jueves, 16 de octubre de 2014

El asesinato de Serra huele mal para Maduro


La muerte del diputado chavista Robert Serra y su asistente María Herrera se ha vuelto un asunto extremadamente complicado para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
No se ha llegado aún al momento de las certezas —¿se alcanzará en algún momento?—, pero todo apunta hacia que, lo que se trató de presentar como un crimen político, fue simplemente un asesinato posiblemente motivado por robo y disputas o venganzas personales.
De que no es poco lo que se juega el presidente venezolano en este caso quedó claro con la comparecencia ante las cámaras, rodeado de la plana mayor de su gobierno.
Maduro puede anotarse en su favor un pequeño logro, al revelar la identidad de los presuntos implicados y la detención de algunos. Pero lo que ha salido a relucir —y que el Presidente no ha logrado acallar— habla mucho en contra de su gobierno. Incluso, y especialmente, en lo que se refiere a sus seguidores.
A Serra lo asesinaron con la participación de quienes estaban encargados de protegerlo. Ya se había enseñado en televisión la presunta confesión del oficial de policía Edwin Torres Camacho, el jefe de la escolta del parlamentario, uno de los señalados en las investigaciones.
Un vídeo captado por las cámaras de seguridad registró el hecho.
Serra y Herrera fueron atacados con un punzón. Sin embargo, contaban con un sistema de seguridad —tanto en hombres y equipos— que estaba supuesto a impedir que un crimen se cometiera con medios tan simples. Este abismo entre lo primitivo del arma del delito y los recursos con que contaba para su protección el destacado miembro del chavismo solo se explica por la participación en el crimen de los propios “defensores”.
Al parecer el presunto móvil del delito fue el robo de la caja fuerte del diputado, donde guardaba dos fusiles y asalto y dólares en efectivo, para vengar una discusión previa.
Los participantes en el delito, según el propio presidente venezolano, fueron:
Torres Camacho.
Carlos García Martínez (El Tintín): escolta de Serra.
Padilla Leiva (El Colombia): jefe de la banda “El Colombia”, la cual organizó el homicidio del diputado. Maduro aseguró que la banda de Padilla está vinculada con grupos paramilitares, quienes llevaban tres meses planificando el asesinato.
Jhonny José Padilla (EL Oreja): funcionario de Policaracas y escolta de Serra.
Fariñéz Palomino (El Eme): jefe del equipo de protección del diputado Robert Serra, junto con Torres Camacho.
Danny Salinas Quevedo: miembro de la banda “El Colombia”.
Hay otros dos involucrados que no fueron identificados por el Presidente. Estos habrían esperado fuera de la vivienda de Serra para trasladar a los asesinos luego de que cometieran del crimen.
Todo esto habla muy a las claras de la actual situación venezolana, donde un “diputado” no solo necesita una escolta con dos jefes y todo —no un sencillo guardaespaldas, en el mejor o peor de los casos— y que al parecer tenía en su vivienda fusiles de asalto y dólares.
La imagen es más propia de un jefe mafioso, jefe de una banda o incluso miembro importante de una organización delictiva que la de un legislador en un país democrático. ¿Qué clase de político era ese que se había rodeado en su intimidad —y depositado su confianza— de individuos violentos que por avaricia, envidia o despecho no dudaron en traicionarlo? Hablo de imagen, no digo que lo fuera. Pero las apariencias son muy negativas y lo mejor que se puede decir en favor del gobierno de Maduro es que evidencian el clima de inseguridad, violencia y delito que asola al país.
En el orden de lo estrictamente policial, dos de los supuestos autores —Torres Camacho y García— están detenidos. Los otros cuatro, entre ellos Padilla, están fugitivos. La eficiencia policial, en un caso tan sonado, está al menos en entredicho.
Desde el inicio Maduro ha tratado de vincular el crimen a un grupo paramilitar colombiano. Incluso fue más lejos y acusó al expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Atribuir el crimen a una supuesta banda paramilitar extranjera cumplía un objetivo muy preciso: no es un delito de venezolanos sino una agresión desde fuera. Ahora se sabe que la mayoría de los participantes fueron venezolanos.
Pero además Maduro quiso y quiere darle un carácter político al asesinato, y aún habla de un “falso robo”.
El problema para el presidente venezolano es que, ni en un gobierno autoritario, ni en una dictadura, ni mucho menos en un sistema totalitario, las cosas se hacen así. Cuando se muestran pruebas, se fabrican evidencias, se obtienen confesiones o se “descubre” un plan de esta naturaleza, la presentación se hace con todos los cabos atados, sin dejar resquicios, aunque todo sea una maquinación. El “paquete” se presenta amarrado y sin porosidad alguna.
Se podría argumentar en favor de Maduro que todo lo que se consideran “fallas” en este comentario no son más que una demostración del carácter democrático de su gobierno.
El problema es que el historial, la actitud y la ejecutoria diaria del gobernante apuntan en otro sentido. Maduro no es un demócrata, es un inepto.
Y es aquí donde el presidente de Venezuela ha vuelto a dar una prueba de que es un mal alumno de los hermanos Castro, lo que contribuye a incrementar el clima de inseguridad no solo en los miembros de la élite chavista sino entre sus seguidores más humildes.
El primer error de la comparecencia de Maduro es la falta de detalles, la frustración que ha creado y parte de la cual es culpable el mismo suspenso que generó el gobernante durante los días previos.
Maduro se apresuró a brindar nombres, como prueba de que la resolución del asesinato está en marcha. Pero ha demostrado ser incapaz de brindar el menor detalle sobre lo que considera es la motivación política del crimen y quienes están detrás de los asesinatos. Eso jamás le habría ocurrido a Fidel o Raúl Castro.
Cuando este mismo año fue asesinado Eliécer Otaiza —exmilitar, compañero de asonadas golpistas de Hugo Chávez, y exdirector de la policía política—Maduro llegó a insinuar que obedecía a un crimen “preparado desde Miami” por sectores contrarrevolucionarios. Sin embargo, las pesquisas policiales responsabilizaron del crimen a un grupo de delincuentes juveniles del sureste de Caracas, la segunda ciudad más violenta del mundo.
Maduro imagina conspiraciones políticas por todas partes, pero se niega a ver la realidad de violencia y muerte a la que su gobierno y el de su antecesor han sumido a Venezuela


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