Da la impresión que a Venezuela le sobran
problemas de todo tipo, pero a la diputada Odalys Monzón lo que más le preocupa
es una actividad doméstica y privada: el amamantar a los hijos. Para esta
representante del estado de Vargas por el oficialista Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), el lazo que se establece entre la madre y el recién nacido
en el acto de amamantar está en riesgo por culpa de las “trasnacionales que
venden esas fórmulas [lácteas]”.
Suena ridículo, pero puede convertirse en
tragedia: cuando se le permite al Estado apoderarse de hasta los detalles más
íntimos de la vida doméstica se cae en un totalitarismo no solo absurdo sino
malsano. El gobierno venezolano está utilizando una retórica fundamentalista
para desviar la atención de la grave situación económica que enfrenta el país, pero
cada vez más la nación desciende por un camino de polarización extrema y
demagogia donde los únicos que se benefician son quienes están en el poder.
Existe un proyecto de reforma a la
legislación actual que modifica al menos 18 de los 33 artículos. Algunos de sus
artículos declaran la guerra a las fórmulas lácteas y al biberón, como si
fueran tan perjudiciales como por los cigarrillos y el fumar. En este sentido,
se propone castigar la publicidad de esos complementos y su administración, en
centros de salud públicos y privados, a niños menores de seis meses, “salvo indicación
médica”. También se prohíbe la prescripción de suero glucosado a neonatos.
Para los hospitales y médicos que
desatiendan sus estipulaciones, la reforma impondrá multas que llegan hasta a un
equivalente de $50,000 dólares y la suspensión del ejercicio profesional por
120 días.
Monzón, una legisladora dada a la
violencia —diversos testimonios la muestran como la agresora el 30 de abril de
la diputada opositora María Corina Machado, quien sufrió de fractura en el
tabique nasal y debió someterse a una intervención quirúrgica— quiere resolver
la cuestión de la lactancia materna apelando a medidas coercitivas y un
lenguaje nacionalista, aunque poco original.
Esa copia de lo que se dice en La Habana,
la apelación a que se trata de una cuestión de “soberanía alimentaria” puede
servir para llenar espacios en la televisión controlada o en manos del
gobierno, o en los foros oficialistas, pero no en los estantes de los
supermercados, que continúan sufriendo la falta de productos de primera
necesidad, mientras los venezolanos sufren la carestía originada por la escasez
y el gobierno de Caracas —al igual que el de La Habana— se ve obligado a
realizar importaciones masivas para paliar la situación.
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