En julio de 2005, Martha Beatriz Roque
lanzó un llamado para que la disidencia iniciara una campaña más activa de
participación ciudadana, no sólo con reuniones en los hogares y llamadas a las
estaciones de radio de Miami, sino de manera pública. Fue un reto importante y
valiente. Pero ocho años más tarde no se ha materializado.
Ni su organización ni otras dentro del
amplio espectro de la oposición pacífica han logrado ampliar su labor. Hoy
subsisten en medio de dificultades y en un incremento del hostigamiento.
Roque, economista y presidenta de la
Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil (APSC), afirmó entonces: “El
camino es la calle y vamos a utilizar la calle en toda la nación”. Luego de
varios años, se ha comprobado que esta declaración solo fue una audacia verbal.
Tras los primeros años de la llegada de
Fidel Castro al poder, en contadas ocasiones las tensiones políticas en Cuba
han llegado a la confrontación callejera.
La calle marca la frontera de lo
permisible por el régimen. Para el gobierno de los hermanos Castro, uno de los
principios claves de la estrategia política nacional es no dejar que se pierda
la calle.
Para neutralizar o acabar con sus
enemigos, el régimen nunca ha dudado en ejercer la represión, pero también ha
desarrollado hábilmente la práctica de dejar abierta una puerta de escape a los
opositores —siempre que existiera esa posibilidad— y de anticiparse a las
situaciones límites: evitar manifestaciones de fuerza masivas y públicas, no
recurrir si las circunstancias lo permiten a desplegar el poder policial
descarnado. De esta forma, ha logrado combinar un rigor extremo con un
historial que tras los primeros años mencionados se ha visto casi libre de
escenas sangrientas a la luz pública.
Este uso de la represión como profilaxis
se ha intensificado luego de la llegada de Raúl Castro a la presidencia del
país. La conclusión es que ahora en Cuba se mantiene una tendencia a la
disminución o el fin de las largas condenas a los opositores, al tiempo que se
reprime cualquier manifestación de disidencia desde el inicio. Detenciones por
varios días, hostigamientos y actos de repudio al menor intento de protesta,
encierros por varias horas.
Sin una prensa extranjera receptiva y con
un hostigamiento constante, la disidencia ha visto reducidas al mínimo sus
actividades.
El factor represivo explica en buena
medida las limitaciones que siempre han enfrentado los opositores pacíficos
para realizar su labor. Pero no es el único. Para la mayoría de la población de
la isla, la disidencia es una alternativa política pero no económica. Esta
última no radica en la denuncia opositora sino en el mercado negro. Aunar estos
aspectos ha resultado imposible para la oposición.
En el terreno social y económico, donde
se define en gran parte la batalla por la calle, la disidencia ha tenido un
efecto casi nulo. En los momentos de mayor crisis económica del país, durante
el llamado período especial, la Iglesia Católica dio importantes pasos de
avance para cumplir una función de alivio. Pero una vez que el Estado logró una
mínima recuperación económica, intensificó el esfuerzo para recuperar el
terreno perdido. La campaña contra la corrupción que viene desarrollando en los
últimos años juega también un importante papel en este sentido. Lo demás queda
a cargo de las remesas familiares, un factor que genera envidias,
resentimientos y diferencias en la población, pero del que por el momento el
régimen no puede prescindir.
Además de enfrentar una fuerte represión,
toda organización disidente que intente hacer llegar su mensaje a la población
tiene que otorgarle preferencia a los temas vinculados a la subsistencia
diaria. Aunque los grupos más importantes de la disidencia interna contemplan
una amplia plataforma, las cuestiones políticas han predominado en su discurso.
Por lo general, se perciben como opositores más preocupados por la libertad de
expresión que por un programa de justicia social.
Más allá de sus diferencias ideológicas
—y de la imposibilidad que enfrentan todos los grupos disidentes para hacer
conocer sus puntos de vista—, éstos se perciben dedicados a la defensa de los
derechos humanos (en un sentido universal) y no de los derechos e inquietudes
de los ciudadanos (trabajo, vivienda, salud pública).
Para llevar su mensaje a la calle, la
disidencia pudo haber explorado un terreno más popular, como protestar por la
falta de viviendas antes que buscar la asistencia a una recepción en una
embajada.
Vista hace unos años como la esperanza
para el resurgimiento de una sociedad civil en Cuba, en la actualidad la oposición
pacífica se encuentra en peligro de no sobrevivir por mucho tiempo o impedida
de salir de sus casas, luchando por existir en medio de la dura realidad de la
isla.
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