sábado, 13 de julio de 2013

En Texas un condón es más peligroso que una pistola



¿Un condón es más peligroso que un fusil, que una pistola, que una escopeta de caza? Pues sí, al menos para los legisladores republicanos de Texas, para todos esos miembros de una derecha fundamentalista y fanática cuyo irracionalismo no está muy alejado del que practican los extremistas mulsumales a los que tanto critican. Una facción dentro del Partido Republicano que desde hace años ha tomado el control del mismo en gran medida, y que en la actualidad amenaza con destruirlo. Un grupo que, mucho antes de que surgiera su manifestación más vocinclera y alocada —el movimiento Tea Party— ya había viciado el conservadurismo estadounidense con su revanchismo reaccionario, al tiempo que realizado alianzas nunca antes imaginadas —por ejemplo, con el sionismo— para hacer avanzar una agenda oscurantista y pendeciera.
Acaba de ocurrir. Agentes estatales confiscaron tampones, compresas y condones durante el debate sobre la nueva ley del aborto en el Senado del estado de Texas, que aprobó el sábado una serie de nuevas restricciones al respecto.
Según recogieron varios medios estadounidenses, la seguridad del hemiciclo prohibió la entrada con enseres sanitarios femeninos y preservativos “para evitar que fueran arrojados a los legisladores” debido a la fuerte presencia de grupos de activistas prodefensa de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, debido a las leyes del estado de Texas, los asistentes a la votación podían llevar armas consigo.
El Senado de Texas aprobó una de las leyes del aborto más restrictivas de Estados Unidos. Entre las medidas que exige la nueva norma están: la prohibición de abortar después de las 20 semanas de gestación, la obligación de las clínicas de contar con quirófanos —misma higiene y equipamientos que los hospitales—, la limitación de dónde y cuándo las mujeres pueden tomar pastillas para inducir el aborto —medida que va en contra de la ley federal que ahora permite la venta del medicamento para todas las edades sin receta— y el requerimiento a los doctores de contar con privilegios para utilizar un hospital que esté situado, como mucho, a 40 kilómetros de distancia de la clínica que ofrece el servicio, con el fin de que su licencia sea válida y para casos de emergencia.
Los congresistas demócratas introdujeron enmiendas para añadir excepciones a los casos de violación e incesto y para eliminar algunas de las cláusulas más restrictivas, pero los republicanos rechazaron todos los cambios propuestos.
Quienes apoyan la ley dicen que está destinada a brindar mayores garantías para proteger la salud de las mujeres, y uno puede tener esa impresión leyendo algunos de sus enunciados. Sin embargo, el objetivo principal responde a una estrategia que desde hace años viene practicando con relativo éxito quienes se oponen al aborto: minar la legislación federal al respecto mediante la introducción de leyes y normas estatales que limiten o dejen fuera de vigor a las leyes nacionales debido a la existencia de restricciones estatales.
En este sentido, medidas como la que acaba de ser aprobada en Texas no solo representa un retroceso moral y social, por su contenido, sino también por su táctica: es un intento de vuelta a los años en que los estados sureños en manos de gobiernos y legisladores racistas querían mantener la segregación racial y rechazar o mantenerse al margen de las leyes nacionales.
La ley aprobada en Texas es, además, profundamente clasista. La regulación provocará que la mayoría de los centros sanitarios abortivos de Texas tengan que cerrar —lo que negará el acceso a mucha gente del entorno rural— y hará que las mujeres busquen segundas vías más peligrosas para llevar a cabo el aborto. Solo cinco de las 42 clínicas de interrupción voluntaria del embarazo cumplen las exigencias de la norma aprobada.
En EEUU, unas 15 mujeres de cada 1.000 interrumpen el embarazo al año. Una de cada tres se someterá a un aborto antes de cumplir los 45 años, según datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades.
La nueva normativa texana entrará en vigor en el mismo año en el que se cumplió en enero el 40 aniversario de que la Corte Suprema sentenciara que el aborto es un derecho constitucional.
La medida del Tribunal Supremo tiene un apoyo mayoritario en toda la nación. El pasado mes de enero, un 54% de estadounidenses expresó que “la interrupción del embarazo debería ser legal en la mayoría de los casos” y más del 70% concluyó que dicha norma “no debía ser modificada”. El porcentaje más alto desde 1989, según una encuesta de The Wall Street Journal y NBC News

Bouguereau, sociedad y erotismo

La obra de William-Adolphe Bouguereau recorre con facilidad y simpleza dos mundos afines y contradictorios: la pintura de la segundad m...