viernes, 12 de abril de 2013

Los límites de la dictadura del número y la compra del voto en Venezuela


Lo que hace que una democracia sea tal, no es el gobierno de las mayorías sino el respeto y la participación de las minorías. Si se limitara a las mayorías, Hitler, Mussolini y otros tantos sátrapas habrían sido demócratas por excelencia.
Los fundadores de la democracia se preocuparon en dividir los poderes y dar representación y controles a la oposición, como garantías de buen funcionamiento del sistema.
En la mejor tradición latinoamericana, Hugo Chávez ignoró a las minorías y aplicó la dictadura del número. Fue un continuador de la tradición de líderes como Perón o Getulio Vargas. Hasta tuvo la suerte de que un error de la oposición lo dejara con mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente.
Pero la dictadura del número se debilita cuando los números cambian.
La izquierda no fue nunca una opción de poder en Venezuela. Entre la caída de Pérez Jiménez y el ascenso de Chávez, el poder se repartió en socialdemócratas, adecos, y socialcristianos, copeyanos. El discurso de izquierda, encarnado en partidos como el MAS, no superó el 10 por ciento. Es legítimo preguntarse si los venezolanos van a decir que sí a una Constitución socialista cuando nunca votaron por esto en el pasado.
Una característica de la dictadura del número es la identificación del partido que transitoriamente administra el Estado con la totalidad de la Patria. Así, opositores como los estudiantes pasarían a ser traidores a la Nación, pues la mayoría no acepta la disidencia.
Es hora de fijar reglas de juego y objetivos, para dejar atrás la pobreza y el subdesarrollo profundizados por el neoliberalismo en las dos últimas décadas del siglo XX. Las mayorías se impacientan con razón cuando sus líderes están más preocupados por perpetuarse en el poder que en atender sus urgencias.
Si es cierto que movilizar a electores es una actividad legítima dentro del proceso democrático, el  Estado venezolano ha traspasado la frontera con la utlización de métodos de control e intimidación que no son propios de un Estado sino de una mafia de barrio. Para ello, ha contado con el asesoramiento, el auxilio y la ejecución del régimen de La Habana.
Las denominadas misiones, los programas de asistencia social puestos en práctica por Chávez con asesoría cubana, son la pieza clave en este proceso. Estas misiones no se limitan a brindar servicios a sectores tradicionalmente desatendidos, también suelen entregar subsidios de dinero.
Cada uno de estos programas exige el registro individual de sus beneficiarios. De esta forma, existe un control similar al ejercido en Cuba por los Comités de Defensa de la Revolución, que permite conocer qué ha recibido cada venezolano y a lo que aspira.
En realidad, se trata de una maquinaria sofisticada de compra de votos.
Los mecanismos de coerción no se limitan a estos controles de barrio. Al igual que en Cuba, el Estado chavista conoce antes del cierre de las urnas quien ha votado y quien no. Puede ejercer las mismas presiones ciudadanas que en la isla, donde es el propio vecino el encargado de vigilar y presionar al votante moroso, que intimidado de esa forma lo más posible es que por temor opte por emitir el voto a favor del poder. No importa si luego, meses o años después, intimidador e intimidado terminen en Miami, como suele ocurrir con el exilio cubano. Lo que importa aquí es la acción de momento.
Al igual que en Cuba también, el Estado utiliza sus recursos con fines electorales, desde el transporte hasta los beneficios sociales, todo con el objetivo de mantener en el poder a un sistema rentista que reparte miseria y acapara poder y riqueza.

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