Uno de los principales problemas de la
crisis política y económica que desde hace años enfrenta Europa es no solo la
falta de liderazgo de algunos gobiernos de la zona, sino la apatía y la
incapacidad a la hora de resolverlos. Por dos razones básicas, las soluciones
que se encuentran siempre se resumen en escoger el camino más fácil, ya sea
obedecer lo que dicta Alemania o cargar los sacrificios y recortes sobre los
más débiles, y en aprovechar la situación para echarle la culpa a los beneficios
sociales y de esta manera tener un pretexto para desarticularlos.
En Portugal acaba de ocurrir un ejemplo
de ello.
El Tribunal Constitucional de ese país
rechazó cuatro de las nueve medidas de austeridad del presupuesto de este año,
que habían sido cuestionadas.
El fallo judicial adoptado el viernes es
un revés para las finanzas del Gobierno, pero no significa un descarrilamiento
del plan de austeridad impuesto y tampoco tiene que tener como consecuencia que
se descarrile el esfuerzo para lograr un ajuste en los compromisos de este país
rescatado.
Las medidas rechazadas por el alto
tribunal privarían al Estado de unos 900 millones de euros en ingresos y
ahorros, según las estimaciones preliminares basadas en cálculos
presupuestarios, de acuerdo a una información de la agencia Reuters.
Todo el paquete de las nuevas medidas de
austeridad introducidas por el presupuesto de 2013 está valorado en unos 5.000
millones de euros.
Los 13 jueces examinaron los artículos
del presupuesto de 2013, que impuso la subida de impuestos más grande que se
recuerda y recortes salariales para los funcionarios y pensionistas. En este
sentido, los ajustes presupuestarios invalidados por el Constitucional, que
tomó una decisión similar en 2012, afectan a la suspensión de una de las dos
pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas así como el recorte de los
subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).
Al mismo tiempo el tribunal confirmó
medidas más duras, como la reducción del número de tramos de impuestos que suponen
unos ingresos estimados de unos dos millones de euros.
“Es un mal menor... Poniéndolo en
perspectiva, un buen directivo y líder no debería tener dificultad para
encontrar sitio en un presupuesto para dar cabida a este recorte”, dijo Joao
Cantiga Esteves, economista en la Universidad Técnica de Lisboa, según Reuters.
Pero el Gobierno portugués no piensa
igual, y lanzó la alarma de inmediato. Convocó una reunión extraordinaria del
gabinete, que se llevó a cabo el sábado.
La conclusión es que ahora el Gobierno
portugués acusa al Tribunal Constitucional de comprometer la estabilidad
financiera del país, y de que ha creado un agujero en el presupuesto “de cerca
de 1.350 millones de euros”, de acuerdo a la información publicada en el diario
español El País.
Lisboa ha sido elogiada por sus prestamistas de la UE
y el FMI, por sus esfuerzos de austeridad.
Sin embargo, esta austeridad se ha
logrado a cuenta de exigir fuertes sacrificios a empleados y pensionistas, al
tiempo que ha tenido poco efecto en incentivar la economía y en poner en marcha
el desarrollo.
Esta política de ahorro y sacrificio se
ha traducido en un agravamiento de las previsiones sobre desempleo y caída del
PIB luso por tercer año consecutivo.
Portugal ha logrado recuperar la
confianza de los mercados, pero las medidas de austeridad adoptadas han puesto
en evidencia los errores de la troika —formada
por el FMI, la Comisión y el Banco Central europeos—, que han sumido a su mejor
alumno en la peor crisis de su historia reciente.
La UE y el Fondo Monetario Internacional
(FMI), con un apoyo del Gobierno luso que nunca lograron en Grecia, confiaban
tener en Portugal un modelo exitoso de rescate, basado en reformas y recortes
presupuestarios que, sin embargo, no ha logrado por ahora los resultados previstos,
informa el diario digital español Público.
Por culpa de una caída aguda del consumo
y la demanda interna, los fuertes aumentos de impuestos al salario, que en dos
años elevaron más de un 40 % la presión fiscal sobre los portugueses, generaron
al final menor recaudación pública, al igual que la subida de los peajes o un
aumento del IVA de hasta el 300 %, añade la información de Público.
De momento, no parece que la medida del
Tribunal Constitucional desencadenará una crisis de Gobierno.
El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, respaldó
el sábado la continuidad del actual Gobierno conservador. En un breve
comunicado, el presidente portugués, que precisamente sometió al tribunal los
presupuestos por dudar de su legalidad, manifestó que el Ejecutivo “dispone de
condiciones para cumplir su mandato”.
La declaración de Cavaco, que pertenece
al mismo Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) de Pedro Passos Coelho,
se produjo tras la reunión de urgencia solicitada por el jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, el agravamiento de la
situación económica portuguesa puede desencadenar la crisis política en
cualquier momento, como ya se ha comentado en este blog.
Y lo que ocurra en Portugal repercutirá en España.
Hay que advertir que en ningún caso se
tratará de un simple efecto dominó. Lo que ocurre ahora en Portugal es
consecuencia de dos hechos fundamentales: en el país se llevó a cabo una
revolución de carácter no solo socialista sino también tercermundista —la
“revolución de los claveles” de 1974— y en 1976 los socialistas ganaron las
elecciones legislativas y Mário Soares se convirtió en primer ministro. Fue el
inicio de una nueva época, donde Portugal, con pasos equilibrados pero continuos,
paulatinamente abandonó una retórica comunista y de justicia social —que
incluso había permeado fuertemente su constitución— y se decidió a lograr el
desarrollo y el pase al primer mundo mediante la integración europea y la vía
de un capitalismo neoliberal avanzado.
En este sentido, tanto el fracaso del
neoliberalismo como las pautas socialistas de la constitución portuguesa
explican lo que acaba de ocurrir en el país.
Pero si bien es cierto este carácter
único de un amago de revolución socialista en Portugal y de una constitución
bien diferente a la española —donde el proceso de transición a la democracia
fue bien distinto— no por ello lo que pueda o no ocurrir en Lisboa dejará de
ser referencia, o incluso temor y ejemplo, para Madrid.
La
última barrera
El poder judicial se ha convertido en
Europa en la última barrera con la que cuenta la ciudadanía, frente a gobiernos
que cada vez más se limitan a responder a los intereses del mercado y los
dictados de Alemania. Es bueno que esta barrera se mantenga en pie.
En países como Italia, Grecia, Portugal y
España hay una crisis institucional de los partidos políticos tradicionales
—que incluye también a organizaciones políticas menores, incapaces de alcanzar
el poder pero sí con la fuerza suficiente para lograr escaños— la cual ha
repercutido en una falta de fe ciudadana en las instituciones y mecanismos
democráticos y en un recurrir cada vez más a protestas y manifestaciones
callejeras.
Si bien los medios de participación directa
en las calles —como actividades de rechazo y denuncia— cumplen un papel
aglutinador y de dinámica, también representan una ruptura con las principales
vías establecidas en la democracia para la participación ciudadana, desde los
procesos electorales hasta los vínculos que dentro de una sociedad civil
establecen los diversos estamentos sociales. Del equilibrio adecuado entre
manifestaciones, mítines y actos, por una parte, y las funciones legislativas,
ejecutivas y judicial, por otra, depende en buena medida la estabilidad
democrática de un gobierno.
En momentos en que muchos encuentran en
marchas y escraches el refugio desesperado frente a la impotencia, y un
gobierno como el de Madrid, aumenta su carácter represivo, es más necesario que
nunca que se mantenga esa fortaleza del poder judicial, incluso como la última
esperanza.
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