El senador Marco Rubio declaró
recientemente que pensaba que se debe “examinar” la Ley de Ajuste Cubano. Es
cierto, pero antes se debería eliminar la medida conocida como “pies secos/pies
mojados”.
Durante demasiadas décadas, la política
del gobierno norteamericano hacia la isla se limita a la inmovilidad en sus
rasgos fundamentales y a la retórica de campaña en su superficie. La
administración de Barack Obama no ha sido una excepción. Hasta ahora, nada hace
esperar que se rompa este conjuro.
Sin embargo, la inmovilidad de Washington
no ha impedido que con los años se haya producido una transformación, tanto de
la situación migratoria en lo que respecta a las leyes establecidas por La
Habana, como a la valoración y significado de la figura del “balsero”.
En primer lugar se debe destacar el
cambio en la representación del inmigrante cubano, una simbología que ha
evolucionado del mito del héroe-balsero a la denuncia del contrabando humano;
de la epopeya de enfrentar la Corriente del Golfo en débiles embarcaciones —o
en muchos casos incluso en simulacros de embarcaciones— a los guardafronteras
persiguiendo las lanchas rápidas. Aunque la tragedia no deja de estar presente,
la entrada ilegal de cubanos ha perdido su justificación política, vista ahora
en el mejor de los casos como un drama familiar.
Irse de Cuba de forma ilegal, en la mayor
parte de los casos, ya no es contemplado como un desafío a las leyes del
régimen castrista ni se considera un escape de la tiranía: es sencillamente una
violación de las fronteras de Estados Unidos, un asunto familiar y un delito.
Sólo un cambio tan notable de percepción
sobre el inmigrante cubano (la palabra balsero abandonada ante la presencia o
la huella de embarcaciones más poderosas utilizadas para la fuga) explica que
la devolución casi cotidiana de cubanos encontrados en alta mar no produzca
protestas, ni siquiera interés. Las nuevas medidas migratorias que a lo largo
de los años se han establecido para disminuir la entrada de cubanos por vías
ilegales se han presentado como normas cuyo principal objetivo es poner fin al
contrabando humano, y no se hace mención a otra característica que conllevan:
cerrar una vía de escape a la situación imperante en la isla. En la famosa ecuación
“pies secos/pies mojados”, empapar a todos los que aspiran a inmigrar
ilegalmente, tratar por todos los medios de que nadie se pueda secar en la
arena de las playas del sur de la Florida.
Este esfuerzo para poner fin a la
inmigración ilegal y acabar con el contrabando humano responde no sólo a los
intereses fronterizos y de estabilidad nacional de Estados Unidos, así como a
la necesidad de frenar una actividad delictiva, sino que también ha avanzado en
la elaboración de una política migratoria respecto a Cuba de cara al futuro, a
la espera del día en que se produzca un restablecimiento pleno de los
privilegios de los residentes en la isla a la hora de emigrar.
Hay que señalar en este sentido que los
avances estadounidenses se han limitado al cumplimiento de las leyes, más que a
la transformación de las normas, mientras que en Cuba la reforma migratoria,
aunque no da la amplitud necesaria, en buena medida deja en entredicho los
reclamos políticos para colocar en primer plano los económicos. La posibilidad
de vivir un tiempo a este lado del estrecho de la Florida, para ganar dinero,
enviar remesas, medicinas y artículos de todo tipo a la isla, o incluso “descansar
un poco de la persecución” (como ha declarado la familia Payá), y luego regresar a Cuba, implica una nueva
situación de la que se desprende un cambio en la legislatura vigente en este
país. No más el proclamar la llegada a “tierras de libertad” como salvoconducto
de entrada.
El establecimiento de la política “pies
secos/pies mojados” fue una de las tantas salidas a medias e hipócritas que
caracterizaron al gobierno de Bill Clinton. Fue establecida tras los acuerdos
migratorios de 1994 y 1995, como resultado de la Crisis de los Balseros.
A favor del mantenimiento, tanto de la
política “pies secos/pies mojados” como de la Ley de Ajuste Cubano, puede
argumentarse la permanencia del régimen castrista. Solo que el reclamo amenaza
convertirse en excusa. La desaparición de los hermanos Castro no significará el
fin de los problemas para los cubanos y por supuesto que siempre habrá motivos
para reclamar la excepcionalidad. También se puede decir que no toca a alguien
que emigró señalar circunstancias que podrían poner fin a los beneficios que en
la actualidad disfrutan otros como él, o al menos que comparten igual origen
nacional, pero esa reclamación es válida solo si se aspira a permanecer siempre
fiel a cualquier arreglo parroquial.
Durante muchos años la política
migratoria ha sido utilizada como un instrumento político, por parte de EEUU y
Cuba. Dos países disímiles unidos por un problema común, mientras miles de
desesperados continúan buscando un destino mejor.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 1 de julio de 2013.