Si una clase profesional ha sido
hostigada en Cuba a partir de 1959 es la de los médicos. Estos han tenido que
sufrir las órdenes y hasta los caprichos de un poder que siempre los ha
considerado uno de sus recursos más valiosos.
Hasta en la conversación más simple sobre
el tema sale a relucir el hecho de que el estudio de la carrera de Medicina en
la Isla es gratuita, mientras en Estados Unidos cuesta miles y miles de
dólares. Pero el régimen nunca necesitó de ese pretexto para retener a los
facultativos. En la primera y segunda década tras la llegada de Fidel Castro al
poder los médicos que solicitaba la salida del país eran “castigados”,
rebajados de categoría, enviados a lugares remotos e impedidos de partir
durante años, con independencia de dónde y cómo habían obtenido sus títulos,
que por supuesto por aquel entonces no eran resultado de los “logros de la
revolución”.
A estos “castigos” se agregó luego otro
aún peor: el retener a los familiares —en particular los hijos pequeños— de los
médicos cubanos que “desertaban“ en el exterior, luego de ser enviados a
ejercer su profesión en otros países. De hecho, el lenguaje establecido en
estos casos por el gobierno cubano —y adoptado incluso en cierta medida por las
agencias de prensa internacionales— establecía una connotación militar, guerrera a
la labor: “misión”, “contingente”, “desertores”. Todo ello tenía el objetivo de
enfatizar el carácter bélico con que siempre Fidel Castro concibió esos planes:
una filosofía de guerra por otros medios, pacíficos e incluso humanitarios, que
no por ello dejaba de fundamentar un expansionismo político e ideológico.
Cuando las circunstancias impusieron el repliegue ideológico, pero no político,
los fines se transformaron en diplomáticos y económicos.
Es por ello que la emigración de los
médicos cubanos ha sido por décadas un tema recurrente en el conflicto entre
Washington y La Habana. Por una parte el gobierno cubano niega o demora por
años la salida de los facultativos, así como retiene a sus familiares si éstos
desertan en terceros países. Por la otra, durante la administración de George
W. Bush se decidió otorgar un parole a
cualquier médico que se encuentra en una misión gubernamental en un tercer país
y tome la decisión de desertar, así como el dar visado a los familiares del
profesional.
Ambas actitudes han mantenido un carácter
marcadamente político, que ha contribuido al aumento de las tensiones entre
amos países. En este aspecto estaría la razón de ser del último editorial del
diario The New York Times, que critica las
alegadas facilidades que ofrece EEUU a los profesionales de la salud cubanos
para que abandonen la isla y pidió el fin de esa política “incoherente”.
El editorial, al igual que los anteriores
publicado en inglés y español, forma parte de una serie que desde hace semanas
el influyente diario de dedica a las relaciones entre Washington y La Habana.
Uno puede estar o no de acuerdo con el
juego político que ha provocado estas situaciones y argumentar sobre las
decisiones tomadas tantos por ambos Estados como por los médicos protagonistas
de tantas historias. Lo que resulta muy difícil es admitir es que alguien se
coloque de parte de los verdugos. Y eso
es precisamente lo que ha hecho el diario estadounidense.
No estamos en la Edad Media, el gobierno
cubano tiene un concepto feudal en muchas de sus decisiones, tanto en su
concepción del tiempo como en los recursos a que echa mano en muchas de sus
disputas. Utilizar a niños como rehenes es inadmisible. La Habana lo ha hecho y
continúa haciendo. Y pese a los cambios migratorios puestos en práctica, aún el
régimen se otorga el derecho de decidir quien sale y quien se queda en Cuba. Es
más, considera dicho derecho una potestad indiscutible.
Puede especularse sobre las razones de The New York Times para publicar esta
serie editorial, se puede incluso compartir algunos criterios de otros
anteriores, pero en esta ocasión el periódico ha producido una pieza no solo
absolutamente parcializada sino incluso torpe y pedestre, que al tiempo que
amplía el tipo de tergiversación que ya había mostrado al escribir sobre el
caso de Alan Gross, contrasta precisamente con otro editorial del mismo diario
también de la semana pasada, en que criticaba la censura en China a la Internet
y las limitaciones de los corresponsales extranjeros en el país asiático.
Incluso, y con razón, reafirma su posición de seguir informando la verdad sobre
China, aunque el precio que tuviera que pagar por ello es que el gobierno de
Pekín no le diera visa a sus periodistas. Entonces, ahora, y en las misma
sección, una muestra vulgar de un doble rasero.
Porque lo cuestionable no es solo el
punto de vista de The New York Times,
sino principalmente la forma de sustentación.
El periódico parte del elogio por la
contribución de médicos cubanos que atienden a pacientes con ébola en África
—en realidad la mayoría de ellos aún no están laborando con enfermos, pero
vamos a considerar secundaria esa falta de actualización que no debería ocurrir
en una publicación de tal categoría— para criticar el supuesto “robo de
cerebros”.
De acuerdo al diario “los médicos que
trabajan en África occidental hoy podrían fácilmente abandonar sus
obligaciones, tomar un taxi a la embajada estadounidense más cercana y
solicitar estatus migratorio, mediante un programa que ha permitido miles de
deserciones. De ser aprobados, pueden ingresar a Estados Unidos en cuestión de
semanas, a pocos años de convertirse en ciudadanos estadounidenses”.
Bueno, esta visión idílica de la fuga no
solo resulta absurda por tratarse de un país africano, sino porque el diario
pasa por alto que en cualquier lugar del mundo estos trabajadores de salud son
vigilados estrechamente, se les retiene el pasaporte y trabajan, se han educado
y por regla general vivido siempre bajo un ambiente de miedo, sospecha y
traición que resulta difícil de entender por cualquier norteamericano, incluso
si es aficionado a las películas de espionaje de la época de la guerra fría.
Aunque más importante aún es señalar lo
torcido que resulta partir de la actual lucha contra el ébola, o invocar la
labor en el terremoto de Haití, como punto de referencia para el análisis de
las deserciones de los médicos. Porque las cifras que más adelante ofrece el
periódico no guardan relación con esos cientos de profesionales sino con miles
que trabajaban en Venezuela y ahora en Brasil. No tienen que ver con una ayuda
humanitaria que por otra parte no es gratuita: la paga la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y cuenta con la participación de la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), tan criticada por Cuba, y por el
propio Times en otro editorial. Son
datos que reflejan, en particular, lo que viene ocurriendo en Venezuela, donde
a un grado de explotación extrema de los médicos se une una situación de
inseguridad creciente. Pero de esto no habla el periódico.
The
New York Times tampoco hace referencia a dos
fuentes en que se fundamentó para cifras, ahora actualizadas, y argumentos.
En 2011 el Wall Street Jounal publicó que cerca de mil seiscientos
profesionales médicos y técnicos de salud cubanos se habían exiliado en Estados
Unidos a partir de 2006.
De acuerdo al Journal, 800 profesionales utilizaron a Venezuela como el primer
país de enlace; luego Colombia con 300.
De igual modo, 135 huyeron por Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador,
Guatemala, Guyana, Namibia y Perú, con destino a EEUU. Para concretar las
deserciones, un total de 1.574 visas fueron emitidas desde consulados estadounidenses
en 65 países.
El Times
prescinde de este desglose de cifras porque echaría por tierra su argumento:
“Es incongruente que Estados Unidos valore las contribuciones de los médicos
cubanos enviados por el gobierno para asistir en crisis mundiales, como aquella
del terremoto en Haití en 2010, mientras procura desestabilizar al estado
facilitando las deserciones”.
No se trata de trabajadores humanitarios
que abandonan su ejemplar labor tentados por “cantos de sirenas del
imperialismo” —como aún no se atreve a decir el Times, pero está cerca— sino de simples profesionales que huyen de
la explotación en busca de un mejor futuro.
Si para 2011 el gobierno cubano tenía 37.041
médicos y trabajadores de la salud en 77 países, según el Journal, eso significaba que alrededor del 4,3 por ciento de ese
personal médico había desertado.
Entra entonces la segunda fuente del
Times, que además de cifras aporta argumentos. En una "reflexión",
Fidel Castro dijo que Estados Unidos robó a Cuba el 5,16 por ciento de los
profesionales graduados durante la revolución.
"Entre 1959 y 2004 se graduaron en
Cuba 805.903 profesionales, incluyendo médicos. La injusta política de Estados
Unidos contra nuestro país nos ha privado del 5,16 por ciento de los
profesionales graduados por la revolución", escribió Fidel Castro en una Reflexión del 17 de julio de 2007,
titulada El robo de cerebros. Esto
significa que unos 156,182 profesionales abandonaron Cuba.
Podría pensarse que el régimen de La
Habana ha establecido mecanismos de control más estrictos, que dificultan la
salida de los facultativos, pero en general el plan de las misiones médicas
cubanas adolece de los mismos problemas de corrupción que otros modelos cubanos
de cooperación o búsqueda de divisas.
Al final todo parece estar más cerca de
otra versión de Casablanca: sobornos,
la libertad puesta a precio, e irregularidades propias de un ambiente de guerra fría.
No se trata, sin embargo, de una disputa
que se resuelve moviendo tanques y aviones, con declaraciones más o menos
amenazadoras o mediante pactos estratégicos.
Es un drama humano, algo que también omite el Times.
Queda entonces el elemento que podría
darle la justificación mayor al diarios estadounidense: los cambios
introducidos por el gobierno cubano en la política migratoria.
Sin embargo, aquí también el Times omite de su análisis aspectos
fundamentales.
Hay un rasgo que se repite en las medidas
formuladas por el gobierno de Raúl Castro, y es excluir a los profesionales de
los cambios que, según La Habana, buscan “actualizar” el modelo cubano.
Para quienes mandan en la Isla, los
graduados universitarios quedan fuera de los supuestos beneficios que trae
trabajar por cuenta propia o emigrar temporalmente fuera del país.
La primera consecuencia es de índole personal.
Quienes se esfuerzan por obtener un título se enfrentan a un presente muy
limitado y un futuro más incierto aún. O se limitan a un trabajo mediocre,
donde siempre está presente el peligro del despido por los ajustes laborales,
dilatados pero no extinguidos, o se dedican a empleos más lucrativos aunque
alejados de su perfil de estudios. La educación, una de las conquistas más
cacareadas de la revolución, ha pasado de ser un logro a una rémora.
Mientras la ley de migración modificada
amplía plazos, suprime la duplicación de permisos (el nuevo “permiso de salida”
se concreta en el pasaporte actualizado) y permite el regreso de los
inmigrantes obedientes al régimen, en el caso de los profesionales es incluso
más represiva que en años anteriores.
No solo en el caso de los médicos. Por
décadas el régimen no ha permitido o le ha puesto trabas y demoras a la salida
de otros graduados universitarios, pero como todo lo que ocurre en Cuba, se han
sucedido los períodos de un cierre mayor con otros de relajamiento, de acuerdo
a multitud de factores que iban de la arena internacional al plano doméstico.
De ahora en adelante no. La modificación de la ley deja establecido el
parámetro a seguir.
De acuerdo a uno de los cambios
establecidos en la ley, cualquier graduado de la enseñanza superior que
participe en una investigación que se considere “vital” para el desarrollo de
la nación queda excluido del otorgamiento del pasaporte y con ello de la
posibilidad legal de salida. Lo que ocurre es que bajo una categoría tan amplia,
y teniendo en cuenta los temores, la corrupción y la envidia imperante en la
isla, cualquier jefe de, por ejemplo, el Ministerio de Cultura en un municipio,
puede impedir que un licenciado en letras se vaya porque ha participado en un
censo de los versificadores, y el dato es de “vital importancia”, ya que
refleja el desarrollo cultural de la zona.
Como siempre, al formular la ley el
Gobierno echó mano al socorrido argumento del “robo de cerebros”. Solo que este llamado “robo de cerebros” no es
más que un argumento tercermundista para ocultar la impericia de los
gobernantes. En los hospitales de EEUU hay médicos de India y Pakistán; en la
universidades de este país, por ejemplo, aquí, en la Universidad de Miami, se
encuentran ingenieros de alto nivel procedentes de los países árabes; en Madrid
resulta fácil encontrarse con un facultativo que sueñe o busque ejercer en
Londres.
Todos estos casos reflejan un fenómeno
intensificado con la globalización: las personas buscan vivir en donde se
sienten mejor, se les reconoce más por su labor y son mejor recompensadas. Nada
más natural, y no por ello los gobiernos tienen que establecer barreras que
impidan la partida sino contribuir a crear mejores condiciones de vida en los
lugares de origen.
En el caso de los profesionales cubanos,
el gobierno da cada día nuevas muestras de que le interesan poco en la mayoría
de los casos, cuando no puede explotarlos como fuerza de trabajo que alquila o
exporta de acuerdo a conveniencias políticas. Lo demás es mantener en aumento
un ejército de braceros encargados del suministro de remesas.
En estos momentos el gobierno de La
Habana mantiene una flexibilidad no vista con anterioridad sobre la posibilidad
de abandonar la Isla, pero se trata de un fenómeno circunstancial —no importa
que llegue a extenderse por décadas— y no un cambio de principios. Siempre
tiene a su disposición el invocar que un profesional realiza una labor “vital”
para el país o catalogar el caso como “robo de cerebros”. Siempre puede
convertir en una pesadilla algo tan rutinario y burocrático como la emisión de
un pasaporte.
Es posible que ese ingeniero que sale de
Cuba termine colocando antenas de televisión en Miami, o que ese médico que
abandona una misión internacionalista nunca vuelva a ejercer, y sea simplemente
un enfermero en esta ciudad. Pero es un destino propio, elegido sin que el
Estado lo mueva como un peón de un barrio marginal de Caracas a un campamento
en Haití, con independencia del beneficio que estos cuidados sanitarios puedan
brindar a muchos. Tanto la supuesta bondad del régimen, como el beneficio
económico que obtiene brindando servicios médicos en el exterior, se deben a la
burda explotación de sus graduados universitarios, que en última instancia poco
tienen que agradecer al Gobierno.
Resulta vergonzoso que el Times se coloque al lado del poder y
niegue los derechos del individuos. Se supone que, más que la labor, el deber
de los periódicos es todo lo contrario.
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