Uno de los argumentos repetidos en contra
de cualquier medida que busque reducir las restricciones impuestas por el
embargo norteamericano hacia Cuba es que de esta forma se alienta el
mercantilismo impuesto por el régimen. En realidad, de levantarse el embargo,
la tendencia económica que terminaría imponiéndose sería todo lo contrario.
El capitalismo moderno está fundamentado
en la noción de un mercado libre de mercancías, servicios e ideas. Por
contraste, el mercantilismo fue el sistema económico que dominó en la economía
de Europa Occidental desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Este se
fundamentaba en una política estatal de beneficios mutuos entre la clase
mercantil y un gobierno que buscaba fortalecerse.
El régimen cubano prohíbe a la población
el comercio privado, salvo en lo que se refiere a operaciones limitadas de
ventas de artículos elaborados artesanalmente o producidos en pequeñas
cantidades. Es decir, se permite el trabajo por cuenta propia en ciertas áreas
y se han autorizado —y están en aumento— las empresas familiares, cooperativas
y particulares dedicados a la gestión de servicios. Pero en lo que se refiere
al sector comercial en una escala mayor, no hay intenciones de autorizarlo.
Se puede tener un taller de reparaciones,
una peluquería o un restaurante propiedad de un individuo, una familia o varios
asociados, pero no un supermercado, ni tampoco lo que se conoce en Cuba como
bodega —un sitio dedicado a la venta de comestibles, que se adquieren en el
comercio mayorista, y por lo general situado en la esquina de una cuadra. Hay vendedores
privados de alimentos, que cosechan ellos mismos o compran a campesinos. y
luego ofertan en la calle, un sitio destinado a este tipo de actividades o
mediante una red de clientes surgida a través del contacto personal. Si bien la
gestión comercial privada ha logrado cierto desarrollo, sus limitaciones son
muchas. Eso hace que la mayor parte de la producción y distribución de
mercancías continúe en poder de la empresa estatal o de corporaciones mixtas
—con capital e incluso administración privada, aunque foránea, y participación
del Estado, es decir: del gobierno.
Se pueden vender confecciones elaboradas
por productores privados, pero un cubano no puede abrir una tienda de venta de
ropa adquirida en el extranjero. Hay actividades permitidas de momento, pero no
plenamente autorizadas, lo que conlleva un amplio margen donde se confunden la
ilegalidad, el mercado negro y la corrupción. Un extranjero puede abrir un negocio,
siempre y cuando lo autorice el gobierno y esté dispuesto a asumir los riesgos
de llevar a cabo transacciones que durante años le “dejan hacer” y el día le decomisan
la empresa, multan o castigan con la cárcel por las razones más diversas.
Así que resulta válido afirmar que más
que un capitalismo en desarrollo, lo que el régimen cubano permite de momento
es tanto el “timbiriche” como una forma de mercantilismo propia donde el
favoritismo, el patronazgo y el rentismo se dan la mano de formas diversas y
siempre riesgosas.
En cuanto a las operaciones comerciales
de envergadura —donde realmente están las guanacias sustanciosas y las
posibilidades de desarrollo empresarial— estas se encuentran estrictamente
reservadas para el Estado y sus gobernantes. Cada dólar que ha sido negociado
con Cuba, por las firmas norteamericanas, ha sido tramitado por una entidad
única, la empresa Alimport, que es propiedad del régimen castrista y operada
por éste. En igual sentido, de incrementarse, el comercio con Estados Unidos,
será fundamentalmente mediante empresas estatales de este tipo.
Las actuales leyes norteamericanas
condicionan los vínculos comerciales a gran escala con la isla al
reconocimiento y respeto de los derechos económicos, políticos y humanos del
pueblo cubano, así como al establecimiento de un gobierno de transición —donde
no participen los Castro— que lleve a otro establecido mediante elecciones
democráticas. Solo cuando esto ocurra, el comercio con Cuba será libre y
beneficioso, dicen quienes justifican la permanencia del embargo.
No solo este argumento es más vulnerable
en estos momentos que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba han iniciado un
proceso para restablecer relaciones diplomáticas plenas, y La Habana ha
liberado un grupo de presos políticos, sino lo que es más importante: parte de
una premisa falsa.
Al tiempo que debe señalarse que la
represión continúa en Cuba, el tratar de minimizar o pasar por alto las
liberaciones de presos políticos es una actitud mezquina.
Es cierto que el gobierno cubano practica
el mercantilismo económico, pero hay que agregar que la política del embargo
contribuye a ello. Esto no quiere decir que la eliminación de las restricciones
comerciales implicaría el fin de las prácticas mercantilistas en Cuba, pero sí
puede afirmarse que el embargo brinda un medio ideal para el desarrollo del
mercantilismo.
El recurrir a un embargo es una solución
relativamente sencilla para los gobernantes de cualquier parte del mundo. La
justificación perfecta ante la incapacidad o el deseo de hacer algo mejor. No
basta con repetir con mayor o menor énfasis que funcionaron anteriormente. La
época de los embargos es cosa del pasado. No se puede jugar a la subordinación
del comercio según dictados gubernamentales y decirle al mundo que abra las
fronteras a los productos norteamericanos. Incluso las sanciones económicas —que
no deben confundirse con un embargo— tienen una efectividad limitada.
También es cierto que tanto Europa como
Canadá y México ponen en práctica lo que se podría considerar una política
mercantilista respecto a Cuba, la cual igualmente puede ser criticada. Sus
empresarios han contado con el apoyo de sus países, y con las bondades de un
comercio restringido, donde sus productos se pasean libres de la competencia
norteamericana. Pero debe añadirse que le han pagado a EEUU con la misma moneda
que este país les ha querido aplicar, solo que en sentido inverso.
El capitalismo moderno se fundamenta en
el mercado libre, pero no es necesario el libre intercambio de información para
que haya capitalismo. Demasiadas dictaduras han ocurrido en el último siglo y
continúan en el presente que niegan esta afirmación. También cada vez más se
hace evidente que no son necesarias las libertades políticas y el respeto a las
derechos humanos para que se produzca un crecimiento económico. En ambos casos,
el mejor ejemplo es China.
Los planteamientos de los legisladores
cubanoamericanos y de varios grupos del exilio, de mantener las restricciones
al comercio con Cuba y fundamentarse para ello en los supuestos beneficios del
capitalismo, resultan perjudiciales para la economía norteamericana y en última
instancia solo tienen una justificación emocional. Si se pusieran en práctica,
no solo EEUU no podría comerciar con un puñado de países —con los cuales mantiene
importantes nexos económicos—, sino que algunos de esos exiliados, que
pertenecen al sector empresarial del exilio de Miami, no habrían podido
desarrollar muchas de sus empresas, ya que han hecho un gran número de negocios
con dictaduras latinoamericanas que no únicamente carecían del menor respeto
por los derechos humanos, sino que han torturado sistemáticamente a sus
opositores.
Las prácticas mercantilistas no son
ajenas a los exiliados de Miami, una ciudad donde se han obtenido contratos sin
licitación, cargos públicos han sido distribuidos entre compinches e incluso
millones de dólares —supuestamente destinados a impulsar la democracia y el
respeto a los derechos humanos en la isla— han servido para financiar viajes y
proveer de un medio de vida cómodo a varios que aparentan ser feroces
anticastristas, pero que en realidad y durante décadas convirtieron el alboroto
en negocio.
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