira el gobierno cubano. La demagogia republicana hacia Cuba está en plena campaña.

El sitio para robar y el lugar para vender

Desde que comenzó la escasez proliferó el mercado negro, cuya fuente fundamental de suministros es el robo. A su vez, la corrupción siempre ha sido —y continúa siendo— el delito por excelencia, a la hora de condenar a un miembro del Gobierno. Aunque se han usado como causar para una destitución especialmente desde que el general Raúl Castro ocupa la presidencia del país, nunca la ineficiencia o el apartarse de la línea oficial han logrado suplantar a la corrupción como el crimen imperfecto del dirigente y funcionario cubano.

Nada de lo anterior niega o justifica la proliferación de corruptos en todas las instancias del gobierno de la isla, sino más bien destaca que éstos son el resultado y no la excepción del sistema.

Por otra parte, y salvo en los casos de delitos más notables, la maquinaria de propaganda siempre ha tratado de establecer un patrón: los robos constituyen un delito en que el pueblo, en primer lugar, es el principal afectado, por encima del Estado, con el objetivo de lograr un mayor rechazo ciudadano hacia los culpables. Esta disyuntiva resultaba secundaria, a la hora de ejemplificar en un modelo caracterizado por la mezcolanza de los conceptos de patria, nación, Estado y ciudadanía, pero primordial en la creación de un estereotipo de víctima caracterizada por el desamparado y la pobreza, como constituye el ciudadano común, y no en otro esquema ―utilizado de forma más o menos de forma consciente por los especuladores y contrabandistas― en que se le quitaba algo a la poderosa maquinaria estatal para repartirlo entre los ciudadanos de a pie, aunque a cambio de un pago excesivo.

Se desconocen —o al menos no son públicos— los datos que permiten establecer en qué medida el mercado negro se ha alimentado de lo que se le quita a la población, a la hora de la venta para el consumo, y no de lo que se sustrae en las etapas anteriores del proceso.

El ejemplo de una heladería cualquiera puede ilustrar esta situación. Se ha hecho énfasis que el robo de helado ocurre en el momento en que el vendedor le quita a cada comprador un poco del producto, para al cabo del día contar con varios galones disponibles para la venta en beneficio propio.

Sin embargo, la práctica generalizada de este tipo de robo por lo general se fundamentaba en otro sistema: el administrador del establecimiento, de acuerdo con uno o varios empleados, vendían en el mercado negro una parte de los suministros que recibían, y cuando tenían noticias de que iba a realizarse una inspección rompían las neveras.

Como el arreglo de éstas demoraba, en el mejor de los casos, varios días, declaraban como pérdida todo el helado almacenado, por lo común una cantidad mucho menor a la que debían tener.

Aquí el delito es mucho más complejo y grave, que el limitado a quitarle un poco de helado a cada persona. Incluye una red de corrupción muy amplia.

El administrador era avisado de la visita de un inspector dispuesto a hacer una denuncia de encontrar un faltante (en caso de que éste no formara parte de la red de venta o no se dejara sobornar) y optaba por destruir la propiedad estatal ante el peligro de ser cogido en falta. Para encubrir su falta, incurría en un delito aún mayor, y al robo de una porción del helado recibido se agregaba la destrucción de la maquinaria del establecimiento. Así, este tipo de conducta representa para el Estado un delito mucho más costoso que una simple sustracción de medios. Es precisamente contra estas actividades ilegales que el gobierno de Raúl Castro desarrolla una amplia campaña, al tiempo que también persigue algunos casos de corrupción mayor.

Sin embargo, la persecución de estos delincuentes siempre se ha dificultado por las implicaciones políticas de los casos. En Cuba los parámetros políticos tienen un mayor peso que la capacidad administrativa a la hora de escoger a la persona para que esté al frente de una empresa.

Esto ha dado como resultado el surgimiento de reglamentos y normas, en muchos casos ridículos, que pretenden medir y dejar bien establecidos los requisitos y las cantidades que deben cumplir cualquier alimento elaborado, así como lo que se espera que se lleve a cabo en el momento de realizar un servicio. De paso, las recetas y las medidas a la hora de hacer una bebida o un batido han pasado a ser decretos de Estado.

En planes y discursos el actual mandatario cubano ha declarado el fin de esa vinculación estrecha entre la administración y el gobierno y la maquinaria ideológica, pero hasta el momento los resultados son pobres en nulo. Lo que es más, sin un cambio constitucional y profundo, que implique la abolición del concepto del Partido Comunista de Cuba como la ´´fuerza dirigente superior´´ de la sociedad y del Estado, que ´´organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia lo sociedad comunista´´. Hasta que eso no ocurre, Cuba estará más cerca de un Estado teocrático que de una forma de gobierno de poder distribuido, no solo característico de una nación democrática sino fundamento necesario para una separación de funciones.

Mientras en Cuba persiste que, en lo que respecta a la distribución y el consumo de alimentos y mercancías, la corrupción y el robo sean simplemente los instrumentos necesarios para alimentar un sistema paralelo de compra y venta, la clara distinción entre el sitio para robar y el lugar para vender tiende a difuminarse. En la actualidad, muchas empresas estatales recurren al delito para poder brindar sus servicios. Si antes el mercado negro funcionaba como un medio paralelo donde los ciudadanos podían adquirir las mercancías que no encontraban en cantidades suficientes en el mercado estatal, ahora es este último el que no puede prescindir del mercado negro para seguir funcionando.

Se robaba en una tienda, bodega y pizzería, para luego vender en la calle lo sustraído. Había una distinción entre el establecimiento, de propiedad estatal, y el contrabando que entraba en la casa, si era posible, por la puerta trasera. Ahora todo se ha mezclado.

En competencia con la tienda o el restaurante estatal están otros, de mayor o menor presencia física, pero mucho más eficaces, que ofrecen una oferta mucho más diversificada o incluso venden lo que en las tiendas estatales no hay. Pero también hay otros establecimientos, en que los empleados y administradores afirman que tienen que dar menos de lo establecido porque ellos mismos han tenido que buscar, al margen del Estado, los productos o artículos necesarios para el servicio. Estos son los lugares que aspiran o han logrado la categoría de cooperativas de servicio.

Estamos entonces en presencia de una mezcla de realidad capitalista bajo una envoltura o disfraz de esfera de servicios socialista.

En muchos casos, lo que ocurre es un problema de precios. Administradores que dicen que tienen que ofrecer servicios a un precio mayor que lo establecido para así cubrir los costos de artículos adquiridos fuera de la red estatal , porque no son proporcionados por las instancias estatales.

En la práctica, el cumplimiento de la ley imposibilita el servicio. Las normas del gobierno no responden a la realidad del país. Diversas investigaciones, hechas públicas por la prensa oficial reportan que más de la mitad de las empresas estatales venden productos o brindan servicios a un precio mayor al anunciado o en cantidades menores a las ofrecidas.

En este sentido, otra de las tantas caras de la corrupción y el desorden en Cuba es que algunos tipos de delitos desempeñan un papel productivo y mercantil, que al tiempo que causan un problema resuelven muchos otros, y cuya solución es en última instancia la elaboración de leyes y procedimientos más adecuados a la realidad del país, y entonces establecer los requerimientos legales a cumplir.

Lo notable en todo esto es que las soluciones son sencillas y están a la vuelta de la esquina, y no tienen necesariamente que excluir la propiedad estatal del comercio mayorista ni la vuelta a un capitalismo salvaje. Con dejar a la iniciativa privada, la pequeña empresa o la creación de cooperativas el comercio minorista y los servicios, Cuba resolvería una buena parte de los problemas que agobian a la población y posibilitaría un incremento en los ingresos acompañado de un alza salarial que responda al costo real de la vida en la isla.

Aunque existen pronunciamientos en contra de la concepción malsana de convertir el Estado en proveedor absoluto, control omnipotente y fuente de beneficios y castigos, en la práctica se avanza muy lentamente en poner fin a esta situación.

Entre la explicación de que la maquinaria burocrática conserva cuotas de poder que impiden un mayor avance de los cambios y el argumento de que el propio centro de poder ―o incluso la figura de Fidel Castro― el factor determinante que impide un avance mayor, el estancamiento se extiende mes tras mes.

La libreta buena y la mala

En vigor desde el 19 de marzo de 1962, tras la implementación de una ley “para la mejor distribución de los abastecimientos”, la libreta de racionamiento en Cuba ha pasado por una transformación que refleja esa especie de montaña rusa, oxidada y en desorden, que es en la actualidad el modelo de gobierno imperante en la isla.

Si por décadas la libreta fue vista con odio por buena parte de la población, y como un instrumento destinado a obtener ingresos extras para algunos, hoy languidece cada vez más su acción y efectividad: con ella solo se puede obtener poco y malo de los escasos alimentos subsidiados que brinda el régimen.

La cuestión fundamental es que la libreta tiene dos aspectos, aunque se tiende a enfatizar uno y a olvidar el otro. Por una parte, se le considera un instrumento que regula la cantidad que se puede adquirir de un producto alimenticio, desde frijoles hasta algún tipo de carne. Esta función reguladora y restrictiva ha sido objeto de crítica, en Cuba y Miami, desde hace décadas. Pero hay otra función que cumple la libreta, la de canasta básica de alimentos: un medio que permite la adquisición de alimentos subsidiados. En los últimos años, es esta segunda función la que más ha sido destacada por la prensa, nacional e internacional, y por los propios cubanos, al punto de existir el temor de que ésta desaparezca. Se trata de un sentimiento de difícil comprensión para quienes abandonaron el país cuando la libreta era aún la presencia omnímoda de Fidel Castro en la mesa familiar.

De hecho, si la libreta se elimina, es posible que el gobierno cubano se vea obligado a poner en práctica alguna forma de subsidio, para un grupo básico de alimentos, destinado a las familias menos favorecidas. El gobernante Raúl Castro se ha referido a este sentido y no a la función igualitaria que con poco éxito la libreta desempeñó durante tantos años.

No deja de resultar conveniente que se imponga un enfoque más realista: la libreta sólo resuelve, a duras penas, la alimentación por algunos días, y siempre ha provocado más rechazo que cualquier otro sentimiento y opinión. Sin embargo, este enfoque no va muy lejos cuando no se aplican las reformas necesarias para superar las deficiencias.

Los productos por la libreta no cubren ni remotamente las necesidades mínimas y el problema de la falta de alimentos en los establecimientos estatales es ya una situación endémica en Cuba. El gobierno de Raúl Castro ha intentado organizar un poco mejor la economía, combatir la corrupción e incentivar ciertos sectores productivos como el campesinado. Hasta ahora, los resultados han sido muy limitados.

Hasta la prensa oficial cubana reconoce que el mercado negro ha sustituido, en más de la mitad de las empresas estatales de La Habana a la gestión socialista, lo que pone en evidencia el abismo entre los ingresos y el precio de los productos y los servicios. Y esto es solo para poner un ejemplo.

Desde que surgió la libreta, como medida igualitaria, el ya existente mercado negro reafirmó su posición de contrapartida. Al supuesto racionamiento ―que colocaba a todos los cubanos en fila, a la espera aburrida del mismo cartucho de frijoles, las iguales pocas onzas de café y eltem similar muslo de pollo raquítico― se enfrentó un aparente cuerno de la abundancia, no libre de peligros y a precios excesivos, que brindaba la posibilidad de tener, y en abundancia, lo que otros no tenían.

La fuente principal de suministros para el mercado negro siempre ha sido el robo. Un bodeguero o administrador sustraía determinado producto y lo vendía de contrabando. En ocasiones las mercancías se le robaban directamente al Estado, sacándolas de sus almacenes, pero en otras eran los consumidores los robados, quienes recibían menos de lo establecido. El ejemplo clásico del carnicero que alteraba la balanza y a cada comprador le daba un par de onzas menos de carne, para al final del día contar con varias libras que vender a sobreprecio.

El egoísmo y la desigualdad eran entonces las motivaciones principales para cometer el delito, mientras que el afán de una sociedad igualitaria impulsaba a los guardianes del orden. La libreta entraba en este esquema pueblerino del robo y la corrupción, transformada en un código de conducta, casi una segunda constitución cubana, la ´´carta magna´´ a exhibir en la bodega de la esquina ―porque siempre fue ajena al concepto de supermercado―, donde su ámbito era limitado pero su alcance se extendía a todo el país.

Hoy la libreta de abastecimiento no es más que un documento, en la mayoría de las veces manchado y desgastado por la calidad del papel en que se imprime, que ha llegado a situarse en la subasta de ebay con la esperanza de obtener algún comprador.

Esta pérdida de valor de la libreta no es más que un reflejo de la Cuba actual. No hay un gran mérito en esa forma de desaparición paulatina, al estilo del gato de Cheshire. Con la única diferencia de que, en lugar de sonrisa, al final quedará sólo una mueca sucia.

El ejercicio estéril de ignorar el debate

Los cubanos nos hemos destacado en agregar una nueva parcela al ejercicio estéril de ignorar el debate mediante el expediente fácil de ignorar los valores ajenos. Aquí y en la isla nos creemos dueños de la verdad absoluta. Practicamos el rechazo mutuo, como si sólo supiéramos mirarnos al espejo y vanagloriarnos.

Durante años, dos tendencias conformaron las reacciones ante los artistas e intelectuales procedentes de Cuba, que acudieron a Miami hasta que el gobierno del presidente George W. Bush pusiera fin a esos intercambios. La primera era de franco rechazo, de oposición abierta, desprecio y odio. La segunda, una búsqueda pasiva de un espacio abierto que permitiera el encuentro. Ambas demostraron sus limitaciones, una pobreza de imaginación y la carencia de la fuerza necesaria para echar abajo los obstáculos, colocados por los empecinados en el pasado.

Durante la administración de Barak Obama, que retomó la línea de su predecesor demócrata Bill Clinton ―sino con mayor énfasis al menos buscando más amplitud de criterios―, el desfile procedente de Cuba se ha incrementado, mientras que algunas experiencias culturales estadounidenses han llegado a la isla, notables en el ballet y la danza, limitadas en la música, ausentes en la literatura.

No hay que olvidar que este ´´intercambio´´, propulsado pero enunciado a medias, se concibe por parte de la Casa Blanca como a realizar entre Washington y La Habana, no entre La Habana y Miami. Como los mexicanos en las muertes atribuidas a Billy the Kid, los cubanos quedan fuera del conteo.

De lo que podría llamarse la primera etapa del intercambio cultural, esa que se extendió hasta el gobierno de George W. Bush, quedó poco de valor por apuntar en ambas partes. Apocalípticos e integrados bajo las categorías de la tolerancia y la intolerancia, en el exilio se desaprovechó la oportunidad de definir una posición que evitara la manipulación del régimen castrista. La incapacidad de arrojar el lastre de un nacionalismo provinciano hizo que junto al hostigamiento contra un supuesto enemigo llegado de la isla se incrementara la sobrevaloración de la nación existente antes del primero de enero de 1959. Un fenómeno con culpables no sólo en La Pequeña Habana.

Algunos en esta ciudad y en Washington intentaron cerrar la puerta para no ver lo que ocurría en la otra orilla. A 90 millas, se optó por omitir o reducir al mínimo la labor cultural, que en condiciones adversas se desarrollaba en Miami. Pese a limitadas aperturas, se censuraron nombres y logros. Todavía en algunos casos se censuran. La prensa oficial de la isla padece un síndrome de idiotismo censor, que solo se explica a partir del apoyo de las esferas de poder. Debían padecer un bochorno enorme quienes en la prensa oficial cubana omiten los nombres de los músicos cubanos en cualquier premiación internacional ―especialmente en Estados Unidos, especialmente ambos Grammy―, y si no les ocurre, si no son conscientes del ridículo, es que el temor se los impide. Y ese temor, por supuesto, tiene nombre y casa en la isla. Este párrafo estaría incompleto sin reconocer que mucho ha cambiado en Cuba en este sentido, si se compara con el vacío existente décadas atrás. Pero no sólo se deben reconocer los avances, sino llamar la atención sobre lo mucho que queda pendiente.

En esta nueva etapa, al menos dos factores han cambiado por completo el marco del debate. Uno es la existencia del internet, una esfera de acción que en gran medida define el terreno. Si hace cinco años ocurrió una ´´guerra de los emails´´ que se desarrolló fundamentalmente dentro de Cuba, con la participación de los artistas y escritores residentes en la isla, que eran fundamentalmente los implicados, hoy igual debate y advertencia saltaría de inmediato a los blogs, las cuentas en twitter y los diversos sitios que se han multiplicado en la red.

El segundo factor es la existencia de una juventud, que en forma múltiple y con los criterios más disímiles, han llegado para ocupar su legítimo lugar en lo que hasta hace poco se limitaba mayormente a quienes estaban alrededor de los cincuenta años de edad. Tanto buena parte de la primera disidencia se distinguió por situarse en esa franja de edad, como lo que podría llamarse la generación del Mariel estuvo marcada por creadores que en el exilio iniciaron o continuaron un desarrollo relativamente tardío de sus obras, a partir de los treinta años de edad.

Sin embargo, en la actualidad los treinta años definen una generación que queda por debajo, no por encima de esa cifra. Esto le está otorgando un dinamismo nuevo a un debate que más de una vez se ha iniciado, florecido y apagado sin resultado alguno.

El encuentro de la diversidad de criterios ha quedado pospuesto. La apuesta reducida al todo o nada. Antes que discutir o aceptar diferencias, abogar por la uniformidad. Mientras tanto --y gracias al apoyo de una administración en Washington ajena a los verdaderos problemas de Cuba y poco deseosa de encontrar soluciones reales-- se han reafirmado los cotos cerrados. La política de plaza sitiada alimentando discursos en La Habana y Santiago de Cuba, complaciendo las frustraciones de los televidentes del exilio, aferrada en apoyar emocionalmente a una comunidad que en buena medida ya se resiste a esa retórica gastada.

Una de las peores consecuencias de esta política cerrada -y también errada- ha sido la divulgación de una imagen de Miami donde impera una especie de estalinismo de café, y en que determinados círculos defienden la politización del arte con mayor furor que en la época nefasta del realismo socialista. "Dentro de Miami, todo. Fuera de Miami, nada" parece ser la consigna. Para agravar aún más la situación, los que la practican se equivocan en lo que -con otros argumentos y una exposición menos estrecha- habría que aceptar como válido en buena medida, y defienden con falsedades lo que en ocasiones es cierto. Quienes para criticar al totalitarismo no encuentran argumentos mejores que la repetición de valores y estrategias caducas no hacen más que favorecer al sistema que pretenden atacar, sin otra arma que la tergiversación y la añoranza de un pasado irrepetible.

La política inquisitorial de Bush y el rechazo de los círculos de poder del exilio de Miami han llevado a la pérdida de una confrontación necesaria, por la que a veces vale la pena pasar por alto las trampas del enemigo. Al tiempo que se debe defender el derecho que tiene cualquier artista o conferencista residente en la isla de venir a cantar, o a exponer sus ideas, no hay que dejarse seducir por los silencios o las declaraciones hipócritas de los que siempre están dispuestos a vivir entre dos aguas. No existe la despolitización del arte en Cuba. Tampoco existe la inocencia del baile. Pero vale la pena apreciar la mejor música, dondequiera que se produzca.

Durante muchos años, a todo aquel que se atrevía a formular la más leve crítica en Cuba se lo tildaba de "hipercrítico". Es curioso el arraigo de ciertas palabras. La mentalidad del militante del partido comunista, que imponía su discurso; del profesor de filosofía marxista, que propagaba el dogma, y del vigilante del Comité de Defensa de la Revolución, que espiaba al vecino, se extiende más allá de la disidencia y del derrumbe de la sociedad cubana. En esta ciudad se reproducen patrones de conducta traídos de la isla, junto con otros que a lo largo de los años han proliferado en el exilio.

Es en el comportamiento cotidiano donde más tendemos a sublevarnos, cada vez que se nos señala un defecto o limitación. Nos negamos a la crítica porque pensamos que nos denigra, en vez de aprender de nuestros defectos.

El inevitable reencuentro aplazado con los escritores y artistas de la isla encierra dos trampas. Una es la consabida e inevitable nostalgia, que en lo personal puede servir de saludable catarsis si no se prolonga más allá de 15 minutos. Apelar de forma superficial a los conceptos de patria y nacionalidad es la otra.

Cuando finalmente se produzca este encuentro, ¿vamos a formar un coro para entonar de nuevo la Guantanamera? Muchos que en Cuba se sentían extranjeros --o lo que es peor, desterrados-- no estarán dispuestos a sumergirse en un baño de cubanía de quincalla. Pero vale la pena luchar por la creación de un espacio común, entre los artistas e intelectuales de aquí y allá. Hay que conquistarlo, para quienes comparten nuestros sentimientos y opiniones, y también para los que se definen por tener los opuestos.

Fotografía: Presentación de la revista Criterios, en el aniversario 40 de fundada. Foto de Jorge Luis Baños Hernández, IPS - Inter Press Service

La puerta y el portero

Hay un error fundamental, una mala intención además ―y quizá esto segundo sea lo que realmente cuente― en limitar la celebración de los 40 años de la revista Criterios a la exclusión de entrada a tres personas. El hecho en sí es lamentable. La condena válida. Pero centrarse en lo ocurrido en la puerta aparta la discusión o el análisis de lo realmente importante: el debate que se celebró en el interior. El resto es rebajar a los panelistas, y al director de la revista y organizador del evento, al papel de porteros. Nada malo hay en ser portero, salvo que nadie acude al simple hecho de verlo abrir y cerrar una puerta a diario. El portero carece de poder de convocatoria; la puerta, o mejor dicho lo que hay detrás de la puerta, sí.

En la Cuba actual, y en especial si se trata de un evento cultural, vale la pena destacar lo que ocurre tras la puerta por una sencilla razón. Porque si seguimos limitándonos a ver solo el rol que desempeñan los organismos represivos en imponer restricciones a una labor cultural ―si continuamos enfatizando lo que se calla, si una y otra vez apostamos a lo que no ocurre―se termina dando la impresión de regodearse en lo oscuro, bajo el amparo de defender a las víctimas, reclamar el abrir la puerta para tres. Citar la cifra ―al menos tres, quizá fueron más― no rebaja la condena del hecho, sino que simplemente fija parámetros. Igual de condenable sería la exclusión solo de uno

Por otra parte, los más de cincuenta años de régimen totalitario en Cuba son también la historia de las exclusiones y las puertas cerradas. Desde el portero de restaurante que entendía que su función era cerrar la entrada hasta la codiciada invitación para ver el estreno de una película extranjera en la Cinemateca de Cuba. Así que el no dejar pasar ha sido la norma durante décadas. Ello no justifica cualquier política de cierre, sino sitúa la circunstancia bajo la cual se define cualquier actividad en la isla.

Lo que hace particularmente notable ese abre y cierra es su carácter político. La política de la exclusión y pertenencia existe en otras partes sin que de inmediato se produzcan protestas. Es más, este criterio político que acompaña al cargo de portero ―y lo define, con razón o sin ella― en miembro de un cuerpo represivo es también lo que convierte en codiciada la entrada. Ese público que llena cualquier sala en la isla ―ya sea por compulsión, interés o curiosidad―se vuelve esquivo a la vez que llega al exilio, desaparece, se pierde en las autopistas y supermercados.

Todas estas consideraciones pueden ser interpretadas como excusas, incluso como una velada ― no tan velada― justificación de una política de exclusión. Son todo lo contrario. Lo que se busca destacar es que resulta más saludable acompañar la defensa de las víctimas, el reclamo de los excluidos, con una exposición clara de lo que sucedió. De lo contrario, la exclusión adquiere un carácter doble: tanto de deja en la calle al que quiere ser espectador del conversatorio como se limita a este último a un simple acto en que tres no pudieron entrar.

En este sentido, creo necesario reproducir ahora varios fragmentos de lo que se dijo en la presentación de Criterios. Es posible que para unos no se habló de nada nuevo. También es de esperar que para otros cualquier conversatorio carezca de sentido, salvo que se señalen las excelencias del libre mercado, la maravillosa globalización y el paraíso prometido por un capitalismo sin restricciones, sin olvidar el buen sabor de la Coca-Cola. Pero vale tener la esperanza que para algunos, desde el exilio, resulta un alivio escuchar estos criterios desde Cuba.

Dice Arturo Arango:

En relación con Cuba, lo que mi inconsciente espera continúa irrealizado: mi ansiedad, me doy cuenta, tiene que ver más con el medio que con el mensaje; con la forma del discurso que con el relato con que da comienzo el día. Lo digo muy directamente: espero cambios que se realicen, ante todo, en la forma como los órganos de poder político (Partido, Estado, gobierno) intervienen en la esfera pública.

Trato de decirlo de otra manera, de invertir el punto de vista: los cambios que necesitamos, los que ya están en marcha, me parecen insuficientes y, sobre todo, contradictorios, a veces hasta reaccionarios (en el sentido en que comprendo esa palabra) si no se democratizan los modos de participación en la esfera pública: los modos en que, en un proyecto de sociedad que espero sea de una vez por todas democrático, esa esfera sea pública en un sentido horizontal, en la que “han de estar repartidas por igual no sólo las posibilidades de escuchar y de formarse un juicio privadamente, sino también las posibilidades de expresarse” y de “ser escuchado” (Peters).

Desde mi punto de vista, más que una “actualización del modelo económico”, en Cuba ocurre una disputa por la hegemonía, idea que se refuerza por el hecho de que los cambios parecen emprendidos desde el pragmatismo tecnocrático, sin un programa ideológico que los sustente. Al menos, eso es lo que sabemos a partir de lo que el Partido ha hecho público. La pregunta: ¿Hacia qué tipo de sociedad nos encaminamos? contiene otras muchas interrogantes, como ¿qué clase o grupo social detentará el poder? ¿Cómo se ejercerá ese poder? ¿Quiénes serán sus aliados, quiénes sus enemigos?

Dice Leonardo Padura:

Porque el debate público implica no solo la existencia de diversas opiniones, sino la posibilidad de expresarlas y, como bien lo dice su nombre, debatirlas. Habría que preguntarse, para empezar, hasta dónde se ha alentado y desarrollado esa posibilidad en Cuba, donde, por el contrario, a lo largo de décadas se ha aupado y casi que exigido la unanimidad a todos los ciudadanos en los asuntos fundamentales de la cosa pública. La escasez de vías de comunicación o expresión para que los opinantes puedan verter sus criterios acentúa esa limitación, aunque la existencia de las redes sociales y de comunicación han comenzado a diversificar el panorama, no siempre del mejor modo, pero, en cualquier caso, a diversificarlo, y eso es lo importante.

(…)

Uno de los conceptos emparentados con la esfera pública, que más afectan la salud del debate posible y que en nuestro caso hoy se está tratando de enjuiciar es el secreto. Políticamente el llamado “secretismo” administrativo ha sido duramente criticado, en aras de conseguir una transparencia en el manejo de los asuntos de interés e incidencia pública. Sin embargo, las zonas de silencio siguen existiendo en muchos asuntos de incumbencia general y los encargados de ejercer la comunicación pública oficial se ven obligados a mantener su mutismo respecto a ellas. Hoy, en Cuba, un ejemplo vivo es el destino del cable que permitiría la conexión rápida a internet, cuya operatividad estaba prevista para el verano del 2011, y de cuyo estado real solo conocemos rumores, nadie sabe si bien o mal fundados. El acceso a esa forma de comunicación no puede verse, pienso, solo como un problema de las conectividades individuales, tan traumáticas, sino como un problema social y económico que nos compete a todo. Un problema de la esfera pública, al cual nos limitan del acercamiento, y respecto al cual los comunicadores que alguna vez nos trasmitieron la promesa de la prodigiosa conectividad nunca han vuelto a hablar (o al menos no se les ha oído).

Mientras el secreto oficial se ha entronizado, el ámbito de lo individual privado —otro concepto relacionado con la esfera publica, a veces por vía antagónica— se ha debilitado. En este proceso, por supuesto, han intervenido, en nuestro caso, desde razones climáticas y culturales hasta impunidades de todo tipo, más o menos legales, y derechos abrogados oficialmente. Esta tendencia a la intervención en el ámbito privado es hoy de carácter universal, y los eventos terroristas de las últimas décadas han servido de argumento oficial para justificar su presencia. Cualquier inocente consumidor de series como CSI o Without trace sabe que en Estados Unidos es posible saber incluso si la última hamburguesa comida por una persona tenía o no una carga doble de kepchut. Una tarjeta de crédito y una cámara de filmación bastan para quebrar el secreto de una gula privada.

Al menos para mí no resulta ya extraño que algo tan sagradamente privado como la correspondencia postal suela llegar revisada a mis manos, cruzada luego con una cinta donde se me advierte que el sobre arribó en malas condiciones. Tampoco es extraño que mi ámbito sonoro y olfativo privado sea constantemente violado por largas sesiones de reguetón reproducido a altos volúmenes o por el hedor de los cerdos con los que los vecinos tratan de alegrarse o arreglarse sus vidas, sin importarle la mía. Y sin que exista una autoridad reguladora.

Creo que la degradación a la que ha sido sistemáticamente sometida la esfera privada está en el fondo de su debilitamiento. Por años algo tan privado como la preferencia sexual de un individuo, sus creencias religiosas, sus gustos en el vestir, se convirtieron en objeto de condicionamiento de su actividad pública. El hecho de que una aspiración laboral pasara por un proceso de verificación en el que diversos individuos con poder parar hacerlo debían opinar sobre la actitud —actitud, no aptitud— de la persona, advertía de la debilidad del manto que cubría la vida privada del ciudadano.

Esta práctica instituida y sostenida, sumada a una preponderancia absoluta del Estado en el ámbito social, llevó al mentado debilitamiento de la esfera privada, y con él, a la actitud generalizada de no considerar respetable la privacidad (e incluso la propiedad) de los otros.

Los fragmentos de ambas ponencias muestran un debate público en la isla que hay que alentar, más allá de envidias, rencores y ese afán de protagonismo que siempre nos acompaña. De ahí el abuso que he cometido de citarlos in extenso. Resulta más importante para todos divulgar lo que nos une, más allá de lo que nos separa.

Fotografía: participantes en el acto por los 40 años de la revista Criterios.

Peor aún

Acabo de encontrar que en la lista de los trabajos que producen más stress y pagan peor se encuentra el de reportero, en quinto lugar:
5. News Reporter
Median Annual Salary: $40,900
Digging up details on the latest news story is hard work. The financial struggles that have plagued the newspaper industry in recent years make this role even more stressful. Still, many news reporters might not want to change to a lower-stress career because the work wouldn’t feel as important.
Solo agregaría a la información que en Miami conozco a varios reporteros, que trabajan en los más importantes medios de prensa de la ciudad, que ganan menos de $40,00. Y además, no creen que el trabajo que desempeñan es importante. Si no se han buscado otra labor es, sencillamente, porque no la hay.