La anunciada prohibición de la venta de
ropa y otros artículos que traen viajeros que visitan regularmente la isla
cargados de mercancías —los llamados “mulas”— trae de nuevo a colación un viejo precepto del régimen castrista: la prohibición del comercio privado,
una actividad que debe quedar en manos del Estado.
Solo que ahora, y hasta el momento, la
prohibición no se ha puesto en marcha de forma radical, lo que abre una
interesante interrogante que pronto será resuelta. Sin embargo, no hay muchas
esperanzas para los vendedores privados.
El
decreto promulgado la semana pasada afecta potencialmente a más de
20,000 negocios pequeños y sus empleados, de acuerdo a un cable de la agencia
Reuters. La información añade que en estos momentos hay 436,000 personas
empleadas por cuenta propia, de las cuales alrededor de 100,000 trabajan como
empleados de negocios pequeños, de acuerdo a cifras del propio gobierno.
El representante de la federación
sindical oficial que ha tratado de organizar a los cuentapropistas se ha
expresado en contra de la medida y pedido su derogación, según Reuters.
Tanto los empresarios como sus empleados
y clientes comentaron furiosos esta semana sobre la prohibición de venta de ropa en el
municipio de Centro Habana de la capital, donde varias docenas de vendedores se
habían establecido en un solar yermo para vender ropa, zapatos y ropa interior,
añade el cable.
Todo hace indicar que el gobierno podría
enfrentar el tipo de rechazo que ya ocurrió recientemente en Santa Clara,
cuando cerca de 200 dueños de coches tirados por caballos realizaron una
protesta por los altos impuestos que terminó de forma pacífica. Actos de este
tipo se ha producido también en años anteriores en Cuba sin resultados
políticos.
Sin embargo, aunque la nueva medida no ha
entrado en vigor en La Habana, y al parecer funcionarios del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social visitarán a los cuentapropistas individualmente para
explicarles la norma, las autoridades han enfatizado que el decreto es ahora ley
nacional.
Detrás de la medida está el interés
económico en mantener el control total sobre la actividad comercial, incluso en
la esfera minorista, pero también la negativa a modificar un fundamento
ideológico básico propugnado por el régimen: no permitir el comercio privado.
El mantenimiento de este dogma es una
clara muestra de lo limitado que resultan los cambios que el gobierno de Raúl
se ha impuesto, lo que el propio gobierno se niega a llamar reformas y denomina
“actualización del sistema”.
Hasta ahora las limitaciones a cualquier
vestigio de “reformismo” venían dadas por la lentitud de los cambios, la
ideología relegada casi al olvido. Ahora hay una reafirmación que tiene un efecto
práctico, pero es también conceptual.
En realidad lo que hasta ahora venía
ocurriendo en Cuba era que la población, y en especial estos “empresarios”
incipientes y cuentapropistas en general, estaban estirando algunas de las
modalidades de trabajo por cuenta propia aprobadas para sacar mayor provecho.
Así, por ejemplo, la modista se dedicaba también a vender ropa que le llegaba
del exterior, y ofrecer una mercancía más variada y a precios más bajos que las
tiendas estatales.
Si se miran las fotos de los
establecimientos improvisados de venta de ropa en el solar yermo de Centro
Habana, que menciona la información de Reuters, no hay más remedio que
asombrarse una vez más de la debilidad endémica de la economía que ha
establecido el régimen y de la incapacidad para competir sin recurrir a
prohibiciones y medidas represivas. Son sitios muy similares a los que el
viajero encuentra en Puerto Príncipe, la capital haitiana. ¿Es esta la
competencia que teme el Estado cubano?
Sí, por dos razones fundamentales. La primera
es que el socialismo —al menos como se le conoció y por lo tanto el único que
ha existido— no es reformable. Hay un principio fundamental del marxismo que
mantiene plena validez: el trabajo privado engendra la pequeña propiedad
mercantil y esta a su vez la empresa capitalista. Por ello es que cuando al
régimen cubano no le ha quedado más remedio que permitir el trabajo por cuenta
propia, hace al mismo tiempo todo lo posible por limitarlo.
La segunda razón, y que en cierta medida
se desprende de la anterior, es que el incipiente y limitado sector privado en
Cuba obedece a un control burocrático, que lleva a cabo muchas de sus
decisiones a partir de factores extraeconómicos: políticos e ideológicos
principalmente, en el caso de Cuba.
Una solución parcial a este problema
sería aumentar el papel del mercado y concederle mayor espacio a las
actividades legales, de forma legal y dejando la vía abierta a la competencia y
la iniciativa individual. Sólo que entonces, el éxito en el mercado tendría un
valor superior a la burocracia.
Así que de momento no hay indicador
alguno que permita considerar que en Cuba se está gestando ni siquiera una
pálida creación de un modelo cercano al chino o al vietnamita.
Tanto cuando busca grandes inversionistas
extranjeros, como cuando mantiene sus monopolios en el comercio exterior y
nacional, mayorista y minorista, el régimen de La Habana se empeña en su temor
ante la pequeña propiedad mercantil privado y el considerar al comercio privado
no solo ilícito, sino pecaminoso, que no debe ser permitido —ni siquiera en
forma regulada y pagando impuestos excesivos (ya la aduana había establecido fuertes gravámenes a esta mercancía proveniente del exterior)—porque a la larga desencadena el “mal”: es decir, el
capitalismo.
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