¿Un condón es más peligroso que un fusil,
que una pistola, que una escopeta de caza? Pues sí, al menos para los
legisladores republicanos de Texas, para todos esos miembros de una derecha
fundamentalista y fanática cuyo irracionalismo no está muy alejado del que
practican los extremistas mulsumales a los que tanto critican. Una facción
dentro del Partido Republicano que desde hace años ha tomado el control del
mismo en gran medida, y que en la actualidad amenaza con destruirlo. Un grupo
que, mucho antes de que surgiera su manifestación más vocinclera y alocada —el
movimiento Tea Party— ya había viciado el conservadurismo estadounidense con su
revanchismo reaccionario, al tiempo que realizado alianzas nunca antes
imaginadas —por ejemplo, con el sionismo— para hacer avanzar una agenda
oscurantista y pendeciera.
Acaba de ocurrir. Agentes estatales
confiscaron tampones, compresas y condones durante el debate sobre la nueva ley
del aborto en el Senado del estado de Texas, que aprobó el sábado una serie de
nuevas restricciones al respecto.
Según recogieron varios medios
estadounidenses, la seguridad del hemiciclo prohibió la entrada con enseres
sanitarios femeninos y preservativos “para evitar que fueran arrojados a los
legisladores” debido a la fuerte presencia de grupos de activistas prodefensa
de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, debido a las leyes del
estado de Texas, los asistentes a la votación podían llevar armas consigo.
El Senado de Texas aprobó una de las
leyes del aborto más restrictivas de Estados Unidos. Entre las medidas que
exige la nueva norma están: la prohibición de abortar después de las 20 semanas
de gestación, la obligación de las clínicas de contar con quirófanos —misma
higiene y equipamientos que los hospitales—, la limitación de dónde y cuándo
las mujeres pueden tomar pastillas para inducir el aborto —medida que va en
contra de la ley federal que ahora permite la venta del medicamento para todas
las edades sin receta— y el requerimiento a los doctores de contar con
privilegios para utilizar un hospital que esté situado, como mucho, a 40
kilómetros de distancia de la clínica que ofrece el servicio, con el fin de que
su licencia sea válida y para casos de emergencia.
Los congresistas demócratas introdujeron
enmiendas para añadir excepciones a los casos de violación e incesto y para
eliminar algunas de las cláusulas más restrictivas, pero los republicanos
rechazaron todos los cambios propuestos.
Quienes apoyan la ley dicen que está
destinada a brindar mayores garantías para proteger la salud de las mujeres, y
uno puede tener esa impresión leyendo algunos de sus enunciados. Sin embargo,
el objetivo principal responde a una estrategia que desde hace años viene
practicando con relativo éxito quienes se oponen al aborto: minar la
legislación federal al respecto mediante la introducción de leyes y normas
estatales que limiten o dejen fuera de vigor a las leyes nacionales debido a la
existencia de restricciones estatales.
En este sentido, medidas como la que
acaba de ser aprobada en Texas no solo representa un retroceso moral y social,
por su contenido, sino también por su táctica: es un intento de vuelta a los
años en que los estados sureños en manos de gobiernos y legisladores racistas
querían mantener la segregación racial y rechazar o mantenerse al margen de las
leyes nacionales.
La ley aprobada en Texas es, además,
profundamente clasista. La regulación provocará que la mayoría de los centros
sanitarios abortivos de Texas tengan que cerrar —lo que negará el acceso a mucha
gente del entorno rural— y hará que las mujeres busquen segundas vías más
peligrosas para llevar a cabo el aborto. Solo cinco de las 42 clínicas de
interrupción voluntaria del embarazo cumplen las exigencias de la norma
aprobada.
En EEUU, unas 15 mujeres de cada 1.000
interrumpen el embarazo al año. Una de cada tres se someterá a un aborto antes de
cumplir los 45 años, según datos del Centro de Prevención y Control de
Enfermedades.
La nueva normativa texana entrará en
vigor en el mismo año en el que se cumplió en enero el 40 aniversario de que la
Corte Suprema sentenciara que el aborto es un derecho constitucional.
La medida del Tribunal Supremo tiene un
apoyo mayoritario en toda la nación. El pasado mes de enero, un 54% de
estadounidenses expresó que “la interrupción del embarazo debería ser legal en
la mayoría de los casos” y más del 70% concluyó que dicha norma “no debía ser
modificada”. El porcentaje más alto desde 1989, según una encuesta de The Wall Street Journal y NBC News
