“El país está en un proceso de grandes
cambios, no solo desde el punto de vista de actualización del modelo económico,
sino también de lo que se llama la institucionalización. Hay muchas leyes
nuevas que se están estudiando. Va a haber una nueva ley de inversión extranjera
donde, por supuesto, van a estar incluidos los cubanos”.
Así se expresaba en Miami el cónsul
cubano de la Oficina de Intereses en Washington, Llanio González, de acuerdo a
una información publicada por el diario español El
País el 11 de julio de 2013.
Sin embargo, ahora otro funcionario
cubano niega esa información.
De acuerdo a un cable de la AP, Cuba
desmintió que vaya a modificar su ley de inversión extranjera y en cambio solo
se actualizarán algunas normas para promover la actividad y atraer a nuevos
socios foráneos:
“Está en proceso la evaluación de una
política general y sectorial que acompañe el fomento de esta inversión
extranjera y aunque no está prevista la modificación de la ley, si podrán
actualizarse determinadas normativas”, dijo a los periodistas el viceministro
de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), Antonio Carricarte.
Actualmente en la isla “están vigente
unos 190 negocios” mixtos entre el gobierno y extranjeros,.
La cifra es la mitad de las firmas
existentes a comienzos de 2000, cuando se reportaban unas 400 firmas y que fue
descendiendo de manera paulatina a lo largo de la pasada década.
La inversión extranjera siempre ha sido
un tema difícil en Cuba. Peligroso incluso, tanto para funcionarios cubanos
como para inversionistas extranjeros.
Más allá de proyectos muy conocidos en
sectores claves como turismo, minería, petróleo y ahora la famosa inversión en
el puerto del Mariel, muchos inversionistas extranjeros en Cuba llegaban al
país como aquellos personajes que se presentaban en el Saloon de un Western:
aventureros, jugadores, sin escrúpulos, buscadores de oro y tipos dispuestos al
despojo. El soborno era imprescindible, la corrupción a todos los niveles y la
explotación sin freno: “capitalismo salvaje”, puro y duro.
El gobierno de Raúl Castro ha tratado de
controlar, en cierta medida, esa situación: una lucha contra la corrupción, por
una parte, y un intento de concentrarse en grandes accionistas, por la otra,
para facilitar el control, reducir las vías de escape monetaria y aumentar las
ganancias.
Muchos empresarios se marcharon de Cuba
en los últimos años quejándose de la burocracia y de atrasos en los pagos,
aunque el gobierno ha resuelto este problema.
Hay sin embargo otro aspecto fundamental,
que va más allá de las circunstancias del momento, y es la cuestión de que Cuba
no tiene muchas posibilidades para ofrecer sectores en que puedan concentrarse
grandes inversiones: ni industria pesada ni industria ligera. Una prometedora
industria biofarmacéutica y de nanotecnología (la primera en manos del hijo de
Raúl Castro y la segunda con el hijo de Fidel Castro al frente), donde ambas
ramas buscan fundirse en lo que podría ser en un futuro cercano un lucrativo
negocio familiar. Por lo demás, el amplio sector de los servicios, que
tanto en el orden doméstico (turismo) como internacional (servicios médicos,
remesas y otras formas de intercambio comercial con la comunidad cubana en el
exterior) se sitúa cada vez más como el eje principal de la economía cubana.
Sin embargo, han comenzado a surgir
señales que ilustran una modificación en el objetivo de conseguir únicamente grandes
socios comerciales —ya sea países como grandes corporaciones— como únicos
inversionistas, y que en un momento fue utilizado como argumento por el
canciller de la isla, para justificar la ausencia de inversiones de cubanos
radicados en el exterior.
El martes pasado el vicepresidente Marino
Murillo reconoció la necesidad de atraer capitales extranjeros a la isla
Por otra parte, una de las cuestiones en
que más se había insistido el año pasado, en el marco de las reformas o lo que
se conoce en Cuba como “actualización del sistema”, era en la modificación de
la Ley 77, aprobada en 1995. La viceministra Yamila Fernández había informado públicamente
en julio de 2012 que para diciembre se esperaba contar con las modificaciones.
Sin embargo, Carricarte descartó ahora
esa idea:
El funcionario indicó que se estaba
trabajando en una nueva cartera de negocios para ofrecer a socios
internacionales en sectores como minería, turismo, energías renovables e
industria alimentaria.
Paralelamente, Carricarte indicó que el
70% de las exportaciones de la isla están constituidas por la venta de
servicios al exterior. El monto “se pude aproximar a los $10,000 millones”,
comentó.
La cifra incluiría el turismo, uno de los
motores de la economía de la isla, que ingresa unos $2,500 millones de dólares,
la oferta de servicios de salud y profesionales a países con los cuales tienen
convenio.
Analistas consideran que la exportación
de servicios médicos, sobre todo a Venezuela y otras naciones equivale a $6,000
millones de dólares.
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