Las implicaciones de corrupción se
extienden más allá de las fronteras de Brasil. El documento que la Policía
Federal encontró en el domicilio del cambista arrepentido Alberto Youssef, con
registros de más de 700 contratos, amenaza con ampliar más, si cabe, el ámbito
del mayor sumario de corrupción de la historia brasileña, informa el diario
español El País. El documento incluye
obras públicas realizadas en varios otros países latinoamericanos como
Argentina y Uruguay (socios de Brasil en el Mercosur) o Ecuador y Colombia.
Los listados ocupados a Youssef, preso
desde marzo y acusado por lavado de dinero, especifican (según publicó la TV
Globo el fin de semana) detalles sobre 747 obras llevadas a cabo por 170 empresas,
la mayoría constructoras, en una nómina que guarda gran semejanza con las
empresas investigadas en la enorme operación desatada por la Policía Federal
hace 18 meses. La suma total de estos proyectos es de 11.500 millones de reales
(4.600 millones de dólares); quizá una cantidad modesta en comparación con la
gigantesca trama de sobornos, lavado de dinero y financiación ilegal de
partidos políticos descubierta en el entorno de Petrobras, “pero que podría ser
apenas la punta del iceberg de otro escándalo enorme”, citan fuentes allegadas
al caso.
El 59% de las obras que aparecen en la
lista incautada a Youssef tenía a Petrobras como cliente final. Los principales
proyectos eran infraestructuras de transporte (puertos, aeropuertos, metros),
así como refinerías y obras de minería y saneamiento.
Entre las obras contempladas en el
listado destaca la ampliación del puerto de Mariel, a 50 kilómetros de La
Habana (Cuba), ambicioso proyecto de nueva zona franca comercial realizado con
financiación brasileña cuyo primer desarrollo fue inaugurado en enero con la
presencia de la presidenta Rousseff y fue criticado durante la reciente campaña
por el opositor Aécio Neves.
Construido por el gigante Odebrecht
(investigada en la Lava Jato, aunque sea una de las pocas empresas del presunto
club de contratistas corruptores que no ha tenido ningún directivo
encarcelado), su cotización alcanza los 7.000 millones de euros. En el
documento aparece citado con un valor de 3,6 millones de reales (1,5 millones
de dólares), sin mayor explicación. La constructora ha negado el pago de ningún
soborno.