Al fin Ángel Carromero ha contado su
versión sobre lo ocurrido el día en que perdieron la vida Oswaldo Payá y Harold
Cepero, y por primera vez sus palabras plantean hechos concretos, cita
documentos y personas a las que se puede preguntar al respecto. De esta forma,
coloca en una posición delicada al actual Gobierno español. Una posición que
podría tornarse embarazosa si la Moncloa decide ignorarlo y no hacer nada.
Con la entrevista concedida al diario
español El Mundo, Carromero, vicesecretario
de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, ha decidido arriesgarse
—algo que siempre se le ha reprochado por no hacerlo—, y su testimonio merece
ser atendido y contestado.
Ha transcurrido un año desde aquel 22 de
julio de 2012 en Bayamo, en la zona oriental de Cuba, y lo ocurrido no ha
dejado de ser noticia, tanto por el reclamo incesante de la familia Payá para
que se realice una pesquisa transparente del suceso, como por las más diversas
informaciones, editoriales de prensa, declaraciones de organizaciones del
exilio y de derechos humanos en diversas partes del mundo —hasta rumores y
especulaciones—, que no han cesado de producirse sobre lo que a todas luces es
aún un incidente complejo, oscuro y sospechoso.
Porque lo que siempre ha despertado
sospechas puede resumirse en dos aspectos: el historial del régimen totalitario
de La Habana, de eliminar y desprestigiar a sus opositores más diversos —con
mayor o menor potencialidad de acción—, y la destacada labor en favor de la democracia
de los fallecidos, en especial Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL) y una figura con un amplio reconocimiento internacional. Sin embargo, en
esta compleja madeja —siempre en crecimiento durante un año— habían faltado los
datos que permitieran ir más allá de la opinión y la conjetura.
Carromero coloca a Madrid en una posición
delicada por dos razones simples: tanto una de las víctimas era ciudadano
español por naturalización, como el supuesto victimario involuntario lo es por
nacimiento. Más allá de establecer que el régimen de los hermanos Castro es, en
última instancia, responsable por lo ocurrido —algo que atañe en buena medida a
las denuncias internacionales— lo que se trata ahora es de determinar si ese
régimen es también culpable directo de las muertes. Se impone dar el paso del
aspecto político a la investigación penal, y el encargado de dar ese paso es
Madrid, en lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y en determinar el
grado de culpabilidad de los que —según Carromero— ejecutaron lo que él
considera fue un asesinato, así como en precisar quienes ordenaron llevarlo a
cabo; o al menos dieron luz verde para una persecución y hostigamiento que
desembocó en las muertes.
Si se trató de una nueva chapuza, de las
que al parecer se inclina cada vez más a cometer el régimen de Raúl Castro, y
el objetivo era amedrentar y no matar, el delito es igualmente serio. Pero para
el joven político de Madrid no se trató de un error, ni de un fallo en los
cálculos, sino de un asesinato premeditado. La acusación es grave, e implica
una gran obligación —no solo moral sino también jurídica—, tanto para el que
acusa como para los acusados.
Lo importante del testimonio de Carromero
es que algunas de las personas por él mencionadas pueden ser interrogadas al
respecto, ya que aparentemente están fuera del alcance del gobierno de la isla,
y no tienen a su disposición el recurso
fácil o difícil de refugiarse en la justificación o la cobardía, de invocar en
secreto las presiones o amenazas que el poder puede ejercer sobre ellas —o al menos
no deben ampararse en ello.
Los
testigos
Carromero dice que los cuatro que iban en
el automóvil salieron con vida tras la colisión producida cuando fueron
embestidos por un vehículo con chapa estatal, que el impacto no fue fuerte, ya
que no se rompieron los cristales del auto. “Las enfermeras y un párroco me
aseguran que en el hospital hemos ingresado los cuatro”, afirma.
No dice específicamente que le informaron
que las cuatro víctimas estaban con vida, aunque se deduce del ingreso, y hay además
un dato significativo. Por supuesto que no se puede esperar, en las condiciones
imperantes en Cuba, que las enfermeras declaren, pero ese sacerdote que aparece
ahora debe ser buscado, y preguntarle al respecto. Es deber de la Iglesia
Católica una aclaración.
Más adelante añade que la embajadora de
Suecia tardó 24 horas en ir a buscar a su acompañante de esa nacionalidad, y en
su caso especifica: “Yo sólo pude ver al cónsul general meses antes del juicio
y nunca a solas. Siempre había un teniente coronel delante”. En Cuba siempre se
ha afirmado que recibió la debida atención consular. El entonces cónsul general
debe responder sobre este aspecto.
En otra parte de la entrevista afirma: “A
mi abogado lo vi una vez el día antes del juicio y pude hablar con él a solas
60 segundos por el descuido de un coronel. En ese momento le dije: ‘Pepe, en España saben que no ha sido un accidente, ¿verdad?’. Él me contestó que sí, pero que me mantuviera en la versión
oficial y me aseguró que el Gobierno y mi partido estaban conmigo”. Este es un
punto fundamental, que debe ser aclarado por el abogado.
En otra pregunta detalla que se considera
un buen conductor y que “la mayoría de las multas que tengo son de
aparcamiento. Me quitaron los puntos del carné por ir hablando por el móvil y
por superar en 10 kilómetros por hora el límite de velocidad en la A-3”.
De acuerdo a lo publicado en el diario
español El País el 3 de agosto de
2012, Carromero había perdido su carnet de conducir por “homicidio por
conducción imprudente”, y agrega el periódico que se trata de un “delito penado
entre uno y diez años de cárcel, había acumulado 45 multas de tráfico desde
marzo de 2011, tres de ellas por exceso de velocidad, aunque la mayoría eran
infracciones por aparcamiento indebido que no generan la retirada de puntos.
Antes de esa fecha tenía otras sanciones por infracciones más graves, que
dieron paso a la decisión de Tráfico, que le comunicó que le iba a retirar la
licencia”.
¿Cuáles fueron esas infracciones más
graves, que Carromero no menciona o no recuerda en el momento de la entrevista
con El Mundo?
Al preguntársele cómo valora la gestión
del Gobierno español, Carromero responde: “Consiguieron traerme de vuelta y por
eso les estoy agradecido”. Sin embargo, ahora denuncia un serie de
irregularidades, que al parecer ese mismo gobierno, del cual dice estar
agradecido, supuestamente permitió pasar por alto o hacerse de la vista gorda,
para que siguiera en curso un proceso que tuvo como resultado su traslado a
España a finales de ese mismo año en que ocurrieron los hechos.
La
España actual
Las declaraciones de Carromero hay que
verlas dentro del contexto actual de la situación política española: un
presidente del Gobierno debilitado por el caso del exgerente y extesorero Luis Bárcenas
y un Partido Popular (PP) que si públicamente
ofrece una imagen de unidad, en lo interno está sumergido en una fuerte lucha
por el poder y en divisiones que a veces salen a flote y otras se mantienen
soterradas. Sus comentarios fueron dados a un periódico que mantiene una
enconada batalla contra ese mismo gobierno. Es más, a partir de la comparecencia
de Mariano Rajoy ante el Parlamento, el 1 de agosto, la rencilla entre El Mundo y la presidencia española se ha
hecho incluso personal. El director del diario, Pedro J. Ramírez, denunció el
viernes 2 de agosto que es “seguido y vigilado” por el gobierno de Rajoy por
las informaciones que el rotativo ha publicado en el marco del escándalo de
presunta financiación ilegal en el PP.
Al preguntársele en la entrevista sobre
la fuerte defensa de su caso por parte de Esperanza Aguirre, presidenta del PP
de Madrid, Carromero ha respondido: “Esperanza está defendiendo la verdad. Se
ha portado conmigo como una madre. Antes de todo esto no me había reunido nunca
con ella, pero desde que me afilié al PP a los 16 años soy aguirrista”.
Que Aguirre dio luz verde a Carromero es
algo que despierta muy poca duda, pero es posible que haya más: ¿Fue ella la
que lo alentó o instigó a estas declaraciones, en un momento en que el caso
Bárcenas se mantiene en el candelero, pero no ha proporcionado nuevos titulares
tras el último discurso de Rajoy?
Pocos en España —podría afirmarse que
nadie— duda de las aspiraciones presidenciales de Aguirre. Sus diferencias con
Rajoy vienen de años. Su renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid no
ha implicado “su retiro de la vida política”, como en su momento decretó desacertadamente
Mario Vargas Llosa. Aguirre no solo mantuvo su cargo al frente del PP en la
comunidad madrileña, sino que ha practicado una disidencia a veces vocinglera y
otras más pausada. Su ferviente anticastrismo ha encontrado una afinidad
política perfecta en su campaña de reivindicación de Carromero, con objetivos
políticos propios.
Como suele ocurrir en todo lo relacionado
con Cuba, la trama siempre tiene dos cabezas: una hacia el exterior, hacia la
isla, y otra nacional, sea Washington o Madrid, la Casa Blanca o la Moncloa.
Sin embargo, más allá de cualquier
circunstancia, ahora es más imperioso que nunca la búsqueda de la verdad sobre
lo ocurrido a Payá y Cepero. Carromero ha decidido asumir un riesgo, está en
juego su prestigio —o lo que queda de éste— y por ello merece que sus
acusaciones se investiguen. Pero, sobre todo, lo merecen más los opositores
muertos y sus familiares, y también el pueblo cubano.
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