Uno de los comentarios que con mayor
fuerza han repetido legisladores cubanoamericanos y sus simpatizantes en estos
últimos días ha sido que los esfuerzos por normalizar las relaciones con el
gobierno cubano, anunciadas por el presidente Barack Obama, serán neutralizadas
cuando tome posesión el nuevo congreso dominado por los republicanos.
Con independencia de la posible batalla
legal y política entre el poder legislativo y ejecutivo, se ha tratado de
brindar una imagen de unanimidad, por parte de los republicanos, en contra de
un cambio en la relación con el régimen de La Habana. Solo la congresista
Ileana Ros-Lehtinen ha mostrado una mayor cautela en este sentido.
La realidad, sin embargo, es otra. Aunque
es indiscutible que hay muchos legisladores republicanos en contra de la
posición de Obama sobre el tema cubano —y por añadidura de cualquier cosa que
haga el Presidente, desde tomarse un helado a irse de vacaciones—, también hay
otros que en este punto específico no se aferran a un enfoque hostil.
La cuestión clave en el asunto es que
hasta el momento nadie se había atrevido a mover ficha. Ahora la situación ha
cambiado. No se trata simplemente de un acuerdo de momento. Lo que se acaba de
conocer, y se mantuvo en un absoluto secreto durante año y medio, es que Cuba
ha sido una prioridad del gobierno de Obama, aunque por tiempo se pensó que la
urgencia de otros asuntos había relegado a la isla al final de la lista de
asuntos pendientes.
Lo que se conoció el 17 de diciembre
fueron los primeros resultados de un esfuerzo que empezó en 2009, con la
llegada de Obama a la Casa Blanca, pero que no tomó fuerza hasta su segundo y
último mandato, cuando se autorizó el inicio de las negociaciones. Tras salir
reelegido en las presidenciales de 2012, el mandatario estadounidense situó
Cuba como una de las prioridades de su política exterior. Así que ahora su
gobierno se va lanzar en este objetivo con fuerza, rapidez y lo más profundo
que pueda. Esto, por supuesto, abre una especie de caja de Pandora, que ha
permanecido tapada por demasiados años.
Por otra parte, la situación
internacional e interna de Estados Unidos no puede ser más propicia para el
cambio. Tanto el gobierno de La Habana ha estado ganando terreno en el área
diplomática —sobre todo en América Latina, pero en Europa también—, como ha
sido incapaz de despegar en el terreno económico. El gobernante Raúl Castro
acaba de decir, en el acto de clausura de la última sesión anual de la Asamblea
Nacional cubana el sábado, que el mejoramiento de la economía continúa siendo
“la asignatura pendiente” de su gobierno.
En EEUU, por otra parte, la situación
viene a ser en cierto sentido la contraria. Si bien en lo que respecta a Latinoamérica
Washington se ha visto aislado en su posición respecto a Cuba — en la Cumbre de
la Américas, que se celebró en Colombia en abril de 2012, hasta aliados como
México y Colombia le dijeron claramente que estaban en contra del embargo y a
favor de invitar a la isla al próximo encuentro—. desde el punto de vista
económico hoy es más claro que nunca que es el único “salvavidas” a que puede
aferrarse la deteriorada economía cubana. A ello se agrega que en estos
momentos EEUU ha vuelto a situarse a la cabeza del mundo democrático en el
terreno económico, con un crecimiento sostenido y muy por encima de Europa.
Ello hace que hay capital estadounidense dispuesto a invertirse en nuevos
mercados, y el más cercano está a 90 millas.
Así que los intereses de granjeros y
empresarios de EEUU, que en buena medida constituyen la base de sustentación
del Partido Republicano, volverán el próximo año a mostrarse favorables a una
ampliación del comercio con Cuba.
Dentro de este panorama, se tendrá que
analizar la posición que asumirán muchos legisladores federales, no limitados a
una simple agenda de confrontación local sino todo lo contrario: comprometidos
con la posibilidad de negocios para sus estados y distritos.
Hay ya, de hecho, varios legisladores
republicanos que no favorecen una actitud de hostilidad hacia el gobierno de La
Habana.
El primero es, por supuesto, el senados
por Arizona Jeff Flake, que acompañó a Alan Gross en el avión de regreso a su
patria.
Flake ha sido el patrocinador de una
legislación que busca eliminar las limitaciones de los viajes de
estadounidenses a Cuba, junto con el senador Ron Paul , republicano por Texas.
Ambos favorecen poner fin al embargo.
Se debe recordar, una vez más, que
Estados Unidos no prohíbe a sus ciudadanos viajar a Cuba, porque
constitucionalmente no puede hacerle, ya que ambos países no están en guerra,
sino “gastar dinero” en la isla. Acabar con esta medida, que se ha ido
debilitando cada vez, requiere la aprobación del Congreso, gracias a la
Helms-Burton, pero no es tan difícil como echar abajo el embargo.
El legislador Jason Chaffetz, republicano
por Utah, será el próximo presidente de la comisión de Supervisión y Reformas
Gubernamentales de la Cámara de Representantes. Considera que la actual
prohibición de viajes para los norteamericanos es “ridícula”.
El republicano Mark Sanford, por Carolina
del Sur, ha dicho que introducirá una propuesta de ley similar a la de Flake.
La lista podría estar aumentado. Flake
considera que hay otros legisladores republicanos que apoyan una lenta
normalización de las relaciones con el gobierno de la isla.
Pero si bien es cierto que hay
legisladores republicanos favorables a una flexibilización de los vínculos con
La Habana, también lo contrario ocurre en el campo demócrata, y aquí el ejemplo
es el senador Bob Menéndez, por Nueva Jersey.
Solo que la cuestión más omitida por los
legisladores cubanoamericanos, al hablar sobre el cambio del Senado a favor de
los republicanos, es que dicho cambio puede resultar desfavorable al
mantenimiento de una línea agresiva frente a La Habana. Es decir, nada supera
en este sentido la salida de Menéndez de la presidencia de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado.
La entrada del senador Marco Rubio a la
presidencia de una subcomisión de Relaciones Exteriores no es comparable con el
peso que ha tenido Menéndez en dicho campo. Aquí las diferencias entre
republicanos y demócratas no cuentan, y lo que importa es que, por su historial
—entre otros aspectos, por haber sido presidente de la Comisión para las Campañas
Senatoriales Demócratas, al igual que en su momento Robert Torrichelli— experiencia e influencia es un verdadero
“peso pesado” entre los defensores de la línea en favor del embargo.
Nada hace esperar entonces que las
discusiones del próximo año dentro del poder legislativo estadounidense, sobre
el relanzamiento de los vínculos con el gobierno de la isla, van a ser
definidas simplemente de acuerdo a estrechas líneas partidistas, sino que
influirán muchos más factores.
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