Durante
años, las con frecuencia interrumpidas rondas de conversaciones migratorias
entre La Habana y Washington han servido poco más que para recordar que existe
un acuerdo vigente y que este se ha cumplido con eficacia pese a algunos
vaivenes. Lo demás ha sido retórica y acusaciones mutuas. Quizá las circunstancias
actuales sirvan para que, durante el próximo diálogo sobre migración entre
Estados Unidos y Cuba a realizarse el 17 de julio, se adopten posiciones más
prácticas.
Aunque fuentes del Departamento de Estado han
señalado que las conversaciones “no representan un cambio significativo en la
política estadounidense hacia Cuba”, estas siempre despiertan expectativas. Se
debe tanto a la importancia del tema como a que constituyen un punto de
contacto oficial entre dos gobiernos en rencilla.
En lo que puede considerarse una tradición, la
Plaza de la Revolución ha enfatizado que el auge, siempre creciente en la
voluntad de los cubanos, de marchar hacia Estados Unidos, es un resultado de la
“asesina” Ley de Ajuste Cubano. Pero ahora esta ley está no solo en la mirilla
de La Habana, sino también de Washington y Miami.
Estados
Unidos y Cuba parecen estar de acuerdo, cada vez más, en considerar que todos o
muchos de los que han abandonado la isla en los últimos años lo hacen por motivos
económicos. Un punto de vista que, paradójicamente, también comparten muchos en
Miami.
Cuando en julio del 2004 entraron en vigencia
las medidas que limitaban los viajes familiares y las remesas a la isla, salió
a relucir el argumento de que en los últimos años esta ciudad se había estado
llenando de inmigrantes económicos, quienes se aprovechaban de beneficios
otorgados bajo un fundamento político para a la primera oportunidad viajar a la
isla. Por supuesto que en el centro de la atención volvió a estar la célebre
Ley de Ajuste Cubano.
La Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966, se fundamenta en que los
cubanos no pueden ser deportados, ya que el gobierno de La Habana no los
admite; que en cualquier caso estarían sujetos a la persecución y que en la
isla no existe un gobierno democrático. La abolición de esta ley es el reclamo
preferido y constante de los funcionarios cubanos, durante las diversas
reuniones migratorias llevadas a cabo entre ambos países.
Tras los acuerdos migratorios de 1994 y 1995,
La Habana también ha estado criticando la política de “pies secos/pies
mojados”, que es un resultado de la crisis de los balseros de esos años e
independiente, desde el punto de vista legislativo, de la Ley de Ajuste Cubano.
Es decir, el régimen cubano continuó aprovechando unos acuerdos que había
firmado, y de los que era parte, para hacer política contra el exilio y Estados
Unidos. “Pies secos/pies mojados” puede desaparecer en cualquier momento —lo
raro es que no haya ocurrido— sin que ello implique un cambio en la Ley de
Ajuste.
En lo que parece haber cambiado la posición
cubana es que en la mayoría de los casos no solo no pone trabas a la salida del
país sino que permite el regreso. Se ha recalcado que son los factores
económicos los que han determinado ese cambio, pero ello no resta importancia
al hecho de que se trata de un cambio político.
Si fuera consecuente, La Habana desde hace
rato debió abandonar su cantaleta en contra de la Ley de Ajuste. Por su parte,
si fuera no menos ingrato pero sí más solidario, el exilio no debía dedicarse
tanto a quienes ahora viajan a Cuba porque tienen su familia en la isla. Ahora,
sin embargo la situación ha cambiado, y si no le da la razón a cualquiera de
estas dos partes, define de forma distinta las consideraciones a tener en
cuenta.
Un argumento de peso en contra de la posición
de La Habana, y del sector más radical del exilio de Miami, que considera a los
inmigrantes refugiados y no exiliados, era el afirmar que la categoría de
exiliado político la “otorgaba” el régimen castrista, y se podía referir a todo
aquél que dejaba la isla, con independencia de motivos, voluntad y
aspiraciones. El “permiso de salida definitiva
del país” se traducía en que no se podía volver a vivir en Cuba, colocar
un candado a la puerta de la vivienda y conservar la posibilidad del regreso. Esto
ha cambiado con la reciente reforma migratoria del gobierno cubano. Ello no
significa que en la isla exista libertad, democracia y un Estado de derecho,
pero sí que resultan muy difíciles de justificar ciertos beneficios
migratorios, como la Ley de Ajuste Cubano y la propia política de “pies
secos/pies mojados”.
Ahora
lo que falta ver es si las retóricas de La Habana, Washington y Miami se
ajustarán a estos cambios. La próxima reunión migratoria será un primer
indicador de si el diálogo migratorio seguirá preso de argumentos aparentes o
avanzará hacia cuestiones prácticas.
