La entrada de Joanne Chesimard, que todo
parece indicar vive en Cuba bajo el nombre de Assata Shakur, en la lista de los
“terroristas más buscados” del FBI, ha
coincido con la confirmación, por parte de un funcionario de Estados Unidos, de
que Cuba permanecerá en la lista de países que apoyan el terrorismo. Chesimard,
que es la primera mujer que integra dicha lista, está fugitiva de la justicia
desde noviembre de 1979, y en la actualidad la recompensa por su captura se ha
elevado a dos millones de dólares.
La lista de terroristas más buscados no
coincide con la famosa lista de los “Más Buscados”, también del FBI, sino es un
desprendimiento de esta última.
Por otra parte, se ha cuestionado la
inclusión de Chesimard en esta lista,
porque si bien ella es una fugitiva condenada por asesinato, la naturaleza de
su delito no se ajusta a la clasificación actual de terrorismo.
Por otra parte, el reclamo de Washington al
gobierno cubano, de que Chesimard sea devuelta, no es nuevo. El miércoles 11 de
septiembre de 2002 publiqué una columna sobre el tema en El Nuevo Herald. La reproduzco ahora con el interés de mostrar que
nada ha avanzado para resolver este problema. Salvo el tiempo, que termina por imponer
a la muerte como única solución.
Fugitivos y espías
Las decenas de fugitivos que huyeron a
Cuba tras cometer delitos en Estados Unidos pueden descansar tranquilos: sus
días bajo el sol aún no están contados.
Pese a una información aparecida en The Washington Post. De acuerdo al
diario, el gobierno del presidente George W. Bush está presionando a La Habana
para que entregue a más de 70 prófugos buscados por las autoridades
norteamericanas. ¿O no les resultaría más saludable empezar a preocuparse?
El reclamo no es nuevo. Desde hace más de
30 años el Gobierno y el Congreso vienen pidiendo la extradición de varios
connotados criminales. Son las circunstancias actuales, tanto dentro de la isla
como en el resto del mundo, las que pueden hacen pensar que Fidel Castro está
dispuesto a llegar a un acuerdo. Pero al igual que en ocasiones anteriores en
que este país ha tratado de llegar a un arreglo con el mandatario cubano, hay
que deslindar entre su interés de aprovechar la ocasión para hacer propaganda y
un esfuerzo serio para resolver un problema pendiente desde hace décadas.
Hay que enfatizar que “intercambio” es la
palabra clave de cualquier negociación entre Washington y La Habana. De acuerdo
al Post, funcionarios cubanos se
expresaron en favor de un intercambio de fugitivos de ambos países.
“Hay muchos que han cometido delitos en Cuba
que viven en Estados Unidos”, dijo un portavoz no identificado del gobierno
cubano, de acuerdo al Post.
Según el periódico, el funcionario
mencionó que las autoridades cubanas querían que Orlando Bosch fuera deportado.
Para Castro la deportación de Bosch —acusado de la voladura de un avión de
Cubana de Aviación en 1976 y convicto de actos de terrorismo en Estados Unidos—
es casi imposible de conseguir. Por ello lo pone por delante: se anticipa a una
negativa. El funcionario —que habla por Castro, porque de lo contrario no
podría hablar, pero que no lo menciona ni permite que mencionen su nombre—
habla para el público norteamericano: un terrorista por otros terroristas: un
intercambio que igualaría a ambos países.
Como en ocasiones anteriores, Castro
puede estar jugando varias cartas al mismo tiempo. De forma sistemática, sus
vínculos con la política norteamericana se han ido acercando al establishment; los empeños contra el
embargo terminaron traducidos en compras al contado. Al revés de lo postulado
durante muchos años en la isla, ahora trata de crear conciencia (en los
legisladores: es un decir marxista) con dinero: su internacionalismo conformado
al mercado de fuerza de trabajo barata y su lucha ideológica limitada al
cabildeo.
Pero el juego capitalista de apostar con
dinero no lo hace abandonar la táctica de proporcionar argumentos a sus
defensores y trampas a sus enemigos. Un acuerdo sobre los fugitivos
contribuiría a verlo con ojos más favorables entre los que ya se inclinan a esa
mirada. Un nuevo intento de limpiar imagen dentro de una campaña iniciada tras
los atentados del 11 de septiembre. Al igual que el dirigente libio Muamar el
Gadafi, el gobernante cubano trata de enterrar un pasado belicoso en un
presente conciliador.
Si el Departamento de Estado incluye a
Cuba entre los países que apoyan el terrorismo es porque, entre otras razones,
la isla brinda amparo a miembros de grupos subversivos. Plantear un intercambio
no sólo coloca a un mismo nivel a Washington y La Habana, sino que rebaja a
Miami a la categoría de una cabeza de playa llena de terroristas, mientras que
a 90 millas hay un país dispuesto a cooperar en mantener en la sombra a los
peores criminales.
Es posible, sin embargo, que Castro se dé
por satisfecho con un premio de consolación que es en cambio un triunfo
político: el envío a Cuba de los cinco espías condenados en Miami. La campaña
alrededor de estos condenados debe intensificarse este mes, ya que el 27 de
septiembre es la fecha fijada para la sentencia a Ana Belén Montes, quien se
declaró culpable de espiar para el gobierno de La Habana.
Las palabras del portavoz cubano no identificado
—que señala el Post— reflejan la
estrategia utilizada por la defensa en el juicio contra los espías, y el
argumento en que el régimen castrista fundamenta la justificación de espionaje:
la supuesta necesidad por parte de Cuba de contar con una red de información
para vigilar a las organizaciones exiliadas sospechosas que practican atentados
terroristas en la isla, como la oleada de atentados dinamiteros contra varias
instalaciones turísticas ocurridos en La Habana en 1997.
Si intercambio es la palabra clave, ¿qué
tiene Castro que ofrecer? Hay un grupo reducido de secuestradores de aviones
que viven en la isla, muchos de ellos casados y con familia cubana. Hay también
figuras más buscadas, como Joanne Chesimard, alias Assata Shakur, quien escapó
a Cuba en 1979, acusada de asesinar un policía de carreteras que detuvo su
automóvil en una verificación de rutina. Y están también los casos del ex
agente de la CIA Frank Terpil, un traficante de armas convicto, y del
financista y estafador convicto Robert Vesco. Castro no va a devolver a Vesco,
un hombre que sabe demasiado sobre los vínculos del régimen con el
narcotráfico. Cuenta con la excusa perfecta: lo tiene preso. Los demás, con el
tiempo que llevan en la isla, deben saber ya que son “negociables” y que la
peor pesadilla no es ser un fugitivo: es no poder huir.