Cuando esta columna aparezca publicada ya
estará aprobada la nueva ley que regula las inversiones extranjeras en Cuba. No
es especular sobre lo que aún no se conoce al momento de escribirla, sino
volver sobre lo que ya se sabe el objeto de este texto.
La nueva ley se ha anunciado que tendrá
un carácter amplio. Permitirá inversiones extranjeras en casi todos los campos,
salvo la educación, la salud y la esfera militar. “La nueva ley cubana de
inversión extranjera recorta impuestos, abre nuevos sectores a los extranjeros
y permite inversiones de cubanos que viven en el exterior”, de acuerdo a lo
publicado por Juan O. Tamayo en este mismo diario.
Tamayo añade que la nueva ley incorpora o
deja en pie limitaciones anteriores, al tiempo que añade otras, como son que la
contratación de trabajadores sólo se realice mediante la contratación a través
de agencias laborales del Estado e impide la inversión a los cubanos residentes
en la isla.
El diario Granma ya dejó en claro que la “Ley para la Inversión Extranjera en
modo alguno significará la venta del país ni un retorno al pasado”, en su
edición del miércoles 19 de marzo.
Cabe considerar que lo publicado en el
órgano oficial del Partido Comunista de Cuba es apenas un intento para
tranquilizar a los “revolucionarios”, —si es que alguno queda en el país— o
simplemente un ejercicio para lavar la cara. Pero es también una aclaración
necesaria que el gobierno cubano se vio obligado a realizar antes de la
“discusión” del anteproyecto de ley.
El problema aquí no es practicar la típica
visión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, actitud que ya está presente
en muchos de los análisis surgidos incluso antes de que se conozca el contenido
completo de la ley.
Por supuesto que la ley será un paso de
avance para los que contemplan invertir en Cuba, en cuanto a exenciones
fiscales, y está supuesta a prestar mejores garantías a las inversiones.
Lo que no contempla la ley es fabricar un
país nuevo, de la noche a la mañana, donde todo esté resuelto para quien quiera
arriesgar su dinero en Cuba.
En este sentido, no especular, sino
considerar por un momento la realidad cubana.
Es muy probable que los capitalistas
cuenten con un marco legal más amplio que el existente hasta el momento. De
hecho, el interés de Cuba en ciertas inversiones extranjeras ya ha llevado a
modificaciones del sistema legal.
Cuba aprobó en el 2010 la legislación necesaria
para desarrollar exclusivos campos de golf en la isla.
Sin embargo, llama la atención el hecho
de que este clima, que en apariencia resulta más favorable a la inversión
extranjera, hasta el momento no ha tenido una respuesta positiva en el
exterior.
Según un artículo de americaeconomica.com del 2012,
el número de solicitudes que los inversores internacionales habrían presentado
a revisión en el 2011 se limitaba a 240 proyectos, un número muy alejado de los
700 proyectos que por término medio se presentaban ante el Ministerio de
Inversiones Extranjeras en la década de los noventa del pasado siglo.
De acuerdo al artículo de Tamayo ya
citado, en la actualidad la cifra de empresas mixtas con capital extranjero se
ha reducido a unas 200.
No son buenas noticias para un país que
en los últimos años ha tratado de recuperar su destruida industria azucarera, y
en que los planes para echar a andar una agricultura depauperada solo brinda
resultados paupérrimos cuando no negativos.
Ahora que la alianza con el presidente
venezolano Nicolás Maduro es un gran signo de interrogación, hacen falta las
inversiones extranjeras más que nunca, no únicamente con vista al presente sino
que éstas resultan imprescindibles para el futuro de un modelo que permita
sobrevivir a la élite gobernante luego del fin de los hermanos Castro.
Entre los factores que parecen haber
contribuido a la disminución de las inversiones extranjeras en Cuba está el
hecho de que algunos inversionistas extranjeros han declarado en privado que la
campaña de corrupción que se desarrolla en la isla se ha convertido en un
factor de inseguridad.
Muchos de ellos expresan sus dudas y
temores ante la situación de que a la vez que el régimen les impone un “gerente
cubano”, al tiempo resulta que dicho “gerente” se ve envuelto en una
investigación por corrupto, con el consiguiente proceso de congelación de
cuentas y paralización de operaciones.
Lo peor, sin embargo, es que estos
inversionistas ven que esta campaña contra la corrupción es también un ajuste
de cuentas, en que ciertos negocios en manos de determinados grupos, familias o
miembros de la elite gobernante son favorecidos o perjudicados. Una especie de
lucha entre familias mafiosas.
Mientras este panorama no se modifique,
hay razones para dudar de la efectividad de cualquier nueva ley para apoyar la
inversión extranjera.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 31 de marzo de 2014.
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