El martes en la noche, la página en
internet del diario Granma publicó
una “nota informativa del Ministerio del Interior (MININT)”, que daba a conocer
que cuatro cubanos residentes en Miami habían sido arrestados el 26 de abril,
“cuando planificaban ejecutar acciones terroristas en el territorio nacional”.
La escueta información del MININT ha
causado las esperadas especulaciones en Miami, pero hay que señalar que estas
se reducen a unos pocos puntos básicos. No han sonado tambores de guerra ante
este supuesto nuevo fracaso de los beligerantes anticastristas —como ocurrió en
ocasiones anteriores— y al hablar sobre las posibles motivaciones para esta
nueva trama del gobierno de La Habana, el enfoque ha girado sobre dos o tres
puntos básicos: el mantenimiento de Cuba en la lista de países que patrocinan
el terrorismo; los tres espías que cumplen condenas en Estados Unidos; formular
un pretexto para intensificar aún más la represión contra los disidentes y
opositores pacíficos y la posibilidad de un acto desesperado de un sector del
exilio, donde los más jóvenes pasan de los 70 años.
De estos motivos, la permanencia de la
isla en la famosa lista de países que patrocinan el terrorismo parece ser la
causa principal de esta movida del gobierno de los hermanos Castro.
Como siempre, se sigue un guión pautado
de eficacia probada: la detención ocurrió hace varios días, pero se da a
conocer ahora; los detalles personales son pocos aunque precisos y las
acusaciones se han lanzado sin sustento (no quiere esto decir que luego no
aparezcan más detalles que confirmen la versión de Cuba).
Estamos ante el preámbulo de una obra en
varios actos, cuyo desenlace se desconoce.
De entrada, la nota de Granma sostiene que los “detenidos
reconocieron que pretendían atacar instalaciones militares con el objetivo de
promover acciones violentas”. Así que ya hay confesión, antes siquiera de conocerse
los detalles de los hechos que se acusan.
Esta confesión involucra a personas
residentes en Miami, con un reconocido historial anticastrista, quienes ya han
negado su involucramiento en los hechos. Pero aquí también hay un detalle
importante. Entre quienes culpa Cuba de promover los “actos terroristas” se
encuentra Santiago Álvarez Fernández, quien ha apoyado financieramente a Luis
Posada Carriles; se negó a brindar detalles sobre la entrada del conocido
terrorista anticastrista en EE. UU. y cumplió una condena de cuatro años por
tener un arsenal en una vivienda, que al parecer muchos años atrás le había entregado
la Agencia Central de Inteligencia para realizar ataques contra el gobierno
cubano. Ocurre además que Álvarez Fernández ha estado ayudando financieramente,
de forma abierta, a varios disidentes y opositores pacíficos en Cuba.
Sin embargo, y pese a la brevedad de la
información brindada por el gobierno cubano, que limita el análisis, lo más
importante de la nota puede encontrarse en el último párrafo: “Se realizarán
las gestiones pertinentes con las autoridades estadounidenses competentes para
investigar estos hechos y evitar oportunamente que la actuación de elementos y
organizaciones terroristas radicados en ese país pongan en peligro la vida de
personas y la seguridad de ambas naciones”.
Un artículo reciente en Cuaderno de Cuba hacía alusión a las
acusaciones mutuas, entre Washington y La Habana, de amparo de terroristas:
“Si el Departamento de Estado incluye a
Cuba entre los países que apoyan el terrorismo es porque, entre otras razones, la
isla brinda amparo a miembros de grupos subversivos.
Si La Habana volviera a plantear un
intercambio entre prófugos de la justicia estadounidenses y personas que el
régimen considera responsables de actos terroristas en la isla —en la práctica
un cambio de ancianos de ambos bandos, algo que repito sigue sonando
imposible—, no solo colocaría a un mismo nivel a Washington y La Habana, sino
que rebajaría a Miami a la categoría de una cabeza de playa llena de
terroristas, mientras que a 90 millas hay un país dispuesto a cooperar en
mantener en la sombra a los peores criminales”.
Antes se había planteado:
“Es posible que en las circunstancias
actuales, podría especularse que el gobierno cubano está dispuesto a llegar a
un acuerdo. Pero al igual que en ocasiones anteriores, en que Estados Unidos ha
tratado de llegar a un arreglo con el régimen de la isla, hay que deslindar
entre su interés de aprovechar una ocasión para hacer propaganda y no un
esfuerzo serio para resolver un problema pendiente desde hace décadas”.
No hubo que esperar mucho para que La
Habana iniciara los pasos de esta jugada.
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