Mal negocio



La protesta de los exiliados en Miami por el aparente mal trato que reciben inmigrantes procedentes de Cuba que se encuentran detenidos en Bahamas amenaza con convertirse en un diferendo entre esta ciudad y el país caribeño. Mal negocio —en el sentido específico y más amplio del término— que la polémica se encamine en esta dirección.
En primer lugar, hay que tomar en consideración una situación que no es nueva. Inmigrantes procedentes de la isla llevan años llegando a Bahamas en espera de una oportunidad para viajar a Estados Unidos. En diversas ocasiones se ha denunciado que sufren maltratos mientras se encuentran recluidos allí. No es una situación que afecta solo a los cubanos. Lo mismo sucede con haitianos, hondureños y brasileños, entre otros inmigrantes que quieren entrar a Estados Unidos. Lo que hace únicos a los cubanos son dos características: sus posibilidades de establecerse en EEUU son mayores, ya que hay la Ley de Ajuste Cubano, que les permite acogerse al refugio una vez que logren la entrada en suelo estadounidense y que existe una comunidad cubana en el sur de la Florida —con gran poder económico y político— que en determinados momentos los ha apoyado (por supuesto que situaciones como esta también sirven para buscar dividendos políticos, promoción y propaganda gratuita).
Estos cubanos, que en resumidas cuentas solo buscan una vida mejor —en lo que no se diferencian de otros inmigrantes ni de quienes llevamos varios años aquí— son a la vez víctimas de una dualidad legal y hasta moral: si en lugar de llegar a la Bahamas hubieran sido interceptados por un guardacostas estadounidense, los habrían devuelto a la isla.
Desde hace años no se producen protestas en Miami por esas devoluciones. Por otra parte, ellos han elegido una forma ilegal de entrada a este país. Para los legisladores estadounidenses —en especial los que pertenecen al Partido Republicano— resulta cada vez más contradictorio abogar en favor de la exclusión de los cubanos dentro de una posición cada vez más afianzada y estricta que mantiene su partido en contra no solo de la inmigración ilegal sino de la legalización o amnistía de los inmigrantes ilegales. El argumento de que en Cuba existe un Estado totalitario no ha perdido, pero ahora tiende a ser contrastado con dos hechos innegables: en estos momentos tanto Washington como La Habana han flexibilizado sus políticas migratorias, al punto de que 46,662 cubanos abandonaron la isla de forma permanente en 2012, la cifra más elevada desde la “Crisis de los Balseros” de 1994, cuando unas 47.000 personas se lanzaron al mar, como publica el diario español El Mundo.
En este sentido, cualquier análisis —y también cualquier protesta— sobre lo que está ocurriendo con los cubanos detenidos en Bahamas debe partir de varios puntos básicos: se trata de una inmigración ilegal; Bahamas le ha dado entrada en su territorio a los cubanos, aunque de forma temporal y se encuentran detenidos, y las denuncias de maltrato deben ser investigadas.
“Los abusos en las Bahamas han llegado al punto de tortura… esta es una campaña contra personas dentro del gobierno de Bahamas que torturan a los indocumentados. Lo que queremos es que esto se resuelva”, manifestó el miércoles a The Associated Press Ramón Saúl Sánchez, el líder del Movimiento Democracia el miércoles 31 de julio. Sánchez es uno de los dos exiliados cubanos que se encuentra en huelga de hambre en Miami. El otro es Jesús Alexis Gómez, quien realizó el video en que se muestran los maltratos. Por su parte, Bahamas ha negado la autenticidad del video. Sánchez lleva ocho días sin comer, mientras la huelga de Gómez se ha extendido por una quincena.
“Las quejas son constantes, en Miami hay miles de personas que han pasado por ahí”, aseguró Sánchez refiriéndose a los presuntos abusos.
El gobierno bahamense se ha negado a firmar un acuerdo en el que los exiliados demandan que se investiguen “actos de brutalidad que llegan a ser torturas”, que Bahamas se comprometa a respetar de manera permanente los derechos humanos y que siga las convenciones internacionales de asilo político, entre otros puntos.
Hay varias exigencias en el documento de los exiliados que deben haber contribuido a la negativa de Bahamas. El uso de la palabra tortura es quizá demasiado fuerte, la consideración de que los refugiados buscan asilo político resulta cuestionable y la inclusión de las islas caribeñas en un conflicto que les resulta ajeno.
En este sentido parece encuadrarse la respuesta más reciente del gobierno de Bahamas, que afirmó el viernes que está en disposición de enviar de inmediato a Estados Unidos a los cubanos que mantiene retenidos en su territorio, siempre que Washington dé la luz verde a su traslado.
“Es reprensible que Bahamas esté siendo atacada de este modo, aparentemente con sanción oficial. Es simplemente atroz”, dijo el ministro bahameño de Relaciones Exteriores, Fred Mitchell, en una declaración por escrito enviada a El Nuevo Herald.
“Si quieren que estos detenidos estén en Estados Unidos deberían utilizar su influencia para que sean devueltos a Estados Unidos. Si las autoridades estadounidenses aprueban esto, podemos soltar a los detenidos mañana mismo”, agrega el documento.
La declaración de Mitchell ocurre el mismo día en que tres congresistas de origen cubano mandaron una carta al Departamento de Estado pidiendo que presione a Bahamas para “asegurar la seguridad y el bienestar” de los detenidos, a quienes llama “buscadores de la libertad”.
La carta fue firmada por los representantes Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, ambos republicanos de la Florida, y Albio Sires, demócrata de Nueva Jersey.
La oficina del senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que él está en comunicación con la embajada de Bahamas en Washington, pero no hizo ninguna declaración sobre el tema, de acuerdo a la información publicada por El Nuevo Herald.
Mitchell también acusó a los manifestantes de estar preocupados sólo por tres detenidos específicos que son acusados de tráfico humano y que “se cree que previamente fueron residentes permanentes de Estados Unidos”.
Sánchez rechazó esta acusación, de acuerdo a El Nuevo Herald.
“Deploro profundamente el tráfico humano. Soy y siempre he sido enemigo de eso”, dijo Sánchez. “El gobierno de Bahamas está buscando cualquier artificio para no tener que investigar” los presuntos abusos.
“Las personas que han sido golpeadas y maltratadas, la mayoría son personas simples buscando la libertad”, agregó. “Si hay dos o tres traficantes entre ellos, aplíquenles la ley, pero no la tortura. Que los condenen a 100 años bien. Pero que no se escuden con eso”.
Sánchez ha mantenido una huelga de hambre durante ocho días, acompañado por otro activista, Jesús Alexis Gómez, que lleva 15 días sin comer.
Mitchell aseveró en su declaración que es mala idea para el sur de la Florida buscar pelea con Bahamas.
“Los bahameños están hartos y sorprendidos con estas protestas. Los ciudadanos de Bahamas gastan mil millones de dólares anualmente en la economía de la Florida”, declaró Mitchell. “Muchos negociantes de Florida les deben sus ganancias a sus clientes bahameños”.
La huelga de los exiliados cuenta con el apoyo del alcalde de Miami, Tomás Regalado, así como de la vicealcaldesa de Doral, Bettina Rodríguez Aguilera.
Convertir la cuestión en una crisis entre el sur de la Florida y Bahamas coloca el asunto en la órbita de los clásicos enfrentamientos en que con demasiada frecuencia se ve envuelto el exilio de esta ciudad. De inmediato surgirá la cuestión de que Regalado no es el alcalde del exilio, y mucho menos de Cuba, sino de una ciudad en donde la comunidad cubana es predominante, pero no el único componente poblacional.
Si se tiene en cuenta que el número total de cubanos implicados es muy bajo, unos cuarenta, la solución no debería ser difícil si no incidieran una serie de factores políticos. De inmediato debe aclararse y solucionarse cualquier situación de maltratos. Luego buscarse una vía de entrada en Estados Unidos. Lo lógico es que familiares aquí o alguna organización de exiliados o caritativa se responsabilice de ello. No hay que olvidar que tras la “Crisis de los Balseros”, miles de inmigrantes cubanos tuvieron que esperar tres años antes de ser admitidos en EEUU (por entonces el exilio también exageró diciendo que se encontraban en “campos de concentración” en Guantánamo). El problema, por supuesto, que esto no soluciona el problema, ya que no impediría que otros cubanos lleguen a Bahamas (es posible también que este país decida no darle albergue a más inmigrantes). La solución definitiva pasa por una revisión tanto de la Ley de Ajuste Cubano como de la política pies secos/pies mojados. Cada vez le resulta más imperioso a Washington llevar a cabo esta revisión.

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