Por décadas ha sido un lugar común
repetir que la política estadounidense hacia Washington ha sido un rehén del
exilio de Miami. Esta verdad a medias ha servido tanto para explicar los
desvaríos de una serie de medidas
erradas como el pretexto perfecto para justificar cualquier falta de
iniciativa. Ya no más. Tras ganar dos elecciones presidenciales donde el voto
del sector más recalcitrante de la comunidad exiliada ha quedado rezagado, a la
Casa Blanca no le queda más remedio que asumir la plena responsabilidad por lo
que haga o deje de hacer respecto a un mejoramiento de los vínculos con La
Habana. Hasta ahora, se puede resumir que ha hecho poco y mal. El mejor ejemplo
es el fracasado proyecto del “Twitter cubano”.
En febrero de 2013, una organización del
exilio, el Cuba Study Group, expuso en un documento la necesidad de cambiar
esta situación. Hasta ahora, no ha habido una respuesta por parte de
Washington.
En el documento Restablecimiento de la
Autoridad Ejecutiva sobre la Política de los Estados Unidos hacia Cuba se planteaba la inutilidad de una estrategia
que no solo ha resultado poco efectiva en el objetivo de llevar la democracia a
la isla, sino que deja en manos del Congreso lo que debe ser una función
ejecutiva.
“La codificación del embargo de EE.UU.
contra Cuba no ha logrado cumplir con los objetivos establecidos en la Ley
Helms-Burton de lograr un cambio de régimen y la restauración de la democracia
en Cuba. El continuar ignorando esta verdad evidente no sólo es
contraproducente para los intereses de Estados Unidos, sino que es también cada
vez más perjudicial para la sociedad civil cubana”, afirmaba el documento.
Desde su promulgación en 1996, de forma
apresurada, a raíz del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate y el
asesinato de cuatro residentes de Estados Unidos —tres de ellos ciudadanos
norteamericanos—, la famosa Cuban Liberty
and Democratic Solidarity Act ha recibido tantas opiniones negativas, que
su valor queda opacado por el aluvión de críticas.
“En lugar de aislar a Cuba, el resultado
de la Ley Helms Burton ha sido de aislar a EE.UU. en su enfoque político y
socavar su capacidad para dirigir la política internacional hacia Cuba, ahora,
y posiblemente en el futuro”, señalaba el documento del Cuba Study Group.
Al pasar de ser un instrumento político
del ejecutivo a un cuerpo legal, el embargo quedó convertido en un instrumento
jurídico cuya eficacia y vigencia está no sólo expuesto a la discusión en el
Congreso —para determinar si cumple con sus funciones o no—, sino sujeto a
revisiones periódicas donde los legisladores se ven obligados a sopesar el
valor de la legislación frente a las necesidades de sus estados y los intereses
de sus contribuyentes.
La Helms-Burton puso en evidencia que lo
que hasta entonces era un aspecto de la política exterior norteamericana —y un
instrumento para asegurarse los votos presidenciales de la comunidad
cubanoamericana cada cuatro años— constituía también un problema nacional, con
implicaciones económicas para estados donde el voto cubano es inexistente, y
una fuente potencial de conflictos comerciales internacionales, donde pesan más
los vínculos entre países que la causa cubana. Al tratar de ampliar el alcance
del embargo, la ley encontró su némesis.
El proceso ha resultado particularmente
doloroso para el exilio de Miami, porque una ley que nació bajo una fuerte
carga emocional —el derribo de las avionetas— ha servido paradójicamente para
sacar a la luz tanto su aislamiento como sus limitaciones.
Desde el inicio, la solución vicaria
ensayada por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, como una
respuesta oportunista ante un hecho que escapó a su control, ha resultado un
claro ejemplo de la demagogia de Washington hacia lo que ocurre a unas cuantas
millas de su traspatio. Una demagogia que no conoce límites partidistas.
Mientras no resulten afectados los intereses
primordiales de esta nación, o los fundamentos y valores esenciales del país ¾como ocurrió en el caso del niño Elián González¾ en Washington se puede
jugar a que el exilio tiene un poder de decisión casi absoluto.
El Cuba Study Group señalaba una serie de
aspectos en que el gobierno de Barack Obama puede avanzar en el intento de
promover el cambio en Cuba, desde autorizar la importación de ciertos bienes y
servicios procedentes a las empresas e individuos cubanos que participan en
actividad económica independiente certificable hasta autorizar viajes
por licencia general para las ONG y permiso para abrir cuentas bancarias cubanas
, así como la revisión de la calificación de Cuba como un estado patrocinador
del terrorismo. Desde hace meses se viene especulando que algunas de estas
medidas se podrán en práctica, pero hasta ahora nada ha ocurrido.
Por
supuesto que la puesta en práctica de estas y otras medidas similares no es una
garantía ni mucho menos para que en la isla florezca la libre empresa y el
respeto a los derechos humanos. Se sabe que las reformas en Cuba son lentas,
por momentos agónicas e incompletas. Pero repetirlo, no hacer nada y sentarse a
esperar sin asumir riesgo alguno no es la solución.
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