viernes, 20 de septiembre de 2013

Los irracionales



Desde hace años una partida de fanáticos intentan apropiarse del Partido Republicano. Lo han logrado en parte. Todo comenzó con un desplazamiento geográfico, pero en realidad ideológico. El ala sureña del partido desplazó a los del norte, que lo habían guiado por años. Los gobiernos de ambos Bush, padre e hijo, fueron la culminación de este período, sobre todo durante el mandato del segundo.
Sin embargo, la llegada a la presidencia de Barack Obama vino a poner de cabeza lo que hasta entonces se consideraba un cambio acorde a las circunstancias del momento.
Como suele ocurrir, la respuesta no fue una rectificación de rumbo sino empeñarse en el error. Los triunfos parciales durante las elecciones legislativas de mediados del primer período presidencial de Obama parecieron confirmar en un sector republicano que el extremismo ideológico era la carta de triunfo en las urnas.
Luego vino la elección presidencial, pero la derrota del candidato republicano no ha servido para enmendar el error, sino todo lo contrario. Tras los debates en las primarias, en que cada aspirante a la presidencia se empeñó en ser más intransigente que el anterior, el elegido Mitt Romney trató de aparecer como el representante no solo de la clase media sino de la actual ciudadanía estadounidense en su conjunto. Fracasó en su empeño porque siempre resultó demasiado falso para creerse el cuento y con un desprecio total hacia la población hispana —para no hablar de los votantes negros— como para conseguir su apoyo.
Al igual que en el primer triunfo electoral de Obama con la derrota del senador John McCain, el fracaso de Romney no ha servido para un cambio.
Los motivos son dos, y muy elementales. El primero es que la próxima elección presidencial está aún lejana, y el juego político ahora no es conquistar al electorado estadounidense en general sino la base partidaria. El segundo tiene que ver con el dinero, y es que en la política de este país se está produciendo un fenómeno perjudicial para la democracia. El fallo de la Corte Suprema en el caso Citizens United contra la Comisión Nacional de Elecciones, que permite a las empresas gastar cantidades no limitadas de sus fondos corporativos en las contribuciones de campaña permitidas ha llevado a una mayor polarización ideológica y no a una representación más justa de los intereses de la mayoría ciudadana.
El dictamen de la Corte Suprema revocó todas las limitaciones de la ley Bipartisan Campaign Reform Act (también conocida como McCain–Feingold Act o BCRA), que prohibían a las empresas, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos, invertir en campañas electorales. Ello ha permitido la inversión de grandes sumas de dinero —a favor o en contra de los aspirantes y candidatos presidenciales de los dos principales partidos de este país— en las elecciones de 2010 y 2012.
Contrario a lo que se pensó en un primer momento, ello no se ha traducido necesariamente en privilegios para las corporaciones, sino en una vía para que algunos de sus principales propietarios, grandes accionistas y millonarios de cualquier tipo puedan invertir abiertamente en sus objetivos políticos personales.
Esto quiere decir que, para las corporaciones, los cabilderos continúan siendo los vehículos ideales para lograr leyes a su favor, mientras que a la hora de buscar inclinar la balanza política en agendas ideológicas individuales o de grupos de interés, los fondos en posesión de los grupos de acción política marcan la pauta.
En este sentido, el extremismo político que parece dominar en un poderoso sector del Partido Republicano no obedece al dinero de corporaciones sino de donantes individuales. Con frecuencia, estos grandes donantes promueven los puntos de vista más extremos. El mejor ejemplo en ese sentido es el magnate del juego Sheldon Adelson
En 2012, los principales donantes —que constituyen apenas el 0.1 por ciento— conformaron el 44 por ciento de las contribuciones de campaña, mientras que en 1980 un número igual de donantes privilegiados solo alcanzó el 10 por ciento de la cifra total de dinero dado para la promoción de candidaturas, de acuerdo a un artículo de The New York Times.
Ello explica que miembros populares del ala más radical del conservadurismo republicano, como el senador Marco Rubio, sean en este momento grandes recaudadores de fondos, de acuerdo a una información de El Nuevo Herald.
El cambio en el Partido Republicano, de un conservadurismo pragmático norteño a un fundamentalismo rural sureño, ha traído como consecuencia una polarización ideológica de los votantes, los cuales han llevado a la Cámara de Representantes a políticos que se aferran a posiciones ideológicas extremas, rechazan el compromiso y se aferran a una “pureza ideológica” que puede complacer a un número limitado de electores, pero se aparta del espíritu moderado y centrista del la mayoría de votantes de este país.
Este cambio, como se demostró en 2012, puede traer como resultado un nuevo fracaso republicano en la próxima elección presidencial. Pero por lo pronto los miembros de este partido apuestan a la votación para legisladores del próximo año.
¿Qué le queda entonces al movimiento conservador y cuál es su futuro?
Desde hace años el Partido Republicano necesita de una valoración de sus objetivos y prioridades, y al mismo tiempo liberarse del control que sobre él viene ejerciendo la ultraderecha sureña, en especial en su vertiente más reaccionaria, dominada en buena medida por los diversos grupos y sectas evangelistas, el extremismo en contra del Estado y el lograr una reducción cada vez mayor en los impuestos.
El movimiento Tea Party está exhausto, y ello debe traducirse fundamentalmente en un beneficio para la derecha, ya que este movimiento nacido en circunstancias de momento ha sido —en sus ideas, argumentos, estrategias, y sobre todo en su visión— de manera profunda y desafiante, anti conservador. Sin embargo, la pérdida de simpatizantes en el electorado en general del Tea Party —que quedó demostrada en las últimas elecciones— no significa aún que este movimiento ha perdido influencia a la hora de exigir a los miembros del Partido Republicano, en el reclamo de que se definan en sus acciones de acuerdo a lo que la organización considera “verdaderos republicanos o verdaderos conservadores”.

Esta exigencia tiene sus raíces en la transformación que ha sufrido una parte del movimiento conservador en este país, del pragmatismo al fanatismo ideológico.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el conservadurismo en Estados Unidos giró en torno a un debate único, que se ha repetido una y otra vez. Analizar ese debate es la mejor forma de comprenderlo.
Lo que se conoce como movimiento conservador norteamericano tiene su origen en las ideas del pensador y político inglés Edmund Burke, quien a finales del siglo XVIII postuló que el gobierno debía nutrirse de una unidad “orgánica”, que mantenía cohesionada a la población incluso en los tiempos de revolución.
El conservadurismo de Burke no se sustentaba en un conjunto particular de principios ideológicos, sino más bien en la desconfianza hacia todas las ideologías. En su denuncia de la Revolución Francesa, Burke no buscaba una justificación del ancien régime y sus iniquidades, tampoco proponía una ideología contrarrevolucionaria, sino que advertía contra todos los peligros de desestabilización que acarreaban las políticas revolucionarias.
Para Burke, lo más importante era salvaguardar las tradiciones e instituciones establecidas en lo que él llamaba “sociedad civil”. Ante el peligro de destruir lo viejo, era mejor tratar de enmendarlo con cautela.
En este sentido, el debate conservador se ha situado entre los que se mantienen fieles a la idea de Burke, de enmendar la sociedad civil, mediante un ajuste de acuerdo a las circunstancias imperantes en cada momento, y quienes buscan una contrarrevolución revanchista.
Una y otra vez, en los últimos años, dentro del Partido Republicano han adquirido mayor fuerza los contrarrevolucionarios.
Lo que buscan estos contrarrevolucionarios es destruir todas las leyes, principios y normas que llevaron a la creación de una sociedad con servicios de seguridad social, asistencia pública y beneficios para los más necesitados. Volver a la época del capitalismo más salvaje de la década de 1920, existente antes del establecimiento del New Deal/Fair Deal de las décadas de 1930 y 1940 y de la puesta en práctica años después del concepto de la Nueva Frontera/Gran Sociedad de los años 60 del siglo pasado.

Así se explica ese odio sin medida hacia el plan de seguro médico para todos los estadounidenses del presidente Obama. Fuera de Estados Unidos, la idea de que un grupo de ciudadanos de un país se niegue a un seguro universal de salud suela descabellada, pero aquí se justifica no en cuanto al beneficio o no que pudiera producir, sino fundamentalmente como premisa ideológica. Claro que esta premisa ideológica no se muestra solo en su versión más descarnada —la intromisión del Estado en las decisiones del individuo—, sino que se alude desde el gasto, el despilfarro y el déficit nacional hasta la creación de empleos y las restricciones y posibles sanciones a los pequeños negocios. No se trata de discutir la forma de mejorar y ver la opción más eficaz de poner en práctica un proyecto, sino de demonizarlo por completo.
Los ultraderechistas han ido tan lejos en sus posiciones, que no solo han abandonado cualquier vestigio de los planteamientos de Burke, sino que se han convertido en una especie de comunistas a la inversa, al colocar la lealtad al movimiento —en este caso muchos de los postulados puestos en práctica durante el gobierno de Ronald Reagan—por encima de sus responsabilidades.
Los legisladores que siguen al pie de la letra los principios del Tea Party son en buena medida políticos ambiciosos, como Rubio y el senador Ted Cruz, que han encontrado en esa agrupación una vía para destacarse y alcanzar una posición independiente de lo que por años fue el establishment republicano. En otros casos se trata simplemente de figuras bastante gastadas dentro de su propio partido, que por temor a perder elecciones se suman a principios que no comparten por completo, pero que no pueden dejar de obedecer por esa forma de tiranía que imponen las urnas.
El intento de subordinar la aprobación de la prórroga presupuestaria a posponer por un año la entrada en vigor de la ley de salud —aprobada por el Congreso y reafirmada por la Corte Suprema— no es más que un disparate político.
Con independencia de que hoy viernes la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, apruebe una ley que eliminaría la financiación federal del sistema sanitario de Obama, el resultado final será nulo. El Senado dominado por los demócratas no dará el visto bueno a una medida similar, y en última instancia el presidente Obama ya ha dicho que votará cualquier ley al respecto.
Intentar paralizar al Gobierno  con una agenda estrecha produce resultados catastróficos para los políticos que se empeñan en ello. Los republicanos deberían saberlo. Les pasó durante el gobierno de Bill Clinton y les ocurrirá de nuevo si persisten en tratar de imponer una vez más lo que no es más que una obsesión de fanáticos irresponsables.

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