Curioso que lo que ocurre en Birmania no
se mencione al discutir sobre la posibilidad de levantar las sanciones a Cuba,
ni siquiera ahora que el presidente Barack Obama acaba de concluir su visita a
la región. Más curioso aún porque lo sucedido en esa nación brinda argumentos
tanto a los defensores del embargo como a quienes se oponen al levantamiento incondicional
de este.
Birmania o Myanmar inició su transformación
política en el 2011, tras medio siglo de dictadura militar. Su presidente,
Thein Sein, liberó a los presos políticos, relajó la represión y dio los
primeros pasos hacia una transición democrática. En vista a eso, Estados Unidos
levantó algunas de las sanciones impuestas durante el régimen dictatorial. Pero
dichos comicios no han resultado en todos los cambios esperados.
Ahora Obama, en su segunda visita al
país, ha reafirmado que la transición parece haberse estancado; incluso en
algunas áreas han ocurrido retrocesos y las violaciones a los derechos humanos
continúan.
¿Fue un error entonces la política de la
Casa Blanca? La respuesta no es fácil porque un análisis del panorama birmano,
bajo una óptica bipolar, sólo lleva a justificar una posición partidista. De
adoptarse, todo se reduce a la vieja disyuntiva de la mitad del vaso de agua:
¿medio lleno o medio vacío?
Dos posiciones, en el Congreso de Estados
Unidos, definieron la discusión a la hora de imponer restricciones a la junta
militar de Birmania.
Una planteaba que la medida debía
someterse a una revisión anual. La otra estaba a favor de adoptar algo similar
al embargo contra el gobierno cubano: el sostenimiento indefinido de las sanciones
hasta que no se produjera un completo cambio democrático. Nada de pasos
equilibrados, sino una apuesta de todo o nada.
Al final se impuso la primera posición.
En el 2003, el senador republicano Mitch
McConnell —quien el próximo año será el presidente del Senado— trabajó junto al
exsenador demócrata Max Baucus y los senadores Dianne Feinstein (demócrata) y
Chuck Grassley (republicano), y llegaron al acuerdo de que las sanciones serían
sometidas a una evaluación anual.
Además del proceso que marcó el fin de la
junta militar, otros factores han influido notablemente en la activa participación de la Casa Blanca
en el caso birmano: los vínculos de esa nación con China y Corea del Norte, así
como la influencia de la India, por una parte, y la ausencia de un numeroso
exilio birmano en Estados Unidos, por la otra. La solución del problema se
limita a dos factores: democracia y política exterior.
En enero del 2011, la entonces secretaria
de Estado, Hillary Clinton, declaró que las sanciones serían levantadas si se
producían cambios “reales”.
En el 2012 Aung San Suu Kyi —premio Nobel
de la Paz— fue liberada y en abril del 2012 elegida diputada del Parlamento Nacional.
La oposición entró al Parlamento con 43 diputados, pero el Ejército se reservó
un cuarto de los escaños, lo que garantizó que los opositores no fueran capaces
de hacerle sombra al gobierno.
En mayo de ese año Clinton anunció el
relajamiento de algunas sanciones —entre ellas restricciones financieras—, para
facilitar la transición.
Al año siguiente, se eliminaron las
restricciones vigentes contra los funcionarios birmanos. En igual sentido, ese
mismo año, 2013, la Unión Europea levantó todas sus sanciones, salvo el embargo
de armas.
Sin embargo, las esperanzas del cambio se
han visto opacadas en los últimos tiempos.
En las elecciones presidenciales previstas
para finales del próximo año, que Suu Kyi ganaría fácilmente si fueran libres,
la activista no podrá presentarse.
Un absurdo artículo constitucional veta a
los candidatos con hijos de otra nacionalidad, como los suyos, que son
británicos. Todo indica que dicho requisito tiene únicamente como objetivo el
impedir que su nombre aparezca en la boleta.
Obama reconoció, en una entrevista con la
revista The Irrawaddy, que en Myanmar “el progreso no ha sido tan
rápido como muchos habían esperado, cuando empezó la transición”.
El 9 de agosto de este año, el secretario
de Estado John Kerry pidió al gobierno de Birmania acelerar las reformas
democráticas. Una semana antes, varios senadores estadounidense habían solicitado
nuevas sanciones y en mayo Obama extendió por un año más algunas de las
restricciones económicas aún vigentes (prohibición de inversiones
norteamericanas y de las exportaciones de ese país a Estados Unidos).
Durante su reciente visita, Obama
presionó al presidente Sein para reformar la norma que impide postularse a Suu
Kyi, así como eliminar la represión étnica.
Si se compara la situación existente en
Birmania con la imperante durante la junta militar, es indudable que se han
producido ciertos avances que justifican el fin de algunas de la sanciones. De
igual forma hay motivos para mantener otras. El uso de sanciones nunca debe ser
una medida de todo o nada, sino de estímulo y respuesta. El camino hacia la
democracia es largo y difícil, y la cautela siempre debe acompañar al
optimismo.
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