El embargo, Cuba y Vietnam

Lo que en cierta medida ha impedido la solución del conflicto Cuba-Estados Unidos es que, en la medida en que éste ha ido perdiendo importancia internacional, ha mantenido vigencia en el terreno local.

Los triunfos políticos y económicos de este poderoso exilio han contribuido, en última instancia, a que no se exploren otras alternativas frente al gobierno de La Habana. Pero si bien el exilio de “línea dura” ha contado con el apoyo incondicional de Washington para su victoria, también se ha beneficiado de la “ayuda” indirecta que le proporciona La Habana, sin interés en explorar nuevas vías de entendimiento. Frente a la intransigencia de Miami, la Plaza de la Revolución ha respondido con igual empecinamiento, en un tira y encoge de no sólo quién tiró la primera piedra, sino también la última.

Si volvemos por un instante al caso de Vietnam, vemos como las circunstancias que entonces posibilitaron el restablecimiento de vínculos entre dos naciones enemigas no se dan hoy día respecto a Cuba.

La mayor oposición al restablecimiento de nexos diplomáticos, tras lograrse el fin del embargo y las relaciones comerciales, eran la Legión Americana, grupos de familiares de los desaparecidos en la guerra y políticos republicanos como Bob Dole, quien tenía aspiraciones presidenciales.

A favor no sólo estaba un presidente que había evadido el participar en una guerra a la que estaba opuesto y “despreciaba”, sino también una buena parte del Congreso. Una resolución para el levantamiento del embargo había sido aprobada por el Senado en 1994 por una votación de 62 votos contra 38. Legisladores de ambos partidos que habían participado en la contienda apoyaban el superar las diferencias.

Precisamente en este sentido es que cabe preguntarse si no resulta más apropiado que el gobierno cubano comience a adoptar una actitud similar a la de Hanói. Cuando Vietnam dejó de negarse a brindar información sobre los soldados norteamericanos desaparecidos, con independencia de las limitaciones de la misma y los pasos paulatinos que se necesitó transitar, abrió la puerta que llevó a que Estados Unidos levantara el embargo comercial.

En cierto sentido se limitó a contribuir con un argumento a un debate político. En otro, facilitó un pretexto para un fin económico. Pero por encima de consideraciones específicas, fue un cambio positivo.

Cuba, por el contrario, desde hace algunos años viene jugando a la apertura de pequeñas ventanas económicas. En un momento volvió a cerrar algunas y tras la llegada de Raúl Castro al poder cotidiano parece empeñada en mantener abiertas unas pocas e incluso ampliarlas. Pero las puertas políticas siguen selladas. La Habana no puede seguir cruzada de brazos si quiere un mejoramiento de relaciones con Washington; si en realidad ese es su interés, algo por otra parte muy dudable.

Un artículo reciente de Esteban Morales —quien en una época se caracterizó por ser el altanero decano de la Facultad de Humanidades y una figura política nada abierta a una mayor comprensión de las diferencias ideológicas— transita por el camino trillado de considerar a los exiliados como una masa informe de ciudadanos apegados a los clichés de la cubanía repetidos en Cuba y Miami: las palmas, las canciones y el cafecito mañanero en la esquina. Un grupo ávido en gastar en la isla, por lo cual es bienvenido, y atraído por la nostalgia mas plañidera.

Así que Morales alza su voz a favor de una reconciliación de café con leche, que no excluya a inversionistas y gastadores, mientras que saluda —con cierto cinismo— una política migratoria que alienta el escape, o al menos la distracción temporal, porque de esa manera se quita presión a la olla interna.

Solo que esa política de permitir los resquicios ha sido inherente al régimen cubano desde sus inicios, y lo mismo fue catalogada de “socialismo con pachanga” por el Che Guevara que justificada por Fidel Castro cuando permitió los vuelos de la comunidad. Cuba nunca llevó a cabo una construcción “seria” del socialismo. Lo mismo permitió, en plena ofensiva revolucionaria, la permanencia de restaurantes de lujo —donde los camareros atendían con esmoquin blanco en verano y negro en invierno, en la mejor tradición burguesa— que dejó a los funcionarios de menor rango llevar grabaciones de chistes de Álvarez Guedes a las fiestas sindicales, mientras exhibían grabadoras y casetes que para entonces quedaban fuera del cubano de a pie.

Esa superficialidad en el análisis no hay que achacarla por completo a la (in)capacidad de análisis del “experto”, sino a  una “retinitis tecnocrática”, que determina hasta donde se puede profundizar en los problemas, consecuencia de un sistema autoritario que fija límites muy claros al discurso público, como ha señalado  Haroldo Dilla  en Cubaencuentro.

Mientras el régimen de La Habana continúe empeñado en una estrategia de supervivencia, y sus intelectuales orgánicos sean incapaces de la menor transgresión al comentario autorizado, seguirá la exhibición de análisis truncados, conclusiones parciales y premisas inadecuadas.

Al olvido los muertos cubanos en Granada

El viernes 25 de este mes, el diario Granma publicó un artículo sobre la invasión estadounidense a Granada, al cumplirse 30 años del hecho.

Con el título Granada pagó por la derrota en Vietnam, el texto intenta analizar la coyuntura internacional que llevó a lo ocurrido y los problemas que en aquel momento, según la autora, Dalia González Delgado, enfrentaba Washington.

A partir de ello, se ofrece una comparación con situación actual, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Lo “curioso” del trabajo es que no tiene ni una sola palabra en que se mencione la participación de las tropas cubanas en los acontecimientos.

Así, luego de treinta años, caen el olvido más completo todos los cubanos enviados a la pequeña isla caribeña por el entonces gobernante Fidel Castro —en especial los “700 constructores-soldados” encargados de hacer un aeropuerto internacional— de los cuales 638 fueron capturados; 86 se rindieron y otros, entre ellos el jefe de las tropas, buscaron asilo en la embajada soviética.

Pero lo que es más importante: tampoco se mencionan los 25 que murieron durante la operación (por ejemplo, el funcionario del Partido Comunista de Cuba Carlos Díaz, que fue uno de los enviados por Fidel Castro para organizar la resistencia), lo que hacen que sigan condenados al olvido por  unos hechos ajenos a su responsabilidad y no haberse inmolados de una forma estúpida, como era el deseo de Castro.

Por supuesto que no hay referencia alguna al coronel Pedro Tortoló Comas, que también fue enviado por Castro, para ponerse al frente de las tropas, quien luego fuera degradado, enviado como soldado raso a Angola y luego se ha dicho que en los últimos años se dedica al oficio de taxista en La Habana. Como tampoco hay mención alguna del entonces embajador, Julián Torres Rizo, que al parecer es ahora guía turístico en la capital.

El hecho es más singular aún si se tiene en cuenta que en los más de cincuenta años de enfrentamientos entre el gobierno de Cuba y el estadounidense, fue la invasión de Granada el único momento en que las fuerzas cubanas y norteamericanas han tenido un encuentro bélico frontal.

Todo ello para, una vez más, desechar cualquier esperanza de un periodismo serio en Cuba, siquiera en el tratamiento de los hechos históricos.

Triste destino para todos los cubanos que participaron en ese, otro de los tantos delirios de grandeza de Fidel Castro.

Apatía y represión

Cuando años atrás las cazuelas sonaron en Buenos Aires, en horas barrieron con el gobierno de Fernando de la Rúa. No sucedió lo mismo en la Venezuela de  Hugo Chávez, ni tampoco ahora en la de Nicolás Maduro, donde las protestas han indicado un grado de desacuerdo con el gobierno a veces creciente, pero no sin llegar al grado de una revuelta popular.

En La Habana, sin embargo, las marchas de las Damas de Blanco han logrado una amplia difusión en la prensa extranjera, pero también la incapacidad de la población de la isla para apoyar una queja y convertirla en un reclamo masivo.

A esta ciudadanía que aún  permanece en calma van dirigidos los actos de repudio, las contra manifestaciones, los golpes, los insultos y las obscenidades.

Varios factores conspiran para que en Cuba no ocurra un movimiento de protesta callejera amplio y espontáneo. El primero es que ya pasó. Al principio de la revolución, salieron las amas de casa a las calles de Cárdenas batiendo cacerolas y ollas y gritando: “Queremos comida”. Desde la capital de la entonces provincia de Matanzas el capitán Jorge Serguera envió a los tanques para que avanzaran sobre el pueblo. La intervención del fallecido ex presidente Osvaldo Dorticós impidió que se produjera una masacre. El llamado “Maleconazo” fue otro acto de protesta popular y masivo, pero destinado sobre todo a lograr la salida del país. Diversos actos esporádicos, más o menos con la participación de un sector de la población y en diversas provincias, han sido fundamentalmente por razones económicas, como la reciente protesta de cerca de 200 dueños de coches tirados por caballos en Santa Clara.

El segundo factor es que más allá de las simples turbas controladas, el régimen cuenta con tropas adiestradas y equipos de lucha contra disturbios —entre ellos vehículos antimotines—, listos para poner fin a cualquier manifestación popular. A ello se une la existencia de una fuerza paramilitar, que ha demostrado su rapidez y capacidad represora en otras ocasiones, y que de inmediato entraría en combate ante una amenaza seria de insurrección callejera.

Pero otro importante factor que demora o impide un movimiento espontáneo de protesta masiva es la apatía y desmoralización de la población. La inercia y la falta de esperanza de los habitantes del país. Su falta de fe en ser ellos quienes produzcan un cambio. El gobierno de los hermanos Castro ha matado —o al menos adormecido— el afán de protagonismo político, tan propio del cubano, en la mayor parte de los residentes de la isla.

El exilio como futuro —como alejamiento colectivo para ganar en individualidad— es un aliciente mayor que un enfrentamiento callejero. Más fácil se arriesga la vida en una balsa que en una calle. El desarraigo es preferible a la afirmación nacional limitada al concepto de patria, porque se llega al convencimiento —aunque sea intuitivamente— de que no hay nada en que afirmarse.

En primer lugar, la geografía como parte de la política. Puede que las cacerolas se oigan primero en el interior del país, pero deben escucharse en La Habana. La posibilidad de que el estallido popular ocurra primero extramuros obedece a factores económicos: la pobreza mayor en el campo que en la capital. Sin embargo, es un error hacer depender cualquier protesta de un empeoramiento absoluto del nivel de vida de la población. Más bien sería todo lo contrario.

Desde el punto de vista económico —y contrario a lo que podría pensarse inicialmente—, un agravamiento general de la situación económica no tiene que ser necesariamente el detonante. Son las diferencias sociales, que se intensifican a diario, las que más fácil prenden la mecha. Por lo tanto, a diferencia de que lo que ocurrió en Argentina, serían los estratos más desposeídos los iniciadores de la protesta. La gente no va a lanzarse a la calle pidiendo libertades políticas —ya ese momento pasó—, sino expresando sus frustraciones sociales y económicas.

En caso de producirse un movimiento de protestas populares, y de ser espontáneo, lo más probable es que no contaría con la participación mayoritaria de los miembros de la sociedad cubana más identificados con el rechazo al régimen, porque éstos son al mismo tiempo los que tienen más dólares, ya sea gracias a las remesas familiares, el comercio ilícito o los trabajos por cuenta propia.

Otro factor a tener muy en cuenta es la composición étnica. ¿Cuál es el segmento que en la actualidad sufre más privaciones en Cuba? No hay duda que la población negra constituye el caldo de cultivo para un estallido social. Sus miembros son quienes tienen menos posibilidades de recibir dólares del extranjero y también a los que discriminan de los  trabajos en hoteles, restaurantes y transporte de turistas. En igual sentido, carecen en su mayoría de viviendas con la capacidad suficiente para alquilar cuartos a extranjeros, ni poseen automóviles u otros recursos que les faciliten la adquisición directa de los dólares de los visitantes. Hay pocos negros dueños de paladares o propietarios de casas de huéspedes. Como una evidencia más del fracaso del régimen, han vuelto a ser relegados a las esferas tradicionales donde antes del primero de enero de 1959, el triunfo económico y social era un anhelo costoso y renuente. Para la población negra, el bienestar del dólar se limita a quienes se destacan en tres esferas muy competitivas: el deporte, la prostitución y el arte.

De producirse cacerolazos en Cuba, el régimen los reprimirá con firmeza. No hacerlo sería la negación de su esencia y su fin a corto plazo. Imposible no usar la violencia. En cualquier caso lleva las de perder. La habilidad de los hermanos Castro radica en evitar las situaciones de este tipo.

Fidel Castro logró sortear el “Maleconazo” de 1994 con una avalancha de balsas hacia la Florida. Esa salida está agotada. La represión en su forma más desnuda —arrestos y muertos— no conlleva necesariamente el inmediato fin de un régimen totalitario, pero en el peor de los casos lo tambalea frente a un precipicio.

Ningún dictador tiene a su alcance un manual que lo guíe, sino ejemplos aislados: los hay tanto de supervivencia—el caso de China—como de desplome —el de Rumania. El gobierno de Castro cuenta con una sagacidad a toda prueba, ¿pero por qué empeñarse en creer que es invencible?

Republicanos suicidas

Al hablar sobre el cierre parcial del gobierno y el Obamacare se mencionan más las consecuencias que las causas del problema, lo que elude sus aspectos fundamentales.

Ante todo, hay que aclarar lo que esta crisis no es. No se trata de una batalla entre republicanos y demócratas, o al menos no se limita a esos términos. Tampoco puede explicarse simplemente con el rechazo a la Ley Asequible de Cuidado de Salud (ACA). Es cierto, esta se ha convertido en la “bestia negra” del Tea Party, y sus legisladores están dispuestos a todo para borrarla. Pero si mañana se pospusiera su entrada en vigor por un año, o incluso si se anulara, el problema continuaría sin resolverse.

Lo que este país está enfrentando es, simplemente, un conato de guerra civil. Por supuesto que no hay tiros ni amenazas bélicas por parte alguna, pero sí ha estallado una situación latente desde hace años, que es probable que lleve a un fraccionamiento del Partido Republicano y a mucho más. No se trata de ser alarmista ni de vaticinar una secesión. La capacidad de asimilar que tiene esta nación es increíble, pero las señales están ahí.

Lo que resulta más alarmante en esta crisis es lo artificial que es y lo fácil que se pudo haber evitado.

El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no quería vincular los fondos para el Obamacare con los gastos federales. De igual criterio era el líder de la bancada republicana del Senado, Mitch McConnell. Pero Boehner había sobrevivido un desafío a su liderazgo del sector conservador en enero y McConnell enfrentará a un candidato del Tea Party en las próximas elecciones legislativas. Esto los coloca en una posición débil frente al sector más extremista de su partido. Aquí hay que enfatizar la palabra extremista, o catalogar a este sector de fanático, porque no son verdaderos conservadores. Las figuras más destacas del conservadurismo republicano se oponen a la “estrategia de guerrilla” —como ellos mismos la han caracterizado— de los representantes del Tea Party.

Todo comenzó así. El 21 de agosto, el congresista Mark Meadows envió una carta a Boehner, firmada también por otros 80 legisladores, en que le urgía a que utilizara la amenaza del cierre del gobierno para dejar sin fondos al Obamacare.

El legislador Meadows, representante por Carolina del Norte, no es un político de experiencia. Era dueño de un restaurante y su actividad más destacada antes de llegar a Washington era enseñar la Biblia en una escuela dominical. Lleva ocho meses en el Congreso, mientras Boehner ha estado por 22 años.

La carta señala que el Obamacare significará la pérdida de empleos y la reducción de horarios en los trabajos a tiempo parcial (algo que, cuando se analiza a nivel nacional, no se ha demostrado ser cierto sino todo lo contrario) y se detiene en una serie de argumentos en favor de la libertad de religión, los grupos conservadores y a favor de Israel, que se agrupan dentro de una reclamación más general en contra del papel del Gobierno. A su vez, plantea que la mayoría de los electores que ellos representan creen que la ACA nunca debe entrar en vigor. En este último punto tienen razón, y en ello radica la esencia del problema que enfrenta en la actualidad Estados Unidos.

La cuestión no es si demócratas y republicanos pueden ponerse de acuerdo sobre la reforma de salud. Se calcula que en la Cámara de Representante hay el número de votos necesarios, demócratas y republicanos, para sacar adelante un “clean bill”, un proyecto de ley presupuestaria que no contemple el Obamacare. Lo que Boehner no se atreve a hacerlo, porque posiblemente ello termine costándole el cargo.

Los republicanos se continuarán oponiendo a la ACA. En lo que difieren es en la táctica contraproducente que ha provocado el cierre parcial del gobierno. El senador republicano John McCain ha llamado a la medida “innecesaria”. Karl Rove escribió un artículo en The Wall Street Journal contra esta estrategia. El comentarista conservador Charles Krauthammer llamó al grupo de los 80 legisladores republicanos el “suicide caucus”.

Así que no estamos hablando aquí de una batalla de conservadores contra liberales o de republicanos frente a demócratas. Estamos, simplemente, frente a un grupo extremista y minoritario que quiere apoderarse del poder.

Los congresistas que firmaron la carta —en su mayoría son hombres— casi todos han sido recién elegidos (entre ellos no se encuentran, por ejemplo, los legisladores cubanoamericanos del sur de la Florida). Representa a distritos —algunos de ellos redefinidos por los mismos republicanos— cuya constitución social y demográfica difiere notablemente del resto del país: de mayoría blanca, pocos latinos y ciudadanos negros, en donde no hay ninguna gran ciudad y ubicados en las zonas centrales y sureñas. En última instancia, también la esclavitud era popular entre los dueños de plantaciones.

Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece el lunes 7 de octubre de 2013. 

El comercio privado como acto pecaminoso

La anunciada prohibición de la venta de ropa y otros artículos que traen viajeros que visitan regularmente la isla cargados de mercancías —los llamados “mulas”— trae de nuevo a colación un viejo precepto del régimen castrista: la prohibición del comercio privado, una actividad que debe quedar en manos del Estado.

Solo que ahora, y hasta el momento, la prohibición no se ha puesto en marcha de forma radical, lo que abre una interesante interrogante que pronto será resuelta. Sin embargo, no hay muchas esperanzas para los vendedores privados.

El  decreto promulgado la semana pasada afecta potencialmente a más de 20,000 negocios pequeños y sus empleados, de acuerdo a un cable de la agencia Reuters. La información añade que en estos momentos hay 436,000 personas empleadas por cuenta propia, de las cuales alrededor de 100,000 trabajan como empleados de negocios pequeños, de acuerdo a cifras del propio gobierno.

El representante de la federación sindical oficial que ha tratado de organizar a los cuentapropistas se ha expresado en contra de la medida y pedido su derogación, según Reuters.

Tanto los empresarios como sus empleados y clientes comentaron furiosos esta semana sobre la prohibición de venta de ropa en el municipio de Centro Habana de la capital, donde varias docenas de vendedores se habían establecido en un solar yermo para vender ropa, zapatos y ropa interior, añade el cable.

Todo hace indicar que el gobierno podría enfrentar el tipo de rechazo que ya ocurrió recientemente en Santa Clara, cuando cerca de 200 dueños de coches tirados por caballos realizaron una protesta por los altos impuestos que terminó de forma pacífica. Actos de este tipo se ha producido también en años anteriores en Cuba sin resultados políticos.

Sin embargo, aunque la nueva medida no ha entrado en vigor en La Habana, y al parecer funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social visitarán a los cuentapropistas individualmente para explicarles la norma, las autoridades han enfatizado que el decreto es ahora ley nacional.

Detrás de la medida está el interés económico en mantener el control total sobre la actividad comercial, incluso en la esfera minorista, pero también la negativa a modificar un fundamento ideológico básico propugnado por el régimen: no permitir el comercio privado.

El mantenimiento de este dogma es una clara muestra de lo limitado que resultan los cambios que el gobierno de Raúl se ha impuesto, lo que el propio gobierno se niega a llamar reformas y denomina “actualización del sistema”.

Hasta ahora las limitaciones a cualquier vestigio de “reformismo” venían dadas por la lentitud de los cambios, la ideología relegada casi al olvido. Ahora hay una reafirmación que tiene un efecto práctico, pero es también conceptual.

En realidad lo que hasta ahora venía ocurriendo en Cuba era que la población, y en especial estos “empresarios” incipientes y cuentapropistas en general, estaban estirando algunas de las modalidades de trabajo por cuenta propia aprobadas para sacar mayor provecho. Así, por ejemplo, la modista se dedicaba también a vender ropa que le llegaba del exterior, y ofrecer una mercancía más variada y a precios más bajos que las tiendas estatales.

Si se miran las fotos de los establecimientos improvisados de venta de ropa en el solar yermo de Centro Habana, que menciona la información de Reuters, no hay más remedio que asombrarse una vez más de la debilidad endémica de la economía que ha establecido el régimen y de la incapacidad para competir sin recurrir a prohibiciones y medidas represivas. Son sitios muy similares a los que el viajero encuentra en Puerto Príncipe, la capital haitiana. ¿Es esta la competencia que teme el Estado cubano?

Sí, por dos razones fundamentales. La primera es que el socialismo —al menos como se le conoció y por lo tanto el único que ha existido— no es reformable. Hay un principio fundamental del marxismo que mantiene plena validez: el trabajo privado engendra la pequeña propiedad mercantil y esta a su vez la empresa capitalista. Por ello es que cuando al régimen cubano no le ha quedado más remedio que permitir el trabajo por cuenta propia, hace al mismo tiempo todo lo posible por limitarlo.

La segunda razón, y que en cierta medida se desprende de la anterior, es que el incipiente y limitado sector privado en Cuba obedece a un control burocrático, que lleva a cabo muchas de sus decisiones a partir de factores extraeconómicos: políticos e ideológicos principalmente, en el caso de Cuba.

Una solución parcial a este problema sería aumentar el papel del mercado y concederle mayor espacio a las actividades legales, de forma legal y dejando la vía abierta a la competencia y la iniciativa individual. Sólo que entonces, el éxito en el mercado tendría un valor superior a la burocracia.

Así que de momento no hay indicador alguno que permita considerar que en Cuba se está gestando ni siquiera una pálida creación de un modelo cercano al chino o al vietnamita.

Tanto cuando busca grandes inversionistas extranjeros, como cuando mantiene sus monopolios en el comercio exterior y nacional, mayorista y minorista, el régimen de La Habana se empeña en su temor ante la pequeña propiedad mercantil privado y el considerar al comercio privado no solo ilícito, sino pecaminoso, que no debe ser permitido —ni siquiera en forma regulada y pagando impuestos excesivos  (ya la aduana había establecido fuertes gravámenes a esta mercancía proveniente del exterior)—porque a la larga desencadena el “mal”: es decir, el capitalismo.