Hay un rasgo que se repite en las medidas
formuladas por el gobierno de Raúl Castro, y es excluir a los profesionales de
los cambios que, según La Habana, buscan “actualizar” el modelo cubano.
Para quienes mandan en la isla, los
graduados universitarios quedan fuera de los supuestos beneficios que trae
trabajar por cuenta propia o emigrar temporalmente fuera del país.
La primera consecuencia es de índole
personal. Quienes se esfuerzan por obtener un título se enfrentan a un presente
muy limitado y un futuro más incierto aún. O se limitan a un trabajo mediocre,
donde siempre está presente el peligro del despido por los ajustes laborales,
dilatados pero no extinguidos, o se dedican a empleos más lucrativos aunque
alejados de su perfil de estudios. La literatura creada en los últimos tiempos
en Cuba se ha encargado de recrear hasta el cansancio la frustración de
lingüistas convertidos en guías turísticos y de ingenieros manejando taxis.
Otro resultado de esta política errónea
tiene que ver con el desarrollo de la nación, que se compromete con esta
negativa a mejorar el nivel de vida de quienes han alcanzado una educación
superior, al tiempo que los mantiene como rehenes.
La educación, una de las conquistas más
cacareadas de la revolución, ha pasado de ser un logro a una rémora. No hay
mejor prueba de ello que la tan esperada reforma migratoria, que entró en
vigor en enero de 2013.
Mientras la ley de migración modificada
amplía plazos, suprime la duplicación de permisos (el nuevo “permiso de salida”
se concreta en el pasaporte actualizado) y permite el regreso de los
inmigrantes obedientes al régimen, en el caso de los profesionales es incluso
más represiva que en años anteriores.
No sólo en el caso de los médicos. Por
décadas el régimen no ha permitido o le ha puesto trabas y demoras a la salida
de otros graduados universitarios, pero como todo lo que ocurre en Cuba, se han
sucedido los períodos de un cierre mayor con otros de relajamiento, de acuerdo a
multitud de factores que iban de la arena internacional al plano doméstico. De
ahora en adelante no. La modificación de la ley deja establecido el parámetro a
seguir.
De acuerdo a uno de los cambios en la ley, cualquier graduado de la enseñanza superior que
participe en una investigación que se considere “vital” para el desarrollo de
la nación queda excluido del otorgamiento del pasaporte y con ello de la
posibilidad legal de salida. Lo que ocurre es que bajo una categoría tan
amplia, y teniendo en cuenta los temores, la corrupción y la envidia imperante
en la isla, cualquier jefe de, por ejemplo, el Ministerio de Cultura en un
municipio, puede impedir que un licenciado en letras se vaya porque ha participado
en un censo de los versificadores, y el dato es de “vital importancia”, ya que
refleja el desarrollo cultural de la zona.
Como siempre, el gobierno hecha mano al
socorrido argumento del “robo de cerebros”. Solo que este llamado “robo de cerebros” no es
más que un argumento tercermundista para ocultar la impericia de los
gobernantes. En los hospitales de Estados Unidos hay médicos de India y
Pakistán; en la universidades de este país, por ejemplo, aquí, en la
Universidad de Miami, se encuentran ingenieros de alto nivel procedentes de los
países árabes; en Madrid resulta fácil encontrarse con un facultativo que sueñe
o busque ejercer en Londres. Todos estos casos reflejan un fenómeno
intensificado con la globalización: las personas buscan vivir en donde se
sienten mejor, se les reconoce más por su labor y son mejor recompensadas. Nada
más natural, y no por ello los gobiernos tienen que establecer barreras que
impidan la partida sino contribuir a crear mejores condiciones de vida en los
lugares de origen.
En el caso de los profesionales cubanos,
el gobierno da cada día nuevas muestras de que le interesan poco en la mayoría
de los casos, cuando no puede explotarlos como fuerza de trabajo que alquila o
exporta de acuerdo a conveniencias políticas. Lo demás es mantener en aumento
un ejército de braceros encargados del suministro de remesas.
Mientras tanto, la explotación de los profesionales, como fuerza de trabajo alquilada por el gobierno cubano en otros países va en aumento.
Un total de 64.362 colaboradores cubanos, el 75 por ciento de ellos del sector de la salud, prestan actualmente servicios en 91 países, se informó hoy en una reunión de las comisiones de la Asamblea Nacional, informó la agencia Efe.
La directora general del ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Dagmar González Grau, precisó que más del 80 por ciento de la colaboración se concentra en América Latina y el Caribe, al intervenir en la Comisión de Relaciones Internacionales durante los debates del tercer periodo ordinario de sesiones de la octava legislatura del Parlamento cubano.
Al resaltar el impacto de la colaboración de Cuba en el mundo, la funcionaria refirió que desde 1961 hasta diciembre de 2013 sumaban 836.142 los civiles cubanos que han cooperado en 167 países.
Los que no van en estas “misiones” de colaboración del gobierno cubano, y logran salir de la isla, por lo general tienen por delante un camino difícil, pero donde casi siempre se termina logrando resultados positivos.
Es posible que ese ingeniero que sale de
Cuba termine colocando antenas de televisión en Miami, o que ese médico que
abandona una misión internacionalista nunca vuelva a ejercer, y sea simplemente
un enfermero en esta ciudad. Pero es un destino propio, elegido sin que el
Estado lo mueva como un peón de un barrio marginal de Caracas a un campamento
en Haití, con independencia del beneficio que estos cuidados sanitarios puedan
brindar a muchos. Tanto la supuesta bondad del régimen, como el beneficio
económico que obtiene brindando servicios médicos en el exterior, se deben a la
burda explotación de sus graduados universitarios, que en última instancia poco
tienen que agradecer al gobierno.
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