viernes, 4 de mayo de 2012

Impune


Es asombroso como en esta ciudad se puede mentir o decir una verdad a medias y no pasa nada, siempre que la desinformación tenga que ver con Cuba.
Luego de la firma el martes primero de mayo de una ley que impide a compañías que negocian con Cuba y Siria el participar en licitaciones de contratos con fondos públicos -y después del patinazo del gobernador de Rick Scott, que firmó primero y luego dijo que no y después afirmó que sí­- quienes propugnan la medida se han lanzado a una campaña para inspirar confianza en sus electores. Esta campaña se ha desarrollado sobre dos puntos fundamentales: la ley es constitucional y si hay una batalla legal la ganaremos.
Por supuesto que paletadas de palabras se han dicho y escrito para tratar de enterrar la carta de Scott -en que el estado de la Florida pide al gobierno federal y al Congreso en Washington que se definan sobre la medida, antes de ponerla en vigor- y convertir este aspecto fundamental en una especie de falta de tacto del gobernador.
Con una cobardía similar a su torpeza en el cargo, Scott echó la culpa de su traspiés a “abogados constitucionalistas” e intentó limitarlo no solo a un mal consejo sino a un asesoramiento malsano. Luego afirmó su voluntad de poner en vigencia la ley aunque ello implicara llevar el asunto a los tribunales.
Al parecer, nadie en esta ciudad se ha preguntado de que lado de la almohada durmió el gobernador para despertar un nuevo día con la convicción de que la ley es buena, cuando al acostarse tras una mala noche había dado muestras de duda. Pero en esa noche debieron ocurrir cosas extraordinarias, porque el panorama cambió completamente.
En primer lugar, la prensa de Miami decidió llamar a la medida “Ley de Scott”. Nada hay que explique esa decisión. El gobernador se limito a firmarla y luego al patineo. La ley fue propuesta por legisladores de Miami y debía llevar su nombre u cualquier otro pomposo, como “Ley de ahora sí acabamos con Castro” o “Ley contra los capitalistas malos” o algo por el estilo. Llamarla Ley Scott es algo similar a identificar a la Helms-Burton como “Ley Clinton”. Pero en fin, que ahora la ley es del gobernador, y se espera que este no vuelva a dar marcha atrás, porque sería entonces muy similar a que un padre abandonara a su hija.
Mejor aún que la importancia de llamarse “Ley Scott” es la campaña emprendida para afirmar que si vamos a los tribunales la ganamos. Y en eso, el que tuvo la delantera fue el representante federal David Rivera, el mismo que el día anterior amenazó con demandar a Rick Scott.
Rivera sacó a relucir el precedente en que los tribunales respaldaron una ley floridana que dispone que las universidades del estado no pueden usar fondos públicos para organizar viajes a países que figuran en la lista del Departamento de Estado de naciones que apoyan el terrorismo, como es el caso de Cuba. El legislador dio además una muestra de modestia, al no agregar que la ley a que se refería había sido patrocinada por él, cuando era representante estatal.
Así que a partir de ese momento la prensa en esta ciudad se ha encargado de repetir este ejemplo, cuando menciona las posibilidades de éxito de la “Ley de Scott” en los tribunales.
Sí, es cierto, el precedente existe, y no hay duda que será utilizado.
A partir de ahí terminan las coincidencias o posibles similitudes.
Lo que no se menciona ahora son dos cuestiones fundamentales. Una es que el fallo al que se hace referencia ocurrió tras un proceso de apelaciones. La segunda es que no resulta lo mismo una ley que impide que se utilicen fondos públicos para viajes de estudiantes a Cuba y otra que impide contratos millonarios a poderosas compañías. Las universidades podrían haber continuado el litigio. Pero además, este se produce en medio de una controversia más amplia.
Vale la pena recordar lo ocurrido.
Rivera fue el promotor, en 2006, de una ley destinada a prohibir a las universidades y colleges de la Florida la utilización de fondos estatales para financiar viajes a países en la lista federal de estados promotores del terrorismo. La mira principal en el proyecto era, por supuesto, Cuba.
En 2007 la ACLU presentó una demanda a nombre de un grupo de profesores universitarios y el claustro de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), que impugnaron la prohibición. En enero de 2008, el sistema de universidades públicas de la Florida solicitó a un juez federal que anule esta ley estatal.
En abril de 2008 la jueza federal Patricia Seitz  declaró que la legislación para controlar los viajes era inconstitucional, al tiempo que eliminó la cláusula que prohibía a las universidades estatales de la Florida financiar viajes académicos, con fondos no estatales o aportaciones de instituciones privadas, a países colocados en la mencionada lista de naciones que apoyan el terrorismo. Luego el estado de la Florida apeló la decisión.
 Ese mismo año, Rivera fue el copatrocinador, en la cámara estatal, de la propuesta HB 671, conocida como "la ley sobre Cuba", que contemplaba obligar a las agencias de viajes a pagar un impuesto anual e informar detalles de los viajes y envíos de mercancías, así como a efectuar un depósito bancario para afrontar bancarrotas o los resultados de litigios. En abril de 2009, un juez federal de Miami sentenció que la normativa era inconstitucional e interfería en asuntos de política exterior.
A finales de 2010, la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito Federal en Atlanta respaldó la ley contra los viajes académicos. Al anunciar su decisión en un escrito de 12 páginas, los tres jueces de la corte consideraron que las ordenanzas estatales no se contraponían al manejo de los asuntos de política exterior y otras consideraciones que están en línea con los estatutos federales.
Este último punto es el ahora brinda esperanza a los legisladores republicanos, y tienen alguna base para ello.
Sin embargo, hay otra serie de elementos que impiden que la cuestión no se vea tan simple. Son completamente diferentes las referencias a constitucionalidad en un caso que implique operaciones comerciales millonarias y otro en que se trate simplemente de la financiación de viajes. Tampoco son iguales los recursos universitarios, para invertir en procesos judiciales, y los de grandes empresas. Pero lo más importante es que la victoria de la ley en la Corte de Atlanta fue solo parcial, porque ésta dejo vigente lo referido a los viajes a realizar con fondos no provenientes del estado. La ley inicial de Rivera quería anular todos los viajes, cero, finito.
Es por ello que ahora este legislador, convertido en abanderado putativo de la ley, insiste en que se trata de fondos publicos. Ello, por supuesto, no descarta de que si se logre que la ley entre en vigor, en el próximo periodo legislativo se intente su ampliación.
Lo importante aquí es que se están omitiendo o pasando por alto otros precedentes legales que señalan las dificultades legales que confronta una medida de este tipo, y que se repiten sin cuestionar las afirmaciones que intentan vender la medida como constitucional y complementaria de leyes federales. Algo así como vamos a hacer una tropa local y con mando propio, para apoyar al Ejército de Estados Unidos si hay Guerra. Es el mismo espíritu separatista que parece que florece en los estados del sur, como una hierba que crece hasta el día que viene la podadora federal y la corta.

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