domingo, 16 de junio de 2013

Tomárselo a pecho



Da la impresión que a Venezuela le sobran problemas de todo tipo, pero a la diputada Odalys Monzón lo que más le preocupa es una actividad doméstica y privada: el amamantar a los hijos. Para esta representante del estado de Vargas por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el lazo que se establece entre la madre y el recién nacido en el acto de amamantar está en riesgo por culpa de las “trasnacionales que venden esas fórmulas [lácteas]”.
Suena ridículo, pero puede convertirse en tragedia: cuando se le permite al Estado apoderarse de hasta los detalles más íntimos de la vida doméstica se cae en un totalitarismo no solo absurdo sino malsano. El gobierno venezolano está utilizando una retórica fundamentalista para desviar la atención de la grave situación económica que enfrenta el país, pero cada vez más la nación desciende por un camino de polarización extrema y demagogia donde los únicos que se benefician son quienes están en el poder.
Existe un proyecto de reforma a la legislación actual que modifica al menos 18 de los 33 artículos. Algunos de sus artículos declaran la guerra a las fórmulas lácteas y al biberón, como si fueran tan perjudiciales como por los cigarrillos y el fumar. En este sentido, se propone castigar la publicidad de esos complementos y su administración, en centros de salud públicos y privados, a niños menores de seis meses, “salvo indicación médica”. También se prohíbe la prescripción de suero glucosado a neonatos.
Para los hospitales y médicos que desatiendan sus estipulaciones, la reforma impondrá multas que llegan hasta a un equivalente de $50,000 dólares y la suspensión del ejercicio profesional por 120 días.
Monzón, una legisladora dada a la violencia —diversos testimonios la muestran como la agresora el 30 de abril de la diputada opositora María Corina Machado, quien sufrió de fractura en el tabique nasal y debió someterse a una intervención quirúrgica— quiere resolver la cuestión de la lactancia materna apelando a medidas coercitivas y un lenguaje nacionalista, aunque poco original.
Esa copia de lo que se dice en La Habana, la apelación a que se trata de una cuestión de “soberanía alimentaria” puede servir para llenar espacios en la televisión controlada o en manos del gobierno, o en los foros oficialistas, pero no en los estantes de los supermercados, que continúan sufriendo la falta de productos de primera necesidad, mientras los venezolanos sufren la carestía originada por la escasez y el gobierno de Caracas —al igual que el de La Habana— se ve obligado a realizar importaciones masivas para paliar la situación.

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