viernes, 12 de octubre de 2012

Inquisición en Buenos Aires


En el debate vicepresidencial, el actual vicepresidente estadounidense Joe Biden asumió una actitud ejemplar ante el problema del aborto. Dijo que él, un católico practicante, se oponía a la práctica, pero que no trataba de imponer su criterio a otros.
Todo lo contrario de la actitud de un grupo de ultracatólicos argentinos, que actuaron como si vivieran en el Medioevo según la información de prensa.
Una mujer fue secuestrada el pasado 28 de julio. La llevaron a la Patagonia y la obligaron a prostituirse. Logró escapar de la red de trata de blancas, pero quedó  embarazada. Quiso abortar porque ahora la ley de Argentina lo permite.
Sin embargo, el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, anunció el día —el pasado martes— y el hospital en que se iba a llevar a cabo la interrupción del embarazo —Ramos Mejía— en un intento de boicotear la intervención, la primera que iba a practicarse con la nueva normativa.
Un grupo ultraconservador católico recogió el guante: interpuso una orden judicial que logró paralizar la intervención cuando la paciente ya estaba en el quirófano después de entrar de malas maneras en su habitación del hospital.
Esta insólita situación ha generado múltiples problemas añadidos a la víctima, de 32 años. De entrada, ella quería guardar el anonimato, entre otras cosas porque su familia no estaba enterada, pero al pregonar el alcalde los detalles su intimidad ha quedado expuesta a la vista de todos.
Al día siguiente del anuncio del alcalde, la asociación católica Pro Familia acudió a un juzgado para impedir el aborto. También organizó manifestaciones en los domicilios del director del hospital y de la propia joven, pero ella estaba ingresada en el hospital y en su casa estaban sus padres, que hasta entonces no sabían que su hija estaba embarazada, según reveló su abogado, Carlos Lucero Paz.
“El capellán del hospital, el padre Fernando, entró con la gente de Pro Familia a la habitación de la víctima, que está muy afectada por lo sucedido”, comentó el letrado. 
La legalización del aborto continúa encendiendo polémica en Argentina. Desde 1920 el Código Penal permite las interrupciones voluntarias del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la madre o si el embarazo proviene de una violación a una mujer “idiota o demente”. Hasta marzo pasado, además, las embarazadas por una violación y con alguna discapacidad mental o menores de edad debían recurrir a la justicia para pedir permiso para la operación. Pero desde entonces ha dejado de ser así porque la Corte Suprema determinó que podía practicarse el aborto sin trámite judicial en todos los casos de violación, incluidas las de mujeres mentalmente sanas e incluso menores de edad. A partir de la sentencia del máximo tribunal de Argentina, la capital y cada una de las 23 provincias debían redactar sus protocolos para los llamados abortos no punibles.
De momento, solo cuatro provincias han redactado protocolos que se adecuan de forma correcta al fallo de la Corte Suprema, según la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Otros seis distritos, incluida la capital, redactaron los suyos, pero restringen lo estipulado por el tribunal, en el sentido de que limitan el aborto a las mujeres con incapacidad mental, según la ADC.
La oposición al alcalde Macri, integrada por el kirchnerismo, el centro y la izquierda, promovió una ley en el Poder Legislativo de Buenos Aires para permitir los abortos por violaciones en cualquier plazo y establecer que las menores de edad podían interrumpir sus embarazos sin consentimiento de sus padres.
La ley se aprobó por 30 votos a favor y 29 en contra. El pasado día 4 Macri anunció que vetaría la norma.
Un juez porteño rechazó el mismo día 5 la petición de Pro Familia, pero el pasado martes, el mismo día en que debía practicarse el aborto, una jueza federal, Miriam Rustán de Estrada, lo frenó.
En este caso, hubo un comportamiento inadecuado por parte de:
El alcalde, que hizo público los datos del primer aborto no punible, y así incumplió los deberes de funcionario público.
El director del hospital, porque ante las amenazas de Pro Familia, dio los datos de la paciente o permitió que se filtraran.
La jueza, que ha sido denunciada por prevaricación (al haber dictado presumiblemente una sentencia arbitraria a sabiendas de que lo es) y la asociación Pro Familia, por las amenazas contra la paciente cuando entraron en su habitación.
El capellán de la clínica, quien facilitó la entrada de los antiabortistas
Finalmente, la Corte Suprema autorizó el pasado jueves la operación, que se realizará en los próximos días.

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