Ha llegado un inspector




En un nuevo paso dentro del afán de Raúl Castro por ejercer mayor control sobre la economía, el gobierno cubano acaba de unificar las normas y sanciones que regulan el trabajo por cuenta propia. La medida resultaría apropiada si el reglamento anunciado se cumple al pie de la letra y terminan las irregularidades en las inspecciones. Pero conociendo la forma de actuar del régimen, hay que ser muy iluso para esperar un trato justo dentro de un sistema en que aún persiste un enorme prejuicio hacia el mercado y la empresa privada.
La nueva regulación, que unifica diversas normas anteriores, incluye sanciones que van desde una notificación preventiva a multas, así como la prohibición de ejercer determinada actividad, el retiro de la licencia y el decomiso de equipos y materiales de trabajo.
El régimen de La Habana ha logrado mantener separados los modelos de producción estatal y privada.
Su estrategia ha estado dirigida, por un lado, a mantener maniatada la esfera de producción privada nacional, autorizada durante el llamado “Período Especial” e incrementada sustancialmente desde la llegada de Raúl Castro a la presidencia.
Por otra parte, el gobierno de La Habana se ha dedicado a concentrar la inversión extranjera y las empresas conjuntas con capital privado (internacional) en un número reducido de grandes corporaciones, todas en sectores fundamentales a la hora de obtener grandes ingresos.
Las principales víctimas de esta estrategia han sido los cuentapropistas cubanos y los pequeños empresarios extranjeros.
Respecto a los cuentapropistas, su función reduce en la mayoría de los casos a brindar servicios a la población nacional, sin posibilidades de ampliar el negocio hacia mercados con mayores ganancias.
Una contradicción fundamental a la que se enfrenta Cuba, y por la que pasaron la desaparecida Unión Soviética y los países de Europa del Este, es que al igual que el sector privado crece de forma “espontánea” y más allá de lo previsto, cuando se posibilita la menor reforma, también la burocracia crece a pesar de los esfuerzos por reducirla.
Lo que ocurre en la práctica —y está sucediendo en Cuba en estos momentos— es la existencia de  dos modelos que compiten por la supervivencia.
Las economías socialistas clásicas (pre reformistas) combinaban la propiedad estatal con la coordinación burocrática, mientras las economías capitalistas clásicas combinan la propiedad privada con la coordinación de mercado.
Uno de los aspectos negativos de la mezcla de ambos sistemas, en una misma nación, es el gran desperdicio de recursos.
Mientras que un sector privado vive constantemente amenazado en un sistema socialista, al mismo tiempo se beneficia de un aumento relativo de ingresos, al poder fácilmente satisfacer necesidades que el sector estatal no cubre.
Sin embargo, estos artesanos o propietarios de restaurantes ―para poner dos ejemplos clásicos— no tienen un gran interés en acumular riqueza y darles un uso productivo. Y como el destino de sus empresas es bastante incierto, en la mayoría de los casos emplean su dinero en mejorar sus niveles de vida mediante un consumo exagerado.
Esta actitud y conducta no difiere de la del burócrata, que sabe que sus privilegios y acceso a bienes y servicios escasos dependen de su cargo.
A este problema se enfrenta el presidente Raúl Castro, al tratar de buscar un mayor control y eficiencia en la economía. Al tiempo que su gobierno toma medidas para evitar la evasión fiscal, las irregularidades y la violaciones de reglamentos en el sector privado, también tiene que luchar contra la corrupción y el robo en las empresas estatales.
Esto tiene como consecuencia que en Cuba exista una especie de “ejercito” de inspectores, y de inspectores de inspectores, para cuidar por un orden y establecer un control que en muchos casos no pasa de ser imaginario.
La cuestión es que tanto el limitado sector privado, como el amplio sector de economía estatal, están en manos de personas que conspiran contra esa eficiencia por razones de supervivencia. Y en ambos casos, quienes inspeccionan y regulan no están a salvo del interés o la necesidad de violar las reglas para sobrevivir.
Por ejemplo, sin fuentes de abastecimiento mayorista para el sector minoritario privado, quienes ejercen su actividad en ese sector se ven obligados a recurrir a los parientes en Miami o al mercado negro. Esa situación, que propicia la ilegalidad y el soborno, no puede ser abolida por decreto.
La fragilidad de un “socialismo de mercado” es que su sector privado, si bien en parte está regulado por ese mismo mercado, en igual o mayor medida obedece a un control burocrático. Al mismo tiempo, este control burocrático lleva a cabo muchas de sus decisiones a partir de factores extraeconómicos: políticos e ideológicos.
Una solución parcial a este dilema sería aumentar el papel del mercado y concederle mayor espacio a las actividades privadas, de forma legal y dejando la vía abierta a la competencia y la iniciativa individual. Sólo que entonces el éxito en el mercado tendría un valor superior a la burocracia. Esto es lo que temen funcionarios e inspectores.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece el lunes 20 de enero de 2014.

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