En el programa Mesa Redonda, de Radio Mambí, el director del espacio, Armando
Pérez Roura, y un invitado hablaban hoy jueves sobre los fraudes electorales y
como estos habían influido negativamente en el destino de Cuba. Un tema
meritorio, pero que pronto se hizo evidente tenía una doble intención, ya que
desde el inicio del segmento de las llamadas de los oyentes, estos comenzaron a
quejarse de las últimas elecciones celebradas en este país y a decir
abiertamente que los demócratas se habían robado las elecciones. Lo llamativo
en este caso es que el director del programa no solo no intentó poner límites a
este tipo de comentarios, sino que dijo que estaba de acuerdo.
Salvo en ciertos espacios radiales de
iguales exaltados en contra de la actual administración estadounidense y de
todo gobierno progresista —los que también desde hace años han hecho del
conservadurismo de ultraderecha un negocio lucrativo— no se escuchan en este
país opiniones disparatadas de este tipo.
A diferencia del proceso electoral que
terminó concediendo la victoria a George W Bush para su primer mandato, las
últimas elecciones presidenciales estadounidenses no han sido cuestionadas ni
por republicanos ni por demócratas. Se puede decir que los votantes estaba
equivocados. Ese es un criterio. Pero afirmar que hubo fraude electoral no solo
es una mentira sino también una infamia, que atenta contra la democracia norteamericana.
A veces asombra la impunidad que por
décadas han mostrado ciertos personajes de Miami en la utilización de un medio
de difusión que influye en las opiniones de una comunidad. Más asombra aún que
la Fiscal Estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, que está afiliada
al Partido Demócrata, participe semanalmente en e mismo programa.
En última instancia, los oyentes de la Mesa Redonda no se limitaron a
cuestionar la victoria del actual presidente estadounidense, Barak Obama, sino
la emprendieron contra el representante estatal demócrata Joe García, mientras
se lamentaban de lo que le habían hecho al “pobre David Rivera”.
Jeffrey García, jefe de
gabinete y asesor político desde hace mucho tiempo del representante García, y
que no está relacionado familiarmente con su jefe, admitió ante el congresista que él pidió a la comisión de elecciones del condado de Miami-Dade boletas de votación, en nombre de personas que no lo habían autorizado para ello. El jefe de gabinete renunció el viernes 31 de mayo, al
conocer la situación.
La oficina de Fernández-Rundle ha dicho
que no hay pruebas de que el representante García tuviera conocimiento de la
operación electoral.
Se debe enfatizar que lo ocurrido tuvo que ver con un proceso de votación en elecciones primarias, no en la elección nacional, donde García y Rivera se disputaron un distrito. García venció a Rivera.
Se debe enfatizar que lo ocurrido tuvo que ver con un proceso de votación en elecciones primarias, no en la elección nacional, donde García y Rivera se disputaron un distrito. García venció a Rivera.
Las leyes electorales de la Florida
exigen que las solicitudes de boletas en ausencia sean presentadas por los
mismos votantes, o por sus familiares inmediatos o tutores legales. Las
violaciones se pueden considerar un fraude de mayor cuantía en tercer grado. El
uso de la información personal de otra persona —como lo requieren los
formularios de Internet para pedir boletas— puede ser una ofensa más seria,
como fraude de mayor cuantía en primer grado.
Estos son los delitos que hasta el
momento han salido a relucir en el caso. No se falsificaron boletas, no hubo
votación fraudulenta. Ni siquiera se enviaron las boletas solicitadas.
El programa de computación del
departamento de elecciones marcó las solicitudes fantasma como sospechosas y el
personal electoral no envió boletas a esos votantes.
Esto, por supuesto, no exime de delito a
los supuestos participantes en la operación. Se trata simplemente de colocar el
caso en su verdadera dimensión.
Por su parte, una investigación federal
aparte de corrupción provocada por las primarias congresuales del año pasado ha
estado examinando si el republicano David Rivera, el titular al que García
acabó derrotando, tenía vínculos con la campaña primaria financiada ilegalmente
de Justin Lamar Sternad, uno de los oponentes de García en las primarias.
Rivera ha negado haber hecho nada indebido.
Antes de que se hiciera pública la
investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Sternad, Rivera ya
estaba bajo investigación federal en un asunto criminal independiente que
implica un pago secreto de $500,000 de un canódromo de Miami que en un
principio él no dio a conocer.
Rivera también logró evitar una serie de
cargos criminales estatales que el Departamento de Policía de la Florida quería
presentar en su contra, pero la oficina del fiscal estatal de Miami-Dade se
negó a presentar cargos debido a que los estatutos eran vagos o el estatuto de
limitaciones había expirado.
Solo la ignorancia o la mala intención
puede llevar a la comparación entre ambos casos.
Lo que estamos asistiendo en Miami en
estos días es a una campaña que tiene dos objetivos. El primero, más visceral,
es una vieja venganza contra Joe García, por ser demócrata y por su triunfo
electoral.
El segundo objetivo, más estratégico, es
colocar al mismo nivel a Rivera y García, no con la intención de que el “pobre
Rivera” regrese a la política local o nacional, —aunque en Miami se olvida
pronto un pasado sospechoso—, sino de hacer vulnerable al congresista demócrata
de cara a la próxima elección legislativa.
Aunque García le ganó a Rivera por
alrededor de 11 puntos de porcentaje, y el presidente demócrata Barack Obama
ganó el distrito por alrededor de 7 puntos, los republicanos consideran a
García como un político vulnerable. Tres retadores republicanos ya han anunciado
planes de postularse en contra suya en 2014.
Fotografía: Armando Pérez Roura, Newt Gingrich y David Rivera, en esta foto de archivo.
