Las decenas de fugitivos que huyeron a
Cuba tras cometer delitos en Estados Unidos deben andar preocupados y no dormir
bien durante la noche. Sus días bajo el sol podrían estar contados. O no.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris
Christie, quiere que el presidente Barack Obama exija a La Habana la devolución
de una estadounidense que mató a un policía "antes de cualquier
consideración ulterior para restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno"
de la isla.
Christie quiere que Cuba entregue a
Joanne Chesimard, a la que se declaró culpable de la muerte de un policía
estatal de Nueva Jersey en 1973.
El reclamo no es nuevo. Por más de 40
años el gobierno estadounidense y el Congreso vienen pidiendo la extradición de
varios connotados criminales. Desde secuestradores de aviones y asesinos
convictos hasta traficantes de armas y al parecer estafadores al Medicare.
El caso de Chesimard ya es un argumento
muy comentado entre quienes defienden el mantenimiento de Cuba en la lista de
países patrocinadores del terrorismo internacional. El presidente Barack Obama
pidió al secretario de Estado que inicie de inmediato un proceso de revisión
sobre la inclusión de Cuba en dicho listado
Tanto en el informe del 2012 como del 2013
el Departamento de Estado establecía, como causa principal para mantener a Cuba
en la lista, el hecho de que el régimen acogiera a fugitivos buscados por EEUU,
a integrantes de ETA y que prestara ayuda sanitaria a las FARC.
Podría argumentarse que, de esos tres
aspectos, solo los fugitivos estadounidenses cuentan a la hora de negar la
exclusión. Agregar que en el 2013 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó
a Chesimard en su lista de los terroristas más buscados.
Así que algunos creen que en el próximo
año se verá si esta mujer de 67 años, que vive en La Habana con el nombre de
Assata Shakur, se convierte en un obstáculo al mejoramiento de los vínculos
entre EEUU y Cuba.
Pero apostar por Assata Shakur, en el
difícil acercamiento entre ambas naciones. es una jugada muy riesgosa.
En este sentido, no hay que olvidar que
el concepto de "intercambio" siempre ha sido la clave cada vez que se
menciona el tema.
El gobierno del presidente George W. Bush
intentó la devolución de los prófugos buscados por las autoridades
norteamericanas, en 2002, según un artículo publicado entonces por The Washington Post.
De acuerdo al Post, funcionarios cubanos se expresaron en favor de un intercambio
de fugitivos de ambos países.
“Hay muchos que han cometido delitos en Cuba
que viven en Estados Unidos”, dijo en aquella fecha un portavoz no identificado
del gobierno cubano, de acuerdo al Post.
Según el periódico, el funcionario
mencionó que las autoridades cubanas querían que Orlando Bosch fuera deportado.
Para el gobernante Fidel Castro, la
deportación de Bosch era imposible de conseguir. Por ello el funcionario
lanzaba el nombre.
Si en esa fecha el Departamento de Estado
incluía a Cuba entre los países que apoyaban el terrorismo porque, entre otras
razones, la isla todavía mantenía fresco —y en cierta medida vigente— su
historial de amparo a miembros de grupos subversivos.
Esta situación ha cambiado
fundamentalmente. Fidel Castro no es el mandatario en Cuba. Orlando Bosch
falleció en Miami. Ya el informe de 2013 aseguraba que había indicios de que el
régimen de la isla se estaba distanciando de los terroristas de ETA. Las
conversaciones entre las FARC y el gobierno colombiano se desarrollan
precisamente en La Habana.
Si en 2002 un funcionario cubano hizo una
alusión a actividades terroristas desde Miami, era precisamente porque ya
estaba en marcha la campaña para la devolución de “Los Cincos” y la
justificación de Cuba para las actividades de espionaje: la supuesta necesidad de
contar con una red de información para vigilar a las organizaciones exiliadas
sospechosas de practicar atentados terroristas en la isla, como la oleada de bombas
en varias instalaciones turísticas ocurridos en La Habana en 1997, que
ocasionaron un muerto.
Los espías cubanos ya se encuentran en
Cuba.
A estas alturas, el caso Chesimard/Shakur
no va impedir el avance de lo iniciado por Obama y Castro. No es momento de
volver sobre lo viejo sino de avanzar al futuro. Los argumentos que en un
momento sirvieron para justificar débilmente una inclusión pueden ser eliminados
con la misma facilidad que se pusieron.
El Presidente solo necesita enviar un
informe al Congreso certificando que ha habido un cambio fundamental en la
dirección y las políticas del gobierno cubano, que dicho gobierno no está
auspiciando actos de terrorismo internacional y está ofreciendo garantías de
que no apoyará semejantes actos en el futuro. Obama también puede enviar un
informe al Congreso, dentro de un plazo mínimo de 45 días antes de la remoción,
en que certifique que el gobierno cubano no ha brindado ayuda alguna al
terrorismo internacional durante los seis meses anteriores y ha ofrecido
garantías de que no apoyará semejantes actos en el futuro. Así de simple.
Esta es mi columna semanal en El Nuevo Herald, que aparece en la edición del lunes 29 de diciembre de 2014.
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