sábado, 13 de julio de 2013

Declaraciones contradictorias sobre inversiones en Cuba



“El país está en un proceso de grandes cambios, no solo desde el punto de vista de actualización del modelo económico, sino también de lo que se llama la institucionalización. Hay muchas leyes nuevas que se están estudiando. Va a haber una nueva ley de inversión extranjera donde, por supuesto, van a estar incluidos los cubanos”.
Así se expresaba en Miami el cónsul cubano de la Oficina de Intereses en Washington, Llanio González, de acuerdo a una información publicada por el diario español El País el 11 de julio de 2013.
Sin embargo, ahora otro funcionario cubano niega esa información.
De acuerdo a un cable de la AP, Cuba desmintió que vaya a modificar su ley de inversión extranjera y en cambio solo se actualizarán algunas normas para promover la actividad y atraer a nuevos socios foráneos:
“Está en proceso la evaluación de una política general y sectorial que acompañe el fomento de esta inversión extranjera y aunque no está prevista la modificación de la ley, si podrán actualizarse determinadas normativas”, dijo a los periodistas el viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), Antonio Carricarte.
Actualmente en la isla “están vigente unos 190 negocios” mixtos entre el gobierno y extranjeros,.
La cifra es la mitad de las firmas existentes a comienzos de 2000, cuando se reportaban unas 400 firmas y que fue descendiendo de manera paulatina a lo largo de la pasada década.
La inversión extranjera siempre ha sido un tema difícil en Cuba. Peligroso incluso, tanto para funcionarios cubanos como para inversionistas extranjeros.
Más allá de proyectos muy conocidos en sectores claves como turismo, minería, petróleo y ahora la famosa inversión en el puerto del Mariel, muchos inversionistas extranjeros en Cuba llegaban al país como aquellos personajes que se presentaban en el Saloon de un Western: aventureros, jugadores, sin escrúpulos, buscadores de oro y tipos dispuestos al despojo. El soborno era imprescindible, la corrupción a todos los niveles y la explotación sin freno: “capitalismo salvaje”, puro y duro.
El gobierno de Raúl Castro ha tratado de controlar, en cierta medida, esa situación: una lucha contra la corrupción, por una parte, y un intento de concentrarse en grandes accionistas, por la otra, para facilitar el control, reducir las vías de escape monetaria y aumentar las ganancias.
Muchos empresarios se marcharon de Cuba en los últimos años quejándose de la burocracia y de atrasos en los pagos, aunque el gobierno ha resuelto este problema.
Hay sin embargo otro aspecto fundamental, que va más allá de las circunstancias del momento, y es la cuestión de que Cuba no tiene muchas posibilidades para ofrecer sectores en que puedan concentrarse grandes inversiones: ni industria pesada ni industria ligera. Una prometedora industria biofarmacéutica y de nanotecnología (la primera en manos del hijo de Raúl Castro y la segunda con el hijo de Fidel Castro al frente), donde ambas ramas buscan fundirse en lo que podría ser en un futuro cercano un lucrativo negocio familiar. Por lo demás, el amplio sector de los servicios, que tanto en el orden doméstico (turismo) como internacional (servicios médicos, remesas y otras formas de intercambio comercial con la comunidad cubana en el exterior) se sitúa cada vez más como el eje principal de la economía cubana.
Sin embargo, han comenzado a surgir señales que ilustran una modificación en el objetivo de conseguir únicamente grandes socios comerciales —ya sea países como grandes corporaciones— como únicos inversionistas, y que en un momento fue utilizado como argumento por el canciller de la isla, para justificar la ausencia de inversiones de cubanos radicados en el exterior.
El martes pasado el vicepresidente Marino Murillo reconoció la necesidad de atraer capitales extranjeros a la isla
Por otra parte, una de las cuestiones en que más se había insistido el año pasado, en el marco de las reformas o lo que se conoce en Cuba como “actualización del sistema”, era en la modificación de la Ley 77, aprobada en 1995. La viceministra Yamila Fernández había informado públicamente en julio de 2012 que para diciembre se esperaba contar con las modificaciones.
Sin embargo, Carricarte descartó ahora esa idea:
El funcionario indicó que se estaba trabajando en una nueva cartera de negocios para ofrecer a socios internacionales en sectores como minería, turismo, energías renovables e industria alimentaria.
Paralelamente, Carricarte indicó que el 70% de las exportaciones de la isla están constituidas por la venta de servicios al exterior. El monto “se pude aproximar a los $10,000 millones”, comentó.
La cifra incluiría el turismo, uno de los motores de la economía de la isla, que ingresa unos $2,500 millones de dólares, la oferta de servicios de salud y profesionales a países con los cuales tienen convenio.
Analistas consideran que la exportación de servicios médicos, sobre todo a Venezuela y otras naciones equivale a $6,000 millones de dólares.

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