Solo 57 barcos han pasado por la nueva
terminal del Mariel, desde su apertura hace seis meses. Se trata de un logro
muy modesto. Es cierto que es una instalación que apuesta al futuro. Pero cabe preguntarse
a qué futuro están apostando, no solo el gobierno cubano sino Brasil y los
potenciales inversionistas en la zona.
Hoy por hoy Mariel es un puerto rodeado
de brumas y sin faro a la vista. La terminal ha movido una carga muy reducida.
Solo unos 15,000 contenedores, explicó su director adjunto en la televisión
estatal cubana el pasado martes.
El patio de la instalación portuaria fue
construido para una capacidad máxima de operaciones de 822,000 contenedores al
año, según datos del reporte televisivo. Lo que quiere decir que en estos
momentos está prácticamente vacío.
El Puerto de Miami opera al año más de un
millón de contenedores. Las cifras de Cuba reflejan miseria.
Por supuesto que el proyecto no está
concluido, pero las posibilidades de que se produzca el número necesario de
inversiones en un futuro cercano son más bien inciertas.
Cuba ha estado promoviendo una nueva ley
de inversión extranjera, que entró en vigor recientemente, y sostiene que es
vital para su desarrollo. Entre sus características, la legislación contempla la
reducción de impuestos. Sin embargo, muchas empresas del exterior han dicho que
están más interesadas en el clima general de negocios, la transparencia y el
cumplimiento de la ley, especialmente a la luz del caso del empresario Cy Tokmakjian,
cuya sentencia aún no ha sido dictada en el momento de escribir esta columna.
El gobierno cubano juzgó a Tokmakjian en
un amplio caso de cohecho, evasión de impuestos y “actividades dañinas para la
economía”, pero su empresa en Canadá alega que, en realidad, es todo lo
contrario.
“Cy Tokmakjian habló en contra de la
corrupción debido a que estaba claro que la compañía estaba perdiendo contratos
por razones inexplicables. Es posible que esta franqueza condujo a lo que está
pasando ahora”, ha sostenido, a través de un comunicado el Grupo Tokmakjian.
No hay duda de que cabe el argumento de
que dicho grupo lo que está intentando es una defensa desesperada del empresario
canadiense, pero no es la primera vez que se conocen comentarios de este tipo
por parte de extranjeros que han hecho o intentado negocios en Cuba.
Algunos inversionistas han declarado en
privado que la campaña de corrupción que se desarrolla en la isla se ha
convertido en un factor de inseguridad. Muchos de ellos expresan sus dudas y
temores ante el hecho de que a la vez que el régimen les impone un “gerente
cubano”, con el tiempo resulta que dicho “gerente” se ve envuelto en una
investigación contra la corrupción, con el consiguiente proceso de congelación
de cuentas y paralización de operaciones.
Lo peor, sin embargo, es que estos
inversionistas consideran que esta campaña contra la corrupción es también un
ajuste de cuentas, en que ciertos negocios en manos de determinados grupos,
familias o miembros de la elite gobernante son favorecidos o perjudicados.
Cuba, por otra parte, no busca sólo
inversión privada sino también de otros gobiernos. Pero aquí también hay
motivos de recelo.
La terminal de contendedores del Mariel ha
supuesto una inversión total de $957 millones, de los cuales unos $682 millones
de financiación provienen del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES) de Brasil. Para la segunda etapa está previsto que Brasil aporte,
además, una financiación de $290 millones. Sin embargo, este tipo de inversión
estatal depende del gobierno que esté en el poder, y la reelección de Dilma
Rousseff es probable pero no segura.
Que en las inversiones brasileñas en Cuba
no sólo actúan factores económicos, sino también políticos e ideológicos lo
confirma el hecho de que son secretas.
El ministro de Desarrollo, Industria y
Mercado Internacional de Brasil, Fernando Pimentel, declaró secretos los
documentos relacionados con el financiamiento a los gobiernos de Cuba y Angola,
informó el diario Folha de Sao Paulo
en el 2013.
Con la decisión, el contenido de los mismos
sólo podrá ser conocido después del 2027.
El año pasado el BNDES financió
operaciones en 15 países, por un total de $2,170 millones, pero sólo en el caso
de los documentos relacionados con Cuba y Angola el ministerio declaró secreta
la información.
Si algo buscan los inversionistas de
cualquier tipo es seguridad y transparencia. En el caso del gobierno cubano,
hay un largo historial negativo en ambos aspectos.. Para quienes buscan hacer
negocios en Cuba, más allá de razones políticas y por el simple interés de
ganar dinero, sólo queda confiar en que con el gobierno de Raúl Castro las
cosas han cambiado. Pero, ¿quién está seguro?
Esta es mi columna semanal en el Nuevo Herald, que apareció en la edición del lunes 14 de julio de 2014.
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