domingo, 7 de abril de 2013

Ineptitud y esperanza



Uno de los principales problemas de la crisis política y económica que desde hace años enfrenta Europa es no solo la falta de liderazgo de algunos gobiernos de la zona, sino la apatía y la incapacidad a la hora de resolverlos. Por dos razones básicas, las soluciones que se encuentran siempre se resumen en escoger el camino más fácil, ya sea obedecer lo que dicta Alemania o cargar los sacrificios y recortes sobre los más débiles, y en aprovechar la situación para echarle la culpa a los beneficios sociales y de esta manera tener un pretexto para desarticularlos.
En Portugal acaba de ocurrir un ejemplo de ello.
El Tribunal Constitucional de ese país rechazó cuatro de las nueve medidas de austeridad del presupuesto de este año, que habían sido cuestionadas.
El fallo judicial adoptado el viernes es un revés para las finanzas del Gobierno, pero no significa un descarrilamiento del plan de austeridad impuesto y tampoco tiene que tener como consecuencia que se descarrile el esfuerzo para lograr un ajuste en los compromisos de este país rescatado.
Las medidas rechazadas por el alto tribunal privarían al Estado de unos 900 millones de euros en ingresos y ahorros, según las estimaciones preliminares basadas en cálculos presupuestarios, de acuerdo a una información de la agencia Reuters.
Todo el paquete de las nuevas medidas de austeridad introducidas por el presupuesto de 2013 está valorado en unos 5.000 millones de euros.
Los 13 jueces examinaron los artículos del presupuesto de 2013, que impuso la subida de impuestos más grande que se recuerda y recortes salariales para los funcionarios y pensionistas. En este sentido, los ajustes presupuestarios invalidados por el Constitucional, que tomó una decisión similar en 2012, afectan a la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas así como el recorte de los subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).
Al mismo tiempo el tribunal confirmó medidas más duras, como la reducción del número de tramos de impuestos que suponen unos ingresos estimados de unos dos millones de euros.
“Es un mal menor... Poniéndolo en perspectiva, un buen directivo y líder no debería tener dificultad para encontrar sitio en un presupuesto para dar cabida a este recorte”, dijo Joao Cantiga Esteves, economista en la Universidad Técnica de Lisboa, según  Reuters.
Pero el Gobierno portugués no piensa igual, y lanzó la alarma de inmediato. Convocó una reunión extraordinaria del gabinete, que se llevó a cabo el sábado.
La conclusión es que ahora el Gobierno portugués acusa al Tribunal Constitucional de comprometer la estabilidad financiera del país, y de que ha creado un agujero en el presupuesto “de cerca de 1.350 millones de euros”, de acuerdo a la información publicada en el diario español El País.
Lisboa  ha sido elogiada por sus prestamistas de la UE y el FMI, por sus esfuerzos de austeridad.
Sin embargo, esta austeridad se ha logrado a cuenta de exigir fuertes sacrificios a empleados y pensionistas, al tiempo que ha tenido poco efecto en incentivar la economía y en poner en marcha el desarrollo.
Esta política de ahorro y sacrificio se ha traducido en un agravamiento de las previsiones sobre desempleo y caída del PIB luso por tercer año consecutivo.
Portugal ha logrado recuperar la confianza de los mercados, pero las medidas de austeridad adoptadas han puesto en evidencia los errores de la troika —formada por el FMI, la Comisión y el Banco Central europeos—, que han sumido a su mejor alumno en la peor crisis de su historia reciente.
La UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un apoyo del Gobierno luso que nunca lograron en Grecia, confiaban tener en Portugal un modelo exitoso de rescate, basado en reformas y recortes presupuestarios que, sin embargo, no ha logrado por ahora los resultados previstos, informa el diario digital español Público.
Por culpa de una caída aguda del consumo y la demanda interna, los fuertes aumentos de impuestos al salario, que en dos años elevaron más de un 40 % la presión fiscal sobre los portugueses, generaron al final menor recaudación pública, al igual que la subida de los peajes o un aumento del IVA de hasta el 300 %, añade la información de Público.
De momento, no parece que la medida del Tribunal Constitucional desencadenará una crisis de Gobierno.
El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, respaldó el sábado la continuidad del actual Gobierno conservador. En un breve comunicado, el presidente portugués, que precisamente sometió al tribunal los presupuestos por dudar de su legalidad, manifestó que el Ejecutivo “dispone de condiciones para cumplir su mandato”.
La declaración de Cavaco, que pertenece al mismo Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) de Pedro Passos Coelho, se produjo tras la reunión de urgencia solicitada por el jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, el agravamiento de la situación económica portuguesa puede desencadenar la crisis política en cualquier momento, como ya se ha comentado en este blog. Y lo que ocurra en Portugal repercutirá en España.
Hay que advertir que en ningún caso se tratará de un simple efecto dominó. Lo que ocurre ahora en Portugal es consecuencia de dos hechos fundamentales: en el país se llevó a cabo una revolución de carácter no solo socialista sino también tercermundista —la “revolución de los claveles” de 1974— y en 1976 los socialistas ganaron las elecciones legislativas y Mário Soares se convirtió en primer ministro. Fue el inicio de una nueva época, donde Portugal, con pasos equilibrados pero continuos, paulatinamente abandonó una retórica comunista y de justicia social —que incluso había permeado fuertemente su constitución— y se decidió a lograr el desarrollo y el pase al primer mundo mediante la integración europea y la vía de un capitalismo neoliberal avanzado.
En este sentido, tanto el fracaso del neoliberalismo como las pautas socialistas de la constitución portuguesa explican lo que acaba de ocurrir en el país.
Pero si bien es cierto este carácter único de un amago de revolución socialista en Portugal y de una constitución bien diferente a la española —donde el proceso de transición a la democracia fue bien distinto— no por ello lo que pueda o no ocurrir en Lisboa dejará de ser referencia, o incluso temor y ejemplo, para Madrid.
La última barrera
El poder judicial se ha convertido en Europa en la última barrera con la que cuenta la ciudadanía, frente a gobiernos que cada vez más se limitan a responder a los intereses del mercado y los dictados de Alemania. Es bueno que esta barrera se mantenga en pie.
En países como Italia, Grecia, Portugal y España hay una crisis institucional de los partidos políticos tradicionales —que incluye también a organizaciones políticas menores, incapaces de alcanzar el poder pero sí con la fuerza suficiente para lograr escaños— la cual ha repercutido en una falta de fe ciudadana en las instituciones y mecanismos democráticos y en un recurrir cada vez más a protestas y manifestaciones callejeras.
Si bien los medios de participación directa en las calles —como actividades de rechazo y denuncia— cumplen un papel aglutinador y de dinámica, también representan una ruptura con las principales vías establecidas en la democracia para la participación ciudadana, desde los procesos electorales hasta los vínculos que dentro de una sociedad civil establecen los diversos estamentos sociales. Del equilibrio adecuado entre manifestaciones, mítines y actos, por una parte, y las funciones legislativas, ejecutivas y judicial, por otra, depende en buena medida la estabilidad democrática de un gobierno.
En momentos en que muchos encuentran en marchas y escraches el refugio desesperado frente a la impotencia, y un gobierno como el de Madrid, aumenta su carácter represivo, es más necesario que nunca que se mantenga esa fortaleza del poder judicial, incluso como la última esperanza.

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