La vuelta del diálogo migratorio

Durante años, las con frecuencia interrumpidas rondas de conversaciones migratorias entre La Habana y Washington han servido poco más que para recordar que existe un acuerdo vigente y que este se ha cumplido con eficacia pese a algunos vaivenes. Lo demás ha sido retórica y acusaciones mutuas. Quizá las circunstancias actuales sirvan para que, durante el próximo diálogo sobre migración entre Estados Unidos y Cuba a realizarse el 17 de julio, se adopten posiciones más prácticas.

Aunque fuentes del Departamento de Estado han señalado que las conversaciones “no representan un cambio significativo en la política estadounidense hacia Cuba”, estas siempre despiertan expectativas. Se debe tanto a la importancia del tema como a que constituyen un punto de contacto oficial entre dos gobiernos en rencilla.

En lo que puede considerarse una tradición, la Plaza de la Revolución ha enfatizado que el auge, siempre creciente en la voluntad de los cubanos, de marchar hacia Estados Unidos, es un resultado de la “asesina” Ley de Ajuste Cubano. Pero ahora esta ley está no solo en la mirilla de La Habana, sino también de Washington y Miami.

Estados Unidos y Cuba parecen estar de acuerdo, cada vez más, en considerar que todos o muchos de los que han abandonado la isla en los últimos años lo hacen por motivos económicos. Un punto de vista que, paradójicamente, también comparten muchos en Miami.

Cuando en julio del 2004 entraron en vigencia las medidas que limitaban los viajes familiares y las remesas a la isla, salió a relucir el argumento de que en los últimos años esta ciudad se había estado llenando de inmigrantes económicos, quienes se aprovechaban de beneficios otorgados bajo un fundamento político para a la primera oportunidad viajar a la isla. Por supuesto que en el centro de la atención volvió a estar la célebre Ley de Ajuste Cubano.

La Ley de Ajuste Cubano,  promulgada en 1966, se fundamenta en que los cubanos no pueden ser deportados, ya que el gobierno de La Habana no los admite; que en cualquier caso estarían sujetos a la persecución y que en la isla no existe un gobierno democrático. La abolición de esta ley es el reclamo preferido y constante de los funcionarios cubanos, durante las diversas reuniones migratorias llevadas a cabo entre ambos países.

Tras los acuerdos migratorios de 1994 y 1995, La Habana también ha estado criticando la política de “pies secos/pies mojados”, que es un resultado de la crisis de los balseros de esos años e independiente, desde el punto de vista legislativo, de la Ley de Ajuste Cubano. Es decir, el régimen cubano continuó aprovechando unos acuerdos que había firmado, y de los que era parte, para hacer política contra el exilio y Estados Unidos. “Pies secos/pies mojados” puede desaparecer en cualquier momento —lo raro es que no haya ocurrido— sin que ello implique un cambio en la Ley de Ajuste.

En lo que parece haber cambiado la posición cubana es que en la mayoría de los casos no solo no pone trabas a la salida del país sino que permite el regreso. Se ha recalcado que son los factores económicos los que han determinado ese cambio, pero ello no resta importancia al hecho de que se trata de un cambio político.

Si fuera consecuente, La Habana desde hace rato debió abandonar su cantaleta en contra de la Ley de Ajuste. Por su parte, si fuera no menos ingrato pero sí más solidario, el exilio no debía dedicarse tanto a quienes ahora viajan a Cuba porque tienen su familia en la isla. Ahora, sin embargo la situación ha cambiado, y si no le da la razón a cualquiera de estas dos partes, define de forma distinta las consideraciones a tener en cuenta.

Un argumento de peso en contra de la posición de La Habana, y del sector más radical del exilio de Miami, que considera a los inmigrantes refugiados y no exiliados, era el afirmar que la categoría de exiliado político la “otorgaba” el régimen castrista, y se podía referir a todo aquél que dejaba la isla, con independencia de motivos, voluntad y aspiraciones. El “permiso de salida definitiva  del país” se traducía en que no se podía volver a vivir en Cuba, colocar un candado a la puerta de la vivienda y conservar la posibilidad del regreso. Esto ha cambiado con la reciente reforma migratoria del gobierno cubano. Ello no significa que en la isla exista libertad, democracia y un Estado de derecho, pero sí que resultan muy difíciles de justificar ciertos beneficios migratorios, como la Ley de Ajuste Cubano y la propia política de “pies secos/pies mojados”.

Ahora lo que falta ver es si las retóricas de La Habana, Washington y Miami se ajustarán a estos cambios. La próxima reunión migratoria será un primer indicador de si el diálogo migratorio seguirá preso de argumentos aparentes o avanzará hacia cuestiones prácticas.