El gobierno de Bahamas terminó
repatriando a 24 inmigrantes cubanos, entre ellos ocho a quienes se les había
ofrecido asilo en Panamá, y anunció que otros ocho cubanos serán devueltos a la
isla en cuestión de días. Es una noticia triste, porque debido a las
dificultades y trabajos sufridos, y al hecho que constituyen una cifra
reducida, una solución humanitaria hubiera sido lo mejor para todos.
Un post anterior, Mal
negocio, en este blog advertía que la dirección que había tomado la
protesta de los exiliados en Miami, por el mal trato dado a los inmigrantes
procedentes de Cuba detenidos en Bahamas, amenazaba con convertirse en un diferendo
entre esta ciudad y el país caribeño. Mal negocio —en el sentido específico y
más amplio del término— que la polémica se encaminara en esa dirección, se
apuntaba entonces y hoy los hechos lo comprueban.
Aunque se trata de una situación aún
cambiante, hay varios aspectos que merecen analizarse.

Desde hace años no se producen protestas
en Miami por esas devoluciones. Si en un primer momento la protesta se refería
fundamentalmente a malos tratos recibidos, después se trató de buscar una
solución más amplia, que contemplaba el traslado a otros país, y en la que
estaba implícita la posible entrada en este país, que en resumidas cuentas es
el objetivo de los inmigrantes. Pero la negociación con el gobierno de Bahamas
resultaba especialmente delicada en lo que respecta a un punto: Nassau había
admitido unos inmigrantes ilegales, que de ser interceptados en alta mar por
Estados Unidos hubieran sido repatriados de inmediato.
Por otra parte, los aspectos en que
tradicionalmente se han fundamentado los reclamos del exilio cubano, en lo que
respecta a las diversas situaciones ocurridas con inmigrantes en este país y
otros, han cambiado fundamentalmente.
El argumento de que se trata de
refugiados, que huyen en busca de libertad, es muy difícil de sostener frente a otras naciones (aunque no ha perdido
por completo realidad). Por lo común se tiende a considerar a los cubanos como
otros inmigrantes más.
La continuidad del problema durante
décadas, y lo que implica en cuanto a cifras de refugiados, ha traído como
consecuencia una saturación .

Así que lo más pertinente, para los
intereses bahameños, debe haber sido buscar una solución similar al acuerdo
entre los gobiernos de México y Cuba. Desde que se anunció la presencia en La
Habana del ministro de Exteriores e Inmigración de Bahamas, Frederick Mitchell,
era de esperarse que los inmigrantes serían devueltos a Cuba.
Precisamente había sido Mitchell quien se
quejara, en una declaración por escrito enviada a El
Nuevo Herald, de la protesta del exilio: “Es reprensible que Bahamas
esté siendo atacada de este modo, aparentemente con sanción oficial. Es
simplemente atroz”.
Luego había agregado: “Si quieren que
estos detenidos estén en Estados Unidos deberían utilizar su influencia para
que sean devueltos a Estados Unidos. Si las autoridades estadounidenses
aprueban esto, podemos soltar a los detenidos mañana mismo”, agrega el
documento.
Porque no solo Washington no mostró
interés alguno en el asunto —más allá de las gestiones y comentarios de los
legisladores cubanoamericanos— sino que desde hace años —aquellos comprendidos
en tres administraciones estadounidenses, dos demócratas y una republicana—
viene devolviendo a Cuba a los inmigrantes ilegales cubanos que no logran pisar
tierra firme.

En esta ciudad desde hace años hubo una
evolución del mito del héroe-balsero a la denuncia del contrabando humano; de
la epopeya de enfrentar la Corriente del Golfo en débiles embarcaciones —o en
muchos casos incluso en simulacros de embarcaciones— a los guardafronteras
persiguiendo las lanchas rápidas.
Aunque la tragedia no deja de estar
presente, la entrada ilegal de cubanos ha perdido su justificación política,
vista ahora en el mejor de los casos como un drama familiar y condenada por
muchos que por los medios más diversos siguieron un camino similar.
Irse de Cuba de forma ilegal en la mayor
parte de los casos ya no es contemplado como un desafío a las leyes del régimen
castrista ni se considera un escape de la tiranía; es sencillamente una
violación de las fronteras de Estados Unidos, un asunto familiar y un delito.
Sólo un cambio tan notable de percepción
sobre el inmigrante cubano (la palabra balsero abandonada ante la presencia o
la ausencia de embarcaciones más poderosas utilizadas para la fuga) explica que
las nuevas medidas migratorias, puestas en práctica durante el gobierno de Bill
Clinton —tras la “Crisis de los Balseros”, se consideran sólo en uno de sus
aspectos: como normas cuyo principal objetivo es poner fin al contrabando
humano, y no se hiciera mención a otra característica que conllevaron: cerrar
una vía de escape a la situación imperante en la isla. Es la famosa ecuación
“pies secos/pies mojados”: empapar a todos los que aspiran a inmigrar
ilegalmente; tratar por todos los medios de que nadie se pueda secar en la
arena de las playas del sur de la Florida.
Este esfuerzo para poner fin a la
inmigración ilegal y acabar con el contrabando humano responde no sólo a los
intereses fronterizos y de estabilidad nacional de Estados Unidos, así como a
la necesidad de frenar una actividad delictiva, sino que también avanza en la
elaboración de una política migratoria respecto a Cuba de cara al futuro,
cuando llegue el día en que los cubanos perdamos gran parte de nuestros
privilegios a la hora de emigrar, ya sea debido a un cambio político en la isla
o por modificaciones en las normas que en la actualidad permiten la permanencia
en el país de cualquier cubano que entre de forma legal.
Las medidas continúan el camino ya
iniciado a mediados de la década de 1990, en que al tiempo que se estableció la
devolución de los cubanos, y se convirtió a la fuga en un doble escape, de las
autoridades norteamericanas en alta mar además de las cubanas en mar y tierra,
se empezó a observar el fenómeno migratorio, por parte de los propios exiliados
cubanos, de forma similar al existente en otras naciones —México, Haití,
Latinoamérica en general—, al considerar a los recién llegados, y al
considerarse éstos también en muchos casos, como inmigrantes económicos.
En este sentido, lo ocurrido con los
inmigrantes cubanos en Bahamas no pasa de ser un incidente menor, fundamentalmente
para la atención de la prensa local, y sin trascendencia alguna de tipo
internacional.
Está por verse si alguien se toma en
serio lo de decretar un boicot a los cruceros y viajes a las Bahamas, pero si
esto ocurre, no le espera un destino mejor que otros intentos anteriores,
contra productos mexicanos o españoles.
A diferencias de protestas ocurridas
décadas atrás, las realizadas a favor de los detenidos en Bahamas no han pasado
de algarabía, declaraciones a la prensa y gestiones infructuosas. No se trata
ahora de cuestionarse las intenciones de quienes han llevado a cabo estos
esfuerzos, sino simplemente de señalar su efectividad limitada. Una nueva
lección para el exilio, cuando vale la pena evitar que la confrontación verbal se
convierta en una triste feria.