Henrique Capriles Radonski rechazó el
domingo la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de auditar los
resultados de las presidenciales del 14 de abril fuera de los términos
planteados por su equipo de campaña.
Para el líder de la oposición, la
decisión anunciada el sábado por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, está
apegada “a la orden que le dio el PSUV”, el partido de gobierno.
Lucena confirmó que el lunes se iniciará
el procedimiento para auditar los resultados de las presidenciales, pero
rechazó los términos planteados por la oposición porque “no están previstos en
el ordenamiento jurídico”.
Lo que hará el CNE es tomar una muestra
aleatoria de 12,000 de las 16,000 cajas de votación que corresponden al 46%
todavía no auditado.
La oposición exige entre otras cosas que
se cuenten además los votos emitidos de acuerdo al cuaderno de votación, donde
se registra el padrón electoral.
Todo parece indicar que la polémica
electoral continuará por algún tiempo.
Ambas partes tienen algo que perder y que
ganar en esta confrontación, y por lo tanto contribuirán a mantenerla viva.
Para la presidencia impuesta de Nicolás
Maduro, la realización de la auditoría, en la forma determinada por el CNE—que
de entrada se sabe no alterará el resultado electoral— será una nueva
oportunidad para presentar a Capriles como un intransigente y revanchista, que
no admite la derrota. Al mismo tiempo brindará un pretexto a los gobiernos de
la región para justificar su apoyo al nuevo mandatario venezolano.
La oposición, por su parte, mantiene viva
con la polémica su acusación de fraude electoral.
De momento no es posible augurar que la
oposición obtendrá avance alguno por esa vía, en cuanto a posibilidades de
lograr un proceso que permita llevar a cabo una decisión democrática, para
definir un gobierno legítimo en Venezuela.
Lo más probable es que —con el asesoramiento
de Cuba— Caracas trate de aprovechar el efecto de desgaste que implica
enfatizar una táctica desprovista de posibilidades de éxito.
Desde el punto de vista moral, a Capriles
lo asiste la razón en su empeño. Pero también hay que considerar que para
imponerse en política hay que actuar sobre lo posible.
Mientras la oposición venezolana mantenga
su denuncia sobre las ilegalidades realizadas durante el proceso electoral,
pero no ponga su empeño solo en este aspecto, tiene posibilidades de mantener
su vigencia y el capital político alcanzado durante la elección. Centrarse solo
en esta cuestión terminará por perjudicarla, especialmente a Capriles.
Si Maduro quiere sacar el máximo provecho
a la desventaja que para Capriles implica la batalla —justa, pero quizá a estas
alturas ya no tan certera— por un recuento total de los votos, tiene que
dosificar el uso de la represión y pararle la jaca a Diosdado Cabello, algo que
aún no se sabe si puede hacer.
Cualquier nuevo paso de radicalización
del proceso venezolano puede resultar potencialmente perjudicial para el actual
gobierno venezolano, y en este sentido es más dependiente que nunca de Cuba, a
la hora de marcar el rumbo.
Lo más probable es que La Habana, y en
particular Fidel Castro —la aparente reunión de cinco horas con el líder cubano
no solo tuvo como objetivo buscar un apoyo simbólico ante la izquierda— esté
recomendando mesura. Lo ha hecho en otros casos, como ocurrió durante el empeño
del fallecido general Torrijos por lograr la soberanía del Canal para Panamá, y
lo más probable es que lo esté repitiendo ahora. Para los hermanos Castro, la
estrategia adecuada es ganar tiempo: dejar que el sentimiento de un triunfo
electoral cuestionable se diluya en pocos meses.
En última instancia, la prueba de fuego
para el gobierno de Maduro será la economía, y no el cuestionamiento de su
triunfo electoral.
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