La represión continúa


El régimen cubano ha tratado durante décadas de cambiar las reglas, cuando se destacan las diferencias que existen a la hora de condenar a una persona por un supuesto delito de opinión y el expediente de colaborar con el enemigo. Pero durante ese tiempo ha mantenido una constante: no permitir la menor oposición o disidencia de cualquier tipo, por pacífica que sea.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció el martes al menos 963 detenciones por motivos políticos durante el pasado mes de junio en la Isla.
En su informe mensual, la Comisión refirió los casos concretos de opositores como los periodistas independientes Guillermo Fariñas y Roberto de Jesús Guerra, y de los expresos José Daniel Ferrer García y Jorge Luís García Pérez (Antúnez), este último detenido junto a su esposa Yris Tamara Pérez Aguilera.
Los métodos varían; los objetivos son los mismos.
En el caso de Roberto de Jesús Guerra, el informe sostiene que fue “brutalmente agredido bajo el manto de la impunidad” por “un individuo vestido de civil”, en plena vía pública.
Con Fariñas se utilizó otro método. La CCDHRN señala que Fariñas, residente en la ciudad de Villa Clara, fue detenido casi cada lunes de junio, al igual que en los meses anteriores, “para impedir reuniones programadas de su organización” y denuncia que fue “sometido, en casi todas las ocasiones, al procedimiento de tortura mediante confinamiento bajo temperaturas extremadamente frías”.
Al mismo tiempo, continuaron las “agresiones físicas y otras formas de intimidación” contra las integrantes del movimiento de las Damas de Blanco, y que los miembros de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dirige la expresa política Marta Beatriz Roque, han sido objeto de “detenciones sistemáticas y otras formas de hostigamiento”.
En este balance, la Comisión opositora considera que “la represión política contra los pacíficos disidentes u opositores políticos se mantuvo, mas allá de pequeñas variaciones de importancia puramente estadística”.
El informe muestra una disminución en el número de arrestos en el mes de junio, del 8,5 %, con respecto al mes de enero. Pero, por otra parte, la cifra es superior a la del mes de abril, donde se produjeron 905 detenciones.
Estas son las cifras de arrestados durante este año, de acuerdo a la CCDHRN: enero, 1.052; febrero, 1.051; marzo: 813; abril, 905; mayo: 1.120; junio, 963.
El gobierno cubano considera a los disidentes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” al servicio de Estados Unidos.
Es lógico pensar en acciones de espionaje, terrorismo y sabotaje cuando se habla de “colaborar con el enemigo”. No en el caso cubano. Para el régimen de La Habana, esta colaboración puede ser un acto tan simple como expresar una opinión en público o que unas mujeres vestidas de blanco realicen una caminata alrededor de una iglesia.
Para la Plaza de la Revolución, la cuestión es bien simple. Como en cualquier sociedad, el gobierno de la Isla se encarga de definir lo que es un delito, y lo que disgusta a sus funcionarios es que alguien en cualquier lugar del mundo se cuestione esa definición.
El problema con este criterio es que se elabora con una constante referencia a una “guerra terrible con una potencia nuclear”, cuando en realidad desde hace muchos años, en el diferendo entre Cuba y Estados Unidos, se puede hablar de la hostilidad de Washington mantenida en ciertas acciones, normas y leyes, pero no de acciones bélicas.
Esto no lo reconocen los gobernantes de La Habana con palabras, pero sí con actos. Difícil comprender que una nación está en guerra con otra y al mismo tiempo le compra alimentos a su enemigo, agasaja a los legisladores del bando contrario y celebra subastas de tabacos donde los principales invitados y compradores no vienen de una trinchera sino viajan cómodamente al país anfitrión.
Una guerra sin disparos y ataques mortíferos, sin cañones y acorazados. Una contienda donde los únicos “barcos enemigos” que entran en aguas cubanas traen mercancías que se cargan en los puertos de la nación agresora. Cuba está en una “guerra”, dicen quienes gobiernan la Isla, y no le queda más remedio que encarcelar a los “agentes” que luchan en favor del otro lado.
Sin embargo, un buen número de disidentes cubanos han cumplido largas condenas o son encarcelados temporalmente y amenazados todos los meses por el sólo “delito” de divulgar análisis políticos y noticiosos y buscar cambios pacíficos en la Isla.
El gobierno cubano comete un error, cuando confía en la eficiencia probada de su mecanismo de represión preventiva para dilatar la solución ―o al menos el mejoramiento― del problema de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Lo que es una victoria de la censura se traduce en una derrota de la creatividad, en el sentido más amplio de ambos términos.
Desde hace mucho tiempo los disidentes luchan frente a dos enemigos poderosos: la represión y la inercia. Por décadas el régimen ha alimentado la ausencia de futuro en la población como el medio ideal para alimentar la fatalidad, el cruzarse de brazos y la espera ante lo inevitable. Pero si estas actitudes influyen negativamente en las posibilidades de un cambio democrático, también afectan a la capacidad de la nación para resolver sus problemas por medios propios.
Uno de los argumentos más repetidos por el gobierno cubano y sus seguidores es que “No hay una sola familia cubana que en los últimos 50 años llore a un familiar desaparecido, no hay una sola que llore a un familiar asesinado extrajudicialmente, no hay una sola denunciando trato inhumano degradante, torturas como las que se aplicaron en otros países de América Latina”. Estas palabras las pronunció el excanciller Pérez Roque en un foro internacional, el mismo que años después sería separado de forma abrupta del gabinete cubano, sin necesidad de muchas explicaciones al respecto, salvo el dictado casi bíblico de Fidel Castro sobre la predilección por las “mieles del poder”. Pero no importa si lo diga un funcionario u otro. No se trata más que de máquinas repetidoras que no se apartan una palabra del guión dictado desde la Plaza de la Revolución.
La afirmación tiene una porción de verdad, en el sentido de que no hay un historial de desapariciones y barbarie similar al que arrastran diversas dictaduras latinoamericanas. No quiere decir que el régimen esté libre de culpas, como se recuerda en estos días, a punto de cumplirse 20 años de la barbarie ocurrida con el remolcador 13 de Marzo, cuando 41 personas, incluidos niños y mujeres, murieron en un intento de abandonar el país. Y eso para solo recordar un hecho que vuelve a figurar en las páginas de los periódicos
La comparación con lo que pasó durante las sangrientas dictaduras latinoamericanas no absuelve al gobierno de La Habana de su historial represivo. Es más, lo que en otros países es pasado, en Cuba es presente.
En la Isla se practica una represión sin tregua, aunque las largas condenas han sido sustituidas por breves arrestos preventivos.
Por otra parte, la referencia a las desapariciones tiene cierta dualidad, ya que busca tanto la absolución como el destacar la eficiencia de la maquinaria represiva cubana. Esta le ha permitido prescindir de acciones que tanta “mala fama” acumulan sobre los violadores. Pero aunque se puede especular sobre la existencia de otras formas de “desaparición” en la Isla ―incluso más allá de fusilamientos, juicios sumarios, condenas excesivas y encarcelamientos sin la celebración de un proceso penal, para citar algunos de los hechos ocurridos desde el establecimiento del régimen aún imperante en la Isla―, hay un elemento importante a destacar: la diferencia entre recurrir al delito y la marginalidad para impedir un cambio de gobierno y el establecimiento de un sistema que modifica las leyes y normas con el objetivo de perpetuarse.
Estas modificaciones son fundamentalmente en diversas esferas de la vida cotidiana, desde ciertas actividades económicas hasta las acciones represivas contra la libertad creadora o la discriminación de ciertos sectores poblacionales.
Lo que en otra época fue delito en Cuba, ahora es permitido. Pero en esencia, la capacidad o el derecho a expresar el deseo de cambiar ciertos aspectos de la sociedad o la sociedad y el gobierno en su conjunto sigue siendo tan refrenado en la Isla como cuando esta persecución se vestía del ropaje de la lucha de clases.

Este artículo también aparece publicado en Cubaencuentro y el Nuevo Herald.

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