domingo, 14 de julio de 2013

El hombre de Raúl llega a Miami



Dos declaraciones, de dos funcionarios con jerarquías muy diferentes y pronunciadas en los dos sitios más disímiles, dan cierta pista sobre los  actuales objetivos económicos y políticos del gobierno cubano, aunque con La Habana la aritmética a veces falla, y uno más uno puede ser cualquier cosa.
La primera de las declaraciones es del vicepresidente Marino Murillo. La ofreció a un grupo de corresponsales de la prensa extranjera en Cuba, el martes de la pasada semana.
“En la formación del Producto Interno Bruto la empresa estatal socialista va a seguir siendo determinante... con un poco más de eficiencia”, dijo Murillo.
La segunda corresponde al cónsul general de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, Llanio González, y fue dada en Miami.
“El país está en un proceso de grandes cambios, no solo desde el punto de vista de actualización del modelo económico, sino también de lo que se llama la institucionalización. Hay muchas leyes nuevas que se están estudiando. Va a haber una nueva ley de inversión extranjera donde, por supuesto, van a estar incluidos los cubanos”, dijo González.
Muchos pensaron que Raúl Castro, una vez en el poder de forma permanente, desarrollaría un modelo similar al chino. Sin embargo, una mirada hacia atrás no permite muchas esperanzas en este sentido.
En los años 90, que fue el momento de mayor liberalización económica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias iniciaron una gran expansión de sus actividades económicas, pero sin inclinarse a llevar a cabo un proceso de reformas de mercado sino a buscar la financiación de sus propias fuerzas, y de paso el enriquecimiento o al menos la mejora del nivel de vida de los oficiales.
Años atrás podía argumentarse que Fidel Castro era el elemento de freno a la ampliación de este proceso, pero  en la actualidad los motivos que frenan el desarrollo económico trascienden el simple marco de la gestión y tiene un aspecto político fundamental.
Ahora caben menos dudas de que cuando Raúl habló de “reformas estructurales” se refería más a factores organizativos que a una ampliación sustancial del limitadísimo sector de la producción y los servicios por medios privados.
El centro de la reforma raulista —o “actualización”, como prefiere llamarla el gobierno— es poner fin a la quimera igualitaria que siempre fue más una consigna que un objetivo sincero desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959. Sólo que este fin del igualitarismo no se fundamenta en un reparto amplio de posibilidades para desarrollar iniciativas económicas, sino en un reparto de parcelas  de beneficios.
Al clausurar la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 7 de julio de 2013, el gobernante Raúl Castro volvió con la vieja cantinela de la “vigencia de la ley de distribución socialista” y a repetir un viejo dogma: “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Es de nuevo el empleo sistemático de esquemas, opiniones y análisis pasados de moda, pero de ortodoxia comprobada: ¡Por favor, olvídense de la Crítica al Programa de Gotha! Cuba no va a lograr un verdadero desarrollo sino se despoja de prácticas económicas obsoletas.
En última instancia, hasta ahora la “actualización” que lleva a cabo el gobierno cubano se asemeja más a la creación de un Estado mercantilista que al establecimiento de un capitalismo de Estado. Y aquí es donde entra a jugar la segunda declaración, la del cónsul Llanio González. La Plaza de la Revolución está dispuesta a mostrarle una ventana a determinados inversionistas cubanos, pero sin que ello signifique abrir la puerta. El escenario ideal para este planteamiento es por supuesto Miami. No solo porque es en esta ciudad donde realmente existe la posibilidad de encontrar exiliados con los recursos necesarios —el planteamiento de que ya cubanos residentes en Europa lo están haciendo no pasa de ser una referencia anecdótica—, sino porque aquí también ya hay lo que vendría a ser un modelo a seguir: las agencias de viajes. Estas agencias son negocios capitalistas, que singularmente cumplen con normas establecidas de común acuerdo por dos países que son antagonistas políticos. El objetivo actual del gobierno cubano es buscar la forma de que en otras esferas económicas, del sector de los servicios, se repita un esquema similar. Es decir, ampliar el negocio. Por supuesto que para ello se necesitan cambios no solo en leyes cubanas, sino también estadounidenses, pero la hoja de ruta ya existe.
Así que Murillo habla de la “empresa estatal socialista”, determinante en la economía, pero en la práctica este limitado sector empresarial no va jugar un papel tan clave solo en función de su productividad, sino que será bajo el respaldo de un engranaje mayor de control social, político y económico, al que desde hace años La Habana ha incorporado al exilio.
Esta es mi columna semanal, que aparece en la edición de El Nuevo Herald del lunes 15 de julio de 2013.

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