Un oficio peligroso

El periodista Calixto Ramón Martínez Arias fue puesto en libertad, luego de un encierro de casi seis meses sin que le formularan cargos. Su único “delito”  es haber denunciado el brote de cólera e investigar de forma independiente sobre un cargamento de medicinas extranjeras, enviadas a Cuba para combatir la epidemia y que se deterioró en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y nunca llegó a la población.

Mediante las detenciones de disidentes, más o menos breves y a lo largo de toda la isla, el gobierno de los hermanos Castro no sólo intenta sembrar el miedo, sino también el desaliento. Los argumentos son gastados, los recursos son viejos, pero la vida es una sola.

Hay que agregar además que al régimen no le basta con castigar a los  opositores pacíficos. Quiere matar su ejemplo, enfangar su prestigio.

El gobierno cubano necesita ajustes de forma constante, que cada vez son más torpes. Cualquier plan o institución que comience a funcionar bien sabe que tiene sus días contados y el deterioro es un presente perpetuo. Junto a esa situación social y política, por décadas se ha desarrollado y mantenido un eficiente aparato represivo, cuya actuación permite una comparación simple: la incapacidad para producir bienes corre pareja con la eficiencia para generar detenciones.

Para sobrevivir , el régimen de La Habana ha recurrido a una represión sostenida, al tiempo que alimentado la corrupción, uno de los males endémicos de la nación. Nada de lo anterior implica la mirada idílica hacia el país existente antes de 1959 ni la nostalgia de los municipios en el exilio. Pero este constante detener de personas que simplemente han manifestado una opinión contraria al gobierno—con independencia de que sea por meses o por pocas horas— cierra la puerta a la esperanza de un cambio paulatino y pacífico.

Si bien ha disminuido momentáneamente la tensión entre La Habana y Washington, el gobierno cubano no está interesado en gesto alguno que permita reducir la represión interna. Apuesta a mantener una política que por décadas le ha resultado eficiente y donde piensa que tiene menos que perder.

Nadie puede acusar de terroristas, ni de estar a favor de cometer actos violentos, a los opositores que son detenidos, acosados o limitados en su capacidad de movimiento.

La aparente "benevolencia" actual, que ha cambiado las largas condenas por encarcelamientos de algunos meses, días o simplemente unas pocas horas, no implica un cambio de actitud, sino simplemente de métodos. Los objetivos son los mismos, sólo se ha modificado la forma. Lo más grave, en este caso, es que los nuevos métodos han demostrado no ser pasos hacia una eventual apertura o al menos una política más permisiva.

Recalcar el carácter pacifista de la actividad disidente ayuda a establecer el contraste entre las sentencias drásticas, dictadas hace algunos años, la constante intimidación actual y el llevar a cabo actos que se limitan a expresar el desacuerdo mediante la palabra y gestos simbólicos. Hay que agregar que buen número de opositores no se identifican con la mayoría de los valores ideológicos y políticos imperantes en Cuba antes de 1959, no abogan en favor de una insurrección armada y en su labor no hay un llamado al odio y la venganza. La respuesta represiva no sólo es desproporcionada, sino carente de justificación.

El recurso de las detenciones, que está utilizando el gobierno de Raúl Castro, evidencia el temor de éste ante la posibilidad de que el descontento latente, aumentado por la actual crisis económica, se canalice en manifestaciones antigubernamentales. Sin embargo, no debe ser interpretado como una señal de debilidad.

La estrategia siempre utilizada por los hermanos Castro —y que en buena medida explica su larga permanencia en el poder— es la capacidad para emplear la represión preventiva. Reprimir desde el inicio, para no tener “necesidad” luego de recurrir a una mayor represión.

En la medida que los grupos disidentes y los periodistas independientes han ido avanzando en establecer los cimientos de una sociedad civil, el régimen de La Habana ha aumentado el nivel de alerta ante lo que considera un peligro e incrementado los medios que buscan sacar a estos grupos del panorama nacional. Lo que no va a permitir nunca es que se imponga la realidad. Por ello la mejor política de oposición es la lucha por divulgar la verdad.

La liberación de Calixto R. Martínez, así como la visita organizada por el gobierno, para que periodistas extranjeros y oficiales pudieran entrar en algunas de las cárceles próximas a La Habana, no debe interpretarse como una señal de alivio. Es parte de unos planes que responden a un juego político, donde una vez más se desprecia al individuo. Frente a ellos solo cabe la repulsa y denuncia. Es una vileza utilizar la vida y la salud de alguien, que está injustamente encarcelado, para tratar de mejorar la imagen en la arena internacional.

Esta es mi columna semanal en El Huevo Herald, que aparece en la edición del lunes 15 de abril de 2013.