¿Qué hacen los comunistas cubanos?



La respuesta a la pregunta que es el título de este comentario es simple y rápida: nada. Definido como la vanguardia revolucionaria en la sociedad cubana, el Partido Comunista de Cuba (PCC) nunca ha desempeñado este papel.
Por décadas, fue Fidel Castro el principal obstáculo al funcionamiento normal del PCC. Cuando no le quedó otra opción que pasar el mando a su hermano, surgió la posibilidad de que Raúl quisiera cambiar esta situación, pero de forma paulatina y sin que estos cambios pusieran  en peligro la estructura de poder. Ni siquiera ha ocurrido eso. Más allá de los tan estudiados —por un rato— “Lineamientos”, los cambios en la composición del Comité Central y el Buró Político, de los que se habló y volvió a hablar —también por un rato— y de la repetida declaración de reforzar el papel del Partido, de nuevo tanto los eventos (Congreso y Conferencia) como la restructuración —o renovación de mandatos, para usar el lenguaje de ellos— y la adopción de medidas solo han tenido un valor nominal. Es decir: “Que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello en todo o en parte”, según la Real Academia de la Lengua. No es que no se hayan realizado cambios, es que para los cambios efectuados no ha hecho falta el Partido, solo la voluntad de Raúl Castro.
 “Corresponde al Partido ejercer una mayor influencia y elevar su papel de dirección”, publicó el diario Granma el viernes 28 de abril del 2006, al anunciar el restablecimiento del Secretariado del Comité Central, un organismo que desapareció por resolución del IV Congreso del PCC en octubre de 1991.

Sin embargo, la función ejercida por el Secretariado del Comité Central del PCC ―si es que ha sido alguna― ha tenido muy poca relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos de la isla. En el caso cubano —y al igual que ocurre con el resto de las dependencias de poder, desde el Consejo de Estado hasta el propio Buró Político del PCC— la creación y el objetivo de este tipo de estructuras hay que considerarla con una alta dosis de escepticismo.

Por ejemplo, la constitución del actual PCC, en 1965, no marcó el inicio de una etapa de institucionalización partidista y acatamiento del modelo soviético, entonces vigente. Más bien todo lo contrario. Hasta el fracaso de la Zafra de los Diez Millones, en 1970, el país vivió una época de franca divergencia con aspectos fundamentales de la línea económica y política trazada por la URSS, guiado por decisiones personales de Fidel Castro, que en más de una ocasión fueron catalogadas de “aventurerismo” por Moscú. No fue hasta 1975 que el PCC pudo celebrar su primer congreso, establecer un programa y delinear sus estatutos. Los congresos, plenos y reuniones posteriores no modificaron esta forma de actuar, característica del estilo de mando del gobernante cubano, quien funcionaba como el máximo líder de una poderosa organización, cuyas funciones y planes de trabajo se encargaba de obstaculizar en todo momento.
Una de las prioridades de Raúl ha sido la creación de instrumentos y estructuras que permitan la permanencia del régimen más allá de la desaparición física de sus creadores. Lo que se traduce en sustituir toda la cadena de mando unipersonal fidelista por una jerarquía de allegados, y una distribución no de simples sinecuras, sino de privilegios y entidades económicas que permitan a los que están al frente una permanencia indefinida y hereditaria, aunque manteniendo el poder absoluto. Mientras Fidel Castro repartía cargos, su hermano también reparte negocios.
Fue Raúl quien dijo a fines de 2010 que “el VI Congreso del Partido debe ser, por ley de la vida... el último de la mayoría de los que integramos la generación histórica”, refiriéndose a quienes derrocaron al dictador Fulgencio Batista en 1959.
“El tiempo que nos queda es corto, la tarea gigantesca... pienso que estamos en la obligación de aprovechar el peso de la autoridad moral que poseemos ante el pueblo para dejar el rumbo trazado”, agregó.
Lo que Raúl expresó fue su intención de pasar de la  “legitimidad de origen” del régimen castrista a una  “legitimidad de ejercicio”, aunque de una forma tan lenta que desaliente cualquier esperanza de un cambio notable a corto plazo. Pero en esa transformación la razón fundamental para sustentar esa supuesta legitimidad no será ya el historial revolucionario, sino un aval otorgado por el Presidente u otro miembro de la cúpula, así como el derecho “hereditario”. Ya, por ley biológica, no se hablará más de los “grados ganados en la Sierra” —una frase que desde hace años no se escucha en el país sino de la fortuna o las relaciones adquiridas o heredadas. Aquí, por supuesto, la jerarquía partidista cuenta poco y se entra más en el terreno de la pertenencia a la “familia” —otorgándole a la palabra un significado gansteril— que en el marco de la trayectoria del apparátchik.

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